Sentencia 2011-00574 de febrero 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

DESCONGESTIÓN

Rad.: 25000-23-24-000-2011-00574-01

Demandantes: Edelberto Reyes Hurtado

Demandados: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá D.C.

Asunto: Nulidad Simple

Recurso de apelación contra sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Bogotá D.C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones.

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(20) y en cumplimiento del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017(21), la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera.

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 2(22) del citado acuerdo, el despacho del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia con destino al despacho de la Consejera Rocío Araújo Oñate, situación por la cual corresponde a la Sección Quinta de esta corporación proferir la sentencia de segunda instancia que acorde a derecho corresponde, dentro del presente asunto.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con el sentido del recurso de apelación interpuesto por el demandante, si existe mérito suficiente para revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad simple de la referencia.

Al respecto, la Sala advierte desde ya, que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(23), según el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”.

2.3. Caso concreto.

Entrando al análisis del caso en concreto, se tiene que el recurrente solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, a efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones 10 del 5 de enero de 2010 y 256 del 26 de marzo de 2010, por medio de las cuales se ordenó el decomiso del vehículo marca Isuzu Trooper, de placas MZP-812, modelo 1989(24) y se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra dicho acto. Lo anterior, en cesura de lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

Al respecto y según fue expuesto en líneas anteriores, se tiene que los motivos de inconformidad del actor fueron expuestos y enunciados, en el siguiente orden: “caducida (sic) de la acción”, “principio de legalidad” y “categoría de la sanción”(25).

Así las cosas, revisado el sentido de las alegaciones del recurrente, considera la Sala que se debe proceder con el análisis de los argumentos de inconformidad del demandante estudiando dos aspectos determinantes, a saber: i) la supuesta transgresión del principio de legalidad que debía observarse en la actuación administrativa respectiva, y ii) lo relativo a la supuesta categoría de sanción y caducidad del decomiso ordenado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por razones metodológicas, el orden expuesto agrupa de manera lógica y ordenada las inconformidades del apelante y, permite la definición del presente asunto, en los siguientes términos:

2.3.1. De la supuesta transgresión del principio de legalidad.

En primer lugar, se tiene que el demandante alega la supuesta violación del principio de legalidad, señalando que el fundamento del acto demandado fue el concepto 131 del 9 de diciembre de 2002 proferido por la oficina jurídica del ente demandado, el cual considera que no resulta aplicable, en primer lugar, porque no tiene categoría de mandato legal y, en segundo, porque no es aplicable en el tiempo ya que de haberse presentado una conducta transgresora esta, a su juicio, se produjo en el año 1996, de forma inmediata a la declaración de importación del vehículo decomisado.

En este sentido, debemos partir señalando que conforme se ha definido por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional(26), el principio de legalidad que se aduce transgredido en este caso, “se desprende del debido proceso y demanda la aplicación de normas preexistentes y establecidas por el órgano competente, lo cual se traduce en un límite a las actuaciones de la administración, que evita actuaciones arbitrariedades por parte de las autoridades y protegiendo los derechos de los administrados”. 

Así las cosas, la Jurisprudencia Constitucional ha definido que toda autoridad debe ejercer sus funciones con respeto al principio de legalidad, para que los derechos e intereses de los ciudadanos cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias, hechas al margen de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-851 de 2013, señaló:

 “6.4. De este modo, el principio de legalidad tiene importantes funciones reconocidas por la jurisprudencia: (1) de un lado, protege la libertad al garantizar su ejercicio restringiendo intervenciones que la limiten cuando no existe una norma que así lo autorice; (2) de otro lado protege la democracia, porque la ley a la que se somete el ejercicio de la función pública ha sido aprobada por órganos suficientemente representativos, por lo cual se asegura el carácter democrático del Estado; (3) además, garantiza el control y la atribución de responsabilidades al orientar las actividades de los organismos a los que les han sido asignadas funciones de control respecto del comportamiento de las autoridades públicas”.

