Sentencia 2011-00504 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 200012331000201100504 01 (19875)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Bavaria S.A. (NIT. 860005224-6)

Demandado: Departamento del Cesar

Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas.

Fallo

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

Cuestión previa. Legalidad de la inadmisión o rechazo del recurso de reconsideración por extemporáneo

En primer lugar, la Sala analiza si el recurso de reconsideración contra las resoluciones 1 y 2 de 13 de enero de 2011, por las cuales el departamento del Cesar sancionó a la actora por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, se interpuso en forma extemporánea y, por ende, si procedía su inadmisión, como lo dispuso la administración.

La Sala ha indicado que el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(22), consiste, en términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder impugnar judicialmente los actos administrativos(23).

Al respecto, ha precisado que “La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que le permite a la administración antes de acudir al medio judicial, que revise su propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”(24).

El artículo 63 del Código Contencioso Administrativo prevé que la vía gubernativa se entiende agotada en los siguientes eventos:

• Cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso.

• Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

• Cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja, que son facultativos.

De acuerdo con el artículo 161 del estatuto de rentas del departamento del Cesar (Decreto Departamental 426 de 22 de noviembre de 2005), en armonía con el artículo 720 del estatuto tributario, el recurso de reconsideración es el medio de impugnación para agotar la vía gubernativa frente a las resoluciones que impongan sanciones, entre otros actos definitivos. Este recurso debe interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios “dentro de los dos meses siguientes a la notificación” del acto sancionatorio.

Dentro de los requisitos del recurso de reconsideración, está el de la oportunidad(25). Por tanto, si el recurso se interpone por fuera del término legal, la administración debe inadmitirlo, de conformidad con el artículo 167 del estatuto de rentas del departamento del Cesar(26), en concordancia con el artículo 726 del estatuto tributario(27).

Contra el acto que inadmite el recurso de reconsideración, procede el recurso de reposición (artículo 168 del Estatuto de Rentas del Cesar, en concordancia con el artículo 728 del estatuto tributario). Si se confirma la inadmisión, la vía gubernativa se agota a momento de la notificación del acto que así lo dispone(28).

La Sala ha precisado que el agotamiento de la vía gubernativa frente al auto inadmisorio del recurso de reconsideración se refiere solo a los motivos de inadmisión, pues las razones de fondo de la impugnación no fueron estudiadas por la administración. Sobre el particular, sostuvo lo siguiente(29):

“Cabe anotar que el agotamiento de la vía gubernativa de que trata el parágrafo del artículo 728 del estatuto tributario, se refiere sólo a los motivos de inadmisión del recurso de reconsideración, pues los aspectos de fondo de la impugnación no fueron estudiados por la administración. Así, “queda abierta la vía jurisdiccional, en la cual el demandante deberá comenzar por demostrar la ilegalidad de la inadmisión del recurso; si no lo logra, el asunto queda clausurado en su contra”(30).

“Si, por el contrario, el contribuyente prueba que la administración debió admitir el recurso, o lo que es lo mismo, la ilegalidad del auto inadmisorio, el juez puede anular la decisión y estudiar el fondo de las pretensiones de la demanda; o, declarar resuelto el recurso a favor del administrado en virtud del silencio administrativo positivo, si ha transcurrido más de un año desde la interposición de la reconsideración (E.T., arts. 732 y 734)(31).

“No sobra advertir que para que el juez administrativo se pronuncie sobre la legalidad del auto que inadmitió el recurso de reconsideración, y posteriormente pueda estudiar el fondo de las pretensiones de la parte actora, o declarar la ocurrencia del silencio positivo, se deben demandar tanto el acto definitivo como el auto inadmisorio del recurso. En caso de que dicho auto no se acuse, continúa haciendo parte del ordenamiento jurídico y resulta de obligatorio cumplimiento para la administración y el contribuyente”.

De modo que en la vía judicial corresponde al demandante demostrar la ilegalidad de la inadmisión del recurso para que se anule tal decisión y se estudie el fondo de las pretensiones o se declare resuelto el recurso a favor del administrado, si se produjo el silencio administrativo positivo. Si el demandante no demuestra que procedía la admisión del recurso, o lo que es lo mismo, que la inadmisión era ilegal, no puede estudiarse el fondo del asunto.

En el caso en concreto, se encuentran probados los siguientes hechos:

(i) Por resoluciones 001 y 002 de 13 de enero de 2011, el departamento del Cesar impuso a Bavaria S.A. la sanción por no declarar el impuesto al consumo, prevista en el artículo 188 del Decreto Departamental 426 de 2005(32).

(ii) Los actos sancionatorios fueron notificados el 21 de enero de 2011(33), hecho que no discuten las partes.

(iii) El 4 de febrero de 2011, la demandante interpuso recurso de reconsideración contra los actos sancionatorios(34). Este hecho tampoco se discute.

(iv) Mediante resoluciones 11 de 17 de marzo de 2011 y 14 de 30 de marzo de 2011, la administración rechazó por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto contra las resoluciones 02 y 01 de 2011, respectivamente, por haberse presentado por fuera del término previsto en el artículo 187 del Decreto 426 de 2005(35).

(v) Por autos de 00010 y 00011 de 26 de mayo de 2011, la administración confirmó el rechazo del recurso de reconsideración(36).

(vi) La actora pidió la nulidad, tanto de los actos sancionatorios como de los actos que rechazaron por extemporáneo el recurso de reconsideración y los que confirmaron el rechazo.

El artículo 187 del Decreto 426 de 2005, con fundamento en el cual la administración rechazó el recurso por extemporáneo, señala lo siguiente:

“ART. 187.—Procedimiento para la imposición de sanciones anteriores. Las sanciones anteriores se impondrán por el funcionario encargado de la función de liquidación oficial, previo pliego de cargos que se notificará por cualquier sistema de mensajería o correo certificado. El presunto responsable tendrá un término de cinco (5) días hábiles para responder.

El funcionario abrirá y practicará las pruebas en el término de tres (3) días y fallará dentro de los cinco días siguientes al cierre del período probatorio. Contra la resolución que impone la sanción procederá el recurso de reconsideración, que se interpondrá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que impone la sanción y se fallará dentro de los 90 días hábiles siguientes a su interposición” (se destaca).

De acuerdo con esta norma, el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio debe interponerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de ese acto. Sin embargo, el artículo 187 del Decreto 426 de 2005 no es aplicable a la sanción por no declarar, pues “las sanciones anteriores” a que se refiere esta disposición son las de los artículos 183 a 186 ibídem, que regulan la sanción por no movilización de mercancías dentro del término legal (art. 183); la sanción por legalización extemporánea de tornaguía (art. 184); la sanción por no legalización de tornaguía (art. 185) y la sanción por la no correspondencia entre los productos transportados y los amparados por la tornaguía (art. 186).

Por su parte, la sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, está regulada en el artículo 188 literal a) del Decreto 426 de 2005, que es posterior al artículo 187 ibídem y cuyo texto es el siguiente:

“ART. 188.—Sanción por no declarar. En los casos en que el sujeto pasivo o responsable omita la presentación de la declaración de los impuestos está obligado a ello, se hará acreedor de la sanción por no declarar, de la siguiente forma:

a. Cuando se trate de impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, cervezas y sifones, refajos y mezclas o cigarrillos y tabaco elaborado, la sanción por no declarar será equivalente al 10% del impuesto correspondiente a los productos despachados hacia el departamento amparados con tornaguías de movilización dentro del período correspondiente.

(...)”.

Además, el procedimiento para imponer dicha sanción está consagrado en los artículos 154 y 155 del Decreto 426 de 2005, que, en su orden, prevén el emplazamiento previo por no declarar y la consecuencia de no declarar dentro del término concedido en el emplazamiento. Tales normas son especiales para esta sanción y se aplican en concordancia con los artículos 715 y 716 del estatuto tributario nacional.

