Sentencia 2011-00595 de abril 2 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 660011102000-2011-00595-01

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Registro proyecto: 1º de abril de 2014

Aprobado según acta de Sala Nº 23 del 2 de abril de 2014

Referencia: Juez de paz en consulta

Denunciado: Mario Antonio Agudelo Sánchez

Denunciante: Graciela Bedoya Medina

Primera instancia: Sanciona con suspensión de 2 meses

Decisión: Confirma

Prescripción: 17 de octubre de 2016

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. De la competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996, corresponde a esta colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas.

2. De la nulidad.

Conforme a lo previsto en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, constituyen causales de nulidad: i) la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo; ii) la violación del derecho de defensa del investigado; iii) la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Ahora bien, de conformidad con el criterio de trascendencia la jurisprudencia constitucional aplicable en materia penal y, por extensión, en materia sancionatoria, ha considerado que “la nulidad no puede solicitarse simplemente en defensa de la ley, es indispensable demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento”(29). En ese orden de ideas, como lo ha ratificado esta corporación, la declaratoria de la nulidad “se encuentra orientada a que se corrijan errores prominentes en la tramitación del proceso y en el tratamiento del disciplinado”(30).

En virtud de los principios que rigen las nulidades(31), esta corporación ha venido sosteniendo la tesis según la cual su declaratoria constituye un remedio extremo que sólo puede decretarse cuando la grave inconsistencia procesal no pueda corregirse sino rehaciendo parte del trámite.

Para el caso aquí tratado, la Sala encuentra que, una vez evaluado objetivamente el expediente y el trámite desde sus inicios y hasta el momento de proferir sentencia, no se configura ninguna situación que pueda ser considerada como grave irregularidad, inconsistencia o error procesal, ni falta alguna a la garantía constitucional y legal del derecho de defensa, ni mucho menos falta de competencia en el a quo para haber adelantado su actuación de primera instancia.

Sobre este último aspecto, la Sala reitera el precedente fijado a partir de sentencia del 4 de mayo de 2011 (exp. 2007-461), recientemente ratificado en sentencia adoptada en sala del 5 de febrero de 2014 (exp. 2010-5237, M.P. Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago), de acuerdo con el cual los jueces de paz también están sujetos al régimen de la Ley 270 de 1996 y la Ley 734 de 2002, siendo disciplinables al ser particulares revestidos temporalmente de jurisdicción que ejercen, en consecuencia, una función pública como es la labor jurisdiccional. Del mismo modo la Sala recuerda que en virtud del principio de igualdad, la posibilidad de sanción prevista en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, consistente en remoción del cargo, no es la única ni opera siempre, debiendo integrarse las demás previstas en el régimen disciplinario precitado. Del mismo modo se reitera sucintamente y se da alcance a la ya mencionada jurisprudencia de esta misma corporación en lo concerniente a la necesidad de no limitarse a lo previsto en la Ley 497 de 1996 para efectos de fijar los tipos sancionatorios, integrando en la descripción de las normas infringidas todas aquellas que resulten pertinentes y adecuadas a la satisfacción del principio de legalidad-tipicidad de la infracción.

3. Del caso en particular.

Entrando al estudio de fondo del asunto sometido a consulta, la Sala encuentra que la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda no resulta reprochable, ni en lo pertinente al análisis fáctico efectuado, ni en cuanto al análisis jurídico normativo aplicado.

En efecto, de un lado se observa que, no obstante se logró recaudar un mínimo de material probatorio consistente en las pruebas documentales aportadas tanto por la denunciante como por el investigado, la declaración bajo la gravedad de juramento de la señora Graciela Bedoya Medina y los pronunciamientos por escrito del investigado, quien optó por esta vía en lugar de rendir versión libre oral ante el a quo, su análisis resulta adecuado y suficiente para considerar demostrada la ocurrencia de la conducta objeto de investigación en los términos fijados tras la formulación de cargos.

Concretamente la Sala considera que el análisis de las copias de la actuación adelantada por la señora Bedoya Medina ante el señor Agudelo Sánchez en su condición de juez de paz, efectuado a la luz de lo dicho dentro del proceso por parte del mismo investigado, permiten colegir con claridad y certeza que la quejosa y el señor Álvaro Montoya García sometieron voluntariamente y de mutuo acuerdo sus controversias de índole contractual a la competencia del investigado, en primer lugar mediante el trámite de conciliación que se alcanzó a adelantar. Como lo narra el mismo investigado y en eso concuerda con la declaración de la quejosa, es un hecho incontestable que, luego de fracasada la conciliación y expedida el acta respectiva donde consta además que se fijaba un plazo de 5 días para aportar pruebas si lo desean las partes, el señor juez de paz Mario Antonio Agudelo Sánchez nunca profirió fallo en equidad, tal como debía esperarse.

