Sentencia 2011-00514/2004-11 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 110010325000201100514-00 (2004-11)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Nelson Horacio Collazos Burbano

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Autoridades nacionales - sentencia única instancia

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «6. Consideraciones de la Sala.

— El asunto a dilucidar está dirigido a establecer la legalidad de los actos administrativos impugnados, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, por medio de los cuales se declaró disciplinariamente responsable al actor, y como consecuencia impuso sanción disciplinaria de destitución y accesoria de un (1) año de inhabilidad para desempeñar funciones públicas, por haber tomado parte en el operativo que dio como consecuencia la aprehensión de un vehículo tracto camión con insumos químicos para la elaboración de sustancias estupefacientes, que a la postre fue dejado libre.

6.1. La naturaleza de los actos disciplinarios y su sujeción plena a control jurisdiccional.

Esta Sección ha tenido oportunidad de pronunciarse reiteradamente respecto del tema y se remite in integrum a los argumentos expuestos pretéritamente(9) para determinar que corresponde entonces a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales básicas, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba, a condición de que dicha prueba sea manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa.

También es pertinente el análisis de legalidad, cuando en dicho proceso se ven comprometidos derechos de rango constitucional, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre, el honor y la dignidad, entre otros.

En suma, a la jurisdicción le corresponde proteger al ciudadano de la arbitrariedad, de la desmesura, de la iniquidad, de la ilegalidad, en fin, de las conductas de la administración que vayan contra la Constitución y la ley, pero dentro del marco señalado precedentemente.

De esta manera la posibilidad de demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa las providencias que culminan el proceso disciplinario, no implica trasladar, de cualquier manera, a la sede contenciosa administrativa el mismo debate agotado ante las autoridades disciplinarias. Dicho de otra manera, el juicio que se abre con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no es una simple extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, si es que el legislador consagró el debido proceso disciplinario como el lugar en que debe hacerse la crítica probatoria y el debate sobre la interrelación de la normatividad aplicable como soporte de la sanción, además del principio de la doble instancia, como una de las garantías más importantes para ser ejercidas en el interior del proceso.

Decantado que el juzgamiento de los actos de la administración, no puede sustituir de cualquier manera el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, es menester añadir que ello tampoco implica la intangibilidad de los actos de juzgamiento disciplinario, pues ellos están sometidos a la jurisdicción.

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando esta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas hace el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que ejerce la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el CDU.

A la jurisdicción le corresponde proteger al ciudadano de alguna interpretación desmesurada o ajena por entero a lo que muestran las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario, que como todo proceso, exige que la decisión esté fundada en pruebas, no solo legal y oportunamente practicadas, sino razonablemente valoradas. En síntesis, debe distinguirse radicalmente la tarea del Juez Contencioso que no puede ser una tercera instancia del juicio disciplinario(10).

Las anteriores referencias jurisprudenciales dan cuenta que de tiempo atrás se ha entendido por esta Corporación que el poder disciplinario es un poder que se ejerce en sus dos grandes ámbitos de aplicación tanto interna como externa, siendo esta última ejercida por la Procuraduría General de la Nación, y como tal, en cualquiera de las dos manifestaciones es en ejercicio de función administrativa, que se encuentra sujeta al control judicial por parte del Juez de la Administración que lo es el Contencioso Administrativo quien en su ejercicio de control de legalidad y constitucionalidad de la actuación disciplinaria no cuenta con restricción o limitación alguna dada su posición de garante del debido proceso y del derecho de defensa.

Las anteriores argumentaciones han de entenderse dentro del contexto de la función asignada al Consejo de Estado como máximo Tribunal Supremo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reconocida en el artículo 237-1 de la Carta Política, lo que implica la imposibilidad de atribuirle al Consejo de Estado la facultad de actuar como “Corte de Casación Administrativa”, y atribuirle las funciones inherentes a esa institución, dado que la Constitución solo le asigno competencia como “Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo”.

Vale la pena recordar la naturaleza jurídica del recurso de casación, de la cual se deduce la imposibilidad de que sea considerada una tercera instancia:

“El recurso de casación es un juicio técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando), sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo), y excepcionalmente sobre las bases probatorias que sirvieron de sustentación para dictar la sentencia acusada. De ahí que la casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo”(11).

“La casación es un instituto judicial consistente en (sic) un órgano único en el Estado (Corte de Casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina, solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución de mérito”(12).

“El recurso de casación, en su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y solo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparación de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley”(13).

De suerte que las argumentaciones de la Procuraduría a través de sus representantes y apoderados que puedan sugerir lo contrario —v.g. que el control judicial es meramente formal y limitado, o que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría tienen naturaleza materialmente jurisdiccional— no son de recibo por carecer de sustento jurídico.

Nótese finalmente que mal puede pensarse que la Procuraduría, como ente de control autónomo e independiente de las Ramas del Poder, cuenta con la misma cualificación con la que la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dotó a los jueces de la República una de cuyas manifestaciones es la estructura interna de la Rama Judicial siendo posible que las decisiones por ellos adoptadas tengan control por su inmediato superior funcional, quien en ejercicio de la misma autonomía e independencia judicial habrá de revisar la decisión cuestionada, esquema que es totalmente ajeno a la organización interna del ente de control en mención dado que desde el mismo poder de nominación se encuentra concentrado lo que implica una sujeción total a las directrices impartidas por su máximo representante.

6.2. El caso concreto.

6.2.1. Hechos probados: Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra probado los siguientes hechos:

— Sucedieron el 28 de febrero de 2005 en los que se da cuenta que por disposición policial se permitió el tránsito de la tracto mula de placas SNF 465 cargada de insumos químicos la que escoltada por elementos policiales hasta el parqueadero de la Policía de Carreteras en Popayán, fue permitido horas más tarde el libre tránsito para continuar su trayecto.