Al no aplicarse a la sanción por no declarar el procedimiento del artículo 187 del Decreto 426 de 2005, y dentro de este, el término de diez días para interponer el recurso de reconsideración, resultan aplicables las normas generales del estatuto de rentas del departamento sobre discusión de los actos de la administración. En concreto, el artículo 161, conforme con el cual el recurso de reconsideración debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto definitivo.

En consecuencia, la actora tenía dos meses para interponer el recurso de reconsideración, a partir de la notificación del acto sancionatorio. Como el 21 de enero de 2011 la demandante se notificó de las resoluciones por las que la Administración impuso sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, los dos meses para interponer el recurso de reconsideración vencían el 21 de marzo de 2011.

Por lo tanto, el recurso de reconsideración contra los actos sancionatorios, que la demandante interpuso el 4 de febrero de 2011, fue oportuno, motivo por el cual procedía la admisión de la impugnación y el estudio de fondo de la inconformidad planteada en esta.

Dado que la actora cuestionó la legalidad de los actos que rechazaron por extemporáneo el recurso de reconsideración; que este fue oportunamente interpuesto y, que, por lo mismo, procedía su admisión y decisión de fondo, la Sala procede al estudio de fondo del asunto, para lo cual la Sala precisa lo siguiente:

Para la apelanteno existe coherencia entre el fundamento de la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia y las razones de hecho y de derecho expuestas en la demanda como sustento de la pretensión de anulación. Lo anterior, porque aun cuando se demandan los actos por los cuales el departamento impuso a la actora sanción por no declarar, el a quo anuló los actos porque no existe fundamento legal para imponer la sanción por legalización extemporánea de tornaguías, sanción ajena a los actos acusados.

El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil(37), aplicable a este asunto por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que la sentencia que ponga fin al proceso deberá estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez que, en relación con ellos, el demandado ejerce su derecho de defensa y contradicción.

Sobre el principio de congruencia de la sentencia, la Sala ha señalado lo siguiente(38):

“Este principio de la congruencia de la sentencia, exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.

Con el cumplimiento de este principio fundamental, se busca no solo la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de un juez, sino que se salvaguarde el derecho de defensa de la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda. (...)” (negrillas fuera de texto).

De la lectura integral de la demanda, se advierte que Bavaria controvirtió la legalidad de los actos administrativos por los que el departamento del Cesar le impuso sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, prevista en el artículo 188 literal a) del Decreto 426 de 2005, en concordancia con el artículo 643 del estatuto tributario nacional.

No obstante, el tribunal fundamentó su decisión de anular los actos demandados en la falta de competencia del gobernador para regular la sanción por legalización extemporánea de tornaguías, consagrada en el artículo 184 del Decreto 426 de 2005.

En consecuencia, la decisión del a quo no cumple el requisito de congruencia externa de la sentencia, toda vez que no es concordante con lo pedido en la demanda, ni con los hechos y fundamentos de derecho de esta, pues accedió a las pretensiones con base en el análisis de una sanción diferente a la que allí se cuestionó y obviamente, a la impuesta por la administración en los actos demandados.

Esta circunstancia daría lugar a revocar la sentencia apelada para analizar los cargos de la demanda. Sin embargo, comoquiera que la Sala advierte que prospera el cargo de violación del debido proceso, habrá de confirmar la decisión de anular los actos acusados, por las razones que a continuación se exponen:

El impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos es un gravamen de propiedad de la Nación, cuyo producto fue cedido a los departamentos y al Distrito Capital, en proporción al consumo de los productos en sus jurisdicciones (L. 223/95, art. 185)(39). Por ello, para mantener una reglamentación única, el artículo 193 ibídem prohíbe a las entidades territoriales reglamentar el impuesto, incluso en aspectos relacionados con el procedimiento, pues para el efecto deben remitirse al estatuto tributario. La norma en mención prevé lo siguiente:

