Sentencia 2011-00586 de febrero 2 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 17001-23-31-000-2011-00586-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Luis Gonzaga Alzate Giraldo

Demandado: EPS Cafesalud y otros

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”, la cual, en principio, procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

En el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela será procedente si se alega que se propone como mecanismo transitorio con el que se busca evitar un perjuicio irremediable.

Del libelo de la demanda se tiene que, mediante el ejercicio de la presente acción, el señor Luis Gonzaga Alzate Giraldo, actuando en calidad de agente oficioso de su hija Leidi Juliana Alzate Londoño, pretende que se ordene a las entidades accionadas, adelantar las gestiones pertinentes para el traslado de la afiliación de la accionante en la EPS-S Cafesalud del municipio de Salamina - Caldas al municipio de Manizales del mismo departamento y la atención integral en el servicio de salud de la accionante y a su menor hijo.

La Sala observa que la señora Leidi Juliana Alzate Londoño no es beneficiaria del sistema de salud integrado del régimen subsidiado en la ciudad de Manizales, toda vez que registra con una afiliación activa a la EPS-S Cafesalud en el municipio de Salamina y, por ende, no ha recibido la atención médica requerida por ella y por su menor hijo.

Frente a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección al derecho al hábeas data la Corte Constitucional ha sostenido:

“La Corte Constitucional, siguiendo el lenguaje del numeral 6º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, ha exigido, como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho fundamental al hábeas data, que el peticionario haya elevado solicitud a la entidad correspondiente, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él[1].

En idéntico sentido, la Ley 1266 de 2008 prescribe en su artículo 16 que “los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador (…) en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida”.

En el caso propuesto se tiene que, por medio de certificado a folio 11, el funcionario competente de EPS Cafesalud expidió a solicitud de la accionante, certificado donde consta como retirada de esa entidad la señora Alzate Londoño. Sin embargo, a la fecha dicha entidad no ha reportado, como es su deber, dicha novedad ante la base de datos del Fosyga.

Asimismo, en Sentencia T-360 de 2005, la Corte Constitucional señaló:

“Las empresas que prestan servicios de salud tiene el deber de custodiar, conservar y actualizar las bases de datos de los ciudadanos que se encuentran afiliados al sistema. Lo anterior por cuanto la prestación efectiva del servicio de salud depende en gran medida de los datos que estas entidades administran”.

Con base en lo anterior, y, comoquiera que pese a los requerimientos de la accionante la información contenida en la base de datos que administra Fosyga no ha sido actualizada por las entidades accionadas, se concluye que con dicha omisión se han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y de su menor hijo. En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la decisión impugnada, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha».