Sentencia 2011-00526 de abril 18 de 2013

 

Sentencia 2011-00526 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 11001-03-25-000-2011-00526-00

Número interno: 2018-2011

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Jaime Peláez Ortiz

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II Consideraciones

Para desatar el litigio, la Sala procederá a establecer el problema jurídico, determinará los actos demandados así como lo probado en el proceso, y dado que no se presentaron excepciones, abordará el conocimiento de los cargos aducidos por el demandante.

2.1. El problema jurídico.

Se trata de establecer si las resoluciones 652 de 18 de abril de 2005 y 10632 de 10 de noviembre de 2005, proferidas en su orden por la división de investigaciones disciplinarias de la regional Centro-Occidente y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que sancionaron al demandante con destitución e inhabilidad general por el término de 4 años, son nulas por los cargos presentados en el libelo.

2.2. Los actos demandados.

a) Resolución 652 de 18 de abril de 2005, proferida por el jefe de la división de investigaciones disciplinarias de la regional Centro-Occidente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que impuso al demandante sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de 4 años, así como la exclusión de carrera (fl. 3, cdno. 1).

b) Resolución 10632 de 10 de noviembre de 2005, proferida por el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que confirmó la sanción disciplinaria antes mencionada (fl. 33, cdno. 1).

2.3. Lo probado en el proceso.

23.1. Mediante queja de 10 de febrero de 2003 presentada por el jefe de división de fiscalización tributaria y aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ante la jefe de división de investigaciones disciplinarias de esa misma entidad, se acusó al demandante por tener documentos relacionados con trámites y procesos de la DIAN que no tenían relación con sus funciones(11) (fl. 2, cdno. 3).

2.3.2. Por Auto 016 de 8 de julio de 2003, la división de investigaciones disciplinarias de la DIAN inició indagación preliminar contra el demandante, por los hechos indicados en la queja de 10 de febrero de 2003 presentada por el jefe de división de fiscalización tributaria y aduanera de la dirección (fl. 22, cdno. 2).

2.3.3. La señora Lucero Gallego en diligencia de testimonio de 22 de octubre de 2003, ordenada dentro de la indagación preliminar, manifestó que hacía quince (15) años conocía al demandante, y que debido a una sanción pecuniaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, decidió a principios de 2001 pagarle al actor diez millones de pesos ($ 10.000.000), para que le ayudara a evadir tal deuda, y elaborara unos documentos para tal cometido (fl. 129, cdno. 3)(12).

2.3.4. A través de Auto 008 de 18 de diciembre de 2003 la división de investigaciones disciplinarias de la DIAN, con base en las pruebas recaudas ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en contra del actor por haber solicitado dádivas provenientes de los usuarios del servicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; obtener indebido provecho patrimonial en ejercicio de su cargo, y prestar a título particular, servicios de asistencia o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias de la entidad (fl. 142, cdno. 2).

2.3.5. La división de investigaciones disciplinarias mediante Auto 004 de 30 de septiembre de 2004, profirió pliego de cargos en contra del accionante acusándolo de: a) haber prestado servicios de asesoría a la contribuyente Lucero Gallego Morales para “arreglar” o “encargarse” de todo el proceso de cobro coactivo que se adelantaba en la división de cobranzas en la seccional de Pereira de la DIAN, por la suma de $ 39.937.630, y b) Solicitar y recibir durante el período comprendido entre diciembre de 2000 y enero de 2001, la suma de $ 10.000.000 entregada por parte de la mencionada contribuyente para evitar dicho cobro coactivo. La falta se calificó como gravísima (fl. 199, cdno. 2).

2.3.6. Mediante Auto 028 de 3 de noviembre de 2004 proferido por la división de investigaciones disciplinarias, se abrió el proceso a pruebas, ordenándose practicar testimonios, entre ellos, el del señor Ever Ortega Rivera(13) (fl. 227, cdno. 3).

2.3.7. La jefe de la división de investigaciones disciplinarias de la regional Centro-Occidente de la Dirección de impuestos y Aduana Nacionales, profirió la Resolución 652 de 18 de abril de 2005, mediante la cual sancionó al actor con destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de cuatro (4) años y la exclusión de la carrera administrativa, por haber incurrido en la falta disciplinaria descrita en el artículo 25 numeral 1º de la Ley 200 de 1995, consistente en derivar indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones. Este acto administrativo fue notificado al demandante el 21 de abril de 2005 (fls. 344 y 375, cdno 3).

2.3.8. El demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia, alegando indebida valoración probatoria (fls. 376 y 399, cdno. 3).

2.3.9. El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución 10632 de 10 de noviembre de 2005, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia de 18 de abril de 2005, confirmándolo en su totalidad. Esta providencia fue notificada al actor el 18 de noviembre de 2005 (fls. 408 y 422, cdno. 3).

2.3.10. Mediante Resolución 11192 de 23 de noviembre de 2005, expedida por el director general de Impuestos y Aduanas Nacionales, se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al actor (fl. 263, cdno. 4).

III. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta que la falta aducida contra el señor Jaime Peláez Ortiz, que dio lugar a los fallos disciplinarios objeto de revisión judicial, fue cometida cuando ejercía como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales regional Centro-Occidente de la ciudad de Pereira, es necesario previamente establecer el marco jurídico en el cual se resolverá el litigio.

La DIAN está organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En ese orden de ideas y atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía que se predica de la DIAN, no comporta lo correspondiente al régimen disciplinario de sus servidores, por eso a ellos, se les aplica el régimen previsto en el Código Único Disciplinario.

Ahora bien, atendiendo a la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la falta y a la fecha en que se inició el proceso disciplinario, son aplicables las leyes 200 de 1995 y 734 de 2002, en lo sustancial y procesal respectivamente.

3.1. Sobre los cargos presentados por el demandante.

Para desatar la apelación, por razones prácticas en la exposición de los argumentos, y dado que la mayoría de los cargos presentados por el demandante tienen un mismo fundamento, estos se acumularan en relación a los tres (3) principales argumentos de inconformidad planteados en el libelo.

3.1.1. Sobre la valoración probatoria (cargos 1.2.2.1 a 1.2.2.2 y 1.2.2.5 a 1.2.2.6).

El demandante argumenta que los actos acusados son nulos por cuanto las autoridades disciplinarias que los profirieron a) únicamente se basaron en el testimonio de la señora Lucero Gallego Morales, el cual, era insuficiente para demostrar su responsabilidad en los hechos investigados, se rindió sin la gravedad de juramento y no fue ratificado por la declarante; y b) desecharon sin justa causa la declaración del señor Ever Ortega Rivera, quien señaló haber elaborado los documentos presentados en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra la señora Lucero Gallego Morales.

Dado que los argumentos que sustentan el cargo tienen un elemento común, a saber, la inconformidad con la valoración probatoria realizada por el fallador disciplinario, es pertinente reiterar la posición del Consejo de Estado(14) en asuntos como el puesto en consideración, según la cual, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la jurisdicción contenciosa administrativa, no es una extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, de manera que implica una especial cualificación y depuración del debate, pues no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si se tratara de una tercera instancia.

Así las cosas, el control que a esta jurisdicción le corresponde, cuando se trata del juzgamiento de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba. Por ello la actividad judicial no puede sustentarse en una nueva visión del material probatorio a fin de ser más agudo y de mayor alcance, ni en una discrepancia sobre su percepción, o ensayar una lectura distinta hecha en clave del interés del sancionado, pues ello corresponde a las instancias y autoridades disciplinarias, en principio ajena a la actividad de la jurisdicción, de manera que en la acción contenciosa se debe demostrar, sin acudir a esforzados razonamientos, la existencia de una decisión contraevidente sin acudir a complicadas elucubraciones(15).

El demandante en el libelo introductorio realiza apreciaciones de inconformidad generales respecto de la valoración de la prueba realizada por los falladores disciplinarios, limitándose a señalar que el testimonio que lo inculpa no otorga la suficiente certeza en relación con el cometimiento de las faltas y su culpabilidad, sin explicar o argumentar razonadamente, más allá de su conveniente criterio, la razón por la cual se interpretó erradamente el contenido del mismo. Bajo tal perspectiva el cargo únicamente pretende sin ningún fundamento válido, una nueva y oficiosa revisión de la evidencia tenida en cuenta por el sancionador.

Al revisar el expediente disciplinario se observa que el fallador, para establecer la violación del artículo 41 numeral 25 —prestar, a título particular, servicios de asistencia o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo— y del artículo 25 numeral 1º de la Ley 200 de 1995 —derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones—(16), tuvo en cuenta no solo la declaración rendida por la señora Lucero Gallego Morales(17), sino también la versión libre(18) y la ampliación de la versión libre(19) del disciplinado, además de las declaraciones juramentadas rendidas por los funcionarios María Lucidia Acevedo(20), Luz Nelly García Arredondo(21) y Pedro Barón Orrego(22) y la diligencia de inspección administrativa realizada al expediente de cobro coactivo adelantado contra la señora Lucero Gallego Morales.

Las mencionadas pruebas son coincidentes al indicar que a) entre el disciplinado y la señora Lucero Gallego Morales existía una amistad de vieja data, b) que en vista del problema tributario que esta tenía con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el encargado se reunió con ella y le ofreció su asesoría a cambio de $ 10.000.000, que efectivamente recibió; c) que en virtud de esta contraprestación el disciplinado le elaboró sendos escritos para ser presentados en la referida entidad, de los cuales fueron encontradas copias en su puesto de trabajo por el superior inmediato y los compañeros de oficina.

Estas pruebas y las contradicciones del demandante quien en su versión libre inicial negó conocer a la señora Lucero Gallego Morales, y en la ampliación de la misma —luego de que aquella rindiera su testimonio contando la amistad que los unía—, no solo manifestó conocerla de tiempo atrás, sino haberse enterado del proceso de cobro coactivo en contra de aquella, reunido con ella en su casa y recibido la suma de $ 10,000.000 para efectos que no tenían relación con asesoría alguna —supuestamente para tramitarle el arreglo de un carro de su papá—, fueron analizadas en conjunto por los falladores disciplinarios para establecer que el ahora demandante en la fecha de los hechos consciente e intencionalmente incurrió en las faltas disciplinarias que le fueron imputadas.

Adicionalmente se observa que, si bien la señora Lucero Gallego Morales en la diligencia de testimonio al ser interrogada sobre el dinero entregado al disciplinado para la práctica del asesoramiento, solicitó el levantamiento del juramento a fin de dar la respuesta por lo delicado del asunto y teniendo en cuenta el artículo 33 de la Constitución Política que protege al declarante frente a la autoincriminación, posteriormente y en la misma declaración estando ya bajo la gravedad de juramento reiteró que se reunió con el disciplinado en su casa para efectos de la asesoría relacionada con el cobro coactivo que le estaba realizando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, acordando con este el pago de $ 10.000.000 por tales servicios(23).

Lo expuesto evidencia que el operador disciplinario encontró en la referida declaración los fundamentos suficientes para estructurar el cometimiento de la falta y la responsabilidad disciplinaria del demandante, sin que las pruebas en las cuales fundó su decisión carecieran de fuerza jurídica o estuvieran viciadas.

Por otra parte al ser evidente que el fundamento de decisión del tallador disciplinario no solo giró en torno a la declaración de la señora Lucero Gallego Morales —la cual por demás, fue rendida bajo la gravedad de juramento—, sino que se fundamentó en otras testimoniales y documentales, no es válido afirmar como depreca el demandante en el libelo, que aquella estaba obligada a ratificar su afirmación. Y aun cuando se atendiera a la revisión del argumento del demandante, se tiene que el aparte de su declaración que fue rendido sin la gravedad de juramento fue ratificado por ella en la misma diligencia esta vez cumpliendo con dicha ritualidad, señalando claramente que el disciplinado le prestó la asesoría para su proceso de cobro coactivo a cambio de una suma de dinero.

Por lo anterior no es cierto que la declaración testimonial de la señora Lucero Gallego Morales hubiera sido la única prueba tenida en cuenta para declarar la responsabilidad del demandante en el cometimiento de la falta disciplinaria y menos aún que algunos de los apartes de esta queden sin valor por haberse levantado el juramento o que necesiten ratificación adicional para que pudieran ser tenidos en cuenta por el operador disciplinario.

En cuanto a la falta de valor probatorio dado por los falladores a la declaración del señor Ever Ortega Rivera, quien manifestó haber elaborado los documentos con los cuales se materializó la asesoría prestada a la señora Lucero Gallego Morales, debe el despacho manifestar que tal apreciación no fue arbitraria ni sin fórmula de juicio, al contrario, en los actos administrativos acusados se expone claramente la razón por la cual su dicho al ser valorado en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente no merecía credibilidad.

Esto en la medida en que en su declaración, al ser preguntado si conocía a la señora Gallego Morales respondió negativamente, imprecisión que con base en el principio de la sana crítica llevó al operador disciplinario a restarle mérito.

De lo anterior, sin que sea procedente entrar a realizar una nueva valoración de la evidencia recaudada en el proceso administrativo correctivo, por cuanto el demandante no presenta argumentos legítimos que permitan a la jurisdicción tal proceder excepcional, se observa que los fallos acusados no solo cuentan con suficiente material probatorio de sustento, sino que expresaron de manera plena el argumento legal que los respalda, siendo improcedente el escrutinio de la evidencia, pues en el deprecado por aquellos no se detecta que se hubiere violado el debido proceso, que la apreciación realizada resulte contra evidente, que riña con el sentido común o que sea alejada de toda razonabilidad. Por lo anterior el cargo es infundado.

3.1.2. Sobre la duda razonable y la inaplicación del in dubio pro disciplinado (cargo 2.1.2.4 y 2 1.2.7).

El actor argumenta que en el proceso disciplinario no existió plena certeza sobre su responsabilidad, en la medida en que de los veintidós (22) testimonios que se practicaron solo uno, esto es, el rendido por, la señora Lucero Gallego Morales lo involucraba directamente con los hechos investigados. En consecuencia ante la falta de contundencia del material probatorio, se configuró una duda razonable que en aplicación del principio in dubio pro disciplinado debió ser resuelta en su favor mediante decisión absolutoria.

El artículo 6º de la Ley 200 de 1995(24), aplicable al baso de autos en razón de la época en que fue cometida la falta imputada al demandante, señala que toda duda razonable debe resolverse a favor del disciplinado cuando no haya modo de eliminarla.

Una expresión de lo anterior es el denominado principio in dubio pro disciplinado que emana de la presunción de inocencia, pues implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

En ese sentido para la aplicación del referido principio la duda que se observe en el trámite sancionatorio debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso(25), pues mal se haría en aducirla cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que el encartado es responsable de los hechos que se le imputan.

Bajo las consideraciones precedentes, en especial las expuestas al resolver el cargo inmediatamente anterior, es evidente que para la autoridad disciplinaria la prueba recaudada en el proceso sancionatorio que terminó con la imposición de la sanción, fue suficiente para eliminar toda “duda razonable” respecto de la responsabilidad del demandante en los hechos investigados.

Como en su oportunidad se señaló (ver numeral 3.1.2 de esta providencia), el cúmulo de evidencia recaudada —entre estas la versión libre del disciplinado— uniformemente indica que el actor, ostentando la calidad de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ofreció y realizó una asesoría privada relacionada con las competencias de la entidad, la cual contravenía sus obligaciones como servidor público, obteniendo además provecho económico de la misma.