La única diferencia entre lo manifestado por la quejosa y por el denunciado en este punto radica en los motivos que presuntamente tuvo el investigado para no fallar. Por un lado, la quejosa señala que el juez de paz inculpado no falló alegando como excusa, verbalmente y nunca mediante providencia, falta de competencia para resolver el tipo de conflicto planteado relativo a un contrato de arrendamiento. Por otro lado, el investigado manifiesta que no sólo carecía de competencia para fallar por el tipo de asunto, sino que además no profirió la sentencia esperada porque fue presuntamente constreñido por la aquí denunciante, quien es inspectora de Policía en la misma Casa de Justicia donde funcionan los jueces de paz, así como por el auxiliar de la Inspección, con el fin de obtener un fallo favorable a sus intereses, razón por la cual optó por no continuar con la actuación y abandonar el impulso del expediente.

De lo anterior únicamente hay prueba de la omisión del juez paz al no proferir fallo en los términos señalados en la ley que rige sus actuaciones, pero de la actuación procesal a cargo del investigado no se desprende prueba alguna que permita inferir que se ejerció algún tipo de presión indebida sobre el señor Agudelo Sánchez, con mayor razón si lo que debe ocurrir en esos eventos es que el juez de paz aplique lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley 497 de 1999 y demás normas procesales concordantes que habilitan al funcionario a declararse impedido de seguir conociendo de una determinada actuación. Sin embargo, tal conducta no fue asumida por el juez de paz investigado. En ese orden de ideas lo único que debía esperarse del investigado en su condición de administrador temporal de justicia era la adopción de una decisión para dirimir la controversia.

Lo anterior de conformidad con lo expresamente ordenado por el artículo 29 de la Ley 497 de 1999: “En caso de fracasar la etapa conciliatoria, el juez de paz así lo declarará. Dentro del término de cinco (5) días proferirá sentencia en equidad, de acuerdo con la evaluación de las pruebas allegadas, la decisión se comunicará a las partes por el medio que se estime más adecuado”. Esta disposición es muy clara y sencilla y señala además que la decisión deberá constar por escrito, de modo que, si al revisarse la actuación no aparece la providencia escrita, debe entenderse que no hubo fallo.

Esto es suficiente para considerar que la conducta probada desatiende el deber señalado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 en virtud del cual quien administra justicia está obligado a respetar, cumplir y hacer cumplir, en ejercicio de su competencia, la Constitución, las leyes y los reglamentos. Concretamente, se evidencia el incumplimiento de la obligación de fallar en equidad trascurridos 5 días luego de fracasada la conciliación para aquellas causas que de conformidad con el artículo 9º de la Ley 497 de 1999 pueden ser llevadas por las partes ante la jurisdicción de paz. Lo aquí señalado resulta entonces concordante con la exigencia constitucional de respeto del debido proceso señalada en el artículo 29 de la Constitución Política y de acatamiento de los deberes fijados en la ley estatutaria de administración de justicia, en los términos del artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

Para las demás conductas denunciadas, se encuentra que ante la falta de soporte probatorio, el a quo obró adecuadamente circunscribiendo la formulación de cargos al cargo único ya evaluado. La anterior actuación por parte del consejo seccional de origen resultaba plenamente ajustada a derecho.

De otra parte, la Sala encuentra que, para la defensora de oficio del investigado, era necesario que la denunciante hubiera ejercido el recurso de reconsideración previsto en el artículo 32 de la Ley 497 de 1999 contra la “no decisión” del juez de paz investigado. Tal argumentación no se comparte, pues justamente para que proceda este medio de impugnación se requiere que exista formal y materialmente un fallo, lo cual como quedó demostrado en la primera instancia, no se dio. Basta para ello recordar la norma en mención, a cuyo tenor se lee que “todas las controversias que finalicen mediante fallo en equidad proferido por el juez de paz, serán susceptibles de reconsideración”. Puesto que la controversia llevada ante el señor Mario Antonio Agudelo Sánchez no condujo a ningún fallo, no hay objeto sobre el cual ejercer la reconsideración.

4. De la sanción.

En cuanto al juicio de responsabilidad y la proporcionalidad de la sanción impuesta, la Sala considera que cuando se trata de jueces de paz, ha de tenerse en cuenta el perfil de este tipo de particulares que ejercen transitoriamente función pública, la naturaleza especialísima de esta función y la gratuidad del servicio prestado.

Ciertamente, los jueces de paz fallan en equidad, no deben ser necesariamente conocedores del derecho y del ordenamiento jurídico aplicable a los conflictos que dirimen, pero sí tienen la carga mínima de conocer y aplicar la Ley 497 de 1999 en concordancia con la ley estatutaria de administración de justicia, el Código Disciplinario Único y los principios y derechos fundamentales constitucionales. En ese orden de ideas, para el caso en concreto consultado, se observa que el a quo si bien consideró que la conducta era grave, por los bienes jurídicos tutelados que estaban en juego, consideró adecuadamente que no necesariamente se trataba de una conducta dolosa o deliberadamente dañina, pues lo que se reprocha es la negligencia o la grave falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de su función.

Dentro de este contexto fáctico y normativo, la sanción impuesta al señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, consistente en dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, resulta necesaria, adecuada, proporcionada y acorde a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 63 de la Ley 734 de 2012. Se procederá en consecuencia a confirmar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda , mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses al señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, en su calidad de Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira, tras encontrarlo responsable disciplinariamente de inobservar, a título culposo, el deber funcional descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, en concordancia con el artículo 29 de la Ley 497 de 1999, el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 29 de la Constitución Política, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen, para lo de ley.

