Sentencia 2011-00537 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 110010325000201100537 00

Número interno: 2078-2011

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E)

Actor: Diego Armando Corredor Rojas

Autoridades Nacionales

Bogotá D. C., dos de mayo de dos mil trece doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Antes de establecer el problema jurídico que debe ocupar la atención de la Sala, se analizarán las excepciones propuestas, pues se relacionan directamente con la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir que en caso de prosperar, impediría efectuar un pronunciamiento de mérito en esta instancia.

Inepta demanda.

De acuerdo con el criterio de la Policía Nacional, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias, toda vez que al actor se le garantizaron los derechos de defensa y debido proceso.

Sobre el particular, considera la Sala, que si bien esta jurisdicción no constituye una tercera instancia de las decisiones administrativas de contenido disciplinario, ello no implica que escapen del control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Este último implica un examen de constitucionalidad y legalidad de las referidas actuaciones con el fin de determinar, principalmente, si ocurrió una violación de los derechos al debido proceso y a la defensa, entre otros.

Lo anterior no quiere decir que la Sala desechará u omitirá el estudio de los razonamientos expuestos por la entidad demandada en la denominada excepción, sino que éstos serán objeto de estudio al resolver los cargos planteados por el demandante.

Cosa juzgada.

La parte demandada, a través de apoderada, expresó que el proceso disciplinario culminó con el Fallo de Segunda Instancia, contra el que no procedía recurso alguno, por lo cual quedó ejecutoriado.

Para el análisis de la excepción, es necesario estudiar la diferencia entre la cosa juzgada administrativa y la cosa juzgada judicial, tesis que ha sido señalada por la Corte Constitucional en Sentencia T-382 de 1995(2):

“En efecto, la cosa juzgada administrativa se distingue de la cosa juzgada judicial por dos aspectos esenciales: a) se trata de una inmutabilidad estrictamente formal —no material— en el sentido de que nada impide que el acto que tiene estabilidad en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial; y b) porque siempre se admite la revocación favorable al administrado”.

Para el caso concreto, la cosa juzgada administrativa se predica de las decisiones proferidas por la Policía Nacional que conllevaron a la sanción disciplinaria del actor. Las citadas providencias fueron expedidas como resultado de una investigación disciplinaria realizada conforme a la normativa aplicable a los miembros de esa institución, y en virtud de las atribuciones contempladas en el artículo 1º de la Ley 1015 de 2006, que señala:

“ART. 1º—Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional con atribución disciplinaria, conocer de las conductas disciplinables de los destinatarios de esta ley”.

Así las cosas, se evidencia que los actos cuestionados fueron proferidos con base en la referida potestad disciplinaria de la entidad demandada, sin embargo, la legalidad de los recursos que fueron interpuestos en el proceso disciplinario será estudiada de fondo, por cuanto tal análisis no corresponde ni se relaciona con el estudio de la excepción de cosa juzgada.

Ahora bien, según lo señaló la citada sentencia de la Corte Constitucional, nada impide que el acto que tiene estabilidad en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial. Por lo anterior, para el estudio de la cosa juzgada judicial, es necesario que se cumplan los requisitos señalados en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil:

“ART. 332.—Cosa juzgada.La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. (…)”.

En ese sentido, no se encuentra demostrado que en sede judicial se hayan presentado las situaciones previstas en el citado artículo, pues no se allegó ni siquiera sumariamente referencia de sentencia o de proceso judicial en el que se haya tramitado o se esté estudiando asunto similar.

En ese orden de ideas, la Sala desestimará las excepciones propuestas y procederá a estudiar el fondo del asunto.

Problema jurídico.

Consiste en determinar la legalidad de los actos proferidos por la entidad demandada, por medio de los cuales declaró disciplinariamente responsable al demandante, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.

Actos Acusados.

• Auto 089 de 1 de mayo de 2010, expedido en Primera Instancia por el Jefe Control Disciplinario Interno DENOR, en el cual se responsabilizó disciplinariamente al actor por infringir “…la Ley 1015 de 2006 en el artículo 34 numeral 16 a título de dolo, y numeral 27 a título de dolo…”. Además, se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el término de 12 años.

• Fallo de 10 de diciembre de 2010, proferido en Segunda Instancia por el Inspector Delegado Región Cinco, en el que se absolvió al disciplinado del cargo previsto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y se le encontró responsable del señalado en el numeral 27 del artículo 34 ibídem, por lo cual se confirmó parcialmente el Auto de Primera Instancia, se le destituyó del cargo y se le impuso inhabilidad por el término de 10 años.

• Resolución 00247 de 07 de febrero de 2011, mediante la cual el Director General de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria que se le impuso al Patrullero Diego Armando Corredor Rojas, consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.