— La investigación disciplinaria se inició con ocasión de oficio 0973 del 03-03 -05 suscrito por el Subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS Seccional Cauca en donde da a conocer al Comandante de Policía de Carreteras la captura de los señores Olimpo Cárdenas Herrera y German Martínez Burbano el 28 de febrero de 2005, que se dio por labores de inteligencia al establecer la presunta responsabilidad en el tránsito del referido automotor cargada de insumos químicos, siendo dejados a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada de Popayán(14).

— Se adelantó la investigación por parte de la oficina de control interno disciplinario del departamento de policía del Cauca, habiendo sido vinculados a la misma el SV Coral Castillo Segundo Javier, IT. Cárdenas Herrera Olimpo, SI. Serna Sanchez Jorge Eduardo, PT Moncada Contreras José Agustín, PT. Murillo Cruz José Mauricio, PT. Uribe Miranda Tulio Cesar, PT Collazos Burbano Nelson Horacio, PT Villa Castro William Mario, AG. Galindez Quisoboni Libio Waldemar, AG. Martínez Burbano German.

— Se escuchó en versión libre al hoy demandante, quien manifestó que el día de los hechos la orden que recibió fue prestarle seguridad en el desplazamiento a un vehículo el cual se encontraba frente a la estación de servicio de Piendamó en la vía panamericana para su traslado a la ciudad de Popayán, un tracto camión de color blanco carrocería tipo furgón.

Señala haber trabajado siete años con la Policía Nacional, y tres meses en Policía de Carreteras, manifestando haber recibido la orden de trasladar el vehículo hasta la estación de Policía de Carreteras de Popayán desconociendo el motivo.

Aduce haber recibido la orden sin sopesarla y valorarla sobre la responsabilidad que como funcionario de Policía de Carreteras le asiste. Agrega haber visto al SV Coral en el desplazamiento de Piendamó a Popayán movilizándose en un vehículo Mazda color azul, con dos personas de civil que no conoce.

Estima que el motivo para la inmovilización era prestar seguridad en el desplazamiento del vehículo, habiéndose enterado al día siguiente por comentarios de los compañeros que el referido camión estaba cargado con insumos para la elaboración de estupefacientes.

Manifestó haber observado que el furgón traía un seguro que para poder abrirlo se debía hacerlo con una segueta o una cizalla, sin observar la identificación de la placa del vehículo(15).

— Solicitada en dos oportunidades la intervención y asunción de la investigación por parte de la Procuraduría en ejercicio del poder preferente, el 15 de julio de 2005, esta practicó visita especial al proceso disciplinario radicado bajo en Nº DECAU-2005-26(16).

— En concepto rendido el 18 de julio de 2005 por la Procuraduría Provincial de Popayán señaló que por tratarse de un hecho de trascendencia por atentar contra la moralidad pública y para garantizar la total imparcialidad en el trámite del proceso disciplinario, rindió concepto positivo, para hacer uso del poder disciplinario preferente por parte de la Procuraduría ordenando remitir copia del Acta de visita Especial practicada al proceso disciplinario con sus anexos y las peticiones de los apoderados de los investigados para que el Viceprocurador general decida sobre la pertinencia y autorización del ejercicio de poder disciplinario preferente(17).

— Mediante auto de fecha 4 de agosto de 2005 el Viceprocurador General de la Nación dio vía libre al ejercicio del poder preferente, habiendo asumido en la misma fecha la investigación(18).

— Por auto de 5 de septiembre de 2005 proferido por la Procuraduría Provincial de Popayán se resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura de investigación disciplinaria y citación a audiencia Nº DECAU-2005 26 de marzo 7 de 2005m, ordenando rehacer la actuación y disponiendo la validez de las pruebas allegadas y practicadas(19).

— Abierta la investigación disciplinaria, y adelantadas las diligencias que se estimaron pendientes, por providencia de febrero 28 de 2006 se evaluó la investigación y se formuló el cargo contra los señores SV Coral Castillo Segundo Javier, IT. Cárdenas Herrera Olimpo, SI. Serna Sánchez Jorge Eduardo, PT Moncada Contreras José Agustín, PT. Murillo Cruz José Mauricio, PT. Uribe Miranda Tulio César, PT Collazos Burbano Nelson Horacio, PT Villa Castro William Mario, AG. Galindez Quisoboni Libio Waldemar, AG. Martínez Burbano German de omitir cumplir con un acto propio de su cargo el cual era la captura, aprehensión y puesta a disposición de las autoridades competentes a los infractores de la ley penal Liberio Casanova Paladines, Jesús Armando Andrade y Juan Carlos Viveros, quienes transportaban en el vehículo tracto camión de placas SNF-465, insumos químicos, utilizado para el procesamiento de estupefacientes, reteniendo el automotor y a su conductor Casanova Paladine, en el peaje de Tunia, Municipio de Piendamó, Cauca, trasladándolo hasta las instalaciones de la policía de carreteras del cauca en Popayán y posteriormente dejarlo salir para que continuara su ruta hacia el sur del país, situación que fue frustrada por personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Seccional Cauca, quienes interceptaron el vehículo y capturaron a los civiles mencionados y a los policiales Olimpo Cárdenas y German Martínez, hechos sucedidos el 28 de febrero de 2005(20).

— Como normas violadas se invocaron los artículos 6º, 209, de la Constitución Política, Decreto 1798 de 2000, Régimen de Disciplina y Ética para la Policía Nacional arts. 25 26, 28, 37.

Contestados a través de apoderado los cargos por parte entre otros, del hoy demandante(21), y decretadas las pruebas solicitadas por los investigados, entre ellos el hoy actor(22), se continuó el trámite procesal.

A la investigación disciplinaria se allegó la copia de la investigación penal adelantada por la Fiscalía Tercera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Popayán en la que por providencia de 29 de diciembre de 2005 se calificó el mérito del sumario seguido contra Jesús Armando Andrade, Juan Carlos Viveros Guerrero procesados por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos (art 382 del C. Penal) y en contra de los señores Olimpo Cárdenas Herrera, German Martínez Burbano, Nelson Horacio Collazos Burbano, Lubio Waldemar Galindez Quisoboni, Segundo Javier Coral Castillo, Jorge Eduardo Serna Sánchez, Tulio César Uribe Miranda, José Mauricio Murillo Cruz, José Agustín Moncada profiriendo Resolución de Acusación contra estos últimos por su presunta coautoría en el delito de concusión y prevaricato por omisión agravado(23).