Notifíquese y cúmplase.»

(29) Corte Constitucional, Sentencia T-1055 de 2006, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.

(30) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 25 de enero de 2012, M.P. Dr. Jorge Armando Otálora Gómez, radicación 110010102000200801536-00.

(31) “La doctrina y la jurisprudencia han recogido de manera recurrente estos principios de la siguiente manera: i) de especificidad, ii) de trascendencia, iii) de protección iv) de convalidación, v) de instrumentalizad de las formas vi) de ejecutoria material, vii) de la seguridad jurídica, y, viii) de la naturaleza residual”: Corte Constitucional, Sentencia T-1055 de 2006.

Salvamento de voto

De manera atenta, la suscrita advierte la necesidad de salvar el voto en la decisión aprobada hoy por la mayoría de la Sala, a través de la cual se decidió confirmar la sentencia sancionatoria del 2 de octubre de 2013, por medio de la cual fue declarado disciplinariamente responsable el señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, en su condición de Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira.

El reproche por el cual se sancionó al mencionado juez de paz corresponde al desconocimiento del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 29 de la Ley 497 de 1999, 196 de la Ley 734 de 2002 y 29 de la Constitución Política.

El motivo de mi disentimiento con lo resuelto por la mayoría de la Sala, consiste precisamente en que se conociera de fondo y se considerara que el juez de paz, incurrió en una falta disciplinaria prevista en la Ley 270 de 1996, concordada en la forma que se indicó, en lugar de declararse la nulidad conforme a los argumentos que a continuación se exponen:

Más allá de que los jueces de paz constituyen una jurisdicción especial que —dentro de la estructura del Estado— pertenecen a la Rama Judicial y por imperativo de rango supralegal (C.P., art. 247), tienen la función de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, no sustituyen sin embargo a la administración ordinaria de justicia por cuanto que, no por su carácter de jueces autónomos e independientes, dejan de ser simples ciudadanos en ejercicio que dirimen controversias en forma consensuada y no conforme a derecho sino en equidad; pues de ese modo fue como lo reglamentó la Ley 497 de 1999.

Forma parte, pues, este instrumento de los denominados mecanismos de política criminal alternativa, en la medida en que no dejan de entrañar una cierta suerte de desjudicialización de los conflictos y de instancia alterna y complementaria a los jueces ordinarios, propia del modelo de Estado y de la forma de gobernabilidad democrática adoptada por el Constituyente de 1991.

Por eso la honorable Corte Constitucional, sobre la materia ha planteado lo siguiente en su Sentencia C-103 de 2004:

“(…) La figura de los jueces de paz también es reflejo de la filosofía democrática y participativa que inspiró al Constituyente de 1991. Ya ha señalado la jurisprudencia de esta corporación que “la institución de los jueces de paz se inscribe dentro del concepto de democracia participativa, al permitir la intervención del ciudadano en el cumplimiento de funciones del Estado, como lo es, en este caso, la judicial”(1), y que “esta institución guarda también relación con algunos de los deberes que la Constitución consagra a cargo de la persona y del ciudadano, concretamente los de ‘propender al logro y mantenimiento de la paz” (C.P., art. 95-6) y el de ‘colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia’ (C.P., art. 95-7)”(2). En esa medida, la creación de los jueces de paz fue prevista como un canal para que el ciudadano común participe, en virtud de sus calidades personales y su reconocimiento comunitario, en la función pública de administrar justicia, jugando así un rol complementario al que asignó la Carta a las demás autoridades y particulares que participan de dicho cometido estatal: “se trata, en últimas, que personas que en principio no cuentan con una formación jurídica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del derecho. Con todo, valga anotar que se trata de inconvenientes en apariencia pequeños o intranscendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pacífica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas luces esencial (…)”(3).

“(…) Sus decisiones escapan el ámbito de lo jurídico, no deben fundamentarse en esa labor única del juez ordinario de fallar conforme a lo que establece la ley. A través de la equidad, entonces, se pretende también administrar justicia pero, por mandato constitucional, en aquellos eventos de menor importancia en que el rigor de la ley no resulta aplicable o no prevé una situación específica. No se busca, por ende, reemplazar las funciones del aparato estatal encargado de dirimir en derecho los conflictos existentes sino, por el contrario, complementarlo (…)”.

De ahí que la naturaleza y la filosofía de la justicia de paz no sea otra que la que honorable Corte Constitucional refiere en su Sentencia C-059 de 2005:

“(…) Según consta en los antecedentes de la norma constitucional, [artículo 247] la jurisdicción de paz fue creada como una vía expedita para la resolución de conflictos individuales y comunitarios. En ella subyace el deseo de construir la paz desde lo cotidiano, de alcanzar la convivencia pacífica a partir de una justicia diferente a la estatal, tanto por su origen y el perfil de los operadores, como por los fines y los mecanismos propuestos para su ejecución.

En este sentido puede afirmarse que la implantación de los jueces de paz está animada por la búsqueda de la concordia entre los ciudadanos, a partir de su esfuerzo participativo en la solución de conflictos individuales y colectivos, mediante el empleo de mecanismos de administración de justicia no tradicionales”.

