Sentencia 2011-00516/22978 de noviembre 15 de 2007

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 19001-23-31-000-2011-00516-01 (22978)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Ref.: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Manuel Alfonso Revelo Moreno

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Sanción por no enviar información - año gravable 2006

Bogotá D.C., quince de noviembre de dos mil diecisiete

Extractos« Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide sobre la legalidad de los actos administrativos demandados, que le impusieron al demandante sanción por no enviar la información en medio magnético, correspondiente al año gravable 2006.

En concreto, la DIAN rechazó la tasación de la sanción hecha por el a-quo en el 0.3% del valor de la información suministrada en forma extemporánea, porque la sanción impuesta no excedió el límite legal permitido, la omisión en el envío de la información le causó un daño al Estado y la información se presentó con la respuesta al pliego de cargos, no antes de su expedición.

Obligación de suministrar información

En el caso concreto, está demostrado que el demandante, al registrar en la declaración de renta del año gravable 2005 un total de ingresos brutos de $ 2.154.554.000, superó el tope establecido en la Resolución 12807 de 2006, lo cual obligaba a suministrar la información a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario.

Para ello, el artículo 18 de dicha resolución dispuso como plazo para la entrega de la información el 19 de abril de 2007, teniendo en cuenta que el NIT del contribuyente termina en 37(12); no obstante, como no cumplió el deber legal que le asistía, incurrió en uno de los supuestos sancionatorios establecidos por el artículo 651 del Estatuto Tributario, cual es no suministrar la información en el plazo establecido.

Daño causado. Principio de gradualidad

La Sala ha reiterado(13) que la sanción por no enviar información debe graduarse en cada caso particular, atendiendo no solo criterios de justicia y equidad, sino también de razonabilidad y proporcionalidad, como se señaló en la Sentencia C-160 de 1998.

En efecto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad rigen el derecho al debido proceso sancionatorio(14) y la proporcionalidad tiene especial relevancia en lo relativo a la imposición de sanciones, pues como manifestación del poder punitivo del Estado, es imprescindible que se respeten las garantías constitucionales, de manera que la sanción no sea arbitraria ni excesiva.

También ha precisado que aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de esta inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido(15).

Lo aducido, por cuanto mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de estas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero si, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega. Además, el criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente la actitud colaboradora del contribuyente.

En el caso concreto, la Sala observa que en el pliego de cargos se propuso aplicar la sanción en la suma de $ 356.445.000(16), que corresponde al 5% del valor de la información no suministrada, para lo cual tomó como base la cifra de $10.059.543.000(17), con fundamento en los valores registrados en las declaraciones de renta y ventas del año gravable 2006, así:

InformaciónValor BasePorcentajeSanción
Formato 1001
Valores Renglones 55+61

2.810.751.000

5%

140.538.000
Formato 1003
Valores Renglón 85

995.000

5%

50.000
Formato 1004
Valores Renglón 75

0

5%

0
Formatos 1005 y 1006
Declaración IVA Periodo 1
Declaración IVA Periodo 2
Declaración IVA Periodo 3
Declaración IVA Periodo 4
Declaración IVA Periodo 5
Declaración IVA Periodo 6

105.642.000
132.836.000
118.048.000
218.152.000
176.769.000
99.214.000

5%
5%
5%
5%
5%
5%

5.282.000
6.642.000
5.902.000
10.908.000
8.838.000
4.961.000
Formato 1007
Valores Renglones 45+46+47

2.869.665.000

5%

143.483.000
Formato 1008
Valores Renglón 37

4.264.000

5%

213.000
Formato 1009
Valores Renglón 43

89.758.000

5%

4.488.000
Formato 1011
Valores Renglones 36+39+40+55+56+57+60

3.433.449.000

5%

171.672.000
Valor total de las sanciones10.059.543.0005%502.977.000

Para efectos de la graduación de la sanción por no enviar información en medios magnéticos, está demostrado que el pliego de cargos expedido el 15 de septiembre de 2009, se notificó el 18 de septiembre siguiente, como quedó registrado en la Guía Crédito 1016753331(18).

Consta, además, que con la respuesta al acto de trámite señalado (15 de octubre de 2009)(19) el contribuyente suministró la siguiente información por medio electrónico:

Fecha de entregaFormularioFolio del c.a.
06/10/2009100157
06/10/2009100358
06/10/2009100559
06/10/2009100660
06/10/2009100761
06/10/2009100862
07/10/2009100963
07/10/2009101164
07/10/2009101256

Lo anterior indica que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la información en medios magnéticos no se presentó el 14 de agosto de 2007, antes de la expedición del pliego de cargos, sino con ocasión de dicho acto (6 y 7 de octubre de 2009), lo cual afecta la graduación al 0.3% del valor de la información hecha por esa Corporación.

Se observa que el Tribunal confundió la fecha de entrega de la información, con la de la presentación de la declaración de renta del año gravable 2006 (14/08/2007). En efecto, a diferencia de los datos generales registrados en las declaraciones tributarias, la información en medio magnético a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario y la Resolución 12807 de 2006, es de carácter específico, pues recae sobre las personas y entidades con las cuales el contribuyente realizó operaciones o transacciones durante el periodo gravable respectivo, la cual, como lo admite el demandante, se presentó con la respuesta al pliego de cargos(20).