— Por providencia de fecha 23 de enero de 2007 proferida por la Procuraduría Provincial de Popayán se resolvió la situación disciplinaria de unos investigados, decidiendo sancionar con destitución a SV Coral Castillo Segundo Javier, IT. Cárdenas Herrera Olimpo, SI. Serna Sánchez Jorge Eduardo, PT Moncada Contreras José Agustín, PT. Murillo Cruz José Mauricio, PT. Uribe Miranda Tulio César, PT Collazos Burbano Nelson Horacio, PT Villa Castro William Mario, AG. Galindez Quisoboni Lubio Waldemar, AG. Martínez Burbano German, S.S. Pedro José Morales Díaz, si Alberto Méndez González y con accesoria la inhabilidad de cinco (5) años para los señores Coral Castillo Segundo Javier, y Olimpo Cárdenas, siendo que para los restantes entre ellos Nelson Horacio Collazos Burbano se les impuso sanción accesoria de un (1) año de inhabilidad para desempeñar funciones públicas.

Interpuesta apelación por parte, entre otros, de la apoderada del hoy demandante, fue resuelta por providencia de 21 de junio de 2007 proferida por la Procuraduría Regional del Cauca(24).

Como fundamentos de la sanción se aduce en los fallos de primera y segunda instancia, los siguientes argumentos que la Sala resume a continuación:

1. En fallo de 23 de enero de 2007 proferida por la Procuraduría Provincial de Popayán, luego del estudio de la prueba recaudada en el trámite disciplinario y del análisis del contenido normativo que describe la conducta disciplinable(25), refiere a los descargos presentados por los investigados, en particular los del demandante en los siguientes términos:

“4.6. el señor Nelson Horacio Colazos (sic), por intermedio solicita (sic) en su escrito de descargos, la absolución de su patrocinado, al cual se le formula cargo como autor por omisión de acto propio de su cargo, sustentando su tesis en que su cliente para la fecha de los hechos, según minuta de servicios entregó turno como radio operador, a las 7:00 a.m. y que luego se fue a dormir en los alojamientos de la policía de carreteras, ya que se encontraba cansado por el turno de trabajo que había cumplido, que de esta situación pueden dar los agentes de carreteras Adelmo Mazabuel Dávila y Marín. Posteriormente aduce que por orden de su superior SI. Serna Sánchez Eduardo, fue notificado para que apoyara un procedimiento de transporte hasta Popayán de una tractomula, no informándole porqué razón, solo que tenía que cumplir con esta orden ya que otro superior el SV Coral así lo había dispuesto, partiendo luego de unos minutos para Piendamó, donde se encontraba la mencionada tractomula, al parecer presentando fallas mecánicas, pues así lo corroboran los otros patrulleros investigados, quien por orden del SV Coral, debieron realizar un puesto de control mientras se solucionaba el inconveniente mecánico mencionado. Posteriormente a eso de las 2:00 p.m. salieron con destino a Popayán escoltando al camión, llegando a un parqueadero situado en las afueras de la ciudad, donde debieron esperar que el conductor hiciera algunos ajustes al vehículo y llegar luego al Comando de Policía de carreteras, en donde recibieron la orden del SV Coral de regresarse a Tunia.

El apoderado manifiesta que el despacho centra la responsabilidad de su defendido en el hecho de que su poderdante participa en el operativo en el lugar donde cumplen sus funciones, excusándose en la orden del SV. Coral, desconociendo que el procedimiento tardó todo el día, tiempo en el cual se realizaron estacionamiento del vehículo, conversaciones del SV Coral con los dueños de la carga y que los patrulleros estaban en capacidad de comprender que se trataba de una situación ilegal, pero a esta acusación de la procuraduría afirma que su defendido, no pudo conocer que se desarrollara algún procedimiento Policivo por parte de sus compañeros, esto debido a que él se desempeñó como radio operador hasta las 7:00 a.m. y que la distancia con la estación de Tunia, su ubicación y funciones tampoco se lo permitieron, igualmente agrega que nunca tuvo conocimiento del contenido de la carga porque el contenedor no fue abierto nunca en su presencia y que el objeto de ese transporte era llevarlo a la estación de Polca Popayán para verificar la legalidad de esa carga bajo la una orden del SV Cora, como se evidencia en la declaración del SI Serna Sánchez Eduardo, declaración donde se deja claro que su prohijado nunca detuvo el camión y que por el contrario este lo detuvieron otro colegas suyos, igualmente en la misma declaración se deja claro que su defendido solo cumplió con la orden impartida por un superior, la que presumió legal, más si esta estaba emanada por otro superior, el SV Coral, así las cosas, agrega el defensor, su defendido nunca ha omitido una obligación legal, para ello se ampara en la teoría del dominio del hecho, con las declaraciones de los ex uniformados y en especial la del señor Murillo Cruz José, la que demuestra que para ese día el SV Coral estaba pasando revista en la estación de Tunia desde tempranas horas, lo que hace prever que este como superior tenía el dominio de la situación, utilizando para ellos a sus subalternos, lo que imposibilitó a su defendido establecer si se trataba o no de una situación ilegal, agrega el doctor German Alegría que no existió dolo en la conducta de su prohijado, pues con su obrar no puede deducirse el mismo, tampoco existe prueba procesal que indique que este participó en el operativo de detención del vehículo, o de sus causas que lo originaron, manifiesta demás que no se puede prejuzgar que el art. 23-3 sea excusa defensiva, pues su defendido actuó bajo la orden del SI Serna Sánchez Eduardo y del SV Coral”.

Luego de realizar el análisis de la prueba recaudada, alude en particular a la versión rendida por el PT Collazos Burbano Nelson Horacio de la que da cuenta que:

“(...) el 280205 realizó el primer turno en el puesto del grupo Unir del peaje Tunia, pasando a la recogida y a eso de las once y media del día el SI Serna, le ordenó que se alistara para prestar seguridad a un vehículo hasta Popayán, que era un tracto camión y por orden del SV Coral, sacó una moto viajando con ella con el PT Murillo Cruz y con otros policiales se dirigió hasta Piendamó donde estaba el SV Coral , ordenando dicho suboficial a efectuar a efectuar un puesto de control y a eso de las dos de la tarde el SV Coral, dispuso el desplazamiento para Popayán; entrando a Popayán el conductor se orilló porque al parecer dicho carro estaba recalentado, luego siguieron con el referido vehículo hasta las instalaciones de la Policía de carreteras y una vez allí, el SV Coral, dijo que él se hacía cargo del procedimiento y ordenó el regreso de inmediato a Tunia,. En la tracto mula viajaron el PT Moncada Contreras y el AG Galindez Quisboni, en la otra moto viajaba el PT Uribe Miranda y el SI Serna Sánchez; el SV Coral, se desplazaba en un automóvil Mazda color azul, junto con dos personas de civil. Para ese día no observó al IT Cárdenas Olimpo ni al AG Germán Martínez. Desconoce que transportaba dicho vehículo, ya que la orden era trasladarlo hasta Popayán: Les correspondió hacer ese desplazamiento porque no había otro personal disponible, ya que un personal de esa unidad había bajado hasta Popayán a poner a disposición una mercancía incautada.

Declaración que confirma la participación del disciplinado en los hechos investigados, de igual forma la forma irregular como fue transportado el vehículo hasta Popayán demorándose 12 horas en su trayecto”.

Luego de referir todo el recaudo probatorio en el que se encuentra entre otras pruebas, declaración del Patrullero Julián Andrés García, versión libre del señor Intendente Olimpo Cárdenas Herrera, declaración del señor Liberio casanova Paladines, igualmente la del agente German Martínez Burbano, versión libre de los patrulleros Nelson Horacio Collazos Burbano, José Agustín Moncada Contreras, del agente Lubio Waldemar Galindez Quisboni, del Subintendente Jorge Eduardo Serna Sánchez , versión libre de Sargento Vice primero Segundo Javier Coral Castillo, que dicho sea de paso fue la persona encargada de realizar el irregular operativo que era de conocimiento desde un comienzo del Intendente Olimpo Cárdenas y del Agente Germán Martínez.

Se recibió igualmente la versión libre de los Patrulleros Tulio Cesar Uribe Miranda, José Mauricio Murillo Cruz, William Mario Villa Castro, del Agente Germán Martínez Burbano, entre otras diligencia probatorias.

Igualmente se recepcionó copia de las diligencias que se adelantaron en la Fiscalía Tercera Especializada en el proceso ‘penal radicado Nº 118.434, de las que se deduce que los agentes del DAS dan cuenta del operativo que realizan el día en cuestión pormenorizado y entre otras cosas informan sobre la trayectoria que tuvo el tracto camión, la escolta que prestaron miembros de la Policía Nacional, el ingreso y salida del vehículo de las instalaciones de la Policía Nacional de Carreteras, lo cual desemboca en la captura de los miembros de la Policía Nacional.

En aquella actuación se aprecia la diligencia de indagatoria de los señores Liberio Casanova Paladines y Jesús Armando Andrade, el primero conductor de la tractomula quien manifestó que una vez que lo detuvo la policía de carreteras de Tunia le solicitaron los documentos del vehículo y sin realizar la requisa respectiva le dijeron que lo que llevaba en el vehículo no era lo que se encontraba registrado en la planilla del mismo y que a su vez le indicaron la trayectoria a seguir sobre la forma como sale el vehículo de la policía de carreteras ‘por la visita que hace el dueño del tracto camión.

Se señala que como bien se ha manifestado la actuación cobija a todos los acompañantes del vehículo, por lo que considera la decisión de primera instancia que no se puede permitir que una persona preparada en este tipo de situaciones, haga parte de un operativo sin que sospeche tan siquiera de la presunta irregularidad que se estaba cometiendo, participan en el operativo que se inicia precisamente en el lugar donde cumplen sus labores, extendiéndose hasta que ingresan el tracto camión al Comando de Carreteras; pretendiendo excusarse simplemente en el hecho que estaban cumpliendo una orden del SV Coral Castillo, de escoltar el automotor hasta ese lugar, pretendiendo hacer creer que no conocían de la existencia del hecho irregular, que se demoró todo el día, y cuando en su presencia se realizaban estacionamientos a la orilla de la vía, conversaciones por celular entre el sargento Coral Castillo y los supuestos dueños de la carga ilícita que se trasportaba.

Por lo anterior se estima que el argumento de defensa referido a haber estado recibiendo ordenes legítimamente impartidas por sus oficiales de mando, no se puede considerar como válida ya que, desde todo punto de vista la orden impartida por el superior jerárquico se traducía en ilegitima y no los eximía de responsabilidad.

En cuanto a las razones de la sanción, la decisión de primera instancia no acepto sus manifestaciones defensivas con fundamento en que:

“(...) el hecho de haber terminado turno y ser llamado a escoltar el vehicular, no lo exonera de responsabilidad, por cuanto él fue testigo de los hechos anómalos que se sucedieron en desarrollo del irregular operativo, y lo mínimo que se esperaba del señor era que preguntara sobre la operación que iba a desarrollar, máxime cuando se encontraba disfrutando de su descanso, luego no estaba obligado a cumplir una orden a ciegas, desvirtuándose de esta manera sus argumentos que esgrime en procura de su defensa”(26).