En este orden de ideas, la duda deprecada y la aplicación del principio in dubio pro disciplinario no tuvo sustento en el trámite sancionatorio ni lo tiene en esta instancia judicial, más allá del dicho general y disperso del demandante, el cual no es suficiente para enervar la presunción de legalidad y acierto que ampara la sanción y menos aún el razonado juicio argumentativo que la autoridad administrativa realizó sobre cada uno de los elementos probatorios en los cuales fundamentó su decisión.

Si bien al demandante le asiste el derecho a disentir de la sanción disciplinaria proferida en su contra por las razones en los cuales se sustentó, a fin de presentar una interpretación de los hechos y la evidencia favorable a sus intereses, esto no pasa de ser una simple apreciación subjetiva que no tiene la virtud de lograr la anulación de los actos administrativos demandados, motivo por el cual el cargo bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.

3.1.3. Sobre la nulidad del fallo disciplinario de segunda instancia por extemporaneidad (cargo 1.2.2.3, 2.1.2.5 y 2.1.2.8).

El libelista sostiene que el fallador disciplinario de segunda instancia excedió el término de cuarenta (45) días, consagrado en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, para resolver el recurso de apelación presentado contra el fallo disciplinario de primera instancia. Lo anterior por cuanto, entre la fecha de recepción del expediente por el operador de segunda instancia y la del fallo que resolvió la alzada trascurrieron más de 6 meses.

La Corte Constitucional(26) ha sido insistente en precisar la importancia que tiene para la conservación de las garantías del debido proceso, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales estos se desarrollen, al punto que su consagración dentro de los presupuesto procesales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de la autoridad encargada de administrarlos, constituye la base procedimental fundamental para la efectividad del derecho al debido proceso.

La consagración de los términos procesales lleva implícito el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión de las autoridades, en otras palabras, a que los asuntos puestos en conocimiento de aquellas se resuelvan sin dilaciones injustificadas(27).

Sin embargo, ese mismo tribunal(28) en referencia a situaciones como la planteada en el cargo bajo estudio, señaló que la inobservancia per se de un término procesal, verbigracia, el legalmente fijado para la investigación preliminar, no da lugar a la invalidez del procedimiento disciplinario, en la medida en que es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado.

En relación con lo anterior esta Sala(29) también ha precisado que, sin desconocer el derecho que tiene el inculpado de resolver oportunamente su situación disciplinaria, el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni genera nulidad del proceso disciplinario.

Si bien el término para resolver la segunda instancia disciplinaria utilizado por el ad quem, excedió el previsto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, este hecho no constituye una violación al debido proceso por dilación injustificada del trámite de la alzada ni del proceso disciplinario en su totalidad.

Lo dicho por cuanto, al demandante le fueron notificadas en debida oportunidad todas las actuaciones realizadas por el operador disciplinario, contra las cuales presentó los recursos y solicitudes pertinentes siendo oportunamente resueltas; además presentó descargos y alegaciones que fueron debidamente analizadas, y finalmente no demostró de qué forma la extemporaneidad en la expedición de la decisión de segunda instancia pudo llegar a afectar sus garantías sustanciales y procesales. En consecuencia el cargo es infundado.

Corolario de lo expuesto y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que el demandante infringió las normas disciplinarias; en consecuencia, los fallos que le impusieron la sanción cuya nulidad demanda en el sub lite, deben mantenerse, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

IV. Falla

Deniéguense las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jaime Peláez Ortiz contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente».