Bajo tal marco, analizadas las alegaciones del recurrente, se advierte desde ya que las acusaciones del demandante devienen completamente infundadas, habida cuenta que no es cierto que se haya desconocido el principio de legalidad, en la medida que los actos administrativos enjuiciados en este caso devienen de la aplicación legítima de normas preexistentes y vigentes para el momento de los hechos, tal y como a continuación se explica:

En primer lugar, encuentra la sala que no existe duda frente al hecho que el 21 de agosto de 2009, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional inmovilizó en la ciudad de Bogotá, el vehículo marca Isuzu Trooper, de placas MZP-812, modelo 1989(27). Lo anterior, en la medida que se evidenció que “el vehículo fue ingresado a nuestro país mediante la modalidad C154 importación con franquicia, bajo el régimen especial aduanero de Turbo Antioquia, zona preferencial aduanera de Colombia en donde debía transitar y permanecer por haber transitado con preferencias arancelarias”(28).

Conforme con lo anterior, se tiene que una vez puesto a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá dio lugar al trámite administrativo correspondiente, sin que se recibiera objeción por parte de los interesados(29) y procediendo con la verificación de los documentos del caso, entre los cuales se encontraba la declaración de importación del vehículo inmovilizado que fue solicitado el 9 de septiembre de 2009(30), y que daba cuenta de que efectivamente la mercancía había ingresado al territorio aduanero de una zona de régimen aduanero especial.

Ahora bien, analizado el contenido de los actos acusados, encuentra la Sala que mediante Resolución 10 del enero de 2015, la entidad accionada dispuso el decomiso de la mercancía en comento al considerar, entre otras, cosas:

“(…) que el vehículo en mención no podía permanecer en el territorio aduanero nacional, es decir fuera de la zona de régimen aduanero especial, por haber ingresado con preferencias arancelarias, así las cosas (…) se ordenará su Decomiso a favor de la Nación al configurarse la causal de aprehensión y decomiso de mercancías prevista en el numeral 1.7 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001”(31).

Conforme con todo lo anterior, es evidente que la razón fundamental que motivó la orden de decomiso que ahora se refuta, fue la indebida circulación del vehículo de placas MZP-812, el 21 de agosto de 2009 en la ciudad de Bogotá, pues dicho rodante tenía disposición restringida por haberse importado con admisión de franquicia que solo le permitía permanecer dentro de la zona de régimen aduanero especial respectiva.

En este sentido, la Sala resalta el hecho que la jurisprudencia de esta corporación(32), ya ha señalado que las características de la mercancía importada con franquicia son, entre otras, las de estar libres de tributos aduaneros total o parcialmente y de disposición restringida, lo cual explica que si se quiere cambiar la destinación de la mercancía así importada se requerirá modificar la declaración de importación.

Ahora bien, la Sala encuentra que aunque dentro de las consideraciones de la Resolución demandada, se encuentra la cita de algunos apartes del concepto 131 de diciembre de 2002 expedido por la oficina jurídica de la entidad demandada, no es cierto que dicho concepto haya constituido el parámetro legal que sustentaba la orden de decomiso, como extrañamente pretende ahora alegar el demandante al ignorar los parámetros normativos que rigen la materia.

En este sentido, vale la pena señalar que si bien la supuesta violación del principio de legalidad se ha expuesto como uno de los argumentos de inconformidad de la parte actora, lo cierto es que solo hasta ahora se depreca la nulidad de los actos demandados en tal sentido, con fundamento en la cita del concepto en comento, situación que permite a la Sala abstenerse de estudiar la acusación del recurrente, sin perjuicio al hecho que tal acusación resulta totalmente infundada, de cara al análisis del fundamento legal que dio lugar al decomiso censurado.

En efecto, si bien el análisis jurídico contenido en el concepto en comento fue incorporado en el acto demandado, lo cierto es que tal y como se dejó claro en líneas anteriores, la orden de decomisó se soportó en los parámetros normativos del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, que señala como causales de aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de, entre otros, los siguientes eventos:

“1.7 Cambiar la destinación de mercancía que se encuentre en disposición restringida a lugares, personas o fines distintos a los autorizados. (...)”

En consecuencia, no existe duda que con plena garantía del debido proceso, el acto administrativo demandado fue el resultado de la aplicación de una norma preexistente y establecida por el órgano competente, que ante el cambio de destinación del vehículo en comento, preveía como consecuencia la aprehensión y decomiso de la mercancía, tal y como en efecto sucedió en este caso.

Aunado a lo anterior, para la sala resulta evidente que tampoco es cierto, que la orden de decomiso de la mercancía provenga de hechos acaecidos al momento de la importación del vehículo en el año 1996, es decir, cuando el decreto en comento no se encontraba vigente, pues fue solo hasta el 21 de agosto de 2009, como atinadamente se definió en la sentencia de primera instancia, que se tuvo conocimiento de la infracción aduanera que dio lugar a la aprehensión y decomiso de la mercancía, por lo cual los actos acusados dieron aplicación a la normatividad que se encontraba en vigor, cumpliendo estrictamente con el principio de legalidad.

Es importante aclarar además, que la modalidad de importación con franquicia de la mercancía que tuvo lugar en el año 1996, en ningún momento ha sido materia de análisis, reproche ni debate dentro del presente proceso, ni tampoco lo fue dentro de la actuación administrativa censurada, en la que nunca se analizó siquiera si la importación del bien se efectuó o no conforme a derecho y, por ende, menos aún, se definió tal hecho como la causa del decomiso ordenado.

En este mismo sentido, se tiene que ni siquiera el actor puso en tela de juicio que la mercancía decomisada efectivamente haya sido importada con franquicia y disposición restringida a una zona de régimen aduanero especial pues, se insiste, la modalidad de importación del vehículo suscitada en el año 1996 no fue materia de debate, ni siquiera al interior de la actuación administrativa adelantada.

Así las cosas, no existe duda que los hechos que dieron lugar a lo actos demandados, no se sitúan en el momento de la importación del vehículo respectivo, sino que acaecieron el 21 de agosto de 2009, fecha en la que se presentó y evidenció la causal de decomiso que correspondía por la permanencia del vehículo en territorio aduanero nacional y no en el especial correspondiente.

En otras palabras, solo hasta el 21 de agosto de 2009, momento en el que ya se encontraba en plena vigencia el numeral 1.7 del mencionado artículo 502(33), se presentó la causal legítima de decomiso de la mercancía inmovilizada en la que se sustentaron los actos administrativos demandados, situación que denota lo infundada que resulta la acusación contenida en el recurso de apelación que ahora nos ocupa.

En consecuencia, concluye la Sala que no es cierto que se haya presentado una transgresión al principio de legalidad, como infundadamente acusa el demandante en este caso.

2.3.2. Análisis de la supuesta categoría de sanción y caducidad del decomiso ordenado.

Frente a este punto, se tiene que el apelante encamina sus acusaciones(34) a señalar que contrario a lo expuesto en la sentencia apelada, la Resolución 10 del 5 de enero de 2010 impone como sanción el decomiso del vehículo de placas MZP-812 y, por tanto, es a partir de la fecha de importación de dicho bien, esto es, el día 30 de octubre de 1996, que debía contarse el término de caducidad de la facultad sancionatoria que, supuestamente, operó en este caso, conforme lo ordena el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999, pues transcurrieron más de 13 años desde la fecha de importación de la mercancía hasta el 9 de septiembre de 2009, fecha en la que los funcionarios aduaneros solicitaron la declaración de importación del vehículo.

Al respecto, analizados los argumentos de la apelación, encuentra la Sala que tampoco asiste razón al demandante al momento de definir el acto de decomiso como una sanción y menos aún pretender alegar que operó la caducidad de la facultad sancionatoria, de tal suerte que corresponde desatender nuevamente sus suplicas, tal como a continuación se explica:

En efecto, lo primero que se debe señalar es que el decomiso, se encuentra definido por el Decreto 2685 de 1999(35), en su artículo 1, como el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 de dicho decreto.

Así las cosas, ha sido claro para la Jurisprudencia de esta corporación que el decomiso constituye una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, que de ninguna manera puede ser confundida o tratada como una sanción administrativa.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación (36) ha definido que:

“Del contenido de las normas anteriormente transcritas, se derivan las siguientes conclusiones:

El decomiso no es una sanción, sino una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía. (…)

— Con la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, las sanciones se clasifican en multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta. (…)

A la luz de las disposiciones vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron como resultado la expedición de los actos acusados, el decomiso aparejaba la sanción de multa, que sí constituye una sanción, (…).

Como quiera que aquí no se está discutiendo la imposición de multa alguna, sino el decomiso,el cual, se reitera, no es una sanción, sino la medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, bien podía laAdministración en cualquier tiempo, como en efecto lo hizo, aprehender el vehículo y, luego de surtido el respectivo procedimiento, proceder a decomisarlo.” (Se subraya).

En consecuencia, es evidente que el decomiso no constituye una sanción, sino una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, máxime cuando con la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, las sanciones se clasificaron en multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta y que pueden presentarse.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que también se ha definido que al no constituir el decomiso una sanción, no puede predicarse del mismo la caducidad para ordenarlo, contrario a como si sucede respecto de las sanciones que la autoridad puede imponer por cuenta de las infracciones aduaneras que se presenten, pues conforme lo ordena el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999, la acción administrativa sancionatoria prevista en ese Decreto y que claramente no refiere al decomiso, caduca en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa aduanera.

En este sentido, la jurisprudencia de la corporación(37) ha definido lo siguiente:

“(…) El decomiso no es susceptible de caducidad porque no constituye una medida sancionatoria sino el procedimiento administrativo a través del cual se define la situación jurídica de una mercancía

El actor afirma que los actos acusados son nulos, porque ordenan el decomiso de la aeronave HK 3965, después de transcurridos tres (3) años de su ingresó al país, cuando ya había caducado la facultad sancionatoria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En este punto, la Sala precisa que son dos las actuaciones que debe adelantar la Autoridad Aduanera con motivo del ingreso ilegal de una mercancía al país; la primera, relativa a definir la situación de la misma y, la segunda, atinente a sancionar a la persona responsable de la contravención aduanera.

La primera de las actuaciones enunciadas, incluye la aprehensión física de la mercancía o su decomiso, la cual se puede realizar en cualquier momento, pues el transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de sanear su ilegal permanencia en el país. La segunda, que busca imponer una sanción a la persona que incumple la obligación aduanera; esta última sí tiene un término de caducidad, pues obedece al ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración.

Sobre el particular, en sentencia de 2 de mayo de 2013, con ponencia del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno, esta Sección puso de presente que “[…] el procedimiento administrativo tendiente a definir la situación jurídica de una mercancía, el cual puede culminar con su decomiso, no es objeto del término de caducidad en comento al no ser aquel una medida sancionatoria […]”. (Se subraya)

En consecuencia de lo anterior, es claro que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido contundente al distinguir el concepto del decomiso como una medida totalmente distinta al de las sanciones a las que en virtud de la ley puede dar lugar la autoridad aduanera.

De igual manera, no cabe duda de que el decomiso no se puede someter al régimen de caducidad aplicable a la facultad sancionatoria del estado pues, se insiste, la jurisprudencia ha sido contundente al señalar qué tal medida no constituye una sanción susceptible de caducar, de tal suerte que el transcurso del tiempo no tiene, por ejemplo, la virtualidad de sanear la ilegal permanencia de una mercancía fuera de la zona especial aduanera a la que corresponde.

Así las cosas, es evidente que los argumentos expuestos por el recurrente, se encuentran llamados al fracaso habida cuenta que el decomiso ordenado no constituye una sanción y, por ende, no puede someterse al termino de caducidad invocado por el apelante, indistintamente al hecho que mediante Oficio 1-03-238-422-2377-30000 del 9 de septiembre de 2009 se haya solicitado, copia certificada de la declaración de importación del vehículo respectivo, aspecto que además de ser expuesto solo hasta el momento en que se presentó la apelación, deviene plenamente infundado de cara al concepto mismo de la medida de decomiso, máxime cuando los hechos que dieron lugar a la medida no se pretermiten al momento de la importación y, se insiste, el transcurso del tiempo no podía sanear la infracción aduanera en la que se encontró el vehículo decomisado, el pasado 21 de agosto de 2009.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de decisión encuentra que ninguno de los argumentos de impugnación presentados por el apelante tiene la entidad suficiente para revocar el fallo del 24 de mayo de 2012, situación por la cual no corresponde efecto diferente a confirmar en todas sus partes la decisión que fue objeto de recurso de apelación, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

2.4. Otras disposiciones.

Encuentra la Sala que mediante memorial radicado el 17 de junio de 2014(38), se allegó documento suscrito por la subdirectora de gestión de representación externa de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el que se confiere poder al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva, sin que dicho apoderado haya sido reconocido hasta la fecha, corresponde entonces reconocer personería al citado profesional del derecho, como apoderado de la parte pasiva dentro del presente asunto, tal y como se verá consignado en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de mayo de 2012, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. RECONOCER personería al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva, como apoderado de la parte demandada dentro del presente asunto, en los términos del poder que le fue conferido.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

4. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

20 “ART. 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.

21 Mediante el cual, ante la Sala Plena del Consejo de Estado los integrantes de los Secciones Primera y Quinta suscribieron acuerdo con el fin de que esta última contribuya a la descongestión de la primera.

22 “Distribución de los expedientes. Los expedientes se distribuirán de la siguiente forma: (…) Despacho de Origen (…) Despacho de Destino … Roberto Augusto Serrato Valdés (…) Rocío Araújo Oñate”.

23 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 28 de mayo el 10 de junio de 2009 (folio 186 reverso cuaderno número 3), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1º de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.

24 Folio 5 del cuaderno de anexos. El vehículo inmovilizado es identificado en los siguientes términos: marca:isuzu, clase: camioneta, tipo: station wagon, modelo: 1989, color: negro, placas: mzp-812, motor: 657712, serie: JACCH58E2K7908428, chasis: JACK7908428.

25 Folios 150 a 153 del cuaderno Nº 1.

26 Corte Constitucional. Sentencia C- 491 de 2016. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

27 Folio 5 del cuaderno de anexos. El vehículo inmovilizado es identificado en los siguientes términos: Marca:Isuzu, Clase: Camioneta, Tipo: Station Wagon, Modelo: 1989, Color: Negro, Placas: MZP-812, Motor: 657712, Serie: JACCH58E2K7908428, Chasis: JACK7908428.

28 Folio 6 del cuaderno de anexos.

29 Folio 66 Vto. Del cuaderno No. 1.

30 Folio 66 Vto. Del cuaderno No. 1.

31 Folio 68 del cuaderno Nº 1.

32 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 24 de abril de 2008, C.P: Martha Sofía Sanz Tobón, Radicado 76001-23-31-000-1999-02436-01

33 De conformidad con el articulo 537 decreto 2685 de 1999 señala que: “El presente decreto rige, previa su publicación, a partir del 1o. de julio del año 2000”

34 “categoría de la sanción” y “caducida (sic) de la acción”.

35 Vigente para efectos del análisis del presente proceso.

36 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 25 de junio del dos 2004. C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicado 25000-23-24-000-2000-00811-01(8805).
Ver además sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, de 1º de noviembre de 2007, Radicación 2003-00803-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; de 25 de marzo de 2010, Radicación 1995-09830-01, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta; de 22 de abril de 2009, Radicación 2002-00035, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 22 de junio de 2006, Radicación 2001-00195, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; de 25 de junio de 2004, Radicación 0081, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y del 22 de junio de 2006, Radicación 2000-2240, C.P. Gabriel E. Mendoza Martelo; de 9 de julio de 2009, Radicación 2002-00756-01, C.P. Marco Antonio Velilla; de 28 de agosto de 2003, Radicación 8031, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

37 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de agosto de 2017. C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 25000-23-24-000-2006-00664-01

38 Folios 39 a 56 del cuaderno Nº 2.