Sentencia 2011-00560/2553-2013 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

REF: EXPEDIENTE No. 250002325000201100560 01-

Nº Interno: 2553-2013-

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E)

ACTORA: PIedad Rivera Quintero-

Autoridades nacionales

Bogotá D. C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que, por un lado, el ente demandado reliquide su pensión de jubilación teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación lo realmente devengado como funcionaria de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por otro, si es viable la actualización de la primera mesada pensional teniendo en cuenta la variación del IPC certificada por el DANE.

Para lo anterior, se debe determinar la legalidad de los siguientes actos administrativos:

  1. Resolución No. 10145 de 7 de marzo de 2008, proferida por el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social, que reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a la señora Piedad Rivera Quintero en cuantía equivalente a $685.260 efectiva a partir del 24 de mayo de 2004, teniendo en cuenta el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de 9 años, 9 meses y 12 días (folios 3 a 8).
  2. Resolución No. 02509 de 26 de enero de 2009, suscrita por la misma autoridad administrativa, que al resolver el recurso de reposición, modificó el anterior acto administrativo en el sentido de reconocer la pensión de vejez de la actora en cuantía de $685.260 desde el 12 de enero de 2004, por ser ésta la fecha en que se retiró del Ministerio de Relaciones Exteriores (folios 9 a 16).
  3. Resolución No. PAP 041102 de 28 de febrero de 2011, por la cual el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social negó la solicitud de indexación de la primera mesada pensional, en consideración a que no existe sentencia judicial que lo ordene (folios 17 a 21).
 

Para llegar a una conclusión respecto del tema objeto de debate, se hará un recuento de lo que se encuentra probado en el plenario; se efectuara una relación de las normas que en materia pensional le son aplicables a los empleados de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, para finalmente culminar con el caso concreto.

Lo que se encuentra probado:

De conformidad con la Cédula de Ciudadanía, la señora Piedad Rivera Quintero nació el 24 de mayo de 1949 (folio 24).

De acuerdo con las certificaciones laborales que obran en el proceso, la demandante prestó sus servicios así:

ENTIDADPERIODO LABORADO
Congreso de la República1 de abril de 1969 a 1 de octubre de 1974(15)
Distrito Capital18 de octubre de 1974 a 11 de junio de 1980(16)
Distrito Capital10 de septiembre de 1980 a 18 de julio de 1983(17)
Distrito Capital19 de septiembre de 1984 a 19 de agosto de 1986(18)
Congreso de la República26 de septiembre de 1986 a 20 de julio de 1990
Congreso de la República13 de agosto de 1990 a 11 de febrero de 1991(19)
Ministerio de Relaciones Exteriores11 de febrero de 1991 a 12 de enero de 2004(20)

El 3 de diciembre de 2004, el Coordinador de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la demandante percibió los siguientes valores para los años 2003 y 2004 (folio 62 y 63, anexo 1):

MESEUROS
AÑO 2003AÑO 2004
ASIGNACIÓN BÁSICATASA DE CAMBIOSUELDO EN PESOSASIGNACIÓN BÁSICATASA DE CAMBIOSUELDO EN PESOS
ENERO 2.800,003.008,008.422.400,001.120,003.489,003.907.680,00
FEBRERO 2.800,003.142,008.797.600,00   
MARZO2.800,003.189,008.929.200,00   
ABRIL2.800,003.228,009.038.400,00   
MAYO2.800,003.227,009.035.600,00   
JUNIO2.800,003.359,009.405.200,00   
JULIO2.800,003.220,009.016.000,00   
AGOSTO2.800,003.237,009.063.600,00   
SEPTIEMBRE2.800,003.108,008.702.400,00   
OCTUBRE2.800,003.366,009.424.800,00   
NOVIEMBRE2.800,003.346,009.368.800,00   
DICIEMBRE2.800,003.402,009.525.600,00   
PRIMA DE NAVIDAD 5.470,00  0,00  
       
TOTALES 39.070,00 108.729.600,001.120,00 3.907.680,00

De la normatividad legal aplicable en materia pensional a los empleados de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores  

Previa la entrada en vigencia del Sistema General de pensiones dispuesto en la Ley 100 de 1993 ”por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se crean otras disposiciones”, los empleados de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores estaban regidos por la siguiente normatividad:

El Decreto 0311 de 8 febrero de 1951, “por el cual se aclaran el inciso c) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y los artículos 2° y 3° de la Ley 65 de 1946, en cuanto se refiere a los empleados nacionales que prestan sus servicios en el Exterior”, en su artículo 1°, estableció :

“(…) Las prestaciones sociales de los empleados que hayan servido en el exterior se liquidarán y pagarán en pesos colombianos a razón de un peso por cada dólar recibido. 

(…)”. 

La Ley 4ª de 23 de abril de 1966, “por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 10º, dispuso:

“(…) Los Embajadores en el Exterior, para los efectos de la liquidación y pago de las pensiones de jubilación e invalidez, tendrán el carácter de Ministros del Despacho y las pensiones que en la actualidad estén disfrutando quienes fueron jubilados como tales, se les reajustarán conforme a dicha calidad, seis meses después de entrar en vigencia esta Ley. 

(…)”. 

Mediante el Decreto 2016 de 1968, se fijó el “Estatuto Orgánico del Servicio Diplomático y Consular”, determinando respecto de la pensión, lo siguiente:

“(…) Artículo 66. Los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que reúnan los requisitos legales en cuanto a edad y tiempo de servicio, que hayan alcanzado la categoría de Embajador y que al retirarse del servicio soliciten su pensión de jubilación o invalidez, tendrían derecho a que ésta le sea liquidada y pagada con base en las asignaciones de los Ministros del Despacho, estimadas en la fecha de retiro del funcionario. 

Artículo 75. La liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez de los funcionarios de la carrera Diplomática y Consular se hará sobre la base del cargo de mayor categoría que haya desempeñado el funcionario durante su carrera, por un año al menos, conforme a las categorías y equivalencias establecidas en este estatuto y aplicando, cuando fuere el caso, el artículo 66.

Artículo 76. Las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente estatuto y salvo lo previsto en el artículo 66. 

(…)”.  

El artículo 76 de la norma en cita fue modificado por el artículo 1° del Decreto 1253 de 27 de junio de 1975(21), en el sentido de indicar “que las liquidaciones sobre prestaciones sociales que en adelante se efectúen se harán tomando como base la moneda en que se perciban las respectivas remuneraciones.”.

La Ley 41 de 1975, derogó los artículos 1° y 2° del Decreto 1253 del 27 de junio de 1975, disponiendo que las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior debían ser liquidadas y pagadas “con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968, salvo lo previsto en el artículo 66 del mismo Decreto.”.

Por último, el Decreto 10 de 1992 fijó el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular, estableciendo respecto de la liquidación pensional lo siguiente:

“(…) ARTICULO 55. Los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que reúnan los requisitos legales en cuanto a edad y tiempo de servicio, que hayan alcanzado la categoría de Embajador y que al retirarse del servicio soliciten su pensión de jubilación o invalidez tendrán derecho a que ésta les sea liquidada y pagada con base en las asignaciones de los Ministros del Despacho, calculada a la fecha de retiro del funcionario. 

ARTÍCULO 56. La liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez de los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, se hará sobre la base del cargo de mayor categoría que haya desempeñado el funcionario durante su carrera, por un año al menos, conforme a las categorías y equivalencias establecidas en este Estatuto y aplicando, cuando fuere el caso el artículo anterior. 

ARTÍCULO 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

(…)”. 

El Estatuto Orgánico de Servicio Exterior y de Carrera Diplomática y Consular, fue reemplazado por el Decreto Ley 1181 de 1999, dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998; sin embargo, esta normatividad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-920 de 1999, como consecuencia de la inconstitucionalidad del artículo que concedió las facultades extraordinarias.

El Decreto 274 de 2000(22), por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular(23) señaló:

“(…) ARTICULO 66.- Liquidación de Prestaciones Sociales.- Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna 

(…).”. 

Además de las anteriores disposiciones, el artículo 7º de la Ley 797 de 2003, dispuso:

“(…) ARTÍCULO 7º. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:  

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.  

(...) 

PARÁGRAFO 1º. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.”. Resaltas fuera de texto 

De conformidad con las normas anteriormente relacionadas es claro que los funcionarios de Carrera Diplomática y Consular no han gozado de un régimen especial de pensiones que determine requisitos de edad, tiempo y monto diferentes a los contenidos en las normas de carácter general aplicables a los empleados públicos. La regulación especial está relacionada única y exclusivamente con la manera como deben ser liquidadas sus prestaciones sociales atendiendo las especiales características de los cargos que son desempeñados en el exterior, equiparados con los de la Planta Interna.

En este sentido, la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, al determinar su campo de aplicación(24), vincula a todos los servidores del sector público, oficial y semioficial en todos lo órdenes, sin excluir expresamente(25) a los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, por lo que, se repite, están sometidos a las normas de carácter general.

Respecto del ingreso base de cotización, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 que se refirió específicamente a los empleados de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispuso:

“Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.  

(...) 

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.”.  

Los apartes resaltados del parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 797 de 2003, en el cual no se hace diferenciación alguna entre Embajadores y demás funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo la copiosa jurisprudencia de la Corte Constitucional, fueron declarados inexequibles mediante sentencia C-173 de 2004, en razón a que se consideró que la equivalencia allí establecida atentaba contra el derecho a la igualdad de los trabajadores destinatarios de la norma. Así:

“(…) 14- De acuerdo con lo dicho anteriormente, es claro que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido precisa al señalar que las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o supuestamente equivalente resulta discriminatorio. Si se acogiera un criterio distinto al determinado jurisprudencialmente el resultado sería que aquellos trabajadores que han devengado un mayor salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad pertenecen a labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que generalmente cumplen distintas funciones a consecuencia también de su nivel de preparación, quienes además ostentan otras responsabilidades concordantes con su cargo. 

(…)”. 

Lo mismo ocurrió con el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que fue declarado inexequible en sentencia C-535 de 2005(26), en razón a que la equivalencia de cargos entre funcionarios de la Planta Externa y los de Planta Interna, constituye una desigualdad injustificada que lesiona el derecho fundamental a la seguridad social de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior, por las siguientes consideraciones:

“(…) No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no con base en el salario realmente devengado, son los mismos. Esto es así en tanto en uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos, resultan lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital. Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y por lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que se consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior se justifica por la necesidad de adecuar los ingresos de tales servidores al costo de vida de los países en los que cumplen sus funciones.  

 Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones.(…)”. 

La Jurisprudencia en cita evidencia que el ingreso base de cotización para el Sistema General de Pensiones de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe corresponder al efectivamente devengado y no atender equivalencias con cargos de la Planta Interna que en la mayoría de los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre otros.

Ahora, si bien es cierto que existieron normas que regularon la liquidación de la pensión de los funcionarios referidos, también lo es que unas fueron derogadas, o fueron declaradas inexequibles por el máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, o que en todo caso y de encontrarse vigentes deben ser inaplicadas por violar el principio de favorabilidad y los derechos fundamentales superiores protegidos por la Constitución Política.

Sobre este último aspecto habrá que decir que a pesar de que los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad de una norma, por regla general, son hacia el futuro, en algunas oportunidades es viable, dadas las condiciones de la norma que se retira del ordenamiento jurídico, aplicar durante la vigencia de la misma la excepción de inconstitucionalidad, en aras de no permitir la existencia de situaciones que a todas luces son inconstitucionales por afectar derechos de naturaleza fundamental.

Se observa que la disposición que permite la equivalencia para efectos de liquidación de pensiones de cargos de planta externa a cargos de planta interna dentro del Ministerio fue desde sus inicios, a la luz de la Constitución Política de 1991, violatoria de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre otros, de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, razón por la cual es viable que durante la vigencia de la misma se aplique la excepción de inconstitucionalidad. En este sentido, la Corte Constitucional sostuvo:

“(…) Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado que las normas que respaldan este tipo de prácticas frente a cierto grupo de trabajadores son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los principios de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, derechos que tienen un fundamento constitucional expreso (C.P. arts. 48 y 53) (…)”.

Este deber de dar primacía a la Constitución Política (artículo 4º) ha ocupado la atención de la Corporación en otros asuntos, en los siguientes términos

“(…) Finalmente, la Sala encuentra que si bien la declaratoria de inexequibilidad del Decreto No. 1670 de 1997 ocurrida mediante la sentencia C-140 de 15 de abril de 1998 dictada por la Corte Constitucional con ponencia del DR. CARLOS GAVIRIA DÍAZ se dispuso con efectos hacia el futuro, ello no implica que al juez le sea un imposible jurídico pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, dictado con fundamento en el declarado a la postre inexequible, por cuanto es ostensible que desde su origen el Decreto 1670 de 27 de junio de 1997 nació viciado de ilegalidad y por ende, le es dable al juzgador aplicar respecto de aquél la excepción de inconstitucionalidad por el lapso que transcurrió desde su expedición hasta la sentencia de inexequibilidad, evitando con ello que una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y que causa estragos en los derechos particulares, se ampare en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se dispusieron hacia el futuro.”(27). 

Así las cosas, con fundamento en el anterior estudio normativo, es viable sostener que la liquidación de pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos a la luz de la Constitución de 1991 y del principio de favorabilidad, debe sujetarse a la regla general, esto es, a aquella que dice que se efectúa con base en lo realmente devengado.

Hechas las anteriores precisiones es del caso analizar el asunto concreto sometido a consideración de esta Sala.

Caso Concreto 

En el sub examine se encuentra que, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la actora es beneficiaria del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al momento de entrada en vigencia de la misma normatividad acreditaba más de 15 años de servicios e incluso más de 40 años de edad.

Para efectos de la determinación del ingreso base de liquidación, tal como se vislumbró en el marco normativo y jurisprudencial anterior, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. (hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social, UGPG.), debe tener en cuenta lo realmente devengado en ejercicio de los cargos desempeñados en la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a la conversión efectuada por la misma cartera de la moneda extranjera a pesos Colombianos.

Lo anterior no admite discusión si tenemos en cuenta que la pensión de jubilación no es una dádiva del Estado, sino un reflejo de la vida laboral activa, una extensión del derecho al trabajo que pretende precisamente cubrir las necesidades del ex trabajador en las mismas condiciones de dignidad que consiguió en actividad.

Por este motivo, en consecuencia, es viable acceder a lo reclamado por la demandante, en el sentido de que los salarios que le sirvan de base para determinar el ingreso base de liquidación sean los realmente devengados al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de la Planta Externa, teniendo en cuenta, además, los factores que lo componen para efectos pensionales.

Indexación de la primera mesada pensional

En el presente caso se encuentra acreditado que el retiro del servicio de la demandante se produjo después del cumplimiento del status pensional, es decir, que para el momento en que fue reconocido el derecho, esto es, 12 de enero de 2004 no habían perdido poder adquisitivo la mesada como tal.

Por tal motivo, no hay lugar a cuestionar la indexación de la primera mesada pensional, como en efecto lo hizo el apoderado del ente demandado, cuando ni siquiera esto fue solicitado en la demanda. Nótese que lo único que ordenó el A - quo fue que las sumas reconocidas fueran actualizadas, lo cual es una situación totalmente diferente.

Por las anteriores consideraciones la Sentencia apelada que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda amerita ser confirmada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFÍRMASE la Sentencia de 22 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Piedad Rivera Quintero contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la Caja Nacional de Previsión Social, EICE en Liquidación(28).

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

15 El 15 de diciembre de 1976, el Jefe de Personal de la Cámara de Representantes, certificó que la demandante estuvo al servicio de esta institución desde el 1º de abril de 1969 al 1º de octubre de 1974, fecha en que le fue aceptada la renuncia por medio de la Resolución No. 145 de 8 de octubre de 1974 (folio 7, anexo 1).

16 El 24 de junio de 2004, el Subdirector de Nómina de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, indicó que la actora prestó sus servicios para dicha Secretaría desde el 18 de octubre de 1974 al 11 de junio de 1980 (folio 27, anexo 1).

17 El 7 de octubre de 2004, el Director de Gestión Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá certificó que la señora Rivera Quintero prestó sus servicios a la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el 10 de septiembre de 1980 al 18 de julio de 1983 (folios 35 y 36, anexo 1).

18 El 18 de noviembre de 2004, el Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá, manifestó que la demandante fue funcionaria de este ente desde el 11 de septiembre de 1984 al 19 de agosto de 1986 (folio 37, anexo 1).

19 El 25 de junio de 2004, el Jefe de la Unidad de Archivo Administrativo del Senado de la República, certificó que la señora Rivera Quintero prestó sus servicios, inicialmente, desde el 26 de septiembre de 1986 al 20 de julio de 1990, y luego, a partir del 13 de agosto de 1990 al 11 de febrero de 1991 (folios 39 y 40, anexo 1).

20 El 3 de diciembre de 2004, el Coordinador de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, certificó que la señora Piedad Rivera Quintero se desempeñó como Auxiliar Administrativo Bilingüe 11PA, en la embajada de Colombia ante la Santa Sede, desde el 11 de febrero de 1991 hasta el 12 de enero de 2004 (folio 55, anexo 1).

21 Proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24 de 1974.

22 El Decreto 274 de 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.

23 Este Decreto fue dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000.

24 Artículo 11, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003

25 El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, establece los casos en los que no se aplica su contenido sin que entre ellos se encuentren los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular

26 Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño

27 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 24 de mayo de 2007, radicado interno No. 2616-04; C.P. doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

28 En razón a que expiró el término del proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social, establecido en el Decreto 877 de 11 de junio de 2013, la entidad encargada de reconocer la pensión a la actora es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social (UGPP), de conformidad con el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011.