“ART. 193.—Reglamentación única. Con el propósito de mantener una reglamentación única a nivel nacional sobre el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, ni las asambleas departamentales ni el Concejo Distrital de Santafé de Bogotá podrán expedir reglamentaciones sobre la materia, de manera que el gravamen se regirá íntegramente por lo dispuesto en la presente ley, por los reglamentos que, en su desarrollo, profiera el Gobierno Nacional y por las normas de procedimiento señaladas en el estatuto tributario, con excepción del período gravable”.

Como se precisó, la sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas está prevista en el artículo 188 literal a) del Decreto Departamental 426 de 2005(40), en concordancia con el artículo 643 del estatuto tributario nacional.

Como también se advirtió, el procedimiento para imponer la sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, está previsto en los artículos 154 y 155 del Decreto 426 de 2005, en concordancia con los artículos 715 y 716 del estatuto tributario nacional(41).

Los artículos 154 y 155 del Decreto Departamental 426 de 2005 preceptúan lo siguiente:

ART. 154.—Emplazamiento previo por no declarar.Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión. El contribuyente o responsable, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642 del estatuto tributario nacional.

ART. 155.—Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento.Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la administración de impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 estatuto tributario nacional.

De conformidad con las normas anteriores, el trámite que se adelanta contra los obligados a declarar que omitan el cumplimiento del deber de presentar la correspondiente declaración tributaria, que, en este caso, es la del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos se inicia con el emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la administración invita a quienes no han declarado el tributo, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes, y les advierte las consecuencias en caso de persistir en su omisión, esto es, la imposición de la sanción por no declarar, prevista en el ordenamiento legal, que, para el caso, está señalada en el artículo 188 literal a) del Decreto 426 de 2005, en concordancia con el artículo 643 del estatuto tributario.

Así, para la imposición de la sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, el acto de trámite previo y obligatorio establecido por la norma departamental y la ley es el emplazamiento para declarar, pues las normas en mención no prevén que deba expedirse pliego de cargos.

Es de anotar que el pliego de cargos y el emplazamiento para declarar son actos de trámite de contenido diferente, pues, en general, el primero es un acto por el cual la autoridad tributaria propone al contribuyente la imposición de la sanción que corresponde a una infracción en la que éste ha incurrido y el segundo, es un acto que invita al contribuyente a cumplir con el deber de declarar y le otorga la posibilidad de presentar la declaración dentro del mes siguiente a su notificación. Así, solo en caso de que persista en la omisión, la administración está facultada para imponer la sanción por no declarar el impuesto correspondiente.

Adicionalmente, en diversas oportunidades la Sala ha precisado que la sanción por no declarar no requiere la expedición previa del pliego de cargos, comoquiera que no existe disposición que exija la expedición de dicho acto como requisito previo a la imposición de la sanción por no declarar(42).

Asimismo, la Sala ha sostenido que el emplazamiento para declarar es el requisito de validez para la imposición de la sanción por no declarar y que la formulación del pliego de cargos no es aplicable al trámite especial de aforo, que está precedido de la sanción por no declarar(43). Sobre el particular, la Sala sostuvo lo siguiente(44):

“La formulación de pliego de cargos antes de la imposición de la sanción mediante resolución independiente, es una previsión general y, por tanto, inaplicable frente al trámite especial del proceso de aforo, que sólo exige el emplazamiento para declarar como acto previo a la sanción(45), y no ordenó la formulación de pliego de cargos como exigencia adicional(46).

Sobre este punto, en sentencia de 28 de enero de 2010, exp. 17209, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, la Sala reiteró que para la imposición de la sanción por no declarar, el acto previo establecido por la ley es el emplazamiento para declarar, de acuerdo con el trámite especial de aforo que prevén los artículos 103 del Decreto 807 de 1993, y 715 y 716 del estatuto tributario, para los obligados a declarar que omiten cumplir dicho deber”.

