Sentencia 2011-00610 de mayo 18 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201100610-00/1944F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 43 de la misma fecha

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es competente esta corporación para decidir sobre las investigaciones disciplinarias que se adelanten, entre otros, contra los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, conforme a lo establecido por el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “[…] los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. Marco general del asunto a decidir.

Dispone el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, que la actuación disciplinaria se podrá terminar en cualquier momento; ahora bien, previo a analizar el material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

Hay que dejar sentado que conforme lo previsto en la Ley Procedimental 1474 de 2011 en el artículo 132, el cual modificó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la prescripción de la acción disciplinaria se contabilizará en 5 años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.

El artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses revistos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”. Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, los doctores F.G. y F.C. en su condición de magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, incurrieron en alguna falta disciplinaria.

De esta manera, el referente legal al que es preciso acudir, a efectos de establecer si los doctores F.G. y F.C. en su condición de magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, son responsables o no de las faltas por las cuales se le[s] llamó a juicio a través del pliego de cargos elevado en su contra el 14 de junio de 2012, es el contenido en los numerales 1º del artículo 153 en relación con el trámite establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que establecen:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

Decreto 2591 de 1991:

“ART. 25.—Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.

La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra este, si se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.

Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, este condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.

Conforme lo precedente, entrará esta corporación, a estudiar el proceder de los magistrados, a efectos de poder establecer de forma clara y precisa si incurrieron efectivamente en las conductas a ellos enrostradas en el pliego de cargos.

3. Caso en concreto.

Pues bien, a los funcionarios investigados se les cuestiona el haber emitido una decisión al interior de una acción de tutela, en donde se ordenó el pago de unos emolumentos no autorizados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, referentes al lucro cesante y daño emergente sin el lleno de los requisitos allí descritos.

En lo referente a la transgresión al deber descrito en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, se observa, que los doctores F.G. y F.C. tenían relación de sujeción por razón de la función pública adscrita a ellos con el Estado – rama judicial, al ostentar la condición de magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, para la época de los hechos, valga decir, conforme se acreditó con la certificación laboral expedida por la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia(1), que demuestran su condición de titulares desde el 1º de abril de 2007 y 20 de marzo de 2009 respectivamente a la fecha, lo que les imponía como deber el cumplir con los fines esenciales del Estado, según el artículo 2º de la Constitución Política, así como el someterse al imperio de la ley en sus providencias a voces del artículo 230 de la misma obra, en consonancia con el artículos 153 numeral 1º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, donde se le imponen claramente estas obligaciones.

Esta corporación de tiempo atrás viene sosteniendo que no hay responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales al interpretar la ley cuando esta se hace acorde a unas reglas que corresponden a condiciones normales del campo interpretativo, como lo son los métodos que al respecto estableció el legislador en la Ley 153 de 1887 y la propia Constitución, y a juicios propios del conocimiento.

También ha expresado que cuando el juez se aparta de estas pautas y amparado en la independencia y autonomía judicial llega hasta las vías de hecho para proferir su propia decisión, en este caso lo que existe es una violación de la ley, de tal suerte que no se puede confundir “discrecionalidad” con “arbitrariedad”, pues la primera está rodeada de juridicidad, la segunda de antijuridicidad, de tal suerte que la arbitrariedad es una conducta antijurídica del representante de la justicia, luego su diferencia con la discrecionalidad, es evidentemente teleológica, ya que el acto arbitrario hace caso omiso de los fines de la ley para evadirlos o contrariarlos.

No es desconocido que la labor del juez disciplinario, se funda en la verificación de los aciertos o desaciertos en las diferentes decisiones de los funcionarios de la rama judicial que son objeto de investigación; igualmente su función gira en torno al examen del grado de razonabilidad con que asumen cada uno de los asuntos que se encuentran a su cargo, siempre estando sujeto al imperio de la Constitución y la ley que es límite dado al principio de autonomía judicial.

Conforme lo precedente, es palmario que los funcionarios judiciales sí incurrieron en la falta endilgada en el pliego de cargos, por cuanto al momento de emitir la decisión adiada del 10 de diciembre de 2010, se extralimitaron en sus funciones y concedieron unos emolumentos como lo fueron unas condenas en abstracto enmarcadas dentro del daño emergente y lucro cesante, que a través del amparo constitucional no eran legales, pues ello genera excesos en la interpretación de la norma, atendiendo que el allí accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial para obtener los perjuicios económicos.