De lo probado en el proceso.

De la relación laboral del actor.

El 1º de diciembre de 2006 el señor Diego Armando Corredor Rojas se posesionó en el cargo de Patrullero de la Policía Nacional (fl. 37, cdno. 2).

De los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria.

A través de Oficio de 17 de octubre de 2009, dirigido al señor Comandante de la Estación de Policía de San Calixto, el Subintendente William Yovany Huertas Ramos señaló que a las 04:00 horas de ese día el Patrullero Diego Corredor Rojas prestaba servicio en la Garita Nº 1, pero cuando pasó revista no fue hallado en su lugar de trabajo. Posteriormente, lo encontró al lado de la tarima de presentaciones en estado de embriaguez y lo condujo a su alojamiento, pero aquel retornó al parque principal, por ello nuevamente le llamó la atención y le indicó que fuera a presentarse ante el Comandante de Estación para informarle la novedad, y el Patrullero Corredor lo insultó, le lanzó el fusil de dotación y lo retó a pelear, pero el Patrullero Andrés Cala Martínez se interpuso y lo contuvo. Luego, se dirigió al alojamiento del Comandante para informarle la novedad y como consecuencia de ello el referido señor Corredor lo amenazó con un cuchillo (fl. 3, cdno. 2).

El Comandante de la Estación de Policía de San Calixto, mediante Oficio de 17 de octubre de 2009 le informó al Comandante del Departamento de Policía de Santander lo ocurrido con el Patrullero Corredor Rojas y advirtió que su conducta configuró varias faltas disciplinarias (fl. 41, cdno. 2).

Del proceso disciplinario.

Por medio del Auto de 29 de octubre de 2009, el Jefe de Control Disciplinario Interno DENOR ordenó Apertura de Investigación Disciplinaria en contra del señor Diego Armando Corredor Rojas, por los hechos ocurridos el día 17 de octubre de 2009, cuando presuntamente abandonó el puesto de trabajo y se embriagó en el parque principal del Municipio de San Calixto – Norte de Santander (fls. 6 a 8, cdno. 2).

Mediante Auto 014 de 14 de enero de 2010, el Jefe Control Disciplinario Interno DENOR, formuló Pliego de Cargos por la presunta transgresión de los numerales 26 y 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, por los hechos acaecidos el 17 de octubre de 2009 en la Estación de Policía de San Calixto. Dicho acto se le notificó al demandante el 19 de enero de 2010 (fls. 57 a 72, cdno. 2).

El 2 de febrero de 2010, el disciplinado, a través de apoderada, rindió los respectivos descargos, en los que señaló que el Intendente Norberto Vargas Caballero – Comandante de la Estación de Policía de San Calixto, le informó al Coronel del Departamento de Policía sobre los hechos relatados por el Subintendente William Huertas Ramos, ocurridos el 17 de octubre de 2009 a las 04:00 a.m., sin verificar la veracidad de lo señalado por éste. El referido Intendente, expresó que el actor había presentado faltas reiteradas, sin embargo, en el folio de vida únicamente aparecen cuatro felicitaciones, además, sus declaraciones son contradictorias, pues éste señaló que no fue atacado, empero, al realizar el informe de hechos, manifestó que el actor se acercó con un cuchillo en la mano y lo amenazó. Por otro lado, existen eximentes de responsabilidad por ausentarse del sitio donde prestó sus servicios y no hay pruebas que determinen el motivo de su ausencia ni se demostró su estado de embriaguez (fls. 73 a 76, cdno. 2).

A través del Auto 047 de 21 de febrero de 2010, el Jefe de Control Disciplinario Interno DENOR, ordenó la práctica de pruebas documentales, y de la diligencia de versión libre de los señores Diego Armando Corredor Rojas y Edinson Díaz, las cuales fueron solicitadas por la parte actora en sus descargos (fls. 77 a 78, cdno. 2).

Por medio del Auto 070 de 5 de abril de 2010, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno DENOR, declaró cerrada la etapa instructiva de la investigación y ordenó correr traslado para alegar de conclusión. Dicha decisión se le notificó al disciplinado el 5 de mayo del mismo año (fl. 116, cdno. 2).

La apoderada del accionante presentó alegatos de conclusión y señaló que no se demostró el cargo previsto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, relativo al consumo de bebidas embriagantes. Tampoco se demostró el cargo señalado en el numeral 27 ibídem, ya que aunque se ausentó de la garita que le fue asignada para prestar su servicio, no se evadió del mismo, pues salió del sitio para atender una riña que se presentó entre las personas de la localidad y no contaba con radios de comunicación para informar esa situación (fls. 118 a 120).