“En verdad, la acción de los jueces de paz refleja las convicciones de su comunidad acerca de lo que es justo, al tiempo que promueve la participación de todos y todas en la búsqueda de soluciones pacíficas, propendiendo por la elaboración de paradigmas comunitarios, “es decir, que se vive, a instancias del juez de paz como un territorio y un momento en el que los disímiles saberes de cada integrante de la comunidad se ponen en función de buscar soluciones pacíficas y satisfactorias a los conflictos. Así, la comunidad toda aprende nuevas concepciones de justicia y se crea una suerte de jurisprudencia comunitaria, replicable o no (…)”(4).

Siendo sin embargo ese el rol de los jueces de paz y esos sus cometidos políticos supremos, como que coadyuvan a perfilar el modelo político organizacional estatuido por la Carta, no ostentan la condición de servidores públicos en términos estrictos, y así lo ha reconocido esta Sala al interior de un evento en el que concurren similares supuestos fácticos y jurídicos:

“(…) oportuno se ofrece precisar que justamente por tratarse de particulares que administran justicia en equidad, no ostentan la calidad de servidores públicos y ello encuentra sustento en el artículo 123 de la Carta Política, de manera que sin que haya lugar a discutir la competencia de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura para conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que en su contra se adelanten y de contera, en segundo grado, la competencia de esta Sala para desatar los recursos contra las decisiones de primer grado y conocerlas también en el grado jurisdiccional de consulta, tal como lo prevé el artículo 216 de la Ley 734 de 2002, no puede entenderse que frente a la labor que desempeñan los jueces de paz y en el análisis de las conductas que despliegan en ejercicio de sus funciones, se les deba aplicar el catálogo de faltas consagrado en dicha normatividad (…).

Por ende, tampoco resulta acertado afirmar que se hallan compelidos a observar los deberes previstos en el artículo 34 ibídem, ni menos aún que les están prohibidas las conductas señaladas en el artículo 35 de dicha ley, sin perjuicio —se reitera— de que las actuaciones disciplinarias se adelanten conforme al procedimiento establecido en los artículos 150 y siguientes del Código Disciplinario Único.

En este sentido, conviene precisar que las normas relativas al régimen de los jueces de paz (L. 734/2002, Cap. Undécimo), hacen referencia exclusivamente a la competencia de esta jurisdicción para investigar y juzgar su conducta, mas excluye de manera clara la aplicación de los deberes, prohibiciones, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses, así como también el catálogo de faltas gravísimas, graves y leves y los criterios para graduarlas, porque la ley únicamente incluyó frente a tales tópicos, como destinatarios del régimen disciplinario a los conjueces de la República, quienes, dicho sea de paso, profieren en los casos señalados expresamente por el legislador, decisiones en derecho.

De tal suerte, tampoco es posible analizar su conducta frente a los deberes y prohibiciones previstos en la Ley 270 de 1996 (arts. 153 y 154), precisamente por la diferencia sustancial que enmarca el ámbito de sus funciones, por el rol que desempeñan y por las características propias de su investidura, pues no obstante que se hallan provistos de jurisdicción, no por ello son equiparables a los tradicionales funcionarios judiciales, que a decir de la Ley 270 de 1996 lo son los magistrados, jueces y fiscales.

Lo anterior no implica en manera alguna la inexistencia de un régimen disciplinario —sustantivo más no adjetivo— aplicable, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”:

ART. 34.—Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo (…).

Así, la norma en cita permite arribar a las siguientes conclusiones:

La conducta de los jueces de paz en ejercicio de sus funciones puede ser objeto de sanción siempre y cuando sea constitutiva de atentados contra las garantías y derechos fundamentales o en los eventos en que sea censurable por afectación a la dignidad del cargo.

La única sanción a la cual se pueden hacer acreedores los jueces de paz cuando se demuestre que han incurrido en tales faltas, es la remoción del cargo, ordenada por esta jurisdicción disciplinaria.

Además dicha sanción se muestra lógica atendiendo a la naturaleza de la función y a la expectativa social frente al papel que desempeñan, en la medida en que sería por completo contrario al ordenamiento imponerles las comunes sanciones del Código Disciplinario Único, pues v. gr., como quiera que no son servidores públicos, existe imposibilidad de registrar tales sanciones en la procuraduría y aún más, piénsese cómo se le podría imponer una sanción de multa si en ejercicio de sus funciones no devengan salario alguno, o cómo suspenderlos por un lapso determinado en el cargo, si no existe forma de reemplazarlos y en su lugar encargar a otro juez, para seguir garantizando el servicio, pues se trata de cargos de elección popular.

Tales premisas son necesarias a juicio de la Sala, para determinar que la competencia otorgada por el artículo 216 de la Ley 734 de 2002, excluye la aplicación integral de dicha normatividad, máxime cuando lo cierto es que estos jueces cuentan con una reglamentación especial (…)”(5).

De acuerdo, entonces, con el criterio ya decantado por la colegiatura y los puntuales señalamientos jurisprudenciales respecto del tema, es claro que la actuación procedente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, se encuentra viciada de nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, como viene a serlo el imputarle a un juez de paz normas (L. 270/96, art. 153, num. 1º en concordancia con la L. 734/2002, art. 196 y C.P., art. 29), aplicables por antonomasia a los servidores públicos y judiciales, desconociendo así el principio de especialidad, según el cual la norma especial prima sobre la general.

Aceptar esta indebida aplicación del CDU y de la ley estatutaria de administración de justicia, es permitir que particulares sean disciplinados como servidores públicos, cuando para ellos el legislador previó un régimen especial; y esa sola circunstancia —en que de por medio está el principio de legalidad estricta, que no puede tampoco confundirse con el legalismo— de por sí imponía a esta superioridad la necesidad de corregir el yerro en que incurrió la Sala de instancia al formular la imputación jurídica, en orden a reconducir el proceso por los cauces de la normalidad.

Y no podía convenirse aquí en una hipótesis de atipicidad y consecuencial absolución, pues la verdad es que —como lo advierte un conocido principio antropológico— los hechos, es decir, lo fáctico, una vez producido existe y no puede ser modificado, de suerte tal que sí lo fácticamente imputable permanece, el presupuesto objetivo no ha desaparecido y por consiguiente lo que resta es la correcta adecuación típica o jurídica de la conducta, remitiéndose para ello a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, que es la norma que condensa las faltas específicamente atribuibles a los jueces de paz: “atentar, en el ejercicio de sus funciones, contra las garantías y derechos fundamentales u observar conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

Así las cosas, de cara a la sustancialidad, o lo que es lo mismo, más allá de los controles puramente jurídico formales, el remedio razonable era la nulidad(6) parcial(7) de la actuación a partir del auto de cargos, inclusive, para que, el Seccional de primera instancia profiriera nuevamente una decisión acorde con las consideraciones plasmadas en el presente proveído.

Además de lo expuesto, debe recordarse lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “(…) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)” (resaltado fuera de contexto original), y no se cumple con las formas propias del juicio cuando a un particular se le imputa una falta, se lo enjuicia y se le impone una sanción como si fuese un servidor público.

Si, por otra parte, la clase de justicia que impone la Carta Política es la justicia material o real, no les toca a los jueces remitirse a aquella suerte de justicia aparente dentro de cuya lógica se privilegian los simples juicios jurídicos formales y de mera validez.

En un Estado constitucional social y democrático de derecho, uno de cuyos fines esenciales es el posibilitar y hacer realidad “la vigencia de un orden justo” (C.N., art. 2º), se comprende que la seguridad jurídica —que no es lo mismo que el segurismo jurídico— como categoría jurídica compleja que es, solo es predicable de las decisiones justas, pero entendidas éstas en sentido justo material y no apenas justo legal o justo formal.

Así, si ningún juez de la República puede estar compelido a dictar sentencias injustas —y a la injusticia se llega por exceso o por defecto— la solución en el caso concreto, desde el punto de vista de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no es otro que la nulidad, con todo y el odioso potencial de desazón y la fuerza absolutamente restrictiva o extrema ratio que se le reconoce.

No considera la suscrita que por simple preponderancia de la forma sobre la sustancia y desbordado privilegio del legalismo, tenga que llegarse al punto extremo de una decisión sancionatoria como lo consideró la mayoría de la Sala, de acuerdo a las argumentaciones expuestas en precedencia, pese a que —además— para los jueces de paz, el legislador únicamente se previó la sanción de remoción y no se suspensión como la que fue objeto de confirmación por la mayoría de la Sala.

María Mercedes López Mora 

(1) Sentencia C-536 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(2) Id.

(3) Id.

(4) Gordillo Guerreo, Carmen Lucía y otra. “Sistematización Evaluativa sobre la Jurisdicción de Paz en Colombia”. Ministerio de Justicia y del Derecho.

(5) M.P. Angelino Lizcano Rivera, radicación 2005-00324.

(6) ART. 143.—Causales. Son causales de nulidad:

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

(7) Las nulidades parciales son una herramienta de creación jurisprudencial orientada a morigerar los traumáticos efectos que suelen ellas desencadenar.

Salvamento de voto

Negada la ponencia que presente a consideración de la Sala, el 12 de marzo de 2014 —Sala 17— con el debido respeto me permito manifestar que salvo voto con respecto a la decisión mayoritaria asumida por la Sala, al considerar que se debió decretar la nulidad tal como lo manifesté en el proyecto en los siguientes términos:

Ahora bien, sería el caso que la Sala procediera a revisar en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida por el Seccional de Risaralda en el sub lite, pero ello no procede en este evento, ante la existencia de la nulidad que deviene dentro de este asunto, originada en la normatividad aplicada en la adecuación típica del comportamiento presuntamente desplegado por el señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, como Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira, al haberlo hallado responsable de transgredir el deber funcional descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la ley estatutaria de administración de justicia; lo anterior por cuanto a juicio de esta superioridad los cargos así como el fallo sancionatorio debió erigirse sobre normatividad exclusiva de la Ley 497 de 1999.

A fin de modular los alcances del postulado en cita, se hace necesario plasmar las siguientes acotaciones de orden conceptual, para luego definir el asunto sometido a decisión:

(i) Los jueces de paz en principio carecen de formación jurídica, sus fortalezas se erigen en el liderazgo reconocido en la comunidad y en el reconocimiento de valores y capacidades para la resolución de conflictos menores que tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional no exigen de un conocimiento exhaustivo del derecho.

La Corte Constitucional en Sentencia T-796 de 2007 frente al ámbito jurídico de la jurisdicción de paz ha señalado en reiterados pronunciamientos:

“[…] Sus decisiones, como lo ha destacado la jurisprudencia escapan el ámbito de lo jurídico(1), su campo de acción es justamente administrar justicia en aquellos eventos de menor importancia en que el rigor de la ley no resulta aplicable, o en que el derecho no provee una solución plausible, o simplemente en los que las partes prefieran una solución amigable y concertada.

“(…).

“De otra parte, no puede censurarse a un juez que carece de formación jurídica la eventual incursión en errores que entrañan manifiesto desconocimiento del orden jurídico.

(…)”.

Así mismo, la referida corporación a fin de estructurar la naturaleza y teleología de los jueces de paz, en la precitada decisión precisó:

“[…] La Corte ha destacado(2) las diferencias estructurales y de concepción que el legislador estableció entre la denominada justicia estatal-formal, y la justicia en equidad confiada a los jueces de paz: “A fin de conseguir la comprensión de la verdadera naturaleza y objeto de los jueces de paz , se exige apartar cualquier consideración teórica o práctica de derecho tradicional, esto es, desnudarla [de exigencias científicas prevalentes] en éste, para visualizar la esencia popular y no científica de aquellos”(3).

Acorde a lo antes expuesto, debe decirse que con la expedición de la Ley 497 de 1999, el legislador entendió que la función de los jueces de paz no se ciñe a ser otros operadores judiciales que apoyan la descongestión de los despachos judiciales, en tanto su quehacer en esencia se erige ontológicamente en convertirse en facilitadores de procesos de aprendizaje comunitario y en brindar la posibilidad para que las comunidades construyan en forma participativa unos ideales de lo justo, y desarrollen también en forma integrada y armónica habilidades de resolución pacífica de conflictos, a partir del interés que suscitan los cotidianos problemas sociales.

Bajo el anterior postulado el tribunal constitucional en la Sentencia C-059 de 2005, indicó:

“En verdad, la acción de los jueces de paz refleja las convicciones de su comunidad acerca de lo que es justo, al tiempo que promueve la participación de todos y todas en la búsqueda de soluciones pacíficas, propendiendo por la elaboración de paradigmas comunitarios, “es decir, que se vive, a instancias del juez de paz como un territorio y un momento en el que los disímiles saberes de cada integrante de la comunidad se ponen en función de buscar soluciones pacíficas y satisfactorias a los conflictos. Así, la comunidad toda aprende nuevas concepciones de justicia y se crea una suerte de jurisprudencia comunitaria, replicable o no”(4).

Ahora bien, bajo el entendido, se reitera, que los jueces de paz son personas sin una formación jurídica, reconocidas dentro de la comunidad a la cual pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, los cuales se ocupan de asuntos que por su sencillez no ameritan el estudio por parte de la rama judicial, ni suponen un conocimiento profundo del derecho positivo, oportuno entonces se hace precisar que justamente por tratarse de particulares que administran justicia en equidad, no ostentan la calidad de servidores públicos situación que encuentra arraigo legal en el artículo 123 de la Carta Política, y en la misma praxis jurídica, en tanto los jueces de paz son nombrados pero no se posesionan como tales

Bajo las anteriores premisas, no puede entenderse que frente a la labor desempeñada por los jueces de paz y en el análisis de las conductas desplegadas en ejercicio de sus funciones, se les deba aplicar el catálogo de faltas consagradas en la Ley 270 de 1996, pues existe una ley especial que nomina los comportamientos irregulares de éstos, describiendo qué clase de acciones atentan contra su función; de allí que en un claro respeto por el principio de legalidad y de estricta tipicidad, éste debe ser el marco normativo en materia sancionatoria que debe orientar a los operadores de justicia frente a las infracciones de los jueces de paz(5), sin perjuicio del principio universal de favorabilidad y del procedimiento que por integración normativa debe aplicarse conforme las previsiones consagradas en el Código Disciplinario Único.

Conforme a las anteriores previsiones y presupuestos, se tiene que en materia disciplinaria a la jurisdicción de paz, le surgen como evidentes dos eslabones inescindibles, valga decir, Ley 497 de 1999 y jueces de paz, de tal manera que no resulte acertado afirmar que se hallan compelidos a observar las reglas previstas en el artículo 196 de Ley 734 de 2002 y a la falta elevada en el sub lite prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, sin perjuicio se reitera, de que las actuaciones disciplinarias se adelanten conforme al procedimiento establecido en los artículos 150 y siguientes del Código Único Disciplinario y bajo los postulados desarrollados por la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la igualdad para iguales y desigualdad para desiguales.

En este sentido, no es posible analizar su conducta frente a los deberes y prohibiciones previstos en la Ley 270 de 1996 (arts. 153 y 154), precisamente por la diferencia sustancial que enmarca el ámbito de sus funciones, por el rol que desempeñan y por las características propias de su investidura, pues no obstante que se hallan provistos de jurisdicción, no por ello son equiparables a los tradicionales funcionarios judiciales, que a decir del estatuto de la administración de justicia recae en magistrados, jueces y fiscales.

Sin embargo, lo anterior no significa en manera alguna la inexistencia de un régimen disciplinario en tanto conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, se precisa el control disciplinario para dichos moduladores de justicia:

“ART. 34.—Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

Tal análisis permite entonces afirmar el principio de legalidad de la sanción, porque si bien la descripción normativa en cita es la correspondiente a un tipo en blanco, no por ello se contradice tal postulado inherente a la garantía fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, pues el acudir a tales garantías y derechos, o calificar como censurable una conducta que afecte la dignidad del cargo, no es óbice para dejar de efectuar la labor de tipificación de las faltas, que es propia del operador judicial disciplinario.

Así las cosas, contrario al planteamiento del a quo, el formular pliego de cargos y sancionar con comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único a los jueces de paz, no consulta la voluntad del legislador ni el precedente jurisprudencial sobre la materia, de excluir a estos particulares —véase artículos 216 a 219 ejusdem—, del juicio deontológico, propio de servidores públicos y funcionarios con formación jurídica; de allí que la misma legislación previó en la Ley 497 de 1999 como queda de manifiesto, el conjunto de situaciones en que éstos son destinatarios de juicios disciplinarios, de tal manera que no cualquier comportamiento los haga merecedores de la remoción del cargo, por cuanto para tal decisión se requiere de un grado de dolo compatible a un grosero y deliberado comportamiento penal reprochable a cualquier persona.

Ahora, si lo que se trata es de hacer más benévola la sanción al juez de paz, ello no atina hasta el momento el querer del legislador plasmado en la Ley 497 de 1999, pues la sanción de remoción del cargo como se reitera, debe entenderse no para cualquier equivocación jurídica propia de una persona sin formación jurídica, sino para aquéllos comportamientos que además de groseros deriven en un grado superior de dolo exigible a personas del común; de allí que las sanciones por faltas leves o graves no tengan cabida en la legislación examinada, pues se insiste no cualquier equivocación jurídica le es exigible a un juez de paz.

Lo anterior, encuentra también su arraigo en el mismo proyecto de Ley 248 de 2011 —régimen de los jueces de paz—, examinado en el Senado, en el cual se pretendía que “el juez disciplinario para la aplicación de la citada ley, [tenga] en cuenta durante el trámite del proceso y al momento de la decisión, el especial perfil del juez de paz, la naturaleza de la función y la gratuidad del servicio que presta”(6).

Bajo los anteriores presupuestos, al imputarse una falta o un deber, distinto al consagrado en la ley especial que gobierna la jurisdicción de los jueces de paz, quebranta el mandato superior contenido en el artículo 29 de la Carta Política al preceptuar que ‘nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’, principio democrático que exige al legislador definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas disciplinariamente, así como el señalamiento anticipado de las respectivas sanciones, al igual que el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales para la investigación y la definición de las autoridades competentes que dirijan y resuelvan sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios investigados.

A fin de modular los alcances de los postulados desarrollados, se hace necesario plasmar las siguientes acotaciones, precisando que (i) La conducta de los jueces de paz en ejercicio de sus funciones puede ser objeto de sanción siempre y cuando ella sea constitutiva de atentados contra las garantías y derechos fundamentales o por afectación a la dignidad del cargo y en aquellos eventos en que no se requiera conocimientos jurídicos, a fin de no enervar la culpabilidad, en tanto sólo es exigible lo que humanamente está al alcance del disciplinable, y así mismo (ii) la única sanción a la cual se pueden hacer acreedores los jueces de paz cuando se demuestre que han incurrido en tales faltas, es la remoción del cargo.

En desarrollo de la anterior premisa, dicha sanción se muestra lógica atendiendo a la naturaleza de la función y a la expectativa social frente al papel que desempeñan y al dolo exigible para su remoción, de allí que resulte contrario al ordenamiento imponerles sanciones propias del Código Disciplinario Único como las deducidas en el fallo en la medida que no son servidores públicos, y existe imposibilidad de registrar tales sanciones en la procuraduría y aún más, piénsese cómo se le podría imponer una sanción de multa si en ejercicio de sus funciones no devengan salario alguno, o cómo suspenderlos por un lapso determinado en el cargo, si no existe forma de reemplazarlos y en su lugar encargar a otro juez, para seguir garantizando el servicio, pues se trata de cargos de elección popular.

Conforme lo anterior, no obstante lo expuesto, los artículos 15 a 18 de la Ley 497 de 1999 contemplan el régimen de inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades de los jueces de paz y de los jueces de reconsideración, siendo este un argumento adicional para descartar la aplicación de la normatividad consagrada en la Ley 270 de 1996 en esta materia, para estos administradores de la justicia de paz, en la medida en que el legislador se encargó de consagrar para ellos una reglamentación especial.

Lo anterior no sin antes observar al a quo, el deber de no apartarse de la normatividad legal que debe aplicar en los casos que le son puestos a su consideración, para así evitar la generación de nulidades que solo redundan en la afectación del principio de celeridad, en tanto se trata es de aplicar los mandatos legales y no hacer interpretaciones frente a situaciones que como nos asiste están regladas y desarrolladas al amparo del precedente jurisprudencial.

En este orden de ideas, en materia disciplinaria, el artículo 29 de la Carta Política preceptúa frente al principio de legalidad que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, con el lleno de las formalidades y garantías establecidas en las leyes, de las cuales forman parte trascendental las notificaciones en respeto al principio de publicidad de las decisiones y la adecuación típica de las conductas.

Estos principios llevan a sostener a esta corporación que la actuación surtida a partir del pliego de cargos emitido por la primera instancia, al encontrarse alejada del contenido de la ley y la adecuación típica erigida en la Ley 497 de 1999 debe invalidarse a efectos que se subsane la falencia y se restablezca el orden jurídico.

Nótese como en el sub lite, además de haber deducido responsabilidad al investigado bajo la Ley 270 de 1996, en el fallo sancionatorio se acudió a su vez a normas propias de la Ley 734 de 2002, al dosificar la sanción conforme a los parámetros establecidos en el artículo 44 y 47 de la Ley 734 de 2002, en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses (fls. 137 a 147, c.o. 1ª instancia).

Configura lo expuesto, falencia suficiente para concluir que se violó la estructura del debido proceso, con innegables repercusiones en el núcleo esencial del mismo, irregularidad que deberá ser subsanada, para lo cual se decretará la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos para que se realice conforme lo referido en precedencia y a fin de que se adecue la conducta de los investigados, a los lineamientos de la Ley 497 de 1999.

Lo anterior, con fundamento en lo preceptuado por el numeral 2º y 3º del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, de conformidad con el cual constituye causal de nulidad “la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso” al adecuarse una conducta con los lineamientos del Código Disciplinario Único en un asunto propio de la Ley 497 de 1999, irregularidad que debe ser decretada de oficio cuando el funcionario la advierta, como acaece en el sub examine, al haberse explicado bajo el principio de razón suficiente el por qué el seccional de instancia vulneró los principios de legalidad y debido proceso conforme lo referido en precedencia.

Julia Emma Garzón de Gómez 

(1) Corte Constitucional Sentencia C-536 de 1995, reiterada en C-059 de 2005 y T-796 de 2007.

(2) Ver Sentencia C-059 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(3) Gaceta del Congreso Nº 284 de 1998. Páginas 11 y 12.

(4) Gordillo Guerreo, Carmen Lucía y otra. “Sistematización Evaluativa sobre la Jurisdicción de Paz en Colombia”. Ministerio de Justicia y del Derecho.

(5) Corte Constitucional Sentencia C-720 de 2006 “Adicional a los principios de legalidad y reserva de ley, en el derecho [sancionador], y en concreto, en el derecho disciplinario, [resulta exigible] el principio de tipicidad. De conformidad con esta garantía del debido proceso disciplinario, en materia [sancionadora], la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. En esta medida, la Corte ha admitido que mediante el principio de tipicidad ‘se desarrolla el principio fundamental ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, es decir, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria [...]”.

(6) Proyecto de Ley 248 de 2011, artículo 32.

Salvamento de voto

Con el debido respeto por mis compañeros de Sala, me permito exponer los motivos que me llevaron a salvar voto respecto de la decisión aprobada en Sala 23 del 2 abril de 2014, a través de la cual se confirmó la sentencia proferida el 2 de octubre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses al señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, en su calidad de Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira (Risaralda) aplicando lo establecido en el artículo 63 numeral 2º de la Ley 734 de 2002, es porque no estoy de acuerdo con las razones en las cuales se está fundamentada dicha determinación, en el entendido que se plasmó en dicho proveído que la Sala a quo no encausó la conducta del funcionario inculpado en uno de los deberes o prohibiciones establecidos en la Ley 270 de 1996, en razón, a que tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación a los jueces de paz sólo le es imputable la falta prevista en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 que establece: “En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

El funcionario de conocimiento debe aplicar la norma consagrada en el régimen sancionatorio correspondiente, porque de lo contrario desconoce el debido proceso y el derecho de defensa, pues éste se satisface en la medida en que se le garantice al procesado el derecho de defensa y se cumpla fielmente con el principio de legalidad y de ahí que el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución Política, disponga que: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, ya que a pesar de tener los jueces de paz la función de administrar transitoriamente justicia; el legislador fue claro al determinar que la única sanción aplicable a los jueces de paz por conductas que vulneren garantías fundamentales o menoscaben la dignidad de su cargo, lo procedente es la remoción de su cargo determinada en la Ley 497 de 1997 sustento jurídico que se interrumpe en el caso en concreto al dar aplicabilidad a sanción rezada en el numeral 2º del artículo 63 de la Ley 734 de 2002.

Así las cosas, en el presente caso no había lugar a confirmar lo actuado a partir de la sentencia del 2 de octubre de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por tales razones lo procedente era decretar la nulidad de lo actuado desde el pliego de cargos imputado contra el señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, en su calidad de Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira (Risaralda).

Angelino Lizcano Rivera