Téngase en cuenta que tal como se adujera en el pliego de cargos, a los funcionarios judiciales acá investigados, no les era dable atribuir y condenar en pagos tal como el lucro cesante consolidado y futuro, los salarios y prestaciones sociales que le falten por devengar hasta el momento que cumpla la edad de jubilación y reconocimiento de perjuicios morales, sin contar con que el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, establece en su sentido literal que le es dable al juez ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente si ello fuera necesario, más no establece la posibilidad de ordenar por vía acción constitucional erogaciones como las reconocidas por los disciplinados.

Y es que es tan latente la posición analizada con anterioridad, que la misma Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en su Sentencia T-529 de 2011, cuando se pronunció frente al caso que nos ocupa adujo lo siguiente:

“(…) como quedó expuesto, el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta concedió mediante sentencia de adición proferida el 10 de diciembre de 2010, la condena en abstracto para reconocer a favor del accionante: (i) como daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro, los salarios y prestaciones sociales que le falten por devengar desde el momento del despido hasta el momento en que el actor cumpla la edad necesaria para acceder a la pensión de jubilación; y (ii) los perjuicios morales que se tasen en trámite incidental que cursen en el juzgado competente.

Según resulta de lo expuesto, en el presente asunto no es procedente la condena en abstracto prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que si bien prosperó la tutela al comprobar el derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor, por la terminación unilateral de la relación laboral sin justa causa a pesar de sus padecimientos de salud sin el cumplimiento de la autorización previa de la oficina de trabajo, el accionante tiene la posibilidad de intentar mediante una acción ordinaria el resarcimiento de otros daños que considere se le han causado con la actuación de la empresa, distintos a los derivados de la desvinculación.

No es entonces, el presente mecanismo constitucional el medio judicial idóneo para lograr el resarcimiento esperado por el actor como mecanismo compensatorio del reintegro que manifiesta declinar por su decisión libre y voluntaria, en tanto que para su reconocimiento el actor cuenta con otro mecanismo judicial ante la jurisdicción ordinaria y además, al haber prosperado la tutela en la forma que aquí se hizo, es indudable que se ha garantizado de tal manera, el goce efectivo de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral. Por tanto, en el presente asunto, no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales a los que se hizo referencia en forma precedente para ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente” (resaltado fuera de texto).

Así mismo, la Corte Constitucional frente al tema de interpretación del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, ha decantado:

“5. La interpretación constitucional del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 plasmó la posibilidad de que, como una facultad excepcional, el juez constitucional, al conceder la tutela, ordene la indemnización in generi, incluso de oficio, que corresponda al daño emergente ocasionado con motivo de la vulneración de derechos fundamentales. El mencionado artículo textualmente señala:

“ART. 25.—Indemnización y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de los dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que concede la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los 6 meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación”.

Al respecto, resulta de suma importancia precisar, para una adecuada comprensión del asunto, que la indemnización a la que se refiere el mencionado artículo no debe constituir el objeto principal de la tutela, pues la razón de esta debe residir, como es bien sabido en la necesidad de la protección inmediata de los derechos fundamentales.

En otros términos, la indemnización por vía de tutela, en razón a su carácter excepcional, solo procede cuando, conforme con lo dispuesto en la norma transcrita, se evidencien los siguientes presupuestos:

(i) Que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial [12]. En consecuencia si, consideradas las circunstancias del caso, el accionante tiene la posibilidad de intentar la acción ordinaria encaminada a obtener a través de su presentación la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber prosperado.

La Corte en Sentencia T-403 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, indicó lo siguiente:

“Existiendo varios medios ordinarios para alcanzar ese cometido, la norma legal mencionada es de interpretación estricta. || En otros términos, la indemnización por la vía de la tutela es excepcional.

Para que proceda es indispensable que el afectado no disponga de otro medio judicial. Esta exigencia no se refiere a la defensa del derecho fundamental invocado sino a la obtención del resarcimiento del perjuicio (…)”.

(ii) La violación del derecho tiene que haber sido manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. No es suficiente, entonces, con el hecho objetivo de que el derecho fundamental aparezca afectado o en peligro, sino que se requiere que el desconocimiento del derecho haya sido ostensible y que el sujeto activo haya actuado en abierta trasgresión de los mandatos constitucionales, a su arbitrio, con evidente abuso de su poder.

(iii) La indemnización debe ser necesaria en el caso concreto para asegurar el goce efectivo del derecho, ello es lo que justifica que, de modo excepcional, se pretenda a través del procedimiento de tutela, toda vez que el sentido principal de la acción constitucional es el de garantizar los derechos fundamentales. De tal manera que, hacer uso de este mecanismo con el único propósito de obtener el resarcimiento de perjuicios equivaldría a desfigurar su naturaleza.

En efecto la Corte en Sentencia T-1029 de 2010 indicó que “(…) No se trata solamente de una erogación económica, sino de la forma como el ordenamiento jurídico garantiza el restablecimiento del goce efectivo del derecho fundamental, ante el impedimento de devolver las cosas al estado previo al hecho generador de la vulneración, la indemnización se convierte en el único medio de reparación posible y, por tanto, la liquidación y pago están vinculados al restablecimiento pleno de los derechos fundamentales del ciudadano afectado”[13].

(iv) La indemnización que se ordene en abstracto debe estar encaminada, como lo manda el precepto legal, a resarcir el daño emergente causado, entendido como “perjuicio o pérdida”, es decir que no comprende el lucro cesante. Al respecto, la Corte estableció que debe existir una prueba mínima sobre la ocurrencia del daño emergente [14].

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el juez de tutela fundamentado en la viabilidad de la condena in genere, según los presupuestos legales en comento, puede condenar al pago de una indemnización que corresponda al daño emergente debidamente acreditado, para lo cual deberá establecer con precisión en qué consistió el perjuicio, la razón para que el resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho fundamental, el hecho o acto que dio lugar al perjuicio, la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y las bases que habrá de tener en cuenta la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la administración o contra particulares”.

Y es que revisada la providencia objeto de reproche, es del caso concluir que con tales razonamientos y de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se considera que hubo por parte de los encartados, interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento legal en forma grosera y caprichosa, situación que sería la que permite considerar que los magistrados disciplinables produjeron un remedo de providencia judicial, una verdadera vía de hecho y que por tanto, incumplieron de esta forma sus deberes funcionales, convirtiéndose en sujetos disciplinables, ya que como se dijera en precedencia, es un tema que fue debidamente analizado en el argot constitucional.

En este orden, es de precisar que si bien los funcionarios encartados se ajustaron a los elementos probatorios que tenían disponibles en el expediente que conocieron en sede de segunda instancia vía constitucional, no lo es menos que se extralimitaron en sus funciones, decidiendo un asunto de aspecto económico al interior de la tutela por fuera de los mandatos constitucionales y legales; y es que el examen que se haga por la vía disciplinaria sobre la actividad judicial, no puede llevarse a cabo sobre un marco probatorio que implique la valoración de pruebas que se surtieron dentro de un proceso, salvo cuando las decisiones son groseramente arbitrarias, como sucedió en el asunto en comento, atendiendo que era palpable que el accionante podía acudir a la jurisdicción ordinaria para buscar los perjuicios concedidos de forma arbitraria a la norma al interior de la acción de tutela incoada.

Los funcionarios gozan de plena autonomía para determinar, sus decisiones, las cuales no solo gozan de la presunción de legalidad, sino que además, se encuentran blindadas frente a la posibilidad de revisión por la vía disciplinaria, salvo que, como advierte la Corte Constitucional, configuren actos arbitrarios de la administración que devengan en graves desconocimientos de los derechos y garantías de los ciudadanos, como sucedió en el asunto acá analizado, al conceder erogaciones por fuera de los lineamientos legales, más cuando era evidente que el actor contaba con otros mecanismos y no era posible entrar a dar una aplicación e interpretación errada de los previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

Por lo tanto, es palmario que existió una grosera interpretación de la norma, pues hay que tener en claro que la Corte Constitucional en su interpretación ha sido reiterativa en indicar cuáles son los únicos requisitos para acceder a una indemnización al interior de un amparo constitucional, los cuales no fueron cumplidos por el accionante para proceder a otorgar tales emolumentos, observándose y si bien, no se evidencia que se haya emitido el pronunciamiento con fines dolosos, pues su conducta fue eminentemente culposa al haber desatendido los postulados del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 de una manera negligente en lo referente a la interpretación normativa y su aplicación frente a las pruebas existentes al interior del dosier constitucional, ordenando pagos no previstos en el ordenamiento precitado.

De lo expuesto se tiene que el fundamento de la imputación y, en consecuencia, del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, está determinado por la infracción de los deberes funcionales de los servidores judiciales dada la necesidad de realizar los fines de la administración de justicia, lo que recobra especial connotación cuando la acción que el operador jurídico debía resolver debía estar enmarcad[a] dentro de la normatividad aplicable y esta al mismo tiempo ser debidamente interpretada, más cuando la decisión era al interior de una acción de tutela, cuyos fines son especiales y deben cumplirse una serie de requisitos constitucionales tanto para concederla como para ordenar pago de erogaciones económicas, lo cual no sucedió al interior del presente asunto, motivo por el cual los argumentos de defensa no tienen la entidad suficiente para constituirse en causal de justificación de la conducta negligente de los funcionarios.

Tenemos entonces que la conducta disciplinaria cumple los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada no tanto por el querer contrariar el ordenamiento disciplinario, sino por la negligencia revelada por los funcionarios, lo que viene a colmar el presupuesto subjetivo de la conducta: la culpa que fue el grado imputado a los inculpados.

4. De la sanción.

La falta disciplinaria imputada a los doctores F.G. y F.C. fue a título de grave culposa, la que a esta altura se mantiene dado que no se demostró dolo en el acto a ellos reprochado, el conocimiento que tenía[n] de infringir la normatividad y dirigir sus actos hacia ese objetivo, ni menos aún se demostró que su conducta fue premeditada o que incidieron motivos o intereses que los llevaron a actuar de esa manera, sino que la totalidad de la prueba arroja la conclusión que fue la negligencia y el deber de cuidado al momento de interpretar la norma. Considerándose así que la conducta ejecutada fue en la modalidad de culpa grave a voces del artículo 43 y parágrafo único del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que establece la forma para determinar la gravedad o levedad de la falta y que la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Para efectos de la sanción que debe imponerse a los aquí disciplinados, resulta necesario acudir al contenido del artículo 44 de la misma norma, en donde se consagra que las faltas graves culposas tienen como sanción la suspensión, que según el numeral 2º del artículo 45 ibídem, consiste en “la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo”.

Tenemos entonces que la conducta disciplinaria cumple los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada no tanto por el querer contrariar el ordenamiento disciplinario, sino por la negligencia revelada por los funcionarios, lo que viene a colmar el presupuesto subjetivo de la conducta: la culpa que fue el grado de culpabilidad imputado a los disciplinados.

Consecuente con lo anterior, y atendiendo a los criterios previstos en el artículo 47 de la precitada normatividad, esto es que los disciplinables no registran antecedentes disciplinarios, el grave daño que pudo ocasionar en el evento que la decisión no hubiese sido objeto de revisión, la amplia trayectoria de los funcionarios en la rama judicial, desempeñando uno de los más altos cargos en la administración de justicia, como lo es el de magistrado, lo cual lo hace conocedor cabal de las normas que rigen cada una de las materias puestas bajo su conocimiento, la errada interpretación normativa, aun cuando ostentaban una gran jerarquía, se impondrá a los doctores F.G. y F.C., en su condición de magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, suspensión por el término de 12 meses.

En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

1. DECLARAR disciplinariamente responsable a los doctores F.G. y F.C., en su condición de magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, por incumplimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y 196 de la Ley 734 de 2002.

2. Como consecuencia de lo anterior, sancionar a los doctores F.G. y F.C., en su condición de magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, con SUSPENSIÓN por el término de 12 meses.

3. Se dará cumplimiento a lo previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.

4. Para la notificación personal de esta providencia se comisiona a la Sala Disciplinaria Seccional de Norte de Santander, por el término de 5 días, libres de distancia.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase».

1 Cfr. fls. 104 y 113, cdno. o.