En esas condiciones, la expedición y notificación del emplazamiento para declarar es el único requisito de validez para la imposición sanción por no declarar, sin que dicho acto pueda reemplazarse por el pliego de cargos.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

  1. Por Resolución 1005 de 23 de noviembre de 2010, el demandado formuló pliego de cargos a Bavaria porque solicitó la expedición de la tornaguía de reenvío 08-200838 con destino a Curumaní (Cesar), según factura de venta 1304864715, y a la fecha de expedición de ese acto no había presentado la declaración correspondiente(47).

  1. En la Resolución 1005 de 23 de noviembre de 2010, la administración dispuso lo siguiente:
 

ART. 1º—Formular pliego de cargos a la Empresa Bavaria S.A. con NIT 860.005.224-6, representada legalmente por Jonathan Solesburi Frederick, identificado con Cédula de Extranjería 336.136, [quien] solicitó la expedición de una tornaguía de Reenvío con destino a Curumaní (Cesar), 08-200838, según factura de Venta 1304864715, fecha de expedición 30-07-2009, que a la fecha de 23 de noviembre de 2010, la Empresa Bavaria S.A. no se ha presentado a este despacho declaraciones respectivas.

ART. 2º—Si se concluyere en esta investigación tributaria que la Empresa Bavaria S.A. NIT 860.005.224-6, representada legalmente por Jonathan Solesburi Frederick, es contraventora de la obligación contenida en el artículo 188 del Decreto 426 de 2.005, se impondrá una sanción contemplada en el artículo anteriormente citado, según sea el caso, sin perjuicio del pago del impuesto correspondiente.

ART. 3º—La respuesta al presente pliego de cargos deberá dirigirla al subgrupo de fiscalización y auditoría tributaria para su correspondiente radicación y trámite, dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir de la fecha de notificación de este, aportando y solicitando pruebas que pretenda hacer valer. (...)”(48) (resalta la Sala).

• Por Resolución 001 de 2011, el Departamento impuso a BAVARIA sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas(49).

• Por Resolución 1002 de 23 de noviembre de 2010, el demandado formuló pliego de cargos a Bavaria porque solicitó la expedición de la tornaguía de reenvío 08- 08200604 con destino a Chimichagua (Cesar), según factura de venta 1304770498, y a la fecha de expedición de ese acto no había presentado la declaración correspondiente(50).

En la Resolución 1002 de 2010, la Administración dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Formular pliego de cargos a la Empresa Bavaria S.A. con NIT. 860.005.224-6, representada legalmente por Jonathan Solesburi Frederick, identificado con Cédula de Extranjería 336.136, [quien] solicitó la expedición de una tornaguía de Reenvío con destino a Chimichagua (Cesar), 08-08200604, según factura de venta 1304770498, fecha de expedición 09-06-2009, que a la fecha de 23 de noviembre de 2.10, la Empresa Bavaria S.A. no se ha presentado a este despacho declaraciones respectivas.

ART. 2º—Si se concluyere en esta investigación tributaria que la Empresa Bavaria S.A. NIT. 860.005.224-6, representada legalmente por Jonathan Solesburi Frederick, es contraventora de la obligación contenida en el artículo 188 del Decreto 426 de 2.005, se impondrá una sanción contemplada en el artículo anteriormente citado, según sea el caso, sin perjuicio del pago del impuesto correspondiente.

ART. 3º—La respuesta al presente pliego de cargos deberá dirigirla al subgrupo de fiscalización y auditoría tributaria para su correspondiente radicación y trámite, dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir de la fecha de notificación de este, aportando y solicitando pruebas que pretenda hacer valer. (…)”(51) (resalta la Sala).

