Sentencia 2011-00615/2368-2011 de marzo 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Rad.: 11001-03-25-000-2011-00615-00 (2368-2011)

Actor: Jhon Jairo Restrepo Aguirre

Accionado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Asunto: Fallo ordinario – Proceso disciplinario

Bogotá D.C., diez de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

El asunto se contrae a establecer la legalidad de los actos administrativos impugnados, contenidos en el proceso DIPON-2010-93 consistentes en el fallo disciplinario de primera instancia Acta 3 de 19 octubre de 2010, proferido por el Jefe de Control Interno Disciplinario de la Dirección General de la Policía Nacional, mediante el cual se le impuso sanción al demandante consistente en la suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 6 meses, en la providencia de segunda instancia 265 de 25 de octubre de 2010, expedido por el Inspector Delegado Especial de la Dirección General de la Policía Nacional, en el que se confirmó la sanción interpuesta en el acto censurado de primera instancia y Resolución 3897 de 25 de noviembre de 2010, emitida por la Dirección General de la Policía Nacional, mediante el cual se ejecutó la sanción antes señalada. Se verificará si en el desarrollo del proceso disciplinario que tuvo como resultado los actos censurados existió una violación al debido proceso y al derecho de defensa.

Previo a resolver sobre las pretensiones de la demanda, es necesario señalar el alcance del control que ejerce la jurisdicción administrativa sobre las decisiones proferidas en el ejercicio de la potestad sancionatoria concedida dentro de las investigaciones disciplinarias.

1. El control disciplinario como manifestación por excelencia de la función administrativa.

La potestad disciplinaria constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción misma, a más de su ejercicio, debe estar orientado a garantizar la materialización de los principios propios del Estado social de derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las autoridades(1). La relación disciplinaria que existe entre los servidores públicos y el Estado se fundamenta, según ha explicado la Corte Constitucional, en la “...relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la violación de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc...”(2).

Sobre la naturaleza, finalidades y características de “la potestad disciplinaria que en razón de la función pública debe ser ejercida sobre los servidores públicos”(3), esta corporación se ha pronunciado en detalle, precisando que constituye una de las columnas centrales que soportan la institucionalidad estatal y garantizan la adecuada y eficaz marcha de la gestión pública.

A su vez, las finalidades de la ley y de las sanciones disciplinarias, son las de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro.

2. La naturaleza administrativa de las funciones y actos disciplinarios de las entidades que ejercen dicha potestad.

Esta corporación judicial ha sido enfática en señalar que los actos de control disciplinario adoptados por cualquier entidad estatal(4) en alguno de sus ámbitos – interno o externo, expedidos en ejercicio del ius puniendi, constituyen ejercicio de función administrativa y por lo tanto son actos administrativos sujetos al pleno control de legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que aquellos no son actos que manifiesten el ejercicio de la función jurisdiccional, a diferencia de las decisiones disciplinarias proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura que son decisiones judiciales y no son susceptibles de control judicial.

Como corolario de lo anterior, es evidente que el control disciplinario ejercido por las entidades a través de sus órganos internos o por la Procuraduría General de la Nación constituye una función administrativa y no el ejercicio de una función jurisdiccional, por cuanto ni juzgan ni sentencian, al no tener la connotación de jueces. En consecuencia, es evidente que el control de los actos proferidos en ejercicio de esa labor le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

3. El control ejercido por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa a las decisiones disciplinarias.

Sobre el alcance y naturaleza del control de la jurisdicción contencioso administrativa sobre los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias la jurisprudencia de esta corporación ha decantado las siguientes reglas:

1. Como primera regla sustancial, la jurisprudencia ha sido reiterativa al sostener que el control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre los actos disciplinarios no debe convertirse en una tercera instancia. Bajo tales parámetros, no resulta viable extender a esta jurisdicción el debate probatorio de la instancia disciplinaria, habida cuenta que la interpretación y aplicación de la ley, así como la valoración probatoria, constituyen un ejercicio de la autonomía funcionalmente conferida al servidor público que ostenta el ius puniendi, a menos que se logre demostrar la violación del debido proceso y de las garantías y derechos que le son inherentes, tales como la presunción de inocencia, el juez natural, y los derechos de audiencia, defensa y contradicción, que a la luz de los preceptos constitucionales y convencionales son de naturaleza fundamental.

2. No obstante la regla anterior, no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí una violación al debido proceso, ni conlleva necesariamente la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se aplica la sanción disciplinaria, pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal magnitud que impliquen violación manifiesta de los derechos y garantías fundamentales anteriormente aludidos.