Mediante el Auto 089 de 1 de mayo de 2010, el Jefe Control Disciplinario Interno DENOR, expidió Decisión de Primera Instancia, en la que responsabilizó disciplinariamente al actor por infringir “…la Ley 1015 de 2006 en el artículo 34 numeral 16 a título de dolo, y numeral 27 a título de dolo, de conformidad con la parte motiva del presente proveído…”.Además, se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el término de 12 años. Decisión que se le notificó al actor y a su representante los días 3 y el 1 de mayo del referido año, respectivamente. La mencionada sanción se le impuso en razón a que dejó abandonado su lugar de trabajo, y no justificó su ausencia, además, puso en peligro su seguridad personal y la de sus compañeros. Por otro lado, los testigos que declararon en el proceso, relataron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, con lo que se demostró que el disciplinado se encontraba en alto grado de embriaguez (fls. 121 a 144, cdno. 2).

El 5 de mayo de 2010, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la Decisión de Primera Instancia, en el que reiteró los argumentos que expuso en el escrito de descargos, y expresó que no se demostró a través de mecanismos idóneos su presunto estado de alicoramiento, pues no se le practicó prueba de alcoholemia para determinar el mismo y los testigos que declararon sobre esa circunstancia no arrojaron certeza sobre el citada hecho (fls. 150 a 156, cdno. 2).

A través del Auto sin fecha, la Inspectora Delegada Regional Cinco decretó la recepción de los testimonios de los señores Yurani (sic) y Jorge (sic). El propósito de la referida pruebas, fue determinar si para la fecha de ocurrencia de los hechos, los mencionados señores, solicitaron la presencia policial para solucionar una riña entre ellos, la cual, según informó el encartado, fue atendida y solucionada sin contratiempos (fls. 161 a 170).

Por medio del Auto de 8 de noviembre de 2010, el Jefe de Control Interno Disciplinario DENOR solicitó al Juzgado 171 de Instrucción Penal Militar, copia auténtica de las declaraciones recepcionadas a los señores Jorge Enrique Rodríguez y Yurani Torcoroma Arévalo Carreño (fl. 174, cdno. 2). Por lo anterior, el citado Juzgado, allegó la declaración del mencionado señor, practicado (en virtud de comisión) por la Juez Promiscuo Municipal de San Calixto, en el que el testigo señaló que el 17 de octubre de 2010 no solicitó ninguna clase de ayuda Policial (fl. 191, cdno. 2). El mencionado testimonio fue declarado nulo por medio del Auto IP.1755 de 23 de abril de 2010, proferido por el referido Juzgado 171, por considerar que la Juez que practicó el proceso omitió la aplicación de la norma procedimental (fl. 113, cdno. 4).

El 10 de diciembre de 2010, el Inspector Delegado Región Cinco, profirió Fallo de Segunda Instancia, en el que absolvió al disciplinado del cargo previsto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y lo encontró responsable del señalado en el numeral 27 del artículo 34 ibídem. Por lo anterior, confirmó parcialmente el Fallo de Primera Instancia, y lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad por el término de diez (10) años. Consideró que a través de la prueba testimonial se logró determinar que el demandante se ausentó del lugar donde prestaba sus servicios sin causa justificada, y que su conducta fue dolosa, pues sabía que su comportamiento estaba inmerso en un reproche disciplinario. Por otro lado, señaló que no se probó su estado de embriaguez, ya que las declaraciones efectuadas al respecto, fueron contradictorias. Esa decisión se le notificó al apoderado del accionante el 14 de diciembre del mismo año (fls. 198 a 219, cdno. 2).

El 28 de enero de 2011, el actor, a través de apoderado, presentó solicitud de revocatoria directa contra los fallos sancionatorios, pues señaló que el Operador Disciplinario incurrió en la nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, ya que en el pliego de cargos se le endilgó una falta, pero se le sancionó por otra distinta. Adicionalmente, el 23 de diciembre de 2010, el Juzgado 171 de Instrucción Penal Militar de Cúcuta, declaró la nulidad del testimonio del señor Jorge Enrique Rodríguez, a pesar de ello, éste sirvió como fundamento de la sanción que se le impuso. Sumado a ello, no se llamó a declarar a la señora Yuranis Torcoma Arévalo (fls. 233 a 239, cdno. 2).

Mediante Resolución 00247 de 7 de febrero de 2011, el Director General de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al Patrullero Diego Armando Corredor Rojas, consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años. Decisión que le fue notificada el 17 de febrero de la misma anualidad (fl. 225, cdno. 2).

Por medio del Auto de 29 de abril de 2011, el Inspector General de la Policía Nacional rechazó por improcedente la solicitud de revocatoria directa, por considerar que no se configuró la existencia de los requisitos legales previstos en los artículos 124 y 126 de la Ley 734 de 2002. Además, el accionante interpuso los recursos en vía gubernativa, en consecuencia, es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competente para estudiar la nulidad de los actos acusados (fls. 304 a 311, cdno. 3).

