Sentencia 2011-00515 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 110010325000201100515 00

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E)

Nº interno: 2005-2011.

Actora: Elena Bustamante Eljaiek

Autoridades Nacionales

Bogotá, D. C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados por medio de los cuales la Procuraduría General de la Nación le impuso a la demandante sanción disciplinaria de suspensión, por el término de 3 meses e inhabilidad especial para desempeñar cargos públicos por el mismo periodo, en el ejercicio del cargo de profesional universitario, grado 17, se ajustan o no a la normatividad aplicable.

Actos demandados

• Fallo de primera instancia de 20 de mayo de 2004 suscrito por la veedora de la Procuraduría General de la Nación que dentro de la investigación radicada con el Nº 030-66539/02 declaró la responsabilidad de la señora Elena Bustamante Eljaiek y la sancionó con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 3 años (fls. 159 a 234).

• Fallo de segunda instancia de 31 de agosto de 2004 por medio del cual el Viceprocurador General de la Nación, al desatar el recurso de apelación, confirmó el fallo recurrido pero modificó la sanción en el sentido de imponer la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el mismo periodo (fls. 20 a 59).

• Resolución 384 de 4 de octubre de 2004 proferida por el Procurador General de la Nación, que ejecutó la determinación de segunda instancia (fls. 61 y 62).

• Oficio 11939 de 7 de octubre de 2004, mediante el cual el Jefe de la División de Gestión Humana del ente demandado, le comunicó a la actora la Resolución 384 de 2004 (fl. 60).

De lo probado en el proceso

Trámite del proceso disciplinario

• El 12 de noviembre de 2001 el abogado asesor del ente demandado, rindió un informe al Procurador General de la Nación de la visita general realizada a la Procuraduría Provincial de Santa Marta, en la que destacó diferentes aspectos que demuestran el anormal funcionamiento de esa dependencia y relacionó, entre otros, los 130 expedientes que estaban en cabeza de la demandante (fls. 3 a 25, cdn. 2).

• El 8 de marzo de 2002 la veedora de la Procuraduría General de la Nación, dentro del Expediente 030-66-539-2002, resolvió abrir investigación disciplinaria en contra de la señora Elena Bustamante Eljaiek en su condición de profesional universitario, grado 17, por haber incurrido en la omisión de darle trámite oportuno a algunos procesos que se encontraban a su cargo (fls. 165 a 187, cdn. 2). De la citada actuación fue notificada personalmente el 10 de abril de 2002 (fl. 194, cdn. 2).

• El 6 de junio de 2002 la misma autoridad administrativa le formuló a la demandante el siguiente pliego de cargos (fls. 238 a 262, cdn. 3):

“(…)

Primer cargo: De conformidad con la visita general practicada en la Procuraduría Regional del Magdalena, entre los días, 16 a 27 de octubre de 2001, se demostró que la doctora Elena Bustamante Eljaiek, en su condición de profesional universitario grado 17, adscrita a esa dependencia, tuvo a su cargo los cuarenta y seis (46) procesos disciplinarios que a continuación se relacionan, presentando por su omisión en el ejercicio de sus funciones, mora e inactividad procesal por los mismos términos o lapsos allí descritos.

Respecto de los radicados señalados en los numerales 1 a 28, la abogada Elena Bustamante Eljaiek, dejó vencer el término de indagación preliminar de los seis (6) meses, sin que cumpliera con sus fines, como era verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria y la identificación o individualización del servidor público que intervino en la misma, tal y como lo prevé (sic) los artículos 139 y 141 de la Ley 200 de 1995.

En cuanto a los procesos mencionados en los numerales 39 a 34, la inactividad procesal contribuyó de manera determinante, para que la Procuraduría Regional del Magdalena se viera avocada a decretar el fenómeno jurídico de la prescripción.

Con todo esto, se concluye que la doctora Elena Bustamante Eljaiek incumplió con las funciones propias de su cargo, siendo tan manifiesta la desidia en el trámite de los expedientes que obstaculizó en forma grave las investigaciones respectivas, causándole con ello la perturbación del control disciplinario ejercido por la Procuraduría General de la Nación y vulnerándose los principios de celeridad y finalidad del proceso y de la ley, economía y eficiencia, por lo que incurrió en la falta disciplinaria prevista por el artículo 25, numeral 2 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el artículo 48, numeral 2 de la Ley 734 de 2002.