(11) Mediante ofició de 31 de diciembre de 2002 el señor Pedro Batán Orrego, jefe de fiscalización tributaria y aduanera de la DIAN, le solicitó al demandante que justificara los documentos que se encontraban en su escritorio y que no tenían injerencia en sus funciones, tales como: a) solicitud de autorización de numeración para facturación diligencia a nombre de Fundación Pacífico con radicado 25579 de 12 de diciembre de 2002, b) 2 fotocopias de reportes de consultas de la cuenta corriente de la contribuyente Lucero Gallego Morales de fecha de 9 de noviembre de 2002, c) fotocopia del derecho de petición presentado el 20 de septiembre de 2002 por el abogado Luis Fernando Mejía Mesa en representación del usuario aduanero Jesús Alfonso Castillo Ruiz, d) fotocopia de respuesta del pliego de cargos 160762002000145 presentada el 7 de octubre de 2002 por el contribuyente Carlos Alberto Montes Bedoya, y e) fotocopia del recurso de reposición y apelación presentado por el contribuyente Jesús Antonio Jones Álvarez, radicado el 23 de octubre de 2003 (ver fls. 2 y 3, cdno. 3). En consecuencia, el actor por medio de oficio de 7 de enero de 2003 explicó que respecto al documento señalado en el literal a) se encontraba en su e poder porque la Fundación Pacifico acudieron a él para que les ayudara sobre el número del radicado, por lo tanto al no tener conocimiento al respecto, se quedó con el documento para remitirlo al competen, en cuanto a lo señalado en el literal b) dijo que era una consulta que le había hecho la contribuyente para saber cómo se tenía que leer el reporte de la cuenta corriente, a lo pedido en el resto de literales, dijo que solo habla tomado el derecho de petición, la respuesta al pliego de cargos y el recurso de apelación, para sacarle copia y tenerlos como modelos dado el caso que llegara a necesitar algún trámite parecido (ver fl. 4, cdno. 3).

(12) En la misma diligencia, la declarante manifestó que el dinero se lo dio su padre y el actor fue quien elaboró los documentos y ella los firmó, pero aun así, la entidad le embargo la casa, por lo tanto buscó al demandante para que le diera una explicación, pero nunca lo hizo (ver fl. 131, cdno. 3).

(13) En diligencia de declaración juramentada de 13 de febrero de 2005, el señor Ever Ortega Rivera manifestó que es asesor contable, y debido a la asesoría que le pidió la señora Lucía Gallego Morales respecto a la devolución de dineros dirigido hacia la DIAN, realizó solicitud de nulidad presentada el 24 de septiembre de 2003 y revocatoria directa que fue presentada el 23 del mismo mes y año, aclaró que fue la señora Gallego quien siempre se dirigió a su oficina sin intermediario y ella misma le pagó el valor de la consulta.

(14) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 1º de octubre de 2009. Expediente 2002-0240-01. Número interno: 4925-2002. Actor: Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez.

(15) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 15 de noviembre de 2012. Expediente 11001-03-25000-2011-00107-00. Número interno: 0347-2011. Autoridades nacionales. Actor: Manuel Antonio Torres Palana.

(16) En concordancia con los artículos 40 numerales 1º y 2º de la Ley 200 de 1995, y el artículo 9º numeral 29 del Decreto 1072 de 1999.

(17) Testimonio de la señora Lucero Gallego Morales: “a mí primero me emplazaron a presentar la declaración de renta del año 1993, yo la presenté y pagué en el banco, pero me siguieron requiriendo y llegando mucha correspondencia, como el contador de nosotros vivía en Tuluá y dejó de trabajar para nosotros, yo me descuidé y dejé eso, posteriormente ya llegó la resolución sanción por valor de treinta y nueve millones y pico, casi cuarenta, ahí yo busqué a Jaime Peláez Ortiz, eso fue después de presentarme a la DIAN, como en el mes de diciembre del año 2000, él fue a mi casa y hablamos, revisó los documentos, y me dijo que iba averiguar, a los días volvió y me dijo que había tres posibilidades: pagar los cuarenta millones de una, conseguir un abogado tributario y entrar a demandar, y que también él lo podía arreglar a cambio de una retribución económica, yo no recuerdo cuánto pidió, sí recuerdo que le pedía rebaja y me lo dejó en diez millones de pesos...”. Al referirse al disciplinado manifestó “lo conozco porque me lo presentó una amiga hace aproximadamente 15 años... ahora hace poco cuando me citaron para esta declaración el me llamó y me dijo que lo protegiera que si me preguntaban dijera que no lo conocía. Yo le dije que yo iba a decir la verdad, el me trató de persuadir...”. Folio 129 a 131 del expediente.

(18) Diligencia de exposición libre y espontánea rendida por el funcionario Jaime Peláez Ortiz. “El doctor Pedro Barón me dijo que como yo ya no era funcionario de orientación al contribuyente no tenía por qué atender este tipo de solicitudes. A esas personas no las conozco... esos documentos llegaron a través de terceras personas que se desempeñaban como secretarias en las Fundaciones Pacifico y Germinando, cuyo objeto social lo desconozco. “A la pregunta: “conoce a la señora Lucero Gallego Morales, qué tipo de vínculo tiene con ella, Contestó: no la conozco, no tengo ningún vínculo con ella... la consulta de cuenta corriente a nombre de la señora Lucero Gallego Morales simplemente me lo encontré en la misma división de fiscalización y lo tenía como material de estudio porque eso es lo mínimo que debe saber un funcionario de la DIAN, interpretar una consulta general de cuenta corriente”. Folios 47 a 51 del expediente.

(19) Diligencia de ampliación de versión libre y espontánea realizada al funcionario Jaime Peláez Ortiz, en la cual manifiesta conocer a la señora Lucero Gallego Morales: con quien hace muchos años tiene una bonita amistad, además conoce a su padre y a la familia y frente al asunto del proceso de cobro coactivo seguido contra ella contestó “ella me llamó y me contó lo que habla llegado, y me preguntó qué significaba, yo le dije que le estaban cobrando...” “... yo visité la casa de ellos como amigo que soy, pero nunca para una posible defensa, yo le dije posibilidades que podía tener pero como amigos solamente...”. Frente al dinero entregado por la señora Lucero contestó “como dije no fue para ningún proceso asesoría se trataba de otro tipo de negocio... su padre es transportista y solicitaron la construcción de una carecería(sic), mi cuñada y el esposo construyen carrocerías y se le entregó como avance para dicho trabajo...”. Al ser preguntado cómo le fue entregado el dinero contestó fueron $ 10.000.000 en efectivo y no recuerdo bien la época si sé que fue en enero no tengo bien claro si fue en el 2001... la plata me la dio Lucero no sé de dónde la obtuvo...”. Respecto a los escritos presentados ante la DIAN por la señora Lucero manifestó: “no los hice y tampoco sé quién los hizo, yo los leí y puedo decir que debieron ser hechos por un abogado y yo no soy abogado”. Folios 174 a 176 del expediente.

(20) En declaración juramentada rendida por la funcionaria María Acevedo secretaría de la dirección de fiscalización tributaria aduanera, quien en relación con los hechos investigados manifestó: “un día no recuerdo exactamente cuál,... el jefe de la división Pedro Barón estaba hablando conmigo y revisando los documentos para firmar... solicitó un lapicero... me dijo que él lo buscaba el(sic) escritorio que ocupaban señor Jaime Peláez, mientras él buscaba lapicero se encontró unos documentos que no tenían por qué estar dentro de los cajones del escritorio de Jaime”. Ver folios 31 a 33 del expediente.

(21) Declaración juramentada rendida por la funcionaria Luz Nelly Arredondo quien manifestó “siendo jefe de la división el doctor Pedro Barón no me acuerdo ni el día ni la ahora estaba yo en la secretaría de la división conversando con la secretaria Lucidia Acevedo y el doctor Pedro salió de su despacho y le solicitó algo a María Lucidia no recuerdo qué, Lucidia estaba un tanto ocupada entonces él desprevenidamente abrió una gaveta del escritorio o del puesto de trabajo de Jaime... me acuerdo que sacó un documento, lo leyó y dijo esto qué es, siguió sacando documentos y leyendo. Me acuerdo que había algo relacionado con un caso de cambios, me preguntó si Jaime me había requerido o había intervenido en algo en este caso, le dije que no, me acordaba que era un derecho de petición y que ya lo habíamos contestado. Me parece que cogió todos los documentos y los llevó para la oficina de él”. Folios 34 y 35 del expediente.

(22) Declaración jurada al funcionario Pedro Barón Orrego jefe de la división de fiscalización tributaria y aduanera de la Administración de Pereira: “ese 27 de diciembre de 2002, una vez terminada la jornada de trabajo, tenía que suscribir un documento de la división, buscando un lapicero abrí el escritorio del funcionario Jaime Peláez, entonces encontré una solicitud de autorización numeración de facturación, trámite que no corresponde a la división de fiscalización, entonces decidí realizar una inspección al escritorio encontrando las demás copias de documentos que ya conoce la división de investigaciones disciplinarias. En ese momento cuando medí(sic) cuenta de los documentos se encontraba María Lucidia y Luz Nelly Arcila. Con fecha 31 diciembre(sic) solicité por escrito explicaciones funcionario(sic) Jaime Peláez, sobre la razón por la cual los documentos encontraban en el escritorio toda vez que se refieren a trámites y procedimientos sobre los cuales su puesto de trabajo no tenía relación alguna, como para conservar los archivados. Recibí sus explicaciones al respecto cuya evaluación considere no era de mi competencia, razón por la cual hice la remisión a la división de investigaciones disciplinarias... el funcionario Jaime Peláez Ortiz en la división... lo que hacía era radicar la correspondencia tanto recibida como despachada, excepto actuaciones y actos administrativos, así como su distribución y archivo”. Folios 36 a 38 del expediente.

(23) Extracto de la declaración de la señora Lucero Gallego Morales, rendida bajo la gravedad de juramento: “yo busqué a Jaime Peláez Ortiz... él fue a mi casa y hablamos, revisó los documentos, y me dijo que iba averiguar, a los días volvió y me dijo que había tres posibilidades: pagar los cuarenta millones de una, conseguir un abogado tributario y entrar a demandar, y que también él podía arreglar a cambio de una contribución económica, yo no recuerdo cuánto pidió, sí recuerdo que le pedía rebaja y me lo dejó en diez millones de pesos...” “él me dijo que había otras personas, que había que darle Iván de Jesús, pero yo le dije a Iván y él me dijo que el proceso iba para adelante y era como si no supiera nada, yo le dije eso a Jaime y entonces él me respondió que eso era normal y trató de darme como una disculpa...” al finalizar su declaración juramentada la señora Lucero al ser preguntado dónde obtuvo el dinero que le entregó a Jaime Peláez Ortiz contestó: “el dinero me lo dio mi papá”.

(24) En el mismo sentido puede verse la Ley 734 de 2002 invocada por el demandante. Ley 734 de 2002, artículo 9º. “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla” (resaltado fuera de texto).

(25) Corte Constitucional: Sentencia C-244 de 1996. Ver también, Lingüística forense, lengua y derecho: conceptos: métodos y aplicaciones. Series monográficas 8. Editado por M. Teresa Turell. Barcelona 2005. Pág. 57; Relativismo y racionalidad. Autores varios. Editado por Luis Eduardo Hoyos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia 2005. Pág. 161.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 12 de marzo 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 21 de junio de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(28) Corte Constitucional, Sentencia SU-901 de 1º de septiembre de 2005. Sala Plena. “Del solo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conducirla al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación. (...) Si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado”.

(29) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 18 de octubre de 2007, Expediente 760012331000200303595 01 (2250-2006). C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Actor: Nelly Caicedo Lourido. Ver también, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 8 de noviembre de 2007. Radicación 47001-23-31-000-2001-00955-01 (3834-04). Actor: Antonio Rafael Vives Cervantes. Demandado: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.