Con fundamento en estos argumentos se calificó la falta y el grado de culpabilidad en el caso del demandante quien para le fecha de los hechos se desempeñaba como integrante de una escuadra de vigilancia del grupo UNIR ubicado en el peaje de Tunia - Municipio de Piendamó, adscrito a la policía de Carreteras en el Departamento de Policía del Cauca, actuó, junto con los restantes investigados a título de dolo por cuanto omitió cumplir un acto propio de su cargo que consistía en la captura, aprehensión y puesta a disposición de las autoridades competentes a los particulares que infringieron la ley penal, Liberio Casanova Paladines, Jesús Armando Andrade y Juan Carlos Viveros, quienes se movilizaban en el tracto camión de placas SNF-465 y trasportaban insumos químicos para la producción de narcóticos, que no obstante retener el vehículo y a su conductor Casanova paladines en el peaje la Tunia municipio de Piendamó Cauca lo trasladaron hasta el parqueadero de la policía de carreteras de Cauca y posteriormente lo dejaron salir hacia el sur del país sin judicializarlos, siendo frustrada su actuación por personal del DAS. Se alude además que los mencionados señores en virtud de los cargos que desempeñaban y su calidad de policial supone un estricto conocimiento de sus funciones y de la regulación normativa que rige su actuar.

Se señala que actuaron de forma libre y voluntaria, sin apremios de ninguna naturaleza y no pueden exculparse bajo el argumento de que estaban cumpliendo una orden legítima de su superior jerárquico, por cuanto su voluntad nunca fue coartada, a ninguno de los uniformados se les obligó bajo amenaza, para acatar las directrices de sus Jefes, Sargento Coral e I.T. Olimpo.

Sostiene además la providencia que se presenta también la falta disciplinaria relacionada con realizar una conducta tipificada como delito sancionado a título doloso cometida en razón o con ocasión o como consecuencia de la función o cargo de miembros de la policía nacional, como lo es el prevaricato por omisión, contenido en el artículo 414 del Título XV delitos contra la administración pública, capítulo VII del Código penal; conducta que señala se encuentra tipificada en el artículo 37 numeral 3º del Decreto 1978 de 2000, Reglamento de Disciplina y Ética para la policía Nacional como falta disciplinaria gravísima, por lo que estima mantener la calificación de la falta en razón a encontrarse descrita como tal.

Con relación a los argumentos defensivos del demandante la providencia cuestionada de primera instancia señala que no acepta sus manifestaciones, por cuanto el hecho de haber terminado turno y ser llamado a escoltar el vehicular, no lo exonera de responsabilidad, por cuanto él fue testigo de los hechos anómalos que se sucedieron en desarrollo del irregular operativo, y lo mínimo que se esperaba del señor era que preguntara sobre la operación que iba a desarrollar, máxime cuando se encontraba disfrutando de su descanso, luego entonces no estaba obligado a cumplir una orden a ciegas, desvirtuándose de esta manera sus argumentos que esgrime en procura de su defensa.

La falta se calificó como gravísima a título de dolo y la sanción principal que se impuso fue la destitución, entre otros para el patrullero Nelson Horacio Collazos Burbano y como accesoria de un (1) año de inhabilidad, atendiendo a su calidad de subalternos quienes omitieron haber analizado el contenido de la orden y alcances de la misma.

2. Apelada la decisión bajo el argumento de que a pesar de las innumerables probanzas, brilló por su ausencia el principio de la investigación integral, pues nunca se constató por parte de los despachos instructores las razones de la demora de la tractomula en llegar a la ciudad de Popayán, esto es, porque sufrió avería en una de sus llantas que los obligó a efectuar el cambio de las mismas el cambio de la misma y no se constató el tiempo en que ello se efectuó, tampoco se hizo un recorrido en un vehículo similar con el pavimento mojado desde la bomba hasta el parqueadero “el Opita” para constar la demora del vehículo cargado, con pavimento húmedo, que lo obligó a andar despacio y por ende nunca se constató el tiempo que se gastó en el desplazamiento como tampoco se estableció ni se tuvo en cuenta para nada el recalentamiento de que trata el motor, causa esta que incide en las demoras que se presentaron para la llegada del vehículo a la estación de Policía de Carreteras.

Señala que del acervo probatorio se desprende en forma clara y diáfana que el hoy demandante actuó conforme a las ordenes emitidas por su superior inmediato, en primer orden el trasladar el vehículo hasta la ciudad de Popayán, y en segundo orden el devolverse hasta el peaje de Tunia. Esta situación corroborada en el plenario con los testimonios directos vertidos al proceso. Agrega que su pensamiento con respecto a este tema no merece mayor comentario, por la claridad del mismo, especialmente lo señalado por el SV Coral quien dio la orden como su superior jerárquico, orden que era clara, precisa y legal, razón por la que el hoy demandante no podía en obediencia debida contrariar lo ordenado y así realizó el acompañamiento en cumplimiento de su deber legal con la circunstancia que por el sello de seguridad, no podía ver que contenía la tractomula y así si no le pregunto a su superior sobre la operación que iba a realizar, fue porque la orden era clara y cual era: “escoltar el vehículo hasta Popayán aunado a ello que no había personal disponible para efectuar el acompañamiento pues testaban varios en Popayán, razón por la cual fue llamado y dejó su descanso para cumplir con su deber, por la eventualidad presentada que se presentaba”.

Por lo anterior estima que se presenta causal de inculpabilidad porque el hoy demandante no tenía ningún conocimiento del contenido del vehículo que posteriormente al ser requisado por miembros del DAS Popayán resultó comprometido en la violación de la norma penal ordinaria.

Estima que se presenta entonces lo que se conoce como error de prohibición, señala que la regla de experiencia enseña que en tratándose de miembros de la fuerza pública y en particular de la policía de carreteras tienen especial cuidado en requisar los vehículos que transitan por el lugar donde ejecutan sus tareas de registro y control, por lo que estima creíble que su defendido nunca se enteró del contenido del vehículo y que su actuar solo se limitó a escoltar el tracto camión, por lo que estima no es dable endilgar responsabilidad en tanto estima que si se hubiera tenido conocimiento del contenido del mismo otra hubiera sido su conducta y otra la actividad posterior desarrollada.