(…)

Por lo anteriormente mencionado, la abogada Elena Bustamante Eljaiek, debe dar explicación sobre estas moras e inactividades procesales, lo que implica que se pudo haber infringido los artículos 12, 17, 25, numeral 2, 40 numerales 1, 2 y 22; 41 numeral 7 el artículo (sic) 76 numeral 4 de la Ley 200 de 1995.

(…)

Segundo cargo.

De conformidad con la visita general practicada en la Procuraduría Regional del Magdalena, entre los días, 16 a 27 de octubre de 2001, se demostró que la doctora Elena Bustamante Eljaiek, en su condición de profesional universitario grado 17, adscrita a esa dependencia, tuvo a su cargo los cuarenta y seis (123) (sic) procesos disciplinarios que a continuación se relacionan, presentando, por su omisión en el ejercicio de sus funciones, mora e inactividad procesal por los mismos términos o lapsos allí descritos.

Respecto de los radicados señalados en los numerales 1 al 71, la abogada Elena Bustamante Eljaiek, dejó vencer el término de indagación preliminar de los seis (6) meses, sin que cumpliera con sus fines, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria y la identificación o individualización del servidor público que intervino en la misma, tal y como lo prevé (sic) los artículos 139 y 141 de la Ley 200 de 1995.

(…)

Por lo anteriormente mencionado, la abogada Elena Bustamante Eljaiek, debe dar explicación sobre estas moras e inactividades procesales, lo que implica que se pudo haber infringido los artículos 12, 17, 25, numeral 2, 40 numerales 1, 2 y 22; 41 numeral 7 el artículo (sic) 76 numeral 4 de la Ley 200 de 1995.

(…)”.

• El 16 de agosto de 2002 a señora (sic) Bustamante Eljaiek actuando en nombre propio, contestó el auto de cargos aduciendo que su rendimiento laboral había sido óptimo y que no se tuvieron en cuenta los diferentes procesos que anteriormente estaban a cargo de otros profesionales universitarios, así como también las limitaciones respecto del número de abogados investigadores, los equipos y el personal de apoyo (fls. 293 a 310, cdn. 3).

• Este mismo día la actora solicitó ante la veedora de la Procuraduría General de la Nación, la nulidad de la actas de visita especial, practicadas por los comisionados de esa dependencia en la Procuraduría Regional del Magdalena y Provincial de Santa Marta, del auto de cargos y del auto de apertura de investigación, por considerar que reunía los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002(7). En cuanto a las causales sobre la cual basó su solicitud, son las señaladas los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, las cuales tratan sobre la violación al derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, pues fueron incluidos algunos procesos sobre los cuales el veedor ya había iniciado procesos disciplinarios (fls. 267 a 272, cdn. 3).

• Por medio del auto de 4 de octubre de 2002 la veedora de la Procuraduría General de la Nación resolvió negar la nulidad de las actas levantadas en las visitas especiales, del auto de cargos y del auto de apertura de investigación disciplinaria; lo anterior porque se le habían respetado las etapas propias del proceso disciplinario y brindado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa (fls. 280 a 283, cdn. 3).

• Inconforme con esta decisión, la demandante presentó el 15 de noviembre de 2002 recurso de reposición y en subsidio de apelación, pues consideró que debe aplicarse el principio del non bis in idem debido a que se tomaron en cuenta, dentro de la investigación disciplinaria, algunos procesos que ya habían sido archivados (fls. 287 a 289, cdn. 3).

• Mediante Auto de 22 de enero de 2003, la veedora de la Procuraduría General de la Nación negó el recurso de reposición por las mismas razones expuestas en la providencia del 4 de octubre de 2002; rechazó la procedencia del recurso de apelación, advirtiendo a la demandante que contra esa determinación procedía el recurso de queja; y, declaró la terminación del proceso disciplinario respecto del Radicado 0914-97066 de conformidad con lo señalado en el artículo 73 ibídem (fls. 329 a 334, cdn. 3).

• El 15 de mayo de 2003, la oficina encargada de adelantar el proceso disciplinario en contra de la demandante ordenó, tener en cuenta los documentos relacionados en los numerales 1 al 34(8) del escrito de descargos y, la práctica de las pruebas solicitadas en los numerales 1 al 9(9) (fls. 387 y 388, cdn. 3).