  1. Por Resolución 002 de 13 de enero de 2011, el Departamento impuso a Bavaria sanción por no declarar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas.
    Es de anotar que los pliegos de cargos se expidieron con fundamento en el artículo 187 del Decreto 426 de 2005, que, como se precisó, no es aplicable a la sanción por no declarar (art. 188), sino a las sanciones de los artículos 183 a 186 ibídem(52). En relación con este acto de trámite, el artículo 187 del Decreto 426 de 2005 prevé lo siguiente:

    ART. 187.—Procedimiento para la imposición de las sanciones anteriores. Las sanciones anteriores se impondrán por el funcionario encargado de la función de liquidación oficial, previo pliego de cargos que se notificará por cualquier sistema de mensajería o correo certificado. El presunto responsable tendrá un término de cinco (5) días hábiles para responder. El funcionario abrirá y practicará las pruebas en el término de tres (3) días y fallará dentro de los cinco días siguientes al cierre del periodo probatorio.

    (...)”.

    La administración aplicó indebidamente el artículo 187 del Decreto 426 de 2005, pues la expedición previa del pliego de cargos no es requisito de validez de la sanción por no declarar y dejó de aplicar los artículos 154 y 155 ibídem, en concordancia con los artículos 715 y 716 del estatuto tributario nacional, que, de manera especial, prevén como requisito de validez para la sanción por no declarar, la expedición previa del emplazamiento para declarar(53).

    Lo anterior, porque, se insiste, no emplazó a la actora para que declarara ni le dio la oportunidad de presentar la declaración del impuesto al consumo de cervezas y sifones, refajos y mezclas, dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento.

    Además, según el artículo 187 del Decreto 426 de 2005, después de la expedición del pliego de cargos, la demandante sólo tenía 5 días para responder y no tenía la opción de presentar la declaración. Si se aceptara que el pliego de cargos reemplaza el emplazamiento para declarar, como lo sugirió la administración, se negaría al contribuyente la posibilidad de presentar la declaración privada, dentro del mes siguiente a la notificación del acto, e incluso de presentar la declaración después del emplazamiento, liquidando la sanción por extemporaneidad del artículo 642 del estatuto tributario(54), como lo prevé el artículo 154 del Decreto 426 de 2005, en concordancia con el artículo 715 del estatuto tributario nacional.

    Cabe anotar que en el evento de que el emplazamiento para declarar pudiera reemplazarse por el pliego de cargos porque este cumpla la finalidad de aquel, se insiste en que en este caso en el pliego de cargos solo se le otorgó a la actora el término de cinco (5) días para presentar la respuesta correspondiente, lo que constituye una violación al debido proceso de esta, comoquiera que le concedió un término inferior al señalado en el artículo 154 del Decreto 426 de 2005, en concordancia con el artículo 715 del estatuto tributario, que es el plazo perentorio de un mes para que el emplazado presente su declaración.

    Asimismo, en el pliego de cargos no se le advirtió a la demandante la posibilidad que tenía de presentar la declaración del impuesto al consumo de cervezas dentro del término para dar respuesta a este. Solo se le informó que si al momento de culminar la investigación se concluía que no había presentado la citada declaración o lo que es lo mismo, que era “contraventor de la obligación contenida en el artículo 188 del Decreto 426 de 2005”, se impondría la sanción contemplada en dicho artículo.

    Así pues, en este caso no se trata solamente de que el acto de trámite se haya denominado de una u otra manera, sino de que la administración desconoció el trámite previsto para imponer la sanción por declarar el impuesto al consumo de cervezas y omitió el requisito de validez de dicha sanción. Además, no dio el plazo previsto en la ley y en la norma local para presentar la declaración sino uno distinto y tampoco le advirtió a la actora que dentro del término para dar respuesta al pliego podía declarar.

    Las razones anteriores ponen en evidencia que la demandada violó el debido proceso de la actora, motivo suficiente para confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró no probada la excepción de legalidad propuesta por el demandado (numeral primero de la parte resolutiva) y anuló los actos demandados (numeral segundo).