3. Al desatar el recurso de apelación contra la decisión anterior, la Procuraduría Regional del Cauca, el 21 de junio de 2007 decide confirmar la sanción al considerar partiendo para su análisis del concepto de las relaciones especiales de sujeción inherentes a quienes ejercen función pública, señalando que la norma sustantiva violada el artículo 37 del Decreto 1798 de 2000 contentivo del Régimen de Disciplina y Ética para la Policía Nacional aplicable a los investigados en tanto constituyen faltas gravísimas sancionable con destitución las siguientes 3. “Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo...’ Que concuerda con el artículo 414 del código represor colombiano que trata del prevaricato por omisión: (...)”.

El análisis de las pruebas al que acude la segunda instancia señala que de la copiosa cita probatoria que da cuenta el proceso establece sin duda que:

“(...) los encartados desde cada una de sus perspectiva funcionales estuvieron vinculados sea al acopiamiento previa y no compartida con su superior inmediato y a la dirección del operativo y a la dirección del operativo de traslado del tracto camión desde Tunia, pasando por población en la que extrañamente se dispone su inmovilización por un lapso prolongado, hasta inicialmente y de la misma manera extraña hasta el parqueadero “El Opita” y luego a las instalaciones de la policía de Carreteras y posterior autorización sin requisa alguna para continuar su viaje al sur, como corresponde al SV Coral Castillo Segundo Javier, sea a la detención del vehículo propiciada en el peaje Tunia y su escolta hasta la ciudad efectuada por el citado suboficial acompañado por los policiales Moncada Contreras y Galindez Quisboni dentro de la cabina del tracto camión y Jorge Eduardo Serna - José Mauricio Murillo - Tulio Cesar Uribe - Nelson Horacio Collazos en otros vehículos, sea escoltando la mula desde Popayán en su recorrido hacia el sur, aproximadamente hasta el Encenillo como corresponde a la conducta de Olimpo Cárdenas y Germán Martínez sea enterándose del operativo entrando en contacto con el SV Coral en la población de Piendamó como corresponde a Pedro José Morales Díaz quien además efectuó varias llamadas a Olimpo Cárdenas cuando este se encontraba detenido en el DAS, respondidas por un detective a quien preguntó ‘(...) a donde llevaban eso (...)’, sea omitiendo, previa orden irregular del SV Coral Castillo la anotación de ingreso del tracto camión al parqueadero o instalaciones de la Policía de carreteras como corresponde a William Mario Villa Castro. Respecto de la situación del SV Coral Castillo no media duda que conocía, como lo ha explicado, como lo ha explicado con suficiencia el a-quo y él mismo lo admite del ilícito contenido del tracto camión. Sus pseudo argumentos de que se abstuvo de actuar como lo debió hacer, esto es en primer lugar informar de lo pertinente a su superior Teniente Restrepo Sabogal Comandante de Policía de Carreteras, ya que él mismo desde el día anterior al de los hechos no detentaba dicha calidad, porque pretendía la mayor discreción para evitar que el operativo de abortara (sic) no deben ser aceptados en primer lugar porque la línea de mando debe por sobre todo respetarse y si le asaltaban dudas respecto de la fidelidad del teniente para con su institución lo correcto hubiese sido dirigirse al comandante de Policía del departamento, para planificar con la estrategia debida el operativo, que la lógica indica exigía, en las instalaciones de la policía de carreteras, haber efectuado la inspección del vehículo, contando si se quiere para ello con la intervención de la fiscalía, sin olvidar que el propio suboficial se encontraba investido de facultades de policía judicial. Cumplido lo anterior bien podía haberse permitido el tránsito con rumbo al sur para intentar dar con los dueños o dueño de los insumos, en lugar de ello, encarga del seguimiento a Olimpo Cárdenas acompañado de Alberto Méndez en un automóvil, para luego, tranquilamente dirigirse a descansar a su residencia abandonando el procedimiento y enterarse al día siguiente de la detención de Cárdenas y Méndez. Sobre él pesa el hecho den que el tracto camión Luberio Casanova Paladines en su referida declaración señala que lo instruyó para que en el evento de que fuese interrogado en las dependencias de la policía de carreteras por su ingreso a dicho lugar explicara que se debía al vencimiento del seguro sin olvidar que afirma la presencia del suboficial y otros policiales a bordo de un automóvil en Tunia quienes a su decir discutirían con civiles escuchando la exclamación de ‘(...) que todo estaba arreglado (...)” (fls. 269-273), amén de las numerosas llamadas que recibió a su celular como él mismo suboficial lo manifiesta del supuesto dueño de la carga.

Ahora bien, el sargento Coral Castillo refiere que le asiste sospechas de que los Policiales apostados en Tunia podrían encontrase comprometidos en el ilícito, motivo por el cual inicialmente al observar que el vehículo era detenido observando desde cierta distancia el proceder de sus antiguos subordinados adscritos al ‘Polca’ para a renglón seguido intervenir y disponer el traslado a Popayán, luego el primer indicio de que podrían suceder hechos anómalos proviene de su parte, hechos que efectivamente sucedieron I —sic— pero con su directa intervención Casanova Paladines y por el desenvolvimiento de los hechos subsiguientes que permiten darle credibilidad a su declaración, quien además fue contratado para conducir el vehículo en reemplazo de quien inicialmente debería hacerlo dice que los policiales acantonados en Tunia al detenerlo le informaron que las placas del mismo correspondían a las que tenían apuntadas en un papel y que además, una vez revisados sus documentos comentaron que lo que aparecía en la planilla no correspondía a la carga transportada, lo cual significa que tanto el sargento como él mismo lo reconoce como los policiales que detuvieron el automotor tenían evidencia delo que ilícitamente se pretendía transportar al sur del País, concretamente a Ipiales según la versión del conductor. Los hechos que se producen de Tunia en adelante, corroboran lo anterior. En primer lugar el tiempo exagerado que permanecen en Tunia, aun contando con la reparación de una llanta de la mula puesto que si la inmovilización se produce antes de las siete de la mañana solo parten al mediodía, luego de una larga etapa en Piendamó disponiéndose un operativo de control, que sugiere maniobra de distracción y es en este lugar donde se entrevistan Coral Castillo y Pedro José Morales quien prestaba servicios de inteligencia, luego con mayor razón debió enterarse de lo sucedido porque no era posible que ignorara que el suboficial y los policiales escoltaban la Mula que durante tiempo considerable permaneció en el lugar, circunstancia extraña dado que si se suponía trasportaba cargamento ilegal o ello al menos se sospechaba lo más lógico, si se había optado por efectuar la apertura del furgón en las dependencias de la policía de carreteras, era que el viaje se sucediera lo más rápido posible: pero lo que llama en mayor grado la atención es la escala en el parqueadero ‘El Opita’ ubicado en esta ciudad, todo ello a ciencia y paciencia de los policiales que componían la escolta que no actuaron en modo alguno al menos para alertar a los mandos de mayor jerarquía en Popayán como lo era el Teniente Restrepo Sabogal comandante para el 28-02.05 de Policía de carreteras, al comandante de distrito o al mismo Coronel Flórez en ese entonces comandante del departamento de Policía Cauca.