• El 20 de mayo de 2004 la veedora de la Procuraduría General de la Nación, al proferir el fallo de primera instancia, declaró responsable a la demandante por haber infringido los artículos 25 numeral 2(10); 40 numerales 1, 2(11) y 22(12); 41 numeral 7(13) de la Ley 200 de 1995, en consecuencia, fue sancionada con la destitución del cargo y con inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 3 años (fls. 519 a 598, cdn. 4).

• El 31 de agosto de 2004 el Viceprocurador General de la Nación, al resolver la segunda instancia, confirmó el fallo recurrido en cuanto a responsabilidad se refiere, pero modificó la sanción en el sentido de imponerle suspensión en el ejercicio del cargo por el termino de 3 meses e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el mismo periodo (fls. 635 a 674, cdn. 4).

Régimen disciplinario aplicable

En el sub lite se encuentra demostrado que los periodos de inactividad procesal investigados, sucedieron en vigencia de la Ley 200 de 1995, pues ocurrieron entre el 7 de febrero de 1997 y el 26 de octubre de 2001(14) y para el momento en que entró en vigencia la Ley 734 de 2002 aún no se había proferido pliego de cargos, tal y como lo estipula el artículo 223 ibídem(15). No obstante, la veedora de la Procuraduría General de la Nación determinó(16) que la primera de las normas le resultaba más favorable a la demandante, motivo por el cual la aplicó.

Faltas disciplinarias endilgadas

De acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Política, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, mientras que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En igual sentido, el artículo 38 de la Ley 200 de 1995 determinó que constituye falta disciplinaria “el incumplimiento de los deberes y el abuso o extralimitación de los derechos y funciones”.

Entre las faltas contenidas en dicho marco normativo, que la veedora de la Procuraduría General de la Nación consideró había incurrido la señora Elena Bustamante Eljaiek con su conducta, se encuentran las siguientes:

“ART. 12.—Celeridad del proceso.

“(…)

El funcionario competente impulsará oficiosamente el procedimiento y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias.

(…)”.

“ART. 25.—Faltas gravísimas.

“(…)

2. Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional.

(…)”.

“ART. 40.—Los deberes. Son deberes de los servidores públicos los siguientes:

“(…)

1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.

(…)

22. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo

(…)”.

“ART. 41.—Prohibiciones. Está prohibido a los servidores públicos:

“(…)

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a cargo de los servidores públicos o la prestación del servicio a que están obligados

(…)”.

“ART. 76.—Principios de economía. En virtud del principio de economía:

“(…)

4. Los empleados responsables de la función disciplinaria tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y evitarán decisiones inhibitorias

(…)”.

Las faltas disciplinarias descritas fueron calificadas como gravísimas, en el grado de dolosas, pues dejó vencer el término de indagación preliminar, lo que conllevó, en algunos casos, a que se archivaran definitivamente los radicados, y en otros, a que se paralizara la función administrativa.

Análisis de la sala

Previamente a desarrollar los cargos planteados por la demandante, es pertinente afirmar que el debido proceso es una garantía constitucional instituida a favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Esta garantía consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándole principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa.

De igual modo, se puede afirmar que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera por sí sola la nulidad de los actos a través de los cuales impone a un funcionario una sanción, pues lo que interesa en el fondo, es que no se haya incurrido en fallas que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso.

Por consiguiente, es necesario examinar si dentro del proceso disciplinario que se le adelantó a la señora Elena Bustamante Eljaiek existieron irregularidades de tal magnitud que sobreviniera una violación al debido proceso y al derecho de defensa que lo hicieran nulo.

i. Violación del principio non bis ídem.

La demandante sostiene que en este caso se desconoció el principio referido, porque fue sancionada en el presente caso(17) por la inactividad del Proceso Disciplinario 091-08342, el cual ya había sido objeto de estudio por parte de la veedora de la Procuraduría General de la Nación anteriormente. Ello indica que fue juzgada por el mismo hecho y bajo las mismas circunstancias, lo que configura la nulidad de los actos acusados.

Sobre el punto la Corte Constitucional(18) ha expresado:

“(…)

No obstante lo expuesto por el actor, la Corte advierte que no por generarse en un mismo supuesto fáctico una actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y un proceso disciplinario, se incurre en vulneración del principio non bis in idem. Ello es así porque la proscripción de generar dos o más juzgamientos por un mismo hecho exige mucho más que la simple identidad del supuesto de hecho que desencadena los distintos procesos. Por el contrario, para que el derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho se consolide, se requiere que en esos procesos exista identidad de causa, objeto y persona pues solo esa múltiple identidad es la que permite afirmar que se está ante hechos ya juzgados y, en consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado proceda nuevamente.

(…)

De ser cierto que la identidad en el supuesto fáctico que genera las diversas actuaciones bastara para ampararse en ese principio, al Estado le resultaría imposible promover los distintos procedimientos que, partiendo de los mismos hechos, implican diferentes títulos de imputación. Así, tras la comisión por un agente estatal de una conducta punible que ha afectado el patrimonio público, al Estado le resultaría imposible investigar y juzgar penalmente a tal agente por la comisión de una conducta lesiva de la administración pública como bien jurídico penalmente protegido, sancionarlo disciplinariamente por la infracción de sus deberes funcionales y condenarlo fiscalmente a la reparación del daño patrimonial causado a la entidad pública. No obstante, nada se opone a que, tomando como punto de referencia un mismo supuesto de hecho, esas distintas actuaciones se adelanten y en cada una de ellas se adopten las sanciones consecuentes pues la naturaleza de tales procedimientos y la índole de la responsabilidad que en cada caso se debate permite el seguimiento de esos múltiples procesos.

(…)”.

Atendiendo la citada sentencia, veamos si en este caso se presenta identidad de objeto, causa y personas, entre las actuaciones y procesos referidos por la accionante y si por tal razón se infringió el principio non bis in idem.

Al revisar el expediente, la Sala encuentra que aun cuando la actora sostuvo que la violación del artículo 29 de la Constitución Política y específicamente del principio non bis in idem, ocurrió porque fue sancionada en razón de un mismo hecho y bajo las mismas circunstancias en la investigación disciplinaria correspondiente al Radicado 030-66539/02 (el cual terminó con las decisiones cuestionadas), lo cierto es que no aportó ni solicitó, como prueba, el proceso disciplinario 091/08342 para determinar si efectivamente se trataba de la misma causa, objeto y persona.

En efecto, a pesar de que dentro del concepto de violación mencionó que anexaba el auto de archivo de aquel sumario que se había iniciado en su contra por las mismas razones, proferido por la veedora de la Procuraduría General de la Nación, tal pieza procesal no se encontró dentro del caudal probatorio. Por lo anterior tiene razón la agencia fiscal cuando sostuvo que la demandante estaba en la obligación de demostrar la violación a sus derechos fundamentales, pues si bien afirmó la ocurrencia de ciertas investigaciones por los mismos hechos, ello no pasa de ser una conjetura sin respaldo probatorio alguno.

Ahora bien, lo que sí se evidenció, dentro del Auto de 22 de enero de 2003, fue que el Radicado 091/08342 corresponde a un proceso disciplinario que se encontraba a cargo de la demandante y por el cual efectivamente ya había sido investigada dentro del Expediente 030-18473-98 pero por una mora procesal diferente, pues en esa oportunidad era del 11 de noviembre de 1997 al 22 de septiembre de 1998, mientras que en el sub lite, de acuerdo al numeral 36 del cargo primero(19), la inactividad que se presentó estuvo entre el 11 de noviembre de 1998 y el 31 de mayo de 2000.

En ese sentido, se puede concluir que no existe identidad de objeto, porque los hechos por los cuales se iniciaron las respectivas investigaciones disciplinarias ocurrieron en tiempos diferentes. Además, que en el presente caso se está estudiando no solo esa inactividad, sino también la de 168 expedientes más.

Lo anteriormente (sic) permite concluir que, al contrario de lo afirmado por la demandante, la Procuraduría General de la Nación no la sancionó dos veces por un mismo hecho y bajo las mismas circunstancias y en consecuencia, por ese aspecto, se evidencia que la entidad accionada no infringió el artículo 29 de la Constitución Política y el principio non bis in idem.

ii. Notificación de las pruebas recaudadas y caducidad.

