Sentencia 2011-00562 de octubre 21 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 540011102000201100562 02 / 2618 A

Magistrado Ponente

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Discutido y aprobado en Sala Nº de la misma fecha

Bogotá, D. C., veintiuno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), en armonía con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado).

De la apelación. Con fundamento en la competencia mencionada, procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el interesado.

En este orden, se tiene que el apelante esgrime como argumentos, en primer lugar la nulidad por (i) la omisión del deber de notificar las providencias emanadas de la corporación y (ii) ausencia de defensa técnica en desarrollo de la audiencia de juzgamiento; además, (iii) contradicción de los hechos materia de investigación y los cargos imputados, (iv) no existe en el plenario una providencia que acumule los radicados 2011/562 y 2009/753, así como tampoco se encuentra la providencia que previamente hubiese conexado el Radicado 2011/685, (iv) (sic) decisión anfibológica, en el entendido que en su seno subyace una contradicción pues la providencia carece de identidad entre los hechos jurídicamente relevantes y los cargos formulados, y (v) glosas a la valoración de las pruebas de cargo.

De la nulidad propuesta por el apelante

Precisiones iniciales

El artículo 29 superior, con fuerza de norma rectora, señala que:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, y, desde esa perspectiva, ha sostenido pacíficamente la Corte Constitucional:

(i) Que su aplicación “(…) se expande sobre toda la actividad de la administración pública de manera general, sin excepciones de ninguna índole (…)”(50);

(ii) Que su realización “(…) no se agota en la simple aplicación ritual del proceso, sino esencialmente en la congruencia con el conjunto axiológico constitucional (…)”(51); y

(iii) Que su vigencia como derecho fundamental “(…) no [se encuentra en] el riguroso seguimiento de las reglas de simple orden legal, sino en el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente (…), [con] el debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal”(52).

Siguiendo aquel sendero jurisprudencial, debe precisarse que en virtud del principio de trascendencia, la necesidad de acreditar que exista una irregularidad sustancial afecte realmente las garantías de los sujetos procesales o vulnere las bases fundamentales del juicio, de manera tal que su declaratoria rogada u oficiosa debe tener siempre por finalidad: corregir los errores prominentes en la tramitación del proceso y en el tratamiento del disciplinado.

Así mismo, esta corporación ha sostenido que, en virtud del principio de residualidad, la declaratoria de nulidad solo debe efectuarse cuando la grave inconsistencia procesal no pueda corregirse sino rehaciendo parte del trámite. A fin de modular los alcances del postulado en cita, se hace necesario plasmar las siguientes acotaciones modulando la acertada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“(...) La nulidad [como] consecuencia del principio de legalidad del proceso, busca establecer la intangibilidad de las formas propias de cada juicio, por ser estas el marco dentro del cual puede ejercer el estado su derecho de sancionar, y por cuanto constituyen la garantía de la persona respecto de la salvaguarda de su libertad y del aseguramiento de oportunidades y medios idóneos para su defensa”(53).

En cuanto al punto de si se presentan irregularidades procesales, que vulneren el debido proceso en relación con el derecho de defensa de la togada, ante una posible omisión, al no haberle notificado a la disciplinada las providencias emanadas de la corporación de primera instancia, hay que señalar esta agotó el procedimiento establecido en la Ley 1123 de 2007, a la togada inicialmente se le comunicó del proceso en su contra, folio 73, para que acudiera a notificarse del auto del 5 de marzo de 2010, debiendo notificarla por edicto, folio 78, para luego, el 13 de octubre de 2010 acudiera y se notificara personalmente, folio 90; dejando un escrito indicando la dirección a donde se le podía enviar comunicaciones, lo que en efecto se hizo, posteriormente, según folio 153, designó apoderada de confianza, quien la notificó a la togada su renuncia al poder el día 16 de enero de 2012, folio 502, para el día 29 de marzo de 2012 designar como nueva apoderada a la doctora Ivonne Marcela Ríos García, folio 585, a la que le revoca el poder el 11 de abril de 2012, designando en su reemplazo al doctor Javier Hernán Erazo Castaño, folio 616, sin embargo, ante la inasistencia de la disciplinada y de su defensor de confianza, se le designó uno de oficio, folio 894, comunicación del 19 de julio de 2012, finalmente, el 1º de agosto de 2012 la disciplinada otorga poder al abogado Edgar Torres Martínez, quien aquí acude en apelación, de este recuento queda claro que sí se garantizó el derecho de defensa y contradicción que le asiste a la togada.

2.2. De la convalidación(54). 

Se comenzará por manifestar que el concepto de convalidación, se presenta cuando por el paso del tiempo, no se reclama oportunamente las nulidades procesales y las partes siguen actuando sin alegarla. Se sustenta en el principio de preclusión procesal, es decir que transcurrida una etapa no se puede volver a la anterior.

Es importante que el sujeto ante una eventual irregularidad no ejerce oposición dentro de un tiempo prudencial. El silencio de este subsana el acto irregular, surgiendo la renuncia tácita a impugnarlo.