Desde otro punto de vista los agentes del orden , en concepto del despacho se encontraban facultados en Tunia para proceder a la requisa del automotor, máxime si precedían indicios de su contenido, pero exculpan su pusilanimidad advirtiendo que el conductor se opuso a ello hasta tanto no acudiera el dueño del vehículo. La apertura del furgón podría si se quiere haber sido presenciada por un miembr4od e (sic) la fiscalía de fácil ubicación en Piendamó, dado que se trataría de un caso de flagrancia como evidentemente al día siguiente se estableció, en horas de la madrugada por efectivos del DAS”(27).

Como puede verse, se atendieron a cabalidad las reglas jurídicas que gobiernan esta clase de actuaciones administrativas, sin descuidar etapa alguna propia del proceso disciplinario, cumpliéndose así con el fin para el cual han sido instituidas cada una de ellas.

Si alguna irregularidad se presentó dentro de la respectiva actuación administrativa disciplinaria, la cual no se advierte, ha debido el interesado demostrar tal inconsistencia, así hubiese sido esta de orden formal o material.

A juicio de la Sala, las explicaciones ofrecidas por el demandante para salvaguardar su responsabilidad no resultan atendibles. Veamos el cargo que se formula en esta instancia:

6.2.2. El cargo.

El motivo de inconformidad frente a las decisiones de sanción lo centra el actor en primera instancia, en que los actos administrativos carecen de fundamento porque:

— Constituye una apreciación errada de la Procuraduría que Nelson Horacio Collazos Burbano estaba informado de los hechos y no estaba obligado a obedecer las órdenes de sus superiores por cuanto se trataba de un hecho ilícito ostensible.

— El error de apreciación de la Procuraduría consiste en que se tasa con el mismo rasero a todos los disciplinados, sin tener en cuenta que no todos participaron de la misma forma en los hechos del 28 de febrero de 2005, advirtiendo que el demandante no estuvo doce horas en el operativo, sino que a partir de las once y media de la mañana se le informa que debe escoltar un vehículo junto a otros compañeros, más tarde se incorpora a esa labor en la estación de gasolina de Piendamó, donde el rodante esta inmovilizado por fallas mecánicas, y estando a órdenes del SV Cora, participa de un puesto de control, sin que se entere ni tuviera porque saber de la situación precisa, puesto que un superior había manifestado la necesidad de trasladar el vehículo para una requisa.

— La caravana se pone en marcha rumbo a Popayán, a partir de las dos de la tarde (2.00 p.m.), llegando a las instalaciones de Policía de Carreteras a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).

— Es errada entonces la apreciación de tiempo de la procuraduría, cuando concluye que la participación de Nelson Horacio Collazos Burbano, fue por doce horas, cuando realmente escoltó el vehículo por tres horas, incluido el tiempo que estuvo parado en el parqueadero El Opita.

— Lo analizado es un hecho notorio que está respaldado por unanimidad tanto por las versiones de los investigadores del DAS, como por las de los disciplinados, así que el yerro radica en la conclusión de la Procuraduría de dar por sentado que los policiales participaron por igual durante doce horas del errado operativo.

Durante las horas en que estuvo el demandante participando como escolta en el traslado del rodante materia de investigación, cumplió estrictamente las labores propias de su cargo, en las que no tenía por qué cuestionar, ni siquiera dudar de la legitimidad de la actuación de SV Coral o de cualquier otro superior durante esa labor, porque en primer lugar su dicho y el de los demás deponentes es constante, unánime, claro y contundente de que participó estrictamente en el traslado del rodante y cumplida esa labor le fue dada la orden de regresar a Tunia.

Veamos dentro de ese contexto, si los argumentos expuestos por el actor tienen el alcance exigido para quebrantar la presunción de legalidad los actos demandados.

Anota la Sala que estos argumentos, algunos de ellos expuestos en la apelación de la decisión de primera instancia carecen de fundamento dado que del análisis de la prueba se puede inferir no solo su participación en el hecho, sino la conducta omisiva del demandante en el desarrollo de la actividad policial encomendada porque las reglas generales de la experiencia enseñan que la curiosidad del ser humano es amplia, más en tratándose de integrantes de organismos encargados precisamente de custodiar la seguridad ciudadana y combatir el delito, que en zonas como en la que se encontraba destacado el demandante es altamente sensible al narcotráfico que de tiempo atrás ha hecho presencia en la zona.

Lo que quiere decir que resulta carente de credibilidad la excusa suministrada en el sentido de que como arribó avanzado el operativo pues no pudo enterarse porque quien estaba al mando era el SV Collazos, porque precisamente hacer un retén de control al lado de un tracto camión y luego lo demorado del traslado, a Popayán eran razones más que suficientes para sospechar y poner en tela de juicio la legitimidad de la orden impartida por el SV Coral.

Y es que para soportar la legitimidad de la orden debe recordarse que debe ser lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con la actividad institucional. En tanto que la ilegitimidad de la misma está dada cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de la ley, las normas institucionales u órdenes legítimas superiores —artículos 25 y 26 del Decreto 1798 de 2000—.

Ahora bien, si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, el subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo, la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta —artículo 28 del Decreto 1798 de 2000—.

Luego, para la Sala no queda duda sobre la participación del demandante en el irregular operativo, sino además sobre la ausencia de acciones concretas encaminadas a verificar la legalidad del mismo, o la legitimidad de la orden impartida dado que se trataba de la retención de un vehículo por un prolongado tiempo sin resolución alguna de carácter policial para determinar el contenido o carga del mismo, lo que de por sí ya revelaba la obligación de dudar sobre la legitimidad de la orden, e imponía la obligación o bien de cuestionar la orden o poner en conocimiento de sus superiores la situación, lo que no aconteció.

Recuérdese que el mismo Collazos Burbano en su versión libre señaló de manera clara que no cuestionó la orden recibida, y que en manera alguna le pareció irregular la situación de que el SV Coral se desplazara uniformado en un carro de color azul en compañía de dos civiles que no conocía, y dado que en su percepción no intuyó la ilegalidad evidente del procedimiento resulta clara para la Sala que la responsabilidad del demandante en el hecho esta más que demostrada, y por tanto no se quebranta la presunción de legalidad que ampara los actos acusados.

Finalmente no es ajeno a esta Corporación que la autoridad disciplinaria cuando realiza la valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica, en procura de establecer tanto la existencia de la falta, como la responsabilidad de implicado y su grado de culpabilidad, por motivos ya plasmados, goza de un margen más flexible que el que le corresponde desplegar al operador judicial, para la misma tarea frente al ilícito penal y la responsabilidad de la persona imputada; mas ello, en sí mismo, no es óbice para que realice un juicio valorativo desprovisto de reglas mínimas, quedando a su libre convicción y/o capricho, sino que debe hacerlo bajo los parámetros de una libertad razonada, fundada en la lógica y en la experiencia, que en nada difiere de la persuasión racional, que le permita acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado, que se traduce en el logro de la certeza exigida en el artículo 142 del CDU, y esa tarea la realizó en debida forma la demandada.

Certeza conforme la definición de la Real Academia de la Lengua Castellana es: “Conocimiento seguro y claro de algo”, o la “Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar”; y para esta Sala, sopesada la prueba que se decretó y practicó, allegó e incorporó, en su conjunto despeja cualquier posible duda razonable con relación a la existencia del comportamiento objeto de reproche y que su autor y/o responsable fue el demandante que, además, incurrió en ella de manera consciente y voluntaria, por ende con dolo, dada su obligación de conocer la normatividad que regula la especialidad de policía de carreteras sino también el código de disciplina y ética para la misma institución policial vigente para la época de los hechos.

De suerte que, para esta Sala, queda establecido que la demandada como operador disciplinario de manera alguna soslayó la investigación integral, por ende no infringió el derecho al debido proceso.

Finalmente en cuanto tiene que ver con los términos que se aducen quebrantados en tanto al investigación superó con creces el término legal previsto, dirá la Sala que en primer lugar se trata de una investigación donde son once los investigados lo que implica que el término puede aumentarse hasta en una tercera parte.

En segundo lugar en este caso, si bien se superaron los términos, fue producto precisamente no solo de la dinámica investigativa en razón de la complejidad del asunto y el número de investigados, sino del accionar de los apoderados de estos que dio cuenta de dos solicitudes elevadas a la Procuraduría para que efectuara el ejercicio de su poder preferente el que prevaleció y culminó con la declaratoria de nulidad de la actuación y su readecuación corrigiendo las irregularidades advertidas que afectaron el debido proceso.

Nulidad que se presentó no solo una sino en dos oportunidades, según cuenta el proceso en providencia de octubre 2 de 2006, dictándose fallo de primera instancia en junio 21 de 2007.

Por tanto el hecho de que se hubieran superado los términos previstos para adelantar el proceso disciplinario no constituye una irregularidad sustancial que afecte el debido proceso, y menos el derecho de defensa como para sustentar la nulidad de la actuación.

Así las cosas, en ausencia de tacha concreta y comprobada, las argumentaciones que se hacen en la demanda no resultan válidas para quebrar el principio de legalidad que ampara el acto acusado y por lo tanto se denegarán las súplicas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

En firme, archívese previas las anotaciones del caso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013). Radicación: 110010325000201100436-00 (1647-11). Actor: Agustín Chávez Pérez

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2009. Radicación: 11001-03-25-000-2005-00113-00(4980-05). Actor: Diego Luis Noguera Rodríguez. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

11 Torres Romero Jorge Enrique y Puyana Mutis Guillermo. Manual del recurso de casación en materia penal. Bogotá, Temis, 1979.

12 Ídem.

13 Ortuzar Latapiat Waldo. Las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal. Chile, Editorial jurídica, 1958.

14 Fls. 1-899 Cuaderno Pruebas anexo 1 a 3.

15 Fls. 463-466 Cuaderno Pruebas 2.

16 Fls. 986-990 Cuaderno Pruebas 4.

17 Fls. 995-999 Cuaderno Pruebas anexo 1

18 Fls. 1006 Cuaderno Pruebas anexo 4

19 Fls. 1015-1021 Cuaderno Pruebas anexo 4

20 Fls. 1188-1223 Cuaderno Pruebas anexo 4.

21 Fls. 1299-1305

22 Fls. 1371-1375 Cuaderno Pruebas anexo 5.

23 Fls. 1724-1779 Cuaderno Pruebas anexo 7.

24 Fls. 1987-2022 Cuaderno Pruebas anexo 7.

25 Artículos 6º y 209 de la Constitución Política, Decreto 1798 de 2000.

26 Fl. 1862 Cuaderno Pruebas anexo 7.

27 Fls. 1987-2022 Cuad Anexo siete.