Respecto de este tópico la demandante consideró que los actos cuestionados violaron el debido proceso ya que no se tuvo en cuenta la caducidad de que trata el artículo 38 del C.C.A., pues en su sentir, las investigaciones no pueden ser indefinidas; y además, porque las pruebas recogidas en el transcurso de la investigación, no fueron notificadas en los términos del artículo 182 del C.P.C.

El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que “salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

En ese sentido, a pesar de las diferentes interpretaciones que ha adoptado esta corporación(20), pues ha desarrollado dicha norma de tres diferentes maneras(21), observa la Sala que la parte actora incurre en una confusión entre la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración y la prescripción de la acción disciplinaria, situaciones de naturaleza y efectos diferentes.

Mientras que la caducidad respecto de las sanciones acontece, cuando ha transcurrido un término legalmente previsto para imponer una sanción sin que la entidad haya actuado en tal sentido, la prescripción de la acción, por su parte, es un mecanismo de orden público en virtud del cual, por el vencimiento del término legalmente previsto para tal fin, cesa la potestad del Estado para imponer una sanción, en este caso de carácter disciplinario.

Entonces, el término de los tres años previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo se debe contabilizar desde la fecha en que se produjo el acto que ocasiona la sanción, hasta la notificación del acto administrativo que la impone; y la prescripción, atendiendo el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, desde el día de la consumación de la falta. En ese orden de ideas, el primer fenómeno opera y para el caso en concreto, desde aquel momento en que la segunda instancia resolvió el recurso de apelación, esto es, el 31 de agosto de 2004, y el segundo, desde el 26 de octubre de 2001, pues no puede olvidarse que la conducta investigada, presunta inactividad procesal de 169 expedientes, es de carácter permanente o continuada.

Se puede concluir que en ningún momento existió caducidad respecto de la sanción, ya que la actora fue notificada de la ejecución de la sanción el 6 de octubre de 2004(22), es decir, dentro de los tres años que establece la norma, ni mucho menos prescribió la acción, pues entre la conducta reprochada y el día en que fue notificada la decisión definitiva principal, 7 de junio de 2004(23), no habían transcurrido 5 años.

Por otra parte, los argumentos expuestos por la demandante, referentes a la notificación de las pruebas adelantadas en el transcurso de la investigación o la citación de las partes para la realización de las pruebas en los términos de los artículos 182 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, no pueden ser acogidos por la Sala, dado que este marco normativo solo se puede aplicar siempre y cuando la norma especial no indique nada al respecto.

El artículo 84 de la Ley 200 de 1995 dispuso que solo se notificarían personalmente el auto de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos, no hay lugar entonces para remitirse al Código de Procedimiento Civil, pues es evidente que existe una norma especial que regula el procedimiento disciplinario. Se observa aquí la prevalencia de la ley especial sobre la general, por cuanto la primera está regulando una materia en concreto mientras que la segunda, está referida a los casos genéricos, salvo cuando no esté previsto en una norma que regule materias para casos específicos.

Para finalizar, el ente demandado en ningún momento vulneró el derecho de contradicción propio de la demandante, pues además de que le fue notificada el 19 de mayo de 2003(24) el auto que ordenaba la práctica de pruebas solicitadas en el escrito de descargos, en ningún momento se dejaron de realizar.

iii. Desconocimiento de situaciones externas.

Al respecto sostuvo la señora Bustamante Eljaiek que la Procuraduría General de la Nación tuvo en cuenta en los fallos cuestionados, algunas situaciones externas que le impedían cumplir con su trabajo, tal es el caso de la incapacidad física del 15% que dice padecer y el hecho de tener que compartir su computador con otros abogados.

Frente a estos argumentos lo primero que debe afirmarse es que el ente sancionador no está obligado a lo imposible, como quiera que la actora en ningún momento ventiló esas situaciones, ajenas a la conducta realizada, dentro del proceso disciplinario; prueba de ello, son los descargos y los alegatos de conclusión presentados por la investigada. A la postre, tampoco alegó alguna de las causales de exclusión de responsabilidad, establecidas en el artículo 28 de la Ley 200 de 1995, que condujeran a librarla de culpa alguna.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta, que en la demandante ningún momento (sic) allegó la supuesta incapacidad en aras determinar si ello contribuyó a la comisión de las faltas disciplinarias endilgadas.

En ese orden de ideas, observa la Sala al analizar cada uno de los anteriores cargos, que lo que pretende la señora Bustamante Eljaiek es reabrir el debate que sobre su responsabilidad disciplinaria aconteció en sede administrativa, lo cual no resulta posible en el sub lite, en la medida en que el control judicial que se efectúa al ejercicio de la potestad disciplinaria, de ninguna manera puede asimilarse a una tercera instancia, ni constituye tal.

Por tal motivo, al no configurarse los cargos formulados por la actora y al mantenerse incólume la presunción de legalidad de las decisiones disciplinarias, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Elena Bustamante Eljaiek contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y una vez en firme este proveído, archívense las presentes diligencias. Cúmplase».

(7) “(…) ART. 146.—Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten (…)”.

(8) Hacen referencia a: Fallo de 17 de agosto de 2001 dentro del proceso 030-07560/97; Estadísticas de producción laboral entre enero de 1998 a mayo de 2000; la asignación de turnos; auto de 6 de octubre de 1999 por el cual se archiva el expediente 091-08342 proferido por la veedora del ente demandado; licencia de maternidad por el periodo comprendido entre el 3 de julio de 1997 a 24 de septiembre de ese año; autos de archivos definitivos dentro de los procesos 030-204/97, 030-5327/97, 030-7289/97, 030-7288/97, 0307338/97, 030-7546/97, 0307544/97, 030-7550/97, 030-11200/98, 0307545/97, 030-7356/97, 030-7561/97, 030-9719/98, 03011193/98, 030-7551/97, 030-7287/97, copia de la Sentencia C-728-00, Acta 9 de la reunión celebrada en el despacho de la Procuraduría Provincial de Santa Marta y formularios de calificación de servicios de la demandante desde el 29 de abril de 1999 al 30 de abril de 2001.

(9) Solicitó lo siguiente: Oficiar a la Procuraduría Regional del Magdalena para que remita las copias de las resoluciones por medio de los cuales se comisiona a la actora para salir de la ciudad y el expediente de estadísticas de enero de 1998 a 2000, la práctica de una visita especial a fin de que se determinen el número de expedientes entregados para febrero de 1996, la certificación al Instituto de Estudios del Ministerio Público donde consta la asistencia al diplomado sobre Derecho Disciplinario, la declaración del señor Adolfo Fernández García, oficiar a la Procuraduría Regional de Bolívar la certificación de cuántos expedientes había tramitado en su contra y para que certifiquen las incapacidades y los permisos, oficiar a la oficina de recursos humanos de la Procuraduría General de la Nación para que certifique los periodos en que estuvo laborando para la entidad.

(10) “Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccionales”.

(11) “(…) 1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función (…)”.

(12) “(…) 22. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo (…)”.

(13) “(…) 7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a cargo de los servidores públicos o la prestación del servicio a que están obligados (…)”.

(14) Información tomada de la formulación del pliego de cargos en contra de la demandante, visible a folios 238 a 262, cuaderno 3.

(15) “(…) ART. 223.—Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su trámite hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento anterior (…)”.

(16) Información tomada del fallo de primera instancia.

(17) Expediente 030-66539/02

(18) Corte Constitucional, Sentencia C-391/02 de 22 de mayo de 2002, Referencia: expediente D-3791. Actor: Vladimir Ariza Cardozo. M. P. Jaime Córdoba Triviño.

(19) Pliego de cargos visible a folios 238 a 262, cuaderno 3.

(20) Consejo de Estado, sentencia de 2 de agosto de 2012, Radicación: 25000-23-24-000-2004-00030-01(17439), Actor: Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(21) La primera, entendida desde cuando se expide el acto administrativo que impone la sanción, la segunda, según la cual, además de expedirse el acto administrativo definitivo, este debe haberse notificado dentro del término de caducidad, y la tercera, aquella que predica que además de haberse proferido y notificado el acto primigenio, se deben haber resuelto los recursos interpuestos, y notificado las decisiones sobre estos.

(22) Visible a folio 63.

(23) Fecha en que fue notificada personalmente de la providencia del 20 de mayo de 2004, visible a folio 604, cuaderno 4.

(24) Visible a folio 405, cuaderno 3.