Sentencia 2011-00592 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 25000232500020110059201

Número interno: 1770-2013

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Alfonso Eslava Ruíz.

Demandada: Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal

EICE en liquidación.

Apelación sentencia autoridades nacionales

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico a resolver

Corresponde en esta oportunidad estudiar la legalidad de los actos demandados, y para ello la Sala debe determinar si al actor, como beneficiario de la pensión de sobreviviente de su fallecida cónyuge Gloria Teresa Tacha Pardo, le asiste el derecho a que la misma sea reliquidada con fundamento en el régimen especial dispuesto en el Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta que la causante contaba con más de 20 años de servicio en la Rama Judicial, y era beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Aspectos que aparecen probados.

— De la Resolución 5713 del 8 de febrero de 2006 —a fls. 101-105, tomo II—, por la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a favor del actor, se obtiene y queda refrendado que: i) la señora Gloria Teresa Tacha Pardo prestó sus servicios al Estado en la Rama Jurisdiccional entre el 16 de marzo de 1974 y el 8 de noviembre de 2003, su último cargo fue como juez en Bogotá, D.C.(11), y “adquirió el status jurídico el 10 de noviembre de 2003 día siguiente al fallecimiento”(12). ii) Que la liquidación de la pensión de la señora Gloria Teresa Tacha Pardo “se efectúa con el 75% sobre el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, entre el 10 de noviembre de 1993 y el 9 de noviembre de 2003”; tomando como factores para los años 93 a 95 sólo la asignación básica; para el año 96 la asignación básica y prima especial; del 97 al 2001 la asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima especial y gastos de representación, y para el 2002 y 2003, asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima especial. iii) Lo anterior arrojó un total de $ 3.095.048,33, y el 75% de este monto equivale a $ 2.321.286,25, iv) Al señor Alfonso Eslava Ruíz se le reconoce la pensión de sobrevivientes, “en forma vitalicia, en calidad de cónyuge, efectiva a partir del 10 de noviembre de 2003, en un 100% de ($ 2.321.286,25) dos millones trescientos veintiún mil doscientos ochenta y seis pesos con 25/100 m/cte.”.

— Igualmente queda establecido que el 18 de abril de 2007 el señor Alfonso Eslava Ruíz solicitó reliquidación de la pensión post mortem, conforme el régimen especial del Decreto 546 de 1971, y por medio de la Resolución 25618 del 10 de junio de 2008 —a fls. 106-108, tomo II—, la entidad negó tal pedido, y en este acto la institución acepta que la “causante la señora Tacha Pardo Gloria Teresa, ya identificada, se encontraba amparada por el régimen de transición por cuanto al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años de edad y al momento de su fallecimiento contaba con más de 20 años de servicio razón por la cual con su fallecimiento se le habilitó la edad”. Igualmente reitera que los factores para liquidar la pensión de la mencionada señora —que se sustituyó al demandante—, fueron “los indicados en la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1158 de 1994”.

— Lo anterior lo reitera la entidad en la Resolución PAP 031004 del 22 de diciembre de 2010 —a fls.127-130, tomo II—, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Sr. Alfonso Eslava Ruíz.

— Conforme certificación de 28 de enero de 2005, que obra folio 16, tomo II, expedida por la jefe de pagaduría de la división financiera de la dirección ejecutiva seccional de la administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura, queda probado que “a la doctora Gloria Teresa Tacha Pardo Q.E.P.D.,… se le cancelaron sus sueldos correspondientes así:

Año 2003

Período del 1º de enero al 9 de noviembre

Cargo …………………….. Juez municipal

Despacho ……………….. Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá, D.C.

Sueldo básico mensual …....................................... $ 2.210.635

Prima especial …………………………..………….. $ 663.190

Bonificación por servicios ……….……………. $ 772.722

Prima de servicios …………………………... $ 1.137.556

Prima de navidad ……………………………. $ 2.057.212

Descuentos de ley último mes

Cajanal pensión …………………………………. $ 96.900

Cajanal salud …………………………………… $ 114.900

Fondo de Solidaridad Cajanal ………………….. $ 28.700”(13)

Anotaciones de la Sala

De la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se harán unos apuntes, en aras de referenciar el marco jurídico y advertir que configura una vía de hecho administrativa la falta de aplicación del régimen de transición, en particular cuando se tiene derecho al régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial dispuesto en el Decreto 546 de 1971, y el mismo es desconocido cuando la entidad obligada al pago de la pensión, da aplicación del marco general de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, para establecer —como se hizo en sub examine— el ingreso base de liquidación de la pensión.

Por su utilidad para ilustrar el tema, se translitera lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-019 de 2009, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, en la que precisó:

“Régimen de transición, su falta de aplicación configura una vía de hecho administrativa. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que las personas que a la entrada en vigencia de esa ley cuenten con 35 años de edad, si son mujeres, y 40 años si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados tendrán derecho a pensionarse de acuerdo con la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de pensión fijado en el régimen al que se encontraban afiliados a 1º de abril de 1994.

Esta corporación se ha pronunciado varias veces sobre el alcance del régimen de transición indicando que se trata de un instrumento de protección de los derechos pensionales de quienes al momento de darse el tránsito legislativo no sumaban los requisitos para pensionarse conforme al régimen aplicable anterior, pero por encontrarse próximos a reunirlos tienen una expectativa legítima de adquirirlos(14).

En virtud de lo anterior, se ha dicho que el régimen especial para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público contemplado en el Decreto 546 de 1971 se encuentra vigente para los trabajadores cobijados por el régimen de transición, de tal manera que desconocer la prerrogativa que ellos tienen de pensionarse con la edad, tiempo de servicios y monto allí fijados, constituye una vía de hecho por defecto sustantivo y, en esa medida, la afectación del derecho al debido proceso del trabajador.

En efecto, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la vía de hecho por defecto sustantivo ocurre cuando la providencia judicial o la decisión administrativa encuentra sustento en una norma que no es aplicable al caso, concepto que se ajusta a aquellos asuntos en los que al trabajador beneficiario del régimen de transición le es negada o liquidada su pensión, sin tener en cuenta el régimen anterior al que estaba afiliado, pues ello implica desconocer, sin justificación objetiva, la protección de sus expectativas legítimas.

(…).

La ocurrencia de una vía de hecho por defecto sustantivo en las decisiones administrativas que sobre reconocimiento y liquidación de pensiones expiden las administradoras de esos fondos, genera la vulneración del derecho al debido proceso del trabajador, quien una vez reúne los requisitos para obtener su pensión según el régimen de transición, tiene un derecho a percibirla sin que se le sean impuestos obstáculos y con la inclusión de la totalidad de condiciones y beneficios contemplados en el régimen pensional al que pertenece”.

Después la Corte, en lo concerniente al régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971, su vigencia y aplicación, en el aludido fallo señala:

“Decreto 546 de 1971, régimen pensional especial. Vigencia y aplicación. Reiteración de jurisprudencia.

Esta corporación ya ha indicado que el régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público contenido en el decreto referido aún tiene vigencia para aquellos funcionarios que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, reunían los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición en ella consagrado(15).

El contenido del Decreto 546 de 1971, en lo concerniente a requisitos y pago de pensión de vejez, es el siguiente:

“ART. 6º—Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

Dados las múltiples controversias que se han originado en torno a este régimen pensional especial, existe un amplio precedente constitucional sobre su alcance y el modo de liquidar las pensiones que conforme a él se reconocen. Al respecto se ha expuesto, que los 20 años de servicios a los que se refiere el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 no necesariamente deben ser al sector público, siendo acumulable el tiempo laborado en el sector privado, toda vez que la única condición impuesta por el legislador es que de los 20 años por lo menos 10 hayan sido al Ministerio Público. Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, sin que sea dable al Fondo de Pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son inseparables.

En efecto, en Sentencia T-631 de 2002 con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, esta corporación se pronunció acerca del cálculo del monto de pensión referido en el Decreto 546 de 1971 en un caso en el que la Caja Nacional de Previsión Social reconocía y liquidaba la pensión de un funcionario del Ministerio Público conforme al régimen especial aplicable, pero al momento de determinar el monto de su pensión, aplicaba el porcentaje estipulado en el artículo 6º de decreto, a la base de liquidación señalada en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En esa oportunidad se dijo:

“(…) Es imposible desvertebrar el efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del Decreto 546 de 1971 y la base reguladora es la señalada en la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, el ingreso base de liquidación (ILB) fijado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo tiene aplicación específicamente para lo allí indicado y en el evento de que en el régimen especial se hubiere omitido el señalamiento de la base reguladora. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. Además, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971”.

En cuanto al cálculo de la asignación mensual más elevada de la que habla el artículo 6º del decreto tantas veces referido, deben tenerse en cuenta los factores salariales de los que habla el artículo 12 del Decreto 717 de 1978(16) e, igualmente, la excepción expresa contenida en el artículo 9º del Decreto 546 de 1971 que dispone que para liquidar las pensiones “no se incluirán los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente y se hayan recibido, dentro de los citados tres años, durante un lapso continuo de seis meses o mayor” (lo resaltado en los párrafos es ajeno al texto original).

Por su parte el Consejo de Estado en su profusa jurisprudencia, forjada desde hace considerable tiempo, en casos en los que está de por medio, en virtud del régimen de transición, el respeto al régimen especial de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público consagrado en el Decreto 546 de 1971, tiene depurada una óptica en la materia, que encaja con lo que ha delineado la Corte Constitucional, tal como lo hizo en sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 25 de noviembre de 2010(17), por citar una de tantas, en la que dice:

“Según el artículo 7º del Decreto 546 de 1971, la pensión de jubilación para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público se liquidará en la forma establecida para los empleados de la Rama Administrativa del poder público, salvo que hubieren prestado sus servicios en alguna de las entidades señaladas, por lapso no inferior a diez años, caso en el cual la asignación mensual será equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el último año de servicios.

Respecto del alcance del vocablo “asignación”, dijo la Sala:

“…Por él ha de entenderse todo lo que el servidor percibe a título de salario, es decir, lo que constituye retribución por sus servicios. El artículo 12 del Decreto 717 de 1978 que señala los factores salariales para la Rama Judicial y el Ministerio Público prescribe:

“Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios”.

De acuerdo con lo anterior, debe darse aplicación al principio general y por ello ha de entenderse que la “asignación mensual más elevada” para determinar la base de la liquidación de la pensión mensual de jubilación de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público incluye tanto la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba como retribución de sus servicios.

Así, constituyen en este caso factores salariales, todos aquellos expresamente señalados por los decretos 717 —artículo 12— y 911 de 1978 artículo 4º; además, como quedó dicho, las mismas disposiciones preceptuaron claramente que además de la asignación básica mensual legal para cada empleo, constituyen factores de salario “todas las sumas que habitual y periódicamente” reciba el servidor a título de retribución por sus servicios.

El Decreto 717 de 1978, modificado por el Decreto 911 del mismo año preceptúa:

“ART. 12.—Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación;

b) La prima de antigüedad;

c) El auxilio de transporte;

d) La prima de capacitación;

e) La prima ascensional;

f) La prima semestral, y

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleado en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”.

De manera que son estos y no los señalados en las normas reglamentarias de la Ley 100, los factores que debió considerar la entidad para liquidar la base salarial de la pensión de la parte actora”(18).

Como quedó visto, el derecho pensional del actor se consolidó bajo el régimen especial contemplado en el Decreto 546 de 1971, por ende, la pensión debe conservar sus características sustanciales, sin que sea dable alterar los elementos que la hacen “especial”.

Como lo ha expresado esta corporación en reiterada jurisprudencia(19), la aplicación del régimen anterior incluye el atinente a la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, pues son de su esencia. Si se altera alguno de esos presupuestos se desconoce dicho beneficio, por lo que al establecer la cuantía de la pensión con base en otras disposiciones, se afecta el monto de la pensión y de paso se desnaturaliza el régimen.

Consolidado, entonces, el derecho pensional bajo el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, no resulta procedente acudir al texto general, no sólo por respeto al principio de inescindibilidad de la norma, sino porque ninguna disposición prevé tal posibilidad.

La Ley 100 de 1993, es una norma de carácter general que en ninguna de sus disposiciones previó la aplicación de tope o límite para las pensiones especiales. De igual manera, la norma especial no estableció límite alguno, por el contrario, de manera expresa señaló que las pensiones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público se liquidarían en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio.

Se concluye entonces que los beneficiarios del régimen especial no están sometidos a los denominados topes pensionales de que tratan los artículos 18 y 20 de la Ley 100 de 1993 y 5º y 7º de la Ley 797 de 2003, porque la norma especial aplicable no lo establece”(20).

Con los elementos de juicio que emergen de los aspectos probados y del marco jurídico anotado, en virtud de las precedentes referencias jurisprudenciales, se asume la resolución del presente asunto.

El caso concreto

Lo primero que debe anotarse es que no hay discusión, pues así está admitido por la accionada en los actos que se demandan y emerge de la prueba obrante, que la fallecida, doctora Gloria Teresa Tacha Pardo, era beneficiaria del régimen de transición en las condiciones del inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y como hasta el momento que ocurre su muerte había laborado en la Rama Jurisdiccional —por espacio de más de 20 años—, ejerciendo como último cargo el de Juez 36 Civil Municipal de Bogotá, D.C. (fl. 26, tomo II), significa que su pensión de jubilación era obligatorio reconocerla y liquidarla en las condiciones del régimen especial que aplica para los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público, pues cumplía con creces la exigencia consagrada en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971.

Ahora, igualmente está probado que la entidad demandada, en vez de aplicar en forma íntegra el régimen especial, para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de la doctora Tacha Pardo bajo la regla del artículo 6º del citado decreto, según el cual el monto de su pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más alta que hubiere devengado en el último año de servicio, lo que hizo fue aplicar lo dispuesto en el marco general contenido en la Ley 100 y su Decreto Reglamentario 1158 de 1994, y promediando lo devengado por la causante durante los últimos diez (10) años, lo que a todas luces, si tenemos en cuenta la posición que ha sido constante y pacífica del Consejo de Estado, al igual que las apreciaciones que tiene sentada la Corte Constitucional, es una posición que contraría el marco legal, tipificándose lo que ha denominado la Corte como una vía de hecho por defecto sustantivo, al desconocer, sin justificación objetiva, la protección de sus expectativas legítimas con base en el régimen especial que la amparaba.

Como quedó anotado en precedencia, esta corporación tiene decantado, al igual que la Corte Constitucional, que el concepto asignación o salario para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a quienes cobija las previsiones del Decreto-Ley 546 de 1971, lo constituyen los conceptos consignados en el Decreto 717 de 1978, que establece en su artículo 12, algunos factores de salario, mas debe tenerse en cuenta que allí se consagra una regla general, conforme a la cual, además de la asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores salariales todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.

Vale decir que la asignación mensual —para estos efectos— comprende no sólo el salario básico del cargo, sino todos los factores reconocidos y pagados en el mes como retribución del servicio, a la vez que aquellos que se adquieren proporcionalmente por el trabajo en el mes, salvo los excluidos por ley para esta finalidad, según repetidamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la alta corporación(21), sumado en lo particular lo prescrito en el artículo 9º del Decreto 546 de 1971, que dispone que para liquidar las pensiones “no se incluirán los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente”.

Así las cosas, lo primero que corresponde determinar a la entidad accionada, es el último año de servicios que se tendrá en cuenta y después, el mes de la asignación más elevada, para determinar, respecto de él, los factores “devengados” y certificados que sean relevantes (no excluidos para estos efectos según la normatividad), como pueden ser el sueldo mensual, los factores salariales mensuales y los porcentajes de aquellos factores no mensuales computables. Ahora, el último año de servicio en el caso de la doctora Gloria Tacha Pardo, comprende del 8 de noviembre de 2002 al 8 de noviembre de 2003, porque falleció el 9 de noviembre siguiente.

Y para determinar el mes de retribución más alto del último año, cuando existen meses o períodos de ese año que tienen remuneraciones diferentes, respecto de los que corresponda, se debe tener en cuenta el valor recibido por concepto de factores mensuales computables, a los cuales se agrega el valor de la parte proporcional de los factores no mensuales computables. El que resulte con un total más elevado será el que se debe tener en cuenta para este cometido.

Para la Sala no tiene discusión que como Cajanal en la Resolución 5713 del 8 de febrero de 2006, liquidó la pensión post mortem de la doctora Gloria Teresa Tacha Pardo sin aplicar el Decreto 546 de 1971 y, a su vez, por medio de la misma resolución dispuso reconocerla y pagarla, como pensión de sobreviviente, al señor Alfonso Eslava Ruíz, en su condición de cónyuge supérstite, con efectos fiscales a partir del 10 de noviembre de 2003, él estaba más que legitimado para reclamar la reliquidación de la misma, tal y como lo hizo el 18 de abril de 2007.

Teniendo en cuenta el marco jurídico y jurisprudencial, contrastado con los hechos y lo probado, para esta Sala no hay margen de duda que los actos demandados, las resoluciones 25618 del 10 de junio de 2008, por medio de la cual la entidad accionada negó la reliquidación de la pensión post mortem de Gloria Teresa Tacha Pardo, y PAP 031004 del 22 de diciembre 2010, por la cual se decide el recurso de reposición y confirma la anterior, son violatorias del marco legal especial que correspondía aplicar, motivo por el cual serán anuladas y se ordenará reliquidar la pensión, en las condiciones expuestas.

Esta colegiatura no pasa por alto la confusión en que incurre el tribunal, cuando inexplicablemente desvía el núcleo del debate hacia los artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, que en nada concierne al problema jurídico que correspondía dilucidar, amén que en el texto de su decisión, cuando detalla el acervo probatorio (fl. 77, cdno. ppal.), afirma que de los folios 22 a 28 aparece certificación de factores salariales, devengados por la causante “durante el periodo ocurrido entre el 23 de abril de 2008 al 23 de abril de 2009”, situación físicamente imposible porque la doctora Tacha Pardo falleció el 9 de noviembre de 2003. Por ello se hace un respetuoso llamado para que se tenga mayor cuidado.

En este orden de ideas se impone la confirmación del artículo primero de la parte resolutiva de la decisión del a quo, que declaró no probadas las excepciones propuestas, y la revocatoria del artículo segundo de la misma, que niega las pretensiones de la demanda: en su lugar esta Sala declarará la nulidad de los actos demandados y, como consecuencia de ello, a título de restablecimiento se ordenará a la entidad demanda reliquidar la pensión post mortem dispuesta en la Resolución 5713 del 8 de febrero de 2006, aplicando el régimen especial del Decreto 546 de 1971, en armonía con lo consagrado en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y las precisiones realizadas por esta colegiatura, teniendo en cuenta la certificación de sueldos devengados y que quedó reseñada en el acápite de aspectos probados, reconociendo el mayor valor que surja entre lo que ha venido pagando y la suma que resulte de la reliquidación, a partir del 10 de noviembre de 2003; el monto que arroje la diferencia deberá ser actualizado, aplicando la siguiente fórmula, que de antaño tiene establecida el Consejo de Estado:

7nnn
 

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde al mayor valor que resulte de la reliquidación, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago). Y por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes.

Prescripción

En el caso bajo examen no se configura este fenómeno jurídico, teniendo en cuenta que entre la fecha en que se hizo exigible el derecho del actor y la fecha en que éste presentó reclamo, no transcurrieron más de tres (3) años, término consagrado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

No se condena en costas a la accionada, conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, porque no se vislumbra que haya actuado con temeridad o mala fe.

Decisión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el artículo primero de la sentencia del4 de septiembre de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró no probadas las excepciones planteadas.

2. REVÓCASE el artículo segundo de la sentencia del 4 de septiembre de 2012, de la Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por el señor Alfonso Ruíz Eslava contra la Caja Nacional de Previsión Cajanal EICE en liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. En su lugar:

3. ANÚLANSE los efectos jurídicos de las resoluciones 25618 del 10 de junio de 2008 y PAP 031004 del 22 de diciembre 2010, a través de las cuales la entidad accionada negó la reliquidación de la pensión post mortem de la doctora Gloria Teresa tacha Pardo (q.e.p.d.), conforme lo considerado en la parte considerativa.

4. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE, en liquidación, reliquidar la pensión post morten contenida en la Resolución 5713 del 8 de febrero de 2006, otorgada al señor demandante como pensión de sobreviviente de su fallecida cónyuge, aplicando el régimen especial establecido en el Decreto 546 de 1971, para lo cual debe tomar como referencia la asignación mensual más elevada que hubiere devengado la causante entre el 8 de noviembre de 2002 y el 8 de noviembre de 2003, e indexar el mayor valor que resulte de la reliquidación, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveído.

5. El cumplimiento de la presente decisión debe hacerse en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y le corresponde hacerlo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Recursos Parafiscales de Protección Social —UGPP—, como sucesora procesal de Cajanal EICE en liquidación, tal y como quedó aceptado en auto del 18 de julio de 2013, visible a folio 134.

6. Reconocer personería jurídica para actuar el representación de la UGPP, al doctor Camilo Enrique Álvarez Hernández, identificado con C.C. 1.032.360.232 y T.P. 179.821, conforme poder que le fue sustituido por el doctor Carlos Arturo Orjuela Góngora, que obra a folio 132.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(11) El dato de la experiencia laboral y su último cargo, coincide con certificación expedida el 20 de enero de 2005, por la jefatura de la división de recursos humanos de la dirección ejecutiva seccional de la administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura, visible a folio 15, tomo II.

(12) A folio 42 del tomo II se ve registro civil de defunción de la señora Tacha Pardo, del cual se tiene que murió el 9 de noviembre de 2003.

(13) Y conforme certificación de la misma fecha, expedida por la misma instancia, de los sueldos cancelados correspondientes al 2002, que obra a folio 17 tomo ll, se dice:

“Año 2002

Período del 1º de enero al 31 de diciembre

Cargo juez municipal

Despacho Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá, D.C.

Sueldo básico mensual $ 2.121.530

Prima especial $ 636.459

Bonificación por servicios $ 742.536

Prima de servicios $ 1.091.704

Prima de vacaciones $ 1.137.192

Prima de navidad $ 2.369.212

Descuentos de ley último mes

Cajanal pensión $ 71.602

Cajanal salud $ 81.861

Fondo de Solidaridad Cajanal $ 21.215”

(14) Cita en sentencia de tutela: “Corte Constitucional, Sentencia C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.

Ver, de igual, la Sentencia T-080 de 2013, en la que dice la Corte:

“Esta Sala,… entiende que la existencia del régimen de transición es en sí misma una manifestación del principio de favorabilidad, pues permite a las personas pensionarse conforme a un régimen que, aunque desapareció con la Ley 100, en virtud del régimen de transición tiene efectos ultractivos para quienes se encontraban afiliados a él y, por tanto, tenían una expectativa legítima de pensionarse según sus reglas. En este orden de ideas, el régimen de transición permite, en el marco de una transición normativa, aplicar de forma ultractiva una reglamentación que es más favorable al trabajador”.

(15) Cita de la sentencia de tutela: “Al respecto ver Sentencias T-251 de 2007, T-631 de 2002, T-158 de 2006, T-751 de 2002, entre otras”.

(16) Cita de la sentencia de tutela: “(…) además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba le funcionario y empleado como retribución por sus servicios. Son factores de salario: Los gastos de representación. a) La prima de antigüedad, b) el auxilio de transporte, c) la prima de capacitación, d) la prima ascensional, e) la prima semestral y f) los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”.

(17) Radicado interno 1041-09, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Actor: Jorge Ortiz Rubio. Ddo.: Caja Nacional de Previsión Social.

(18) Cita en la providencia citada: “Sentencia del 29 de abril de 2010, expediente 25000232500020040273201 (1731-07), actor: Carlos Ernesto González Corredor, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero”.

(19) Cita en la decisión citada: “Sentencias del 8 de junio y 21 de septiembre de 2000, expedientes 2729 y 470, magistrados ponentes: Alejandro Ordóñez Maldonado y Nicolás Pájaro”.

(20) Cita en providencia citada: “Ver sentencias de 21 de septiembre de 2000, expediente 470-99, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda y de 22 de noviembre de 2007, expediente 9567-05, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado”.

(21) Como son la indemnización de vacaciones o la bonificación de recreación. Al respecto se puede consultar, entre otras, sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 4 de agosto de 2010, radicado interno 0112-09, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.