Régimen disciplinario aplicable.

Como los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria que se adelantó en contra del accionante, ocurrieron en el mes de octubre de 2009, mientras éste se desempeñaba como Patrullero en la Policía Nacional, le son aplicables las disposiciones que entonces se encontraban vigentes, previstas en:

“Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”,la cual empezó a regir en mayo de ese año”.

“Ley 1015 de 2006Por medio del cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional”, la cual empezó a regir a partir del 8 de mayo de 2006”.

Falta disciplinaria endilgada.

La Ley 1015 del 2006 estableció que en los casos en que se incurra en una falta gravísima, habrá lugar a la destitución, tal como se precisó en el artículo 39 ibídem, cuyo tenor literal señala:

“(…).

Clases de sanciones y sus límites. Para el personal uniformado escalafonado, se aplicarán las siguientes sanciones:

1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución e Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20) años.

(…).

Esa clase de faltas quedaron descritas en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, y al señor Corredor Rojas se le investigó en razón a la presunta vulneración de los numerales 26 y 27 del mencionado artículo, que disponen:

“(…).

26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio.

27. Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada.

(…)”.

Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar el caso concreto, para determinar si la Entidad demandada, al expedir los actos acusados, vulneró los derechos y garantías del accionante.

El caso concreto.

Violación del debido proceso.

El demandante señaló que hay incongruencia entre la conducta que se le endilgó en Primera Instancia, respecto a la que se estudió en Segunda Instancia, ya que se le juzgó en virtud de un hecho y se le condenó por otro que no fue objeto de denuncia. Además, dentro del proceso disciplinario se presentó una indebida valoración de pruebas.

Con el propósito de verificar qué conductas le fueron imputadas al actor, se debe analizar el contenido del auto de cargos y de las Decisiones de Primera y Segunda Instancia, en las que se indicó:

Mediante Auto 014 de 14 de enero de 2010(3) el Jefe Control Disciplinario Interno DENOR, formuló Auto de Cargos contra el demandante por la presunta transgresión de los numerales 26 y 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en razón a los hechos acaecidos a las 04:00 horas del 17 de octubre de 2009 en la Estación de Policía de San Calixto - Departamento de Policía de Norte de Santander.

En Auto 089 de 1 de mayo de 2010(4), el Jefe de Control Disciplinario Interno DENOR, expidió Decisión de Primera Instancia, en el que responsabilizó disciplinariamente al demandante en los siguientes términos:

“(…) Resuelve

“1. Responsabilizar disciplinariamente, al señor Patrullero Diego Armando Corredor Rojas identificado con cédula de ciudadanía 1.090.367.921 expedida en Cúcuta (N.S), de condiciones civiles, personales y policiales conocidas en autos, por los hechos sucedidos el día 17-10-2009 en la Estación de Policía San Calixto, al quedar establecido que es responsable de infringir la Ley 1015 de 2006 en el artículo 34 numeral 16 a título de dolo, y numeral 27 a título de dolo, de conformidad con la parte motiva del presente proveído.

2. Imponer al señor, Patrullero Diego Armando Corredor Rojas identificado con cédula de ciudadanía 1.090.367.921 expedida en Cúcuta (N.S) el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.(…)” (Subraya la Sala).

El 10 de diciembre de 2010(5), el Inspector Delegado Región Cinco, profirió Fallo de Segunda Instancia, en el que absolvió al disciplinado del cargo previsto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y lo encontró responsable del señalado en el numeral 27 del artículo 34 ibídem, y al tenor literal indicó:

“(…) Resuelve

“ART. 1º—No acceder a las pretensionesdel doctor Carlos Alberto Chacón Moreno, apoderado del Patrullero Diego Armando Corredor Rojas identificado con cédula de ciudadanía 1.090.367.921 expedida en Cúcuta, respecto del cargo formulado, contemplado en el artículo 34 numeral 27 de la Ley 1015 de 2006 “Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada”, y confirmar el fallo de primera instancia de fecha 01 de mayo de 2010, proferido por el jefe de la oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Norte de Santander, dentro del informativo disciplinario DENOR-2009-49, mediante la cual declaró responsable disciplinariamente al señor patrullero ya referenciado, imponiéndole el correctivo disciplinario de destitución, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

ART. 2º—Acceder a las pretensiones del doctor Carlos Alberto Chacón Moreno, apoderado del Patrullero Diego Armando Corredor Rojas identificado con cédula de ciudadanía 1.090.367.921 expedida en Cúcuta, respecto del segundo cargo formulado, contemplado en el artículo 34 numeral 26 de la Ley 1015 de 2006 “Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio” y en consecuencia absolver de responsabilidad disciplinaria en cuanto al cargo mencionado.

(…).

ART. 3º—Revocar la inhabilidad general impuesta por el fallador de primera instancia al investigado, la cual taso de doce (12) años y en consecuencia imponer como inhabilidad general diez (10) años. (…)”.

 

En tal sentido, se evidencia que las conductas formuladas en el pliego de cargos son distintas respecto al Fallo de Primera Instancia, pero coinciden con la Decisión de Segunda Instancia. Al respecto, cabe resaltar que en referido pliego, se le imputaron al disciplinado los cargos contenidos en los numerales 26 y 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que señalan:

“(…) Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…).

26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio.

27. Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada.

(…)”.

Así las cosas, se observa que la falta descrita en el numeral 27 ibídem tuvo permanencia desde la expedición del Auto de Cargos hasta el Fallo de Segunda Instancia. Ahora bien, la posible contradicción se presentaría en relación con los numerales 26 y 16 ibídem, pues este último tuvo mención en el Auto de Primera Instancia.

Se observa que en la parte resolutiva del Fallo de Primera Instancia se declaró al actor responsable disciplinariamente por los cargos descritos en los numerales 16 y 27 del artículo 34 de la citada ley, sin embargo, al verificar su contenido, se pudo evidenciar que se trató de un error mecanográfico, toda vez que en la parte motiva del mismo, se enunciaron de forma precisa las faltas endilgadas contra el demandante, esto es, las previstas en los numerales 26 y 27 ibídem, pues a folios135 y siguientes del cuaderno disciplinario se hizo la descripción de la conducta, se citó la norma objeto de análisis (“consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio”), se estudiaron los cargos, se valoraron los descargos y los alegatos de conclusión, así como la culpabilidad.

Adicionalmente, la falta prevista en el numeral 16 de la referida norma “Causar daño a su integridad personal, permitir que otro lo haga, realizarlo a un tercero, o fingir dolencia para obtener el reconocimiento de una pensión o prestación social” en ningún momento fue objeto de análisis por parte del operador disciplinario, por cuanto únicamente se mencionó en la parte resolutiva de la sentencia, al parecer, por un error involuntario.

Se concluye que no hubo incoherencia entre los cargos imputados y los que conllevaron a la responsabilidad del actor, pues aunque en la parte resolutiva del Auto de Primera Instancia se citó una normativa distinta a la aplicable, se evidencia que se trató de un yerro que no constituye causal de nulidad de las decisiones disciplinarias, ya que para el análisis del asunto debe aplicarse el principio de prevalencia del derecho sustancial, y por ello, al no observarse contradicción alguna en la motivación del acto enjuiciado, dicho cargo no está llamado a prosperar.

Por otro lado, el señor Corredor Rojas cuestionó la valoración de la prueba, pues consideró que la situación que pretendió demostrar a través de esta, fue tergiversada por el fallador.

A pesar de lo anterior, se debe precisar que para los referidos procesos el Consejo de Estado tiene potestad de valorar las pruebas, en los eventos en que estas vulneren las garantías constitucionales o legales, sean aportadas ilegalmente o lesionen de manera flagrante el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, se observa que mediante Auto 014 de 14 de enero de 2010(6), el Jefe Control Disciplinario Interno DENOR, le formuló Auto de Cargos al demandante por la presunta transgresión de los numerales 26 y 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, decisión que se le notificó el 19 del mismo mes y año.

En virtud de lo anterior, el 2 de febrero de 2010(7), el accionante sustentó los respectivos descargos y solicitó prueba, las cuales fueron ordenadas a través del Auto 047 de 21 de febrero de 2010(8), proferido por el Jefe de Control Disciplinario Interno DENOR.

Por medio del Auto 070 de 5 de abril de 2010(9), el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno DENOR, declaró cerrada la etapa instructiva de la investigación y ordenó correr traslado para alegar de conclusión. Esa decisión se le notificó al disciplinado en la misma fecha, por tanto, a través de su apoderada presentó los respectivos alegatos(10).

Mediante el Auto 089 de 1 de mayo de 2010, el Jefe Control Disciplinario Interno DENOR, expidió Decisión de Primera Instancia, en la que se responsabilizó disciplinariamente al actor por infringir los numerales 16 y 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. La referida sanción se le impuso en razón a que dejó abandonado su lugar de trabajo, y no justificó su ausencia, además, puso en peligro su seguridad personal y la de sus compañeros. Por otro lado, los testigos que declararon en el proceso, relataron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, con lo que se demostró que el disciplinado se encontraba en alto grado de embriaguez. Esa decisión se le notificó al accionante el 3 del mismo mes y año(11).

Por lo anterior, a través de apoderado, el 5 de mayo de 2010(12) interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión.

El citado recurso fue resuelto en Segunda Instancia, mediante Fallo de 10 de diciembre de 2010, en el que el Inspector Delegado Región Cinco, absolvió al disciplinado del cargo previsto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, relativo al consumo de bebidas embriagantes, y lo encontró responsable del señalado en el numeral 27 del artículo 34 ibídem, consistente en ausentarse del lugar de prestación del servicio, en consecuencia, lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad por el término de 10 años. Consideró que a través de la prueba testimonial se probó que el demandante se ausentó del lugar donde prestaba sus servicios sin causa justificada, y que su conducta fue dolosa, pues sabía que su comportamiento estaba inmerso en un reproche disciplinario. Por otro lado, señaló que no se demostró su estado de embriaguez, ya que las declaraciones efectuadas al respecto, fueron contradictorias. La citada decisión se le notificó al accionante 13 del mismo mes y año(13).

Finalmente, por medio del Auto de 29 de abril de 2011(14), el Inspector General de la Policía Nacional rechazó por improcedente la solicitud de revocatoria directa de los Fallos de Primera y Segunda Instancia elevada por el actor, al considerar que no se configuraron las causales de revocatoria previstas en los artículo 124 y 126 de la Ley 734 de 2002(15).

Por lo anterior, se evidencia que el proceso disciplinario se realizó conforme a la normativa aplicable, pues al actor le fueron notificadas cada una de las actuaciones y ejerció su derecho de contradicción, interpuso recursos y solicitó nulidades, en consecuencia, no demostró la lesión del debido proceso.

En tal sentido, se precisa que tratándose de procesos disciplinarios, esta jurisdicción se contrae a valorar la legalidad del procedimiento, es decir, se limita a verificar que este se realice conforme a las garantías fundamentales de los disciplinados, pero carece de la facultad para efectuar una valoración de los medios de prueba, toda vez que dicha función está en cabeza de quien ejerce la potestad disciplinaria.

Vulneración del derecho de defensa.

El disciplinado señaló que no se le permitió controvertir el Auto de Primera Instancia y que quien la profirió no practicó las pruebas solicitadas, sin embargo, cuando su superior ordenó la comisión para dicha práctica, resolvió ordenar su traslado del Proceso Penal Militar, a pesar de que allí se había declarado la nulidad. Agregó que la entidad inadvirtió la prueba que le favorecía y no le permitió defenderse de los cargos formulados.

Para el efecto, y conforme a la verificación del procedimiento disciplinario que se efectuó en el acápite anterior, se evidencia que el actor tuvo la oportunidad de presentar descargos y defenderse de los cargos formulados, solicitar y controvertir pruebas, impugnar las Decisiones de Primera y Segunda Instancia, y hacer uso de la defensa técnica, por tanto, dentro del proceso no se demostró la vulneración del derecho de defensa.

Ahora bien, en lo relativo a la prueba que fue trasladada del Proceso Penal Militar, practicada por el Juzgado 171 de Instrucción Penal Militar(16), relativa al testimonio rendido por el señor Jorge Enrique Rodríguez, debe precisarse que quien ejerce la potestad disciplinaria tiene la facultad de practicar pruebas en segunda instancia y de solicitar el traslado de las mismas, tal como lo señalan los artículos 135 y 171 de la Ley 734 de 2002.

Así las cosas, se observa que al proceso se allegó copia de la declaración del señor Rodríguez(17), practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Calixto, en la que señaló que el 17 de octubre de 2010 no solicitó ninguna clase de ayuda Policial.

Aunque el mencionado testimonio fue valorado dentro del estudio de los cargos formulados al actor, no fue definitivo para declarar su responsabilidad, toda vez que ésta se demostró de manera suficiente a través de las demás pruebas documentales y testimoniales obrantes en el proceso.

Por otro lado, a pesar de que dicha prueba fue declarada nula por el Juez 171 de Instrucción Penal Militar en Auto IP.1755 de 23 de abril de 2010(18); esa circunstancia no es suficiente para decretar la nulidad del proceso disciplinario, debido a que el contenido de la misma no fue determinante para sancionar al demandante, pues como ya se dijo, dicha sanción fue el resultado de la valoración integral de las pruebas practicadas en sede administrativa.

Falsa motivación

Aseguró el actor que las decisiones proferidas en ambas instancias carecen de fundamentos de hecho y de derecho, y que los motivos se calificaron de manera defectuosa, pues los criterios de graduación de la falta se fundamentaron en un tipo disciplinario distinto al inicialmente formulado por el ente disciplinario.

Al estudiar los actos acusados, se observa que en estos se describieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y se recopilaron pruebas, a partir de las cuales se demostró la transgresión de la ley disciplinaria por parte del señor Corredor Rojas, por tanto, dichos actos estuvieron debidamente fundamentados.

Ahora bien, previo a determinar los criterios de graduación de la falta, es pertinente reiterar que el actor fue sancionado por incurrir en la falta prevista en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que está tipificada como gravísima, cuya sanción es la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un término de diez (10) a veinte (20) años(19).

En las Decisiones de Primera y Segunda Instancia se consideró que al tratarse de una falta gravísima a título de dolo, era innecesaria la ponderación o graduación de la misma. Adicionalmente, la sanción impuesta se ajustó a la descrita en la citada ley, toda vez que se demostró que el demandante obró de manera dolosa. Además, se le inhabilitó por un término de 10 años, es decir, por el periodo mínimo descrito para ese tipo de conductas.

Así las cosas, se concluye que la falta endilgada al demandante tuvo un sustento fáctico y jurídico, y la sanción de inhabilidad impuesta se ponderó conforme a la normativa aplicable, por tal razón, el cargo de falsa motivación no está llamado a prosperar.

Vulneración del principio de presunción de inocencia.

Aduce el demandante que se lesionó la presunción de inocencia y el límite de la proporcionalidad, pues la conducta debió valorarse de acuerdo con la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad.

Para la Sala la argumentación del actor es incoherente, pues olvida que si la entidad que ejerce la potestad disciplinaria profiere un fallo sancionatorio, es precisamente porque encontró desvirtuada la presunción de inocencia.

En efecto, la presunción de inocencia es uno de los principios que expresan el criterio de legitimidad de las actuaciones públicas –administrativas y jurisdiccionales- , el cual se aplica en todas las hechos que engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria(20).

Así, quien adelante la actuación disciplinaria deberá —conforme las reglas del debido proceso—, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona constituye falta disciplinaria; la ocurrencia de la misma esté efectivamente probada y la autoría y responsabilidad de esta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. En tal sentido, después de superados los mencionados momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional(21).

En el sub-lite, se demostró que el demandante cometió la falta endilgada en los actos acusados, y por ello, la Policía Nacional lo sancionó disciplinariamente por incurrir en una falta gravísima que, después de una valoración probatoria, encontró demostrada. De esta manera, sin entrar en el debate que sobre la responsabilidad disciplinaria se surtió en sede administrativa, es claro que la entidad demandada no desconoció la presunción de inocencia, pues en las providencias sancionatorias explicó las razones por las cuáles el señor Diego Armando Corredor Rojas debía ser sancionado y dejó consignada la valoración probatoria que para el efecto llevó a cabo.

Es por ello que esta censura tampoco está llamada a prosperar.

Ausencia de antijuricidad – deber funcional.

El demandante señaló que quien ejerce la potestad disciplinaria no estudió el grado de perturbación del servicio, es decir, no indicó en qué forma este se afectó funcionalmente, esto es, la naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancia de hecho, los motivos, determinaciones y demás.

Frente a la lesión del principio de ilicitud sustancial, se debe tener en cuenta lo señalado en la Ley 734 de 2002, cuyo artículo 5º señala:

“ART. 5º—Ilicitud Sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.

Conforme al precepto citado, se aclara que el estudio de la antijuricidad que se orienta a la afectación de los deberes del servicio. En ese sentido, Gómez Pavajeau(22) citando a Trayner, expresó; “No obstante, en la actualidad, resulta fácilmente constatable que gran parte de la doctrina mantiene la concepción de la infracción disciplinaria como una acción que no atenta contra los bienes jurídicos sino, cosa muy distinta, contra los deberes del servicio funcionarial. De este modo, se define la falta administrativa como cualquier incumplimiento por parte de los funcionarios de los deberes que les afectan”.

En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-819/06(23):

“Del primer presupuesto mencionado se deriva el imperativo para el legislador de contemplar como faltas disciplinarias únicamente aquellas conductas que tengan potencialidad de afectación del interés jurídico que el régimen disciplinario protege: el eficaz, eficiente y correcto ejercicio de la función pública. Quedan excluidas de este ámbito todos aquellos comportamientos, que aun siendo reprochables en otros contextos sociales o normativos carezcan de relevancia, o resulten inocuos frente al interés de preservar la función pública. Es la infracción al deber funcional, en sus expresiones de cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, obligación de actuar conforme a la Constitución y a la ley, y garantía de una adecuada representación del Estado, lo que legitima desde el punto de vista sustancial la conminación disciplinaria de una conducta. (Negrilla de la Sala).

Estas conminaciones disciplinarias, propias de un régimen sancionatorio específico como es el de la Policía Nacional, deben ser analizadas bajo el prisma de la naturaleza de la función que pretenden proteger. Si bien la ilicitud sustancial (art. 4º) entendida como exigencia de potencialidad lesiva de la conducta respecto del deber funcional, no puede ser restringida al estrecho marco de las específicas funciones derivadas de la misión concreta o del servicio específico, que se desempeñe en un momento determinado, sí requiere ser establecida en cada situación concreta para la determinación del injusto disciplinario” (Negrillas de la Sala).

Estima la Sala, que el principio de ilicitud sustancial debe estar encaminado a establecer si el comportamiento del servidor público corresponde con los deberes que la Constitución y la ley le han impuesto en razón a la naturaleza de su cargo, y así determinar si su desempeño es consonante con el deber funcional y con los fines del Estado, tal como lo prevé la Ley 734 de 2002, en la cual se enlistan los deberes, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra que en los actos acusados se valoró la antijuricidad de la conducta endilgada al actor, pues se demostró la comisión de la falta que conllevó a su sanción. En tal sentido, se precisa que es innecesario el estudio de un posible resultado dañoso derivado de dicha falta, pues como ya se dijo, el sólo incumplimiento del deber funcional, constituye un acto reprochable al servidor público disciplinado, toda vez que este debió actuar en consonancia con los fines del estado y no ponerlos en riesgo en razón a su deficiente prestación del servicio.

Así las cosas, la Sala advierte que lo que pretende el actor es reabrir el debate que sobre su responsabilidad sucedió en sede administrativa, lo cual no resulta posible en el sub-lite, en la medida en que el control judicial que se efectúa al ejercicio de la potestad disciplinaria, de ninguna manera puede asimilarse a una tercera instancia, ni constituye tal.

Por tal motivo, al no configurarse los cargos formulados por el demandante y mantenerse incólume la presunción de legalidad de las decisiones disciplinarias, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por Diego Armando Corredor Rojas contra la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, por la cual pretendía la nulidad de las Decisiones de 1º de mayo y 10 de diciembre de 2010, así como de la Resolución 00247 de 7 de febrero de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese y una vez en firme este proveído, archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Magistrado ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. Referencia: 68030. 31 de agosto de 1995.

(3) Folio 57 cuaderno 2.

(4) Folio 121 cuaderno 2.

(5) Folio 198 cuaderno 2.

(6) Folio 57 a 72.

(7) Folio 73 cuaderno 6.

(8) Folio 77.

(9) Folio 116.

(10) Folio 118.

(11) Folio 121.

(12) Folio 150 cuaderno 2.

(13) Folio 198 cuaderno 2.

(14) Folio 304 cuaderno 3.

(15) (sic).

(16) Folio 191 cuaderno 2.

(17) Folio 191 cuaderno 2.

(18) Folio 113 cuaderno 4.

(19) “Ley 1015 de 2006. ART. 39.—Clases de sanciones y sus límites. Para el personal uniformado escalafonado, se aplicarán las siguientes sanciones:

1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución e Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20) años. (…)”.

(20) Así lo ha considerado la Corte constitucional entre otras providencias, en la Sentencia T-969 de 2009.

(21) En la sentencia citada (T-969 de 2009) la Corte Constitucional precisó que “Dicho principio es una garantía constitucional frente al poder punitivo. Sin embargo admite grados de rigor en su aplicación, pues si bien es cierto rige todo el ámbito sancionador, también lo es que dicho ámbito está compuesto por escenarios diferentes que implican grados diferenciales de aplicación del principio, en relación con tres criterios básicos: (i) el bien jurídico que pretende ampararse por medio del ámbito específico de sanción, (ii) el sujeto pasivo de dicho poder punitivo y ligado a esto, (iii) la sanción a que da lugar la responsabilidad. Esto es así, porque ningún principio es absoluto, de modo que su aplicación en un caso concreto admite la ponderación de los elementos que componen el ámbito de su aplicación. De esta forma, no supone el mismo grado de rigor en la aplicación del principio de presunción de inocencia, el ámbito penal que el disciplinario, aunque deba ser tenido en cuenta en los dos, pues los bienes tutelados por el primero, son de mayor relevancia social que los del segundo y por consiguiente la sanción y los derechos afectados por ella, son también de mayor importancia, imponiendo sobre el citado principio una mayor exigencia en su aplicación concreta. Esto es lo que significa que los principios del derecho penal aplican en el disciplinario mutatus mutandi”.

(22) GÓMEZ PAVAJEAU, CARLOS ARTURO. Dogmática del Derecho Disciplinario, 4ed. Bogotá, Universidad externado de Colombia, 2007, p.281.

(23) Corte Constitucional. M.P. dr. Jaime Córdoba Triviño. Expediente D-6234. Actor: Actor Diego Fernando Flórez Martínez.