3. Teniendo en cuenta que todos los actos administrativos están amparados por la presunción de legalidad, en relación con los actos administrativos sancionatorios dicha presunción tiene un especial peso y relevancia, como quiera que ese acto ha sido el resultado de un procedimiento disciplinario reglado, con diferentes etapas -formulación de cargos, descargos, etapa probatoria, fallo, recursos-, en el que ha participado la parte disciplinada, por tanto, en esta instancia se debe exigir una mayor carga argumentativa y probatoria a quien depreca la ilegalidad del acto administrativo sancionatorio, que conduzca al juzgador a obtener la certeza que efectivamente existió en el proceso disciplinario una violación ostensible del debido proceso y del derecho de defensa.

Se concluye hasta este punto, que esta corporación sigue manteniendo en firme la reiterada tesis, según la cual, el control jurisdiccional sobre las sanciones disciplinarias no constituye una tercera instancia. En consecuencia, por regla general, no es viable revivir en esta jurisdicción el debate probatorio de la instancia disciplinaria. Sin embargo, en el evento de existir una violación al debido proceso y al derecho de defensa, podrá esta jurisdicción valorar excepcionalmente las pruebas relacionadas con la violación al debido proceso, exigiendo una mayor carga argumentativa y probatoria a quien depreca la ilegalidad del acto administrativo sancionatorio, que le demuestre al juzgador con certeza que efectivamente existió en el proceso disciplinario una violación ostensible de esos derechos constitucionales fundamentales.

Caso concreto

La Sala comenzará por recordar que la Ley 1015 de 2006, contempla el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, por lo tanto constituye el marco sustancial que fija los parámetros que rigen la disciplina de los miembros de esa institución, remitiendo en aspectos particulares, como las causales de extinción de la acción disciplinaria, la prescripción de la acción y la sanción y, en aspectos generales, como el procedimiento aplicable a los destinatarios de esa ley a las disposiciones consagradas en el Código Disciplinario Único CDU - Ley 734 de 2002.

Bajo este contexto, la Ley 734 de 2002, consagró dos tipos de procedimientos para adelantar las investigaciones disciplinarias, de una parte, el procedimiento ordinario y de otra, los procedimientos especiales, dentro de los que se encuentran el verbal y el adelantado ante el Procurador General de la Nación. Cada uno de ellos con ciertas particularidades, plenamente definidas en la ley, el verbal procede en el siguiente evento:

“ART. 175.—Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sobre la decisión de apertura de la investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia” (negrilla fuera de texto).

Igualmente, el CDU confirió la competencia a la oficina de control interno disciplinario de la dependencia en que labore el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y distritales. En caso de ser adelantado el trámite por la oficina de control interno ésta deberá informar de manera inmediata, por el medio más eficaz, al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación o personerías distritales o municipales según la competencia.

Sobre el desarrollo de las audiencias, estableció:

“ART. 177.—Audiencia. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días, rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En el curso de la Audiencia el investigado podrá aportar o solicitar pruebas, las cuáles practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fuere conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella.

ART. 178.—Concluidas las intervenciones se precederá verbal y motivadamente a emitir fallo. La diligencia se podrá suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal se reducirán a la mitad”.

Dilucidado el trámite que rige el procedimiento verbal, se estudiarán los cargos expuestos únicamente frente a los fallos de primera y segunda instancia:

1. Violación del debido proceso.

a) Falta de competencia por parte del Jefe de Control Interno Disciplinario de la Dirección General de la Policía Nacional para proferir el fallo de primera instancia.

Estimó el demandante, que quien expidió el fallo de primera instancia no tenía competencia para ello, por cuanto consideró que a pesar de haber ingresado a la Policía Nacional, a la carrera de profesional nivel ejecutivo en el grado de intendente jefe, cambió su situación al dársele la posibilidad de hacer transición al cuerpo de oficiales de la Policía Nacional, mediante un curso en licencia remunerada, el cual fue otorgado mediante la Resolución 66 de 5 de enero de 2010, confiriendo para el demandante la condición de Cadete.

Se afirmó en el escrito de demanda que “aunque estuviere en licencia remunerada en su suboficialidad (sic), reconocida mediante Resolución 6 de fecha 05 de enero de 2010, por la cual se concede licencia remunerada a un personal de la Policía Nacional, en la escuela “General Francisco de Paula Santander” fue recibido y reconocido en calidad de estudiante, cumpliendo funciones académicas durante su permanencia en esta institución”(5) (Negrilla fuera del texto).

Expresó igualmente, que según la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional) en el artículo 23 en el parágrafo 2º establece que:

“Los estudiantes de las seccionales de formación de la Policía Nacional, deberán regirse por el manual académico expedido por el Director General de la Policía Nacional, salvo que se trate de conductas relacionadas con el ejercicio de la función policial, caso en el cual serán investigados por las autoridades disciplinarias que señala esta ley”

Manifiesta el demandante que por lo anterior se le debió adelantar investigación sustentada en el manual académico, ya que la presunta falta se cometió en un claustro universitario, cumpliendo funciones de estudio y bajo la custodia de un docente en una evaluación de cátedra, estimando que quien debió definir el asunto era el Comité Académico de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander.

Frente a lo anterior, la Sala no comparte lo expuesto por la apoderada del demandante, por cuanto como bien lo cita, la Ley 1015 de 2006 que trata sobre el “Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”, normatividad que rige el caso, la Sala estima que se debe realizar una interpretación sistémica del parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 1015 del 2006, y armonizarlo con el resto de Normas del Régimen Disciplinario para los policiales frente a las circunstancias y especificidades del caso en concreto.

En efecto, dicho parágrafo 2º, no es aplicable al caso en concreto porque constituye una excepción que es de interpretación restrictiva y estricta puesto que establece que los estudiantes de formación de la Policía Nacional- es decir los estudiantes que inician el curso de formación policial- circunstancia en la que el demandante no está incurso, toda vez que él no es estudiante propiamente dicho, como quiera que él pertenece a la Policía Nacional, con una experiencia de 19 años de servicio, iniciando su trayectoria en esa institución desde el 1º de febrero de 1995 hasta el 24 de marzo de 2009, en donde se tiene que obtuvo los grados de subintendente, intendente e intendente en jefe tal como se aprecia a folios 223 y 224 del cuaderno de anexos.

Refuerza la anterior argumentación, lo establecido en la sentencia C-1214 de la Corte Constitucional, en la cual se manifiesta que los estudiantes o alumnos de las escuelas de formación de la Policía Nacional no hacen parte de la jerarquía de la institución, dada su condición de Cadetes o de Alférez.

También indicó esa jurisprudencia constitucional que los alumnos o estudiantes al adelantar los cursos de formación en las escuelas policiales se están preparando para que cuando adquieran su condición de oficiales o suboficiales de la Policía en sus distintos rangos, cumplan a cabalidad la altísima misión a ella encomendada, a fin de desarrollar los preceptos constitucionales que le imponen a la Policía el deber de asegurar a los integrantes de la nación, la vida, la convivencia, la justicia y la paz dentro de un marco jurídico que garantice un orden justo, sirviendo a la comunidad.

De lo anterior y con las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que el demandante a pesar de tomar un curso en la Escuela General Francisco de Paula Santander lo hace para adquirir un ascenso en el escalafón de la Policía Nacional a Subteniente, se entiende que claramente no ostentaba la calidad de estudiante que inicia la formación policial, por cuanto ya estaba en el Nivel Ejecutivo como intendente jefe, y contaba con una experiencia nada despreciable de 19 años de servicio.

Aunado a lo anterior no cabe duda que al señor Jhon Jairo Restrepo Aguirre incurrió en una falta grave, tal como lo establece el literal c), numeral 23 del artículo 35 de la misma Ley 1015 del 2006, que es una norma especial y que por regla de interpretación es la aplicable al caso en concreto, que estipula respecto del “personal en cumplimiento de actividades académicas” que constituye falta grave: “Utilizar cualquier medio fraudulento”.

Igualmente, y para abundar en razones, se aplica en el caso en concreto el numeral 18 del artículo 35 de la de la precitada ley, que establece como falta grave lo siguiente: “Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como contravención, que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la institución, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización”.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la conducta de fraude realizada por el demandante, se adecúa perfectamente con los supuestos fácticos de los artículos anteriormente citados, por cuanto el Sr. Restrepo Aguirre en una actividad académica utilizó un medio fraudulento y porque incurrió en una conducta que afecta el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el prestigio de la institución en situación administrativa (licencia remunerada) toda vez que no existe decoro en realizar un fraude en un examen precisamente en una asignatura de “Ética profesional y cultura de la legalidad, lo cual es claramente un absurdo y es un contrasentido, máxime, sí el demandante contaba con una experiencia de 19 años en la Policía Nacional, habiendo adquirido en la institución los grados ya señalados de subteniente, intendente e intendente jefe.

La conducta del actor es claramente reprochable y afecta diáfanamente el servicio porque la Policía y la misma sociedad espera que un policial con tan importante experiencia de 19 años no cometa fraudes y menos aún en un curso de ética profesional y cultura de la legalidad”. 

En gracia de discusión, en el supuesto caso que existiera una contradicción entre el parágrafo 2º del artículo 23 y el literal “C”, del numeral 23 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, prevalece este último por ser norma especial.

Adicionalmente, si se hace una interpretación integral y sistémica del resto de normas aplicables al caso en concreto como el citado numeral 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, es claro que la conducta realizada por el Sr. Jhon Jairo Restrepo Aguirre, se tipifica en estos tipos especiales regulados en el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.

Además de lo anterior, la Sala estima que el señor Jhon Jairo Restrepo Aguirre se encontraba en una situación administrativa, que no desnaturaliza su condición de policía activo, toda vez que estaba en licencia remunerada, la cual fue otorgada mediante la Resolución 6 de 5 de enero de 2010(6), razón más que suficiente para establecer que él no perdía sus funciones policiales en calidad de Intendente Jefe como Profesional Nivel Ejecutivo. La anterior conclusión no deslegitima el hecho que la Resolución 66 de 2010, expresara en su artículo 2º que se le otorgaba la condición de cadete a un personal de aspirantes del Nivel Ejecutivo a oficiales, para realizar el programa de Especialización en el Servicio de Policía, en la Especialidad Logística del Cuerpo Profesional de la Policía Nacional en la Escuela de cadetes Policía General Francisco de Paula Santander(7), sino que se le mantenía su estatus de policía activo por el tiempo correspondiente a esa comisión. Además en dicha resolución se manifiesta que la citada licencia remunerada está sujeta al rendimiento académico por cada periodo, por ende no tiene sustento lo alegado por el demandante al señalar que ingresó como Cadete en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander y que por ese hecho perdía toda la trayectoria profesional que tenía hasta ese momento, por el contrario, ese curso es requisito necesario e indispensable para sus propósitos personales y profesionales de ascenso dentro de la institución, habida cuenta que el curso en cuestión es de “Administración Policial en la Especialidad de Vigilancia del Cuerpo Profesional de la Policía Nacional”.

Se tiene que la licencia remunerada según la resolución aludida implicaba un deber para el funcionario que se encontraba cobijado por la misma, en este caso es visible que está condicionada al rendimiento académico del demandante(8), por otro lado, se entiende que no pierde su grado de intendente jefe por cuanto ese grado sigue vigente hasta el momento en que termine sus estudios, con los cuales aspira dentro de la misma institución al grado de Subteniente en el escalafón directivo de la Policía Nacional, puesto que se encontraba en licencia de estudios. Se concluye que los hechos por los cuales se le sancionó disciplinariamente son claramente relacionados con la función policial, por ello el asunto era de conocimiento de la oficina de control disciplinario interno de la Dirección General de la Policía Nacional y no como lo entiende el apoderado del demandante que se haya cambiado el rango que tenía de intendente jefe a estudiante grado cadete y que por ello se desnaturalice su esencia policial.

Ahora bien, en cuanto a lo alegado en el sentido que no se resolvió en debida forma el conflicto de competencias frente al conocimiento del asunto, se tiene que este sí se resolvió(9), pero no de la manera y forma como quería el demandante, toda vez que por la inspección general – control disciplinario interno avocó el conocimiento del asunto, mediante decisión motivada, además se siguió el trámite correspondiente sin dilatar más el proceso por economía y celeridad procesal, llegando a proferir por parte del inspector general de la oficina de control disciplinario interno - Dirección General la decisión correspondiente siguiendo el debido proceso.

Se tiene que dentro del proceder de la autoridad disciplinaria de primera instancia, se realizaron los actos señalados por la ley competente, pero no realizó lo correspondiente en tiempo frente a la decisión del conflicto de competencia, esto no quiere decir que con aquella actuación esté viciado de nulidad todo lo actuado en el proceso disciplinario, por cuanto como se dijo en la parte inicial de estas consideraciones, no toda irregularidad genera nulidad de los actos, solo las anomalías sustanciales y no formales, en este evento sí existió una irregularidad pero formal, sin que se vulnera el debido proceso.

Adicionalmente, en el resto de actuaciones tampoco existió vulneración al debido proceso, tal como se aprecia en el expediente disciplinario. Las actuaciones que se realizaron en él son las siguientes:

• Acta mediante el cual se hace mención del fraude realizado por el demandante con las pruebas correspondientes. (fl. 6 cdno, anexo).

• Versión libre de Jhon Jairo Restrepo Aguirre. (fl. 15 y 16 cdno. anexo).

• Auto de SIJUR P-DIPON-2010-70, expedido por la Policía Nacional de Colombia – Oficina de Control Disciplinario Interno – Dirección General – Despacho, que ordena indagación preliminar. (fl. 17 a 20 cdno. anexo).

• Notificación de la diligencia de notificación del auto anterior. (fl. 30 y 31 cdno. anexo).

• Diligencia de notificación de 6 de julo de 2010, emitida por la Policía Nacional – Inspección General – Control Disciplinario Interno. (fl. 32 cdno. anexo).

• Auto 740 de 15 de julio de 2010, se decretaron pruebas para el esclarecimiento de los hechos del proceso disciplinario. En este se solicitaron documentos y declaraciones de varias personas. (fl. 74 a 77 cdno. anexo).

• Auto 837 de 12 de agosto de 2010, emitido por la Dirección General – Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, en el que se planteó el conflicto de competencia (fl. 182 a 184 cdno. anexo).

• Auto 9994 CODIN DIPON de 23 de septiembre de 2010, en donde se evalúa sobre la indagación preliminar y se determina tramitar la investigación disciplinaria por el Procedimiento Verbal establecido en la Ley 734 de 2002 en su artículo 175 inciso 3º, y se citó a audiencia disciplinaria al demandante. (fl. 187 - 215 cdno. anexo).

• Documento de 23 de septiembre de 2010, del Jefe de Control Disciplinario Interno en donde se realizó notificación personal al señor Jhon Jairo Restrepo Aguirre. (fl. 217 cdno. anexo).

• Auto 1018/CODIN de 27 de septiembre de 2010, proferido por la Inspección General de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, en que decretó la nulidad de la audiencia disciplinaria antes mencionada. (fl. 269 a 271 cdno. anexo).

• Auto 1019/ CODIN, expedido por la Inspección General de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, en el que avocó el conocimiento del asunto. (fl. 272 a 275 cdno. anexo)

• Auto 1020/CODIN DIPON de 28 de septiembre de 2010, proferido por la Inspección General de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, el cual se resolvió tramitar la investigación disciplinaria por el procedimiento verbal previsto en la Ley 734 de 2002 artículo 175 inciso 3º, y se citó a audiencia disciplinaria al demandante. (fl. 276 a 306 cdno. anexo).

• Diligencia de notificación personal de 28 de septiembre de 2010, del auto anterior firmada por el señor Jhon Jairo Restrepo Aguirre. (fl. 307 cdno. anexo).

• Acta 1 de 1º de octubre de 2010, en donde queda constancia de la celebración de la audiencia disciplinaria. (fl. 343 a 350 cdno. anexo).

• Auto 1033 de 4 de octubre de 2010, expedido por la Oficina Control Disciplinario Interno Dirección General - Despacho, que dio trámite a un recurso de apelación interpuesto contra una prueba testimonial. (fl. 353 y 354 cdno. anexo).

• Auto 251 INSGE - INSDE - DIPON, de 6 de octubre de 2010, proferido por la Inspección General de la Policía Nacional, en la que se resuelve recurso de apelación. (fl. 365 a 377 cdno. anexo).

• Acta 2 de 19 de octubre de 2010, emitida por Inspección General - Oficina Control Disciplinario Interno - Dirección General Despacho – De la Policía Nacional en donde se da continuación a audiencia ordinaria del proceso disciplinario adelantado contra el demandante. (fl. 382 a 386).

• Acta 3 de 19 de octubre de 2010, realizada por la Inspección General - Oficina Control Disciplinario Interno - Dirección General Despacho - De la Policía Nacional, en la que se profirió el fallo de primera instancia. (fl. 387 a 422 cdno. anexo).

Se puede concluir de lo anterior que se dio el manejo que por ley es el correspondiente al proceso disciplinario y que no existió un trámite diferente al que se da a casos similares, ya que la parte demandante tuvo todas las garantías constitucionales y legales para hacer valer sus derechos de defensa y de contradicción dentro de este proceso.

b) Sobre el presunto mal manejo del material probatorio e indebida valoración probatoria.

En cuanto al mal manejo en el material probatorio e indebida valoración de la misma, se tiene que esta no es una tercera instancia para debatir lo ya analizado dentro del proceso disciplinario. Para ello el apoderado del demandante tuvo la oportunidad correspondiente para aportar las pruebas pertinentes o contradecir las mismas si no estaba de acuerdo con ellas, esto no implica que no se puedan analizar las existentes en instancia administrativa cuando existe una violación manifiesta al debido proceso. No obstante la Sala observa que existió aparte de la prueba documental aportada por el Docente Jhon Peña Cortés(10) otro tipo de elementos probatorios en el expediente como testimonios, correos emitidos por el demandante y documentos que permitieron al fallador disciplinario dar una valoración probatoria en conjunto como lo establece el principio de la sana critica para tomar la decisión que adoptó en el fallo de primera instancia. Por tanto este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

c) Ilegalidad del Craet.

El apoderado del demandante estimó que el Comité de Recepción, Evaluación y Trámite de quejas e informes de la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander no podía ser el primer evaluador del informe presentado por el docente Jhon Peña Cortés, por cuanto en el régimen disciplinario para la Policía Nacional no se establecen atribuciones disciplinarias para las escuelas de formación, ya que debió aplicarse el manual académico.

La Sala remite a lo analizado ut supra cuando se desestimó el cargo de la falta de competencia por parte del fallador de primera instancia, toda vez que este punto tiene relación, por cuanto que si hubiera existido esa falta de competencia por parte de la autoridad disciplinaria de primera instancia, sí se tendría que regir por lo dispuesto en el manual académico citado. Pero como la competencia del proceso recayó sobre Inspección General – Control Disciplinario Interno, sí estaba el Craet facultado por el artículo 27 de la Ley 1015 de 2006, para encausar la conducta.

Por lo tanto, tampoco prospera el cargo alegado.

Irregularidades en el proceso verbal

Este punto tampoco es de recibo por cuanto como se pudo corroborar en el expediente disciplinario se cumplieron las etapas y se respetó el derecho de defensa del demandante, lo cual se evidencia del trámite analizado anteriormente en estas consideraciones, análisis que concluye que no existió violación alguna al debido proceso.

Adicionalmente y para abundar en razones el procedimiento verbal era claramente procedente en este caso conforme lo prevé el artículo 175 del CDU así: “i) cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, ii) cuando haya confesión…”. Nótese como la norma contiene para el primer evento una disyuntiva excluyente, que permite que en cualquiera de esas circunstancias sea válido dar aplicación a dicho trámite.

Se tuvo en cuenta los artículos 162 y 163 de la Ley 734 de 2002, tipificando la conducta en la Ley 1015 de 2006 artículo 35 numeral 18 “Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como contravención (licencia remunerada) y 23, literal C “utilizar cualquier medio fraudulento”.

En suma, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Decisión

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez valoradas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica. La Sala procederá a NEGAR, las súplicas de la demanda incoada por el señor Jhon Jairo Restrepo Aguirre contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, la subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Jhon Jairo Restrepo Aguirre, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme esta decisión, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gabriel Valbuena Hernández—Luis Rafael Vergara Quintero—William Hernández Gómez.

1 En este sentido, en la sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional argumentó: “El derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del Estado social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines del Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido instituidas las autoridades públicas”.

2 Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de marzo de 2009, Radicación No. 85001-23-31-000-2005-00252-01(1762-07). Actor: Jorge Prieto Riveros. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

4 A excepción de las decisiones adoptadas por las Salas Disciplinarias de los Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, cuyas decisiones son de naturaleza jurisdiccional.

5 Folio 5 del expediente.

6 Folio 148 y 149, cuaderno anexos.

7 Folio 150 vlt. cuaderno anexo. Resolución 66 de 2010, Proferida por la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional.

8 Folio 148 vlt. cuaderno anexo. Resolución 6 de 5 de enero de 2010. Expedida por la Dirección General de la Policía Nacional.

9 Auto 1019/CODIN de 28 de septiembre de 2010, proferido por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional – Inspección General – Control Disciplinario Interno. (Consideró que “teniendo en cuenta que la asesoría jurídica de la Inspección General remitió la actuación a este despacho considerando que el superior común de las dos oficinas que propone el conflicto de competencias es el Director General de la Policía Nacional, para lo cual sería el caso remitir la Investigación que nos ocupa a esa instancia, no obstante, encuentra este despacho aspectos que no se han analizado y que conllevan a avocar nuevamente la competencia del caso como tal, previstas las siguientes consideraciones: (…)” folio 273 cuaderno anexo.

10 Docente de la cátedra de Ética Profesional y Cultura de la Legalidad.