Frente a la preclusión de las oportunidades para alegar la Corte Constitucional en Auto 029 A del 2002, señaló:

“(…) Del deber de colaboración con la justicia se deriva un deber de lealtad. Dicho deber no puede entenderse exclusivamente en el sentido de ser exigido un comportamiento correcto respecto de la contraparte, sino que involucra el deber de actuar con diligencia y asumir conscientemente las cargas procesales; es decir, supone un deber de no generar situaciones dilatorias dentro del proceso. La consecuencia jurídico-procesal de dicho deber es la preclusión de las oportunidades para alegar irregularidades. En términos generales, dicha preclusión opera antes de dictarse la sentencia —salvo que el legislador expresamente lo autorice—, pues el fallo se emite una vez ha culminado el debate jurídico. Debe tenerse presente que cada etapa procesal tiene un objetivo, el cual ha de ser preservado, so pena de generar situaciones de inseguridad jurídica —imposibilidad de culminar los debates— y de dilación”(55).

Es un hecho, sabido que el presupuesto clásico e insoslayable de la nulidad procesal por indebida notificación, radica en que el procesado no haya tenido conocimiento de la actuación iniciada en su contra. Por tanto, quien, de antemano conoce el trámite de un proceso en su contra, como en este caso y, aun así, asume una actitud pasiva frente a su trámite, más aún dilatoria, no puede alegar a posteriori la falta de conocimiento de las decisiones proferidas por el operador disciplinario.

Así, entonces, es claro que no existe afectación trascendente al trámite agotado, pues, con todo y que la disciplinada decidió asumir una actitud pasiva, deliberada, a lo largo del diligenciamiento, el seccional cumplió la carga de garantizar su defensa técnica con la designación de un defensor de oficio, quien la ha venido defendiendo, garantizando así su derecho de defensa.

Al verificar conceptos sobre esta falencia encontramos que, en Sentencia T-395 de 2010, de manera sintética, la Corte Constitucional señala al respecto lo siguiente:

“... el ejercicio del derecho a la defensa se circunscribe a la facultades que la ley le reconoce a la parte acusada, las cuales se concretan básicamente en la posibilidad de pedir y aportar pruebas, de controvertir aquellas que han sido allegadas al proceso y de impugnar las decisiones adoptadas en el mismo”.

En este caso, el abogado defensor presentó los respectivos descargos, que si bien no es la defensa deseable tampoco denota que esta haya sido nula totalmente. De tal manera, que su actuación, cumple con el ejercicio de las facultades que le corresponde adelantar para la defensa de la disciplinada, no configurándose vicio alguno que manche la actuación como para declarar la nulidad de lo actuado.

Por las razones expuestas, la Sala encuentra que la actuación surtida en primera instancia no adolece de ninguna nulidad que deba ser saneada y que invalide la garantía al debido proceso contenida en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, por tanto es procedente realizar el pronunciamiento de fondo respecto de la apelación incoada.

Estudio de fondo

Ahora, se refiere la Sala a los demás argumentos contra la sentencia de primera instancia: (iii) contradicción de los hechos materia de investigación y los cargos imputados, (iv) no existe en el plenario una providencia que acumule los radicados 2011/562 y 2009/753, así como tampoco se encuentra la providencia que previamente hubiese conexado el radicado 2011/685, (iv) decisión anfibológica, en el entendido que en su seno subyace una contradicción pues la providencia carece de identidad entre los hechos jurídicamente relevantes y los cargos formulados, y (v) glosas a la valoración de las pruebas de cargo.

(iii) contradicción de los hechos materia de investigación y los cargos imputados.

La actuación disciplinaria se inicia, concretamente, por informes de la jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, con apoyo en otros de la fiscal de apoyo delegada ante los jueces penales del circuito unidad de derechos humanos y DIH y del Fiscal 73 Especializado de Cúcuta, en los cuales se hace referencia a las actuaciones de la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, en los procesos contra militares involucrados en uno de los casos denominados “falsos positivos”, siendo apoderada de algunos de ellos, conducta de la togada que, según los informes, se dirigió a crear un ambiente en contra de los fiscales, desacreditándolos.

Los cargos imputados son el producto de la investigación de estas actuaciones de la togada, en el ejercicio de su profesión en los procesos contra los militares de la Brigada Móvil 15, adscrita al Batallón de Ocaña, cuyo soporte factico, antes citado, se trae ahora para desvanecer el ataque del apelante: “De cara a la primera falta se sustentó en que la abogada el día 11 o 12 de agosto de 2009 sugirió al señor Gutiérrez, que afirmara que el fiscal quejoso le había hecho unos ofrecimientos y le había obligado a aceptar cargos y por tanto le denunciara, estando pendiente de que aquel no fuera a acogerse a sentencia anticipada; y a sabiendas de que el fiscal no había cometido irregularidad alguna en lo que tiene que ver con la actuación desarrollada contra el cabo Gutiérrez, le asesoró con la finalidad de desprestigiar al funcionario patrocinando el acto fraudulento de este, pretendiendo además que el abogado Toloza introdujera la falsa denuncia como prueba dentro del proceso 4870.

En lo que refiere a la segunda falta, por haber presentado la mencionada denuncia pretendiéndola hacer valer como prueba dentro del Radicado 4870, y pretender que el cabo Gutiérrez Salazar suministrara información distinta a la verdad tratando de tergiversarla”.