    Sin embargo, dado que el tribunal no dispuso ningún restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos sancionatorios, se impone adicionar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo apelado para, como consecuencia de la nulidad, y declarar que la actora no debe pagar suma alguna por concepto de las sanciones impuestas por el demandado.

    En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

    FALLA:

    ADICIÓNASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual queda así:

    SEGUNDO: Por las razones expuestas en la parte motiva, DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 001 y 002 de 2011, proferidas por la Secretaría de Hacienda y Finanzas del departamento del Cesar; las resoluciones 11 del 17 de marzo de 2011 y 00014 del 30 de marzo de 2011 y 00010 y 00011 del 26 de mayo de 2011, expedidas por el coordinador del subgrupo de recursos y ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Departamento del Cesar.

    A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la actora no está obligada a pagar suma alguna por concepto de las sanciones impuestas por el demandado en las resoluciones 1 y 002 de 2011.

    En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

    Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

    La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

    (22) Artículo 135 del Código Contencioso Administrativo

    (23) Entre otras, ver sentencia del 25 de marzo del 2010, Exp. 16831, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

    (24) Sentencia de 21 de junio de 2002, exp. 12382, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

    (25) “ART. 722 del E.T. Requisitos del recurso de reconsideración y reposición. El recurso de reconsideracióno reposicióndeberá cumplir los siguientes requisitos:

    a. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

    b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

    c. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará el auto admisorio.

    Para estos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos.

    d. Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada, cuando el recurso se interponga contra una liquidación de revisión o de corrección aritmética.

    (…)” (se destaca).

    ART. 163 del Decreto 426 de 2005. Requisitos de los recursos de reconsideración y reposición. El recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir los siguientes requisitos:

    a. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

    b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

    Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará el auto admisorio.

    Para estos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos.

    Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada, cuando el recurso se interponga contra una liquidación de revisión o de corrección aritmética.

    (…)” (se destaca).

    (26) Artículo 167. Inadmisión del recurso. En el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 163, deberá dictarse auto de inadmisión dentro de los diez (10) días siguientes a la interposición del recurso. (...).

    (27) Artículo 726. Inadmisión del recurso. En el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo722, deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes siguiente a la interposición del recurso. Dicho auto se notificará personalmente o por edicto si pasados diez días el interesado no se presentare a notificarse personalmente, y contra el mismo procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, el cual podrá interponerse dentro de los diez días siguientes y deberá resolverse dentro de los cinco días siguientes a su interposición.

    Si transcurridos los quince días hábiles siguientes a la interposición del recurso no se ha proferido auto de inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se procederá al fallo de fondo” (se resalta).

    (28) ART. 168.—Recurso contra el auto inadmisorio.Contra el auto que no admite el recurso, podrá interponerse únicamente recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

    La omisión de los requisitos de que tratan los literales a) y c) del artículo 163, podrán sanearse dentro del término de interposición. La omisión del requisito señalado en el literal d) del mismo artículo, se entenderá saneada, si dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto inadmisorio, se acredita el pago o acuerdo de pago. La interposición extemporánea no es saneable (se resalta).

    ART. 728.—Recurso contra el auto inadmisorio. Contra el auto que no admite el recurso, podrá interponerse únicamente recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

    La omisión de los requisitos de que tratan los literales a) y c) del artículo722, podrán sanearse dentro del término de interposición. La omisión del requisito señalado en el literal d) del mismo artículo, se entenderá saneada,si dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del auto inadmisorio, se acredita el pago o acuerdo de pago. La interposición extemporánea no es saneable.

    El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su interposición, salvo el caso en el cual la omisión que originó la inadmisión, sea el acreditar el pago de la liquidación privada. La providencia respectiva se notificará personalmente o por edicto.

    Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se agotará en el momento de su notificación” (Se resalta).