La Sala advierte que la Administración tampoco podía aplicar el tope máximo previsto en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario, pues la norma establece un margen de aplicación de la sanción por no informar al señalar que será “hasta del 5%”, preposición que indica un límite de graduación, en virtud de la cual puede aplicar porcentajes de liquidación entre el 0,1% y el 5%.

De acuerdo con lo aducido, siguiendo el criterio fijado por la Sala(21), sobre el valor de la información correspondiente a los formatos entregados con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, procede la graduación de la sanción al 1%, pues tal circunstancia denota una actitud de colaboración del contribuyente. Así, la liquidación de la sanción de la Sala, es la siguiente:

Base de imposición de la sanción$10.059.543.000
Porcentaje de sanción1%
Total sanción$100.595.430

Por las razones expuestas, como la sanción establecida en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración por la suma de $ 296.640.000, difiere de los $100.595.430 determinados por la Sala, se mantendrá el numeral primero de la sentencia apelada, que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, y se modificará el numeral segundo de dicha sentencia, en el sentido de fijar la sanción por no informar en la suma de $100.595.430, que corresponde al 1% del valor de la información suministrada en forma extemporánea.

De otro lado, se observa que en la demanda el actor alegó la prescripción de la facultad sancionatoria de la Administración, cargo que fue despachado desfavorablemente por el Tribunal.

Al respecto, la Sala aplicará el criterio expuesto en anteriores oportunidades(22), en relación con los límites que tiene el superior al decidir el recurso de apelación, según el cual, “le corresponde a la Sala analizar el argumento que en primera instancia no prosperó en favor de la parte demandante”, para “garantizar así el principio de congruencia y de igualdad de las partes o simetría procesal, que se informan, ambos, en el derecho a la tutela judicial efectiva —que le impone el estudio y decisión de todo lo reclamado por el actor—, en el derecho de contradicción —que le asegura al demandado que únicamente está llamado a resistirse a lo que le fue formulado de manera expresa— y el derecho a la igualdad —que supone relativa paridad de las partes, sin que pueda encontrarse ninguna de ellas en situación de inferioridad jurídica”.

Así pues, en cuanto al término de prescripción de la facultad impositiva de la Administración previsto en el artículo 638 del Estatuto Tributario, según el cual respecto de las sanciones impuestas mediante resolución independiente, el pliego de cargos se debe notificar dentro los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable, o cesó dicha irregularidad para el caso de las infracciones continuadas, la Sala reitera(23) que para contabilizar dicho término, se debe tener en cuenta que “cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido”.

Por ello, como en el caso la irregularidad sancionable se concretó el 19 de abril de 2007, fecha en que el contribuyente debió entregar la información, los dos años que tenía la DIAN para formular el pliego de cargos se cuentan desde la presentación de la declaración de renta del año gravable 2007, esto es, el 18 de junio de 2008.

En consecuencia, la Administración podía expedir y notificar el pliego de cargos hasta el 18 de junio de 2010, por lo cual, el pliego de cargos expedido el 15 de septiembre de 2009, notificado el 18 de septiembre de ese año, es oportuno.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modifícase el numeral segundo de la sentencia del 10 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el cual quedará así:

“2. Declarar, a título de restablecimiento del derecho, que la sanción por no enviar información o por hacerlo de manera extemporánea de la que fue objeto el señor Manuel Alfonso Revelo Moreno mediante las resoluciones 72412010000041 del 15 de abril de 2010 y 900066 de 11 de mayo de 2011, corresponde a la suma de cien millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta pesos m.cte. ($100.595.430), de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

2. En lo demás, confírmase la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.»

(12) Fl. 9 del c.a.

(13) Entre otras, las sentencias del 26 de mayo de 2016, Exp. 20925, del 10 de agosto de 2017, Exp. 21886, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 17 de agosto de 2017, Exp. 21190, M.P. Milton Chaves García y del 20 de septiembre de 2017, Exp. 22434, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

(14) Sentencia C-564/00

(15) Ib.

(16) Cifra modificada por la resolución que resolvió el recurso de reconsideración a 296.640.000, que es el tope máximo previsto en el Decreto 4715 de 2005.

(17) Fl. 51 del c.a.

(18) Fl. 52 del c.a.

(19) Fls. 53 y 54 del c.a.

(20) En la demanda (fl. 28 del cdno. ppal.).

(21) Entre otras, la sentencia del 7 de diciembre de 2016, Exp. 22483 y del 4 de mayo de 2017, Exp. 20884, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

(22) Sentencia 12 de diciembre de 2014, Exp. 19121, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. El mismo sentido, los fallos de 4 de mayo de 2015, Exp. 20594, y de 4 de noviembre de 2015, Exp. 21177, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(23) Entre otras, las sentencias del 17 de agosto de 2017, Exp. 21879, del 10 de agosto de 2017, Exp. 21886, del 2 de diciembre de 2015 Exp. 20215, del 21 de agosto de 2014 Exp. 20110, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y del 17 de agosto de 2017, Exp. 21190, C.P. Milton Chaves García.