De manera que de la simple lectura de los hechos puestos en conocimiento de la jurisdicción disciplinaria y los cargos formulados, se concluye que existe una absoluta congruencia entre unos y otros, siendo los cargos el resultado de la investigación adelantada.

iv) no existe en el plenario una providencia que acumule los radicados 2011/562 y 2009/753, así como tampoco se encuentra la providencia que previamente hubiese conexado el Radicado 2011/685.

Al respecto baste con verificar el folio 799, remitiendo el Radicado 2011 00685 00 para ser acumulado al 2011 00562, ante solicitud de la misma disciplinada, y en folio 800 está el auto que ordena dejar como único radicado el 2011 0056, y luego el Magistrado Ponente, remite el Radicado 2011 00562 para ser tramitado en una sola actuación con el Radicado 2009-753, folio 803, y en el folio 805 reposa el comunicado de la Magistrada Ponente donde indica que por auto de la fecha se ordenó anexar el Radicado 2011 000562 al 2009 0573 00, término anexar que no gusta al apelante, pero que de ninguna manera mancha el procedimiento y mucho menos atenta contra los derechos de la togada disciplinada, agregando que en ningún momento se manifestó inconformidad por tal decisión.

Siendo así, el cargo formulado se desestima.

(iv) (Sic) decisión anfibológica, en el entendido que en su seno subyace una contradicción pues la providencia carece de identidad entre los hechos jurídicamente relevantes y los cargos formulados.

Afirmación alejada de la realidad procesal, pues en líneas anteriores se deja claro cuáles son los hechos investigados y cuáles los hechos soporte de los cargos formulados, estos últimos: “por encontrarla incursa en el incumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 6º y 17 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y con el desconocimiento de este deber, habiendo incurrido en faltas contra la recta y leal realización de justicia y los fines del Estado consagradas en el artículo 33.9 en concurso con la falta del numeral 11 del mismo artículo de la citada ley”.

Teniendo como soporte fáctico que: “De cara a la primera falta se sustentó en que la abogada el día 11 o 12 de agosto de 2009 sugirió al señor Gutiérrez, que afirmara que el fiscal quejoso le había hecho unos ofrecimientos y le había obligado a aceptar cargos y por tanto le denunciara, estando pendiente de que aquel no fuera a acogerse a sentencia anticipada; y a sabiendas de que el fiscal no había cometido irregularidad alguna en lo que tiene que ver con la actuación desarrollada contra el cabo Gutiérrez, le asesoró con la finalidad de desprestigiar al funcionario patrocinando el acto fraudulento de este, pretendiendo además que el abogado Toloza introdujera la falsa denuncia como prueba dentro del proceso 4870.

En lo que refiere a la segunda falta, por haber presentado la mencionada denuncia pretendiéndola hacer valer como prueba dentro del Radicado 4870, y pretender que el cabo Gutiérrez Salazar suministrara información distinta a la verdad tratando de tergiversarla”.

En la sentencia apelada, el a quo analizó de manera separada, en dos acápites, cada una de las dos faltas endilgadas a la togada sancionada: (i) Si aconsejó y patrocinó la denuncia sustentada en hechos falsos presentada por Néstor Guillermo Gutiérrez contra el señor Fiscal 73 de la unidad de derechos humanos y DIH, y (ii) Si pretendió introducir como prueba la denuncia anterior dentro del Radicado 4870 y 4925 llevados en la Fiscalía 73 especializada de Cúcuta.

Haciendo un detallado, minucioso y sopesado análisis de las pruebas, del cual se tiene una reseña en esta providencia, en el subtítulo denominado “Decisión de primera instancia”, no quedando dudas como para dar lugar al cargo analizado y mucho menos al siguiente, a las denominadas (v) glosas a la valoración de las pruebas de cargo.

Se recalca que este proceso disciplinario tiene su origen en las actuaciones que como profesional del derecho desplegó la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, en los procesos contra militares involucrados en uno de los casos denominados “falsos positivos”, siendo apoderada de algunos de ellos, comportamiento que es de competencia de la jurisdicción disciplinaria.

Dosimetría de la sanción

En lo atinente a la dosificación de la sanción, de exclusión en el ejercicio de la profesión, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado y razonable deducido de la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado y la leal realización de la justicia y los fines del Estado; la modalidad dolosa de la conducta, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de las normas imputadas, y al no existir justificación en la actuación de la abogada, lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 14 de septiembre de 2012, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander a través de la cual resolvió sancionar a la togada Hilda Lorena Leal Castaño con exclusión en el ejercicio de su profesión, como autora responsable de las faltas descritas en el artículo 33 numerales 9º y 11 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(50) Sentencia T-496 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez.

(51) Sentencia T-525 de 1997, M. P. Hernando Herrera Vergara.

(52) Sentencia T-496 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez.

(53) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 15 de febrero de 1990, M. P. Jorge Carreño Luengas.

(54) Corte Constitucional, Sentencia T-425 de 1995.

(55) T-506 de 1993 y T-237 de 1995.