    (29) Entre otras, ver sentencias de 14 de junio de 2007, exp. 14589, C.P. Héctor J. Romero Díaz, de 15 de julio de 2010, exp. 16919, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 10 de febrero de 2011, exp. 17251, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 1 de septiembre de 2011, exp. 17603, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 24 de octubre de 2013, exp. 19108, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

    (30) Jaime Abella Zárate. Procedimientos Constitucional y Contencioso Administrativo en materia tributaria. Bogotá. Editorial Legis. 2007, p. 269.

    (31) Entre otras, ver sentencias de 14 de junio de 2007, exp. 14589, C.P. Héctor J. Romero Díaz; de 25 de marzo de 2010, exp. 16831, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 15 de julio de 2010, exp. 16919, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 10 de febrero de 2011, exp. 17251, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 24 de octubre de 2013, exp. 19108, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

    (32) Folios 32 a 34 y 174 a 186 c.p.

    (33) Folios 25 y 32 c.p.

    (34) Folios 46 a 54 y 158 a 165 c.a.

    (35) Folios 8 a10, 63 a 65, 132 a 134, 192 a 194, 256 a 258 y 316 a 318.

    (36) Folios 14 a 15 y 125 a 126 c.a.

    (37) ART. 305.—Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

    No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

    Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

    En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

    (38) Ver fallo de 16 de agosto de 2002, exp. 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, reiterada en sentencias de 21 de noviembre de 2007, Exp. 15770, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, de 6 de octubre de 2009, exp. 16533 y de 29 de octubre de 2009, exp. 17003, C.P. Héctor J. Romero Díaz; de 31 de enero de 2013, exp. 18878, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; de 12 de abril de 2012, exp. 18720, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 1 de agosto de 2013, exp. 18861, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; de 26 de septiembre de 2013, exp. 18442, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y 26 de febrero de 2014, Exp. 17071, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, entre otras providencias.

    (39) “Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones»,

    (40) Artículo 188. Sanción por no declarar. En los casos en que el sujeto pasivo o responsable omita la presentación de la declaración de los impuestos cuando está obligado a ello, se hará acreedor de la sanción por no declarar, de la siguiente forma:

    a. Cuando se trate de impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, y similares, cervezas y sifones, refajos y mezclas o cigarrillos y tabaco elaborado, la sanción por no declarar será equivalente al 10% del impuesto correspondiente a los productos despachados hacia el departamento amparados con tornaguías de movilización dentro del período correspondiente.

    (…)”.

    (41) Artículo 715. Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.

    El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

    Artículo 716. Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643.

    (42) Sentencias de 13 de noviembre de 2008, exp. 16350, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 28 de junio de 2010, Exp. 17415, C.P. William Giraldo Giraldo; 3 de marzo de 2011, Exp. 17459, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

    (43) Artículo 717 del estatuto tributario.

    (44) Sentencia de 29 de abril de 2010, exp. 16693, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

    (45) En este sentido, ver la sentencia del 15 de de noviembre de 2007, exp. 15015, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

    (46) Sentencia del 13 de octubre de 2000, exp. 10657, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

    (47) Folios 108 y 109 c.a.

    (48) Folios 108 y 109 c.a.

    (49) Folios 25 a 27 c.p.

    (50) Folios 219 y 220 c.p.

    (51) Folios 219 y 220 c.a.

    (52) De acuerdo con dicha norma, el pliego de cargos es requisito de validez de las sanciones de los artículos 183 a 186 del Decreto 426 de 2005, que son las siguientes: i) sanción por no movilización de mercancías dentro del término legal (art. 183); ii) sanción por legalización extemporánea de tornaguías (art. 184;, iii) sanción por no legalización de tornaguías (art. 185) y iv) sanción por la no correspondencia entre los productos transportados y los amparados por las tornaguías (art. 186)

    (53) Sentencias de 29 de abril de 2010; Exp. 16693, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 3 de marzo de 2011, Exp. 18328, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

    (54) Artículo 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso.