Sentencia 2011-00594 de agosto 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 410012331000201100594-01

Radicado interno: 2011-0594

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Luis Iván Sandoval

Demandado: concejales del municipio de Neiva

Acción de nulidad electoral

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 231 y 250 del Código Contencioso Administrativo(8), esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación propuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila.

2. Del asunto objeto de debate.

Corresponde a la Sala determinar en primer lugar si como lo estima el apelante la sentencia cuestionada dejó de resolver los cargos que planteó en la demanda y si por este motivo el fallo es incongruente. Superado tal examen, debe decidirse si los 911 votos que obtuvo el candidato registrado bajo el número 11 del partido Cambio Radical al Concejo municipal de Neiva y que se sumaron a los registrados como válidos para el total de los contabilizados a este partido político, lo beneficiaron ilegalmente. Lo anterior porque el actor alega que hubo coexistencia de candidatos e ilegalidad de la inscripción identificada con el número 11 de ese partido político. Asegura que esta situación generó un engaño al electorado y produjo que al sumarse dichos votos obtuviera el partido una curul más de las que legalmente podía alcanzar.

3. Cuestión previa.

Antes de examinar las razones en que el demandante funda la impugnación se hace necesario precisar los siguientes aspectos que clarifican las especificidades y la naturaleza especial que reviste la presente controversia.

• El acto demandado es el formulario E-26 CO contentivo de la declaración de elección de los concejales del municipio de Neiva, período 2012-2016.

• La admisión de la demanda le fue notificada a todos los candidatos elegidos, debido a que la irregularidad que planteó el actor podría afectar el resultado electoral y por tanto, la distribución de las curules.

• La acción electoral procede para controlar la legalidad del acto de elección, por vicios en su formación que incluyen los trámites previos, como lo es el acto de inscripción de las candidaturas. La situación que informa la presente demanda solo es posible ventilarla en el escenario del contencioso electoral, incluso cuando el candidato al cual se le reprocha la ilegalidad de su participación y de los votos que obtuvo, no resultó elegido, pues en todo caso el acto que demanda es precisamente el declaratorio de la elección.

Al respecto la Sala ha precisado:

“(...) como se ha sostenido en diversas oportunidades, la inscripción de un candidato no es un acto susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa de manera autónoma en ejercicio de ninguna acción, porque tiene la naturaleza de acto de trámite o preparatorio, anterior a la elección. Por el contrario, tal como lo preceptúa el artículo 229, en concordancia con el numeral doceavo (sic) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el acto que debe demandarse en ejercicio de la acción electoral es precisamente el acto por medio del cual la elección se declara”(9).

• La alegación del demandante que considera viciado de nulidad el acto de elección, consiste en que no podían contabilizarse en el total de votos del partido Cambio Radical, aquellos que obtuvo el señor Pérez Sánchez, pues en realidad este no tenía la condición de candidato válidamente inscrito.

• El proceso de nulidad electoral se tramitó bajo el entendido que los cargos alegados se enmarcan en una causal de “carácter objetivo”. Y aunque la demanda se apoye en la causal 5 del artículo 223 que corresponde a “(...) Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos”. la cual es de índole subjetivo, lo cierto es que en este caso la que se alega en la demanda no tiene esta naturaleza pues la censura no recae sobre la falta de algún requisito de elegibilidad por parte del señor Joaquín Guillermo Pérez, o en que estuviera inhabilitado, sino en la situación especial de considerar que la inscripción de su aspiración en reemplazo de la del señor Ricardo Mosquera Cárdenas, carecía de validez, razón por la cual los votos que recibió no podían contar para el resultado final obtenido por el partido.

• Así, el tribunal a quo acertó al encauzar la demanda bajo el trámite del contencioso electoral y al predicar que la causal de nulidad atribuible al acto tenía el carácter de objetiva.

• Corolario de todo lo anterior, como el hecho que el actor acusa de irregular fue en la etapa pre electoral de inscripciones al no haberse presentado durante el proceso de votación ni de escrutinios, no era exigible el presupuesto procesal de la acción relativo al agotamiento del requisito de procedibilidad.

4. Del caso concreto.

La apelación se circunscribe, como ya se dijo, a una situación que acaeció en la etapa pre electoral, correspondiente a la inscripción de candidaturas del partido Cambio Radical de los aspirantes a concejales del municipio de Neiva. Al respecto de este punto obran en el plenario las siguientes acreditaciones:

• Formulario E-6CO de la Registraduría Nacional del Estado Civil denominado: “Solicitud para la inscripción de lista de candidatos y constancia de aceptación de candidatura”, que da cuenta de la inscripción de los candidatos por parte del partido Cambio Radical en el departamento del Huila, para el concejo municipal de Neiva. La lista que se inscribió se hizo bajo la opción de voto preferente y en el reglón 11 se registró al señor Ricardo Mosquera Cárdenas. La fecha de esta inscripción data del 10-08-2011(10).

• Resolución 1816 del 15 de septiembre de 2011, dictada por el Consejo Nacional Electoral “Por la cual se decide sobre la petición de revocatoria de la inscripción de la candidatura de algunos ciudadanos avalados para las elecciones que se celebraran el 30 de octubre de 2011. Radicado 7126-11”. Revoca la inscripción de los ciudadanos relacionados en dicho acto, entre ellos, el señor Ricardo Mosquera Cárdenas(11).

• Formulario E-7CO de la Registraduría Nacional del Estado Civil denominado: “Solicitud de modificación de lista de candidatos y constancia de aceptación de candidatura”. En este documento el partido Cambio Radical modificó la lista de candidatos al Concejo del municipio de Neiva bajo la opción de voto preferente y en el reglón 11 registró el cambio del candidato Ricardo Mosquera Cárdenas por el del candidato Joaquín Guillermo Pérez Sánchez. El motivo que se señaló de tal modificación fue: inhabilidad. La fecha de la modificación de la lista es del 30-09-2011(12).

• Formulario E-8CO de la Registraduría Nacional del Estado Civil denominado: “Lista definitiva de candidatos al Concejo”. En este documento se certifica que el partido Cambio Radical en el departamento del Huila, municipio de Neiva, inscribió la lista de sus candidatos bajo la modalidad de voto preferente y que en el reglón 11 registró como candidato el señor Joaquín Guillermo Pérez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 7.696.417(13).

• Fallo de tutela proferido el 14 de octubre de 2011 en primera instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Segunda de Decisión Laboral, por medio del cual se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del señor Ricardo Mosquera Cárdenas.

Según esta providencia la solicitud de amparo constitucional que presentó el tutelante señor Ricardo Mosquera Cárdenas contra el Consejo Nacional Electoral y el partido Cambio Radical, se sustentó en las siguientes peticiones:

“i) Se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto a través del cual se avocó el conocimiento dentro del trámite de revocatoria de la inscripción como candidato, el que fue adelantado ante el Consejo Nacional Electoral bajo el radicado 7126-11;

ii) Se ordene al Consejo Nacional Electoral disponer la inclusión por el Registrador Nacional del Estado Civil, del nombre del actor como candidato al Concejo de Neiva por el partido Cambio Radical;

iii) Se ordene al Consejo Nacional Electoral la notificación en debida forma del señor Ricardo Mosquera Cárdenas del inicio del proceso de revocatoria de la inscripción; y

iv) Se ordene al partido Cambio Radical mantener el aval dado al señor Mosquera Cárdenas como candidato al Concejo Municipal de Neiva por el período constitucional 2012-2015”.

Y el contenido de la parte resolutiva de la sentencia de tutela fue del siguiente tenor:

“Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de Ricardo Mosquera Cárdenas, vulnerados por el Consejo Nacional Electoral, conforme se explicó.

Segundo. Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del trámite de revocatoria de inscripción de candidatura adelantado contra el señor Ricardo Mosquera Cárdenas por el Consejo Nacional Electoral, inclusive, desde el auto que avocó conocimiento de la solicitud presentado por el partido político Cambio Radical, inclusive.

Tercero. Ordenar al señor magistrado del Consejo Nacional Electoral Dr. Carlos Ardila Ballesteros, o quien haga sus veces dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, rehacer el trámite de revocatoria contra el accionante, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

Cuarto. Denegar el amparo invocado en la presente acción contra el partido Cambio Radical Colombiano, de acuerdo con las consideraciones anteriores”.

• La decisión del fallo de tutela para no conceder el amparo que el señor Ricardo Mosquera Cárdenas reclamó frente al partido Cambio Radical que consistía en obligarlo a que mantuviera el aval que inicialmente le otorgó como candidato al Concejo Municipal de Neiva, (pretensión que fue expresamente denegada en el fallo) se soportó en que “la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral, excluyó al accionante del tarjetón como candidato, y el partido político inscribió a otro ciudadano con su número”(14). Además, se dijo:

“(...) De esta forma lo ha expresado el Consejo de Estado en la sentencia de tutela proferida el 18 de noviembre de 1994, en el expediente con radicación AC- 2196, que si la facultad de avalar la inscripción del candidato corresponde por mandato legal a la directiva del partido o movimiento al que este pertenezca, su revocatoria será igualmente potestativa de dicha colectividad política a través de su representación legal.

Por lo tanto, no encuentra la Sala que el partido Cambio Radical Colombiano haya vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la facultad para retirar los respaldos—por motivos de interés general del partido—, además de ser un acto consentido por el candidato de acuerdo con la declaración juramentada que suscribe, flaquean la obligación de iniciar procedimiento especial para el efecto en el que se deba comunicar su decisión al interesado”.

• Resolución 3074 del 22 de octubre de 2011, proferida por el Consejo Nacional Electoral “Por la cual se acata el fallo de tutela proferido a favor del ciudadano Ricardo Mosquera Cárdenas”. En esta decisión se resuelve: “Dejar sin efecto lo decidido por esta Corporación en la Resolución 2090 de 2011, únicamente frente al señor Ricardo Mosquera Cárdenas” y “Ordenar al magistrado sustanciador (...) rehacer las actuaciones en la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Ricardo Mosquera Cárdenas”(15).

• Aunque no se encuentra como material probatorio que obre en el proceso, la Sala estimó oportuno verificar en la página de la rama judicial(16) información sobre si el fallo de tutela que presentó el señor Ricardo Mosquera Cárdenas fue objeto de impugnación y la decisión que al respecto se adoptó. De dicha consulta se encontró que: i) la impugnación la formuló el Consejo Nacional Electoral y ii) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resolvió mediante sentencia del 6 de diciembre de 2011: “Revocar el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas”(17).

• Copia auténtica de la “Guía electoral Concejo de Neiva, elecciones del 30 de octubre de 2011” en el que consta y se certifica que el candidato del partido Cambio Radical identificado con el número 11 fue el señor: Joaquín Guillermo Pérez Sánchez(18).

A partir del recuento de estas pruebas relevantes, la Sala aborda el estudio de la apelación, así:

4.1. De la congruencia de la decisión que se revisa.

El actor estima que la sentencia del tribunal no analizó en forma íntegra y completa los tres cargos que de manera independiente formuló.

La congruencia está definida en el Código de Procedimiento Civil(19) como un principio que obliga al juez a que en sus decisiones se limite a resolver lo que ha sido objeto de petición, estándole vedado pronunciarse respecto de aquello que no se le ha solicitado (fallo extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita).

Así lo ha explicado la Corte Constitucional:

“(...) es un principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la decisión. Es decir, el juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos. Y es su obligación explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de las pretensiones. También se ha establecido por la doctrina y la jurisprudencia, que no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace, por sí misma incongruente una sentencia. Al respecto, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil”(20).

Para la Sala la acusación del apelante no es de recibo pues el hecho que en el sub examine no se hubiese accedido a las pretensiones que reclama, en manera alguna es razonamiento válido para aseverar que el a quo no abordó íntegramente el desarrollo y decisión sobre el concepto de violación de la demanda.

Si bien el tribunal no desarrolló por separado cada uno de los cargos que propuso el actor, sino que los asumió como un todo, se pronunció sobre la integralidad del problema jurídico que envuelven las censuras de la demanda.

4.2. Del examen de los motivos que sustentan la apelación.

Las alegaciones que sustentan la apelación radican en insistir en que procede declarar probados los vicios de nulidad que la demanda le endilga al acto de elección.

• De la inscripción válida para las elecciones del Concejo Municipal de Neiva

De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, se acreditó:

• Que si bien el partido Cambio Radical inicialmente inscribió al señor Ricardo Mosquera Cárdenas como candidato avalado por dicha colectividad para integrar la lista de aspirantes al Concejo Municipal de Neiva, su inscripción fue objeto de posterior modificación que el mismo partido político tramitó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del formulario E-7CO en el cual, por disposición de esta organización política el inicialmente inscrito señor Mosquera fue sustituido por el ciudadano Joaquín Guillermo Pérez Sánchez, tal como quedó en la lista definitiva de candidatos (formulario E-8CO), y como fue dado a conocer a los ciudadanos en la “Guía electoral Concejo de Neiva”.

• Entonces, la calidad de candidato identificado con el número 11, habilitado para participar en los comicios electorales celebrados el 30 de octubre de 2011 por estar inscrito por el partido Cambio Radical, únicamente la tuvo el señor Pérez Sánchez.

• El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva cuando resolvió la tutela que ejerció el candidato Mosquera contra el Consejo Nacional Electoral, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del tutelante, más no impuso orden alguna a acatar por parte del partido Cambio Radical de retrotraer la actuación que desarrolló ante la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando inscribió al candidato Joaquín Guillermo Pérez Sánchez, ni le impuso revivir la vigencia de la inicial inscripción del señor Mosquera Cárdenas. Por el contrario, el juez de tutela de manera expresa negó el amparo frente a esta solicitud. Para tal efecto, consideró que avalar o no a un candidato es discrecional del partido en cuyo campo de acción privativo no puede incursionar el juez.

• En consecuencia, no le asiste razón en su afirmación de que los efectos del fallo de tutela, retrotrajeron la nueva inscripción de Joaquín Guillermo Pérez Sánchez como candidato al Concejo de Neiva, que llevó a cabo el partido político Cambio Radical. Una determinación en tal sentido, se repite, no fue adoptada por el juez de tutela que ningún pronunciamiento ni orden alguna en tal sentido impartió ni al partido Cambio Radical, ni tampoco a la Registraduría Nacional del Estado Civil(21). Además, como antes se advirtió, el amparo de tutela que en primera instancia se otorgó al señor Ricardo Mosquera Cárdenas fue revocado por la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral y, en su lugar, decidió que la solicitud de tutela era improcedente.

• De otro lado, la Sala además destaca que el accionante es contradictorio en su alegación pues, de una parte, reclama que se conceda validez a la primera inscripción, pero a la vez, señala que esta también es ilegal debido a que el señor Ricardo Mosquera Cárdenas estaba incurso en inhabilidad en razón a la condena penal impuesta en su contra.

• Está claro que la modificación de la inscripción de candidatos al Concejo municipal de Neiva que se produjo el día 30 de septiembre de 2011(22), se cumplió por el partido Cambio Radical en el escenario propio que rige los ajustes a las listas de inscritos. Incluso el propio apelante reconoce la inhabilidad del señor Mosquera Cárdenas, razón que condujo a que el partido Cambio Radical cumpliera esta actuación modificatoria de lista. Se reitera que el fallo de tutela dejó incólume esta actuación del partido Cambio Radical.

• De esta manera no le asiste razón al actor frente a sus reproches respecto de la modificación a la inscripción de candidaturas por el partido Cambio Radical al Concejo municipal de Neiva que llevó a cabo esta colectividad política.

• Entonces, se concluye que la participación del señor Joaquín Guillermo Pérez Sánchez en los comicios electorales se produjo legítimamente en condición de candidato, originada en el ejercicio de una potestad discrecional que la Ley 1475(23) de 2011(24), le fijó a los partidos políticos, en el sentido de poder modificar las listas, dentro del plazo allí establecido cuando advierta que los candidatos inicialmente avalados estaban incursos en inhabilidad, o que no cumplían los requisitos constitucionales y legales(25).

En cuanto al planteamiento de la censura que informa el segundo cargo, relativa a que no podía contabilizársele al partido Cambio Radical la votación que obtuvo la opción 11 de dicha colectividad en favor del señor Ricardo Mosquera Cárdenas, debido a que este se hallaba inhabilitado, se explica:

• No tiene asidero tal alegación pues, se repite, fue la candidatura del señor Joaquín Guillermo Pérez Sánchez la que contó con la consolidación y permanencia de la inscripción válida fundada en la cual este participó en la contienda electoral y que produjo todos los efectos legales ante las autoridades electorales y ante los ciudadanos electores. Por tal razón los votos depositados por este candidato podían ser válidamente sumados al partido Cambio Radical para efectos de obtener la distribución de curules.

• Ahora bien, el hecho que con la demanda se acompañaran fotografías(26) que muestran que el primero de los candidatos inscritos: el señor Ricardo Mosquera Cárdenas, publicitó su campaña al Concejo de Neiva bajo el número 11 del partido Cambio Radical, al igual que también lo hizo luego aquel que lo reemplazó en tal inscripción, señor Joaquín Guillermo Pérez, a partir de la modificación a la lista, ello no significa que mantuviera legitimidad la primera inscripción, pues feneció en virtud del trámite de modificación de la inscripción que cumplió el partido Cambio Radical ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que produjo todos los efectos jurídicos.

• Por lo tanto, no resultó probado el reproche atinente a que en la contienda electoral el partido Cambio Radical se presentara con veinte (20) candidatos. Lo hizo con el cupo numérico previsto según la integración de la corporación popular a elegir(27), esto es, diecinueve (19) candidatos, como se certifica en el formulario E-8CO, visible al folio 82 del expediente.

• Lo anterior, evidencia que la violación que sustenta el tercer cargo que alega el apelante no se presentó. La ciudadanía tuvo ilustración oportuna acerca de los partidos políticos y movimientos que oficialmente participaban como inscritos definitivos para las elecciones al Concejo de Neiva avalados por el partido Cambio Radical. No está acreditado que la etapa preelectoral y electoral desatendieran las previsiones que impone el artículo 258(28) superior. En el documento denominado “guía electoral” producida y promulgada por la Registraduría Nacional del Estado Civil figura como candidato inscrito identificado en el tarjetón con el Nº 11 del partido Cambio Radical, el señor: Joaquín Guillermo Pérez Sánchez (fl. 417).

En este orden de ideas, las anteriores consideraciones son motivo suficiente para despachar negativamente los argumentos de la apelación, lo cual impone confirmar la decisión del a quo, de no acceder a las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta decisión, vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Normas vigentes para el momento de la presentación de la demanda.

(9) Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Auto del 20 de noviembre de 2003. Radicación 25000-23-24-000-2003-00781-01(3163). Actor: Ninfa Inés Andrade Navarrete.

(10) Folios 78-79, expediente.

(11) Folios 324-348 del expediente.

(12) Folios 80-81 del expediente.

(13) Folio 82 del expediente.

(14) Folio 388 del expediente.

(15) Folios 76-77 del expediente.

(16) http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/

(17) Fueron fundamentos de la decisión, los siguientes: “La reclamación constitucional presentada por el accionante, tenía como fin primordial garantizarle la posibilidad de ser elegido como concejal de la ciudad de Neiva para el período 2012 -2015, en las elecciones que se celebraron el pasado 30 de octubre de 2011, amén de que a su juicio no se le respetaron sus garantías en el proceso que se adelantó para la revocatoria de su aval.

No obstante lo anterior, y contrario a lo dicho por el Tribunal Superior de Neiva, estima esta Sala que la acción constitucional deviene en improcedente, por cuanto esas discrepancias debió ventilarlas en los espacios correspondientes, y no a través de este excepcional mecanismo, de lo adosado al plenario se advierte que la petición de revocatoria directa que elevó y de la que obra copia (fls. 39 a 44), era uno de los cauces por los que debía ventilarse el asunto, y no a través de este restringido medio, que en modo alguno puede soslayar las herramientas previstas para la resolución de los asuntos, y por tanto aquel es el escenario propicio para que ello acontezca. Lo dicho es suficiente para revocar el fallo impugnado”.

(18) Folio 417 del expediente.

(19) ART. 305.—Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

(20) Sentencia T-592 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(21) Decreto 2241 del 15 de julio de 1986 “Por el cual se adopta el Código Electoral”. ART. 26. —El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones: (...) 2. Organizar y vigilar el proceso electoral.

(22) Según se aprecia del formulario E-7CO de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 80-81, Exp.).

(23) Que entró a regir el 14 de julio de 2011, esto es, con anterioridad a la modificación de la inscripción que se estudia en este caso, que se realizó el 30 de septiembre de 2011.

(24) ART. 31.—Modificación de las inscripciones. La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular solo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su reemplazo.

La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente.

(25) Al respecto debe decirse que la Corte al examinar la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, señaló: “El artículo que es objeto de examen no presenta reparos de constitucionalidad, toda vez que en desarrollo de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, enuncia unos eventos en los cuales razonablemente es posible admitir una modificación reglada a la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular. Los preceptos analizados respetan así mismo los presupuestos básicos que ha establecido la jurisprudencia como necesarios para que la modificación salvaguarde los derechos del elector, los de la colectividad política postulante y los intereses del Estado de evitar traumatismos en los procesos electorales. En efecto, frente a las diferentes hipótesis excepcionales en las que se autoriza la modificación de la inscripción, se prevén unos términos; se respeta la titularidad de los postulantes, presupuesto este que se deduce del inciso final del artículo que establece que: “La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente, o por conducto de los inscriptores ante el funcionario electoral correspondiente”. Debe tratarse adicionalmente, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de listas o candidatos únicos. Por las consideraciones expuestas, la Corte declarará la exequibilidad integral del artículo 31 del Proyecto la Ley Estatutaria objeto de revisión”.

(26) Folios 186-190 del expediente.

(27) Lo anterior de conformidad con el artículo 263 constitucional: “Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección (...)”.

(28) ART. 258.—<Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos (...)” (resaltado fuera del texto).