Sentencia 2011-00622 de octubre 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expedientes: 20001233100020110062202

20001233100220120012501

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandantes: Carlos Mario Isaza Serrano y otros

Demandados: Concejales de Valledupar

Electoral: Fallo de 2ª instancia

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el fallo emitido el 13 de septiembre de 2012, por el Tribunal Administrativo del Cesar, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La elección de concejales de Valledupar para el período constitucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica del formulario E-26 CON expedido por los miembros de la comisión escrutadora departamental, generado el 11 de noviembre de 2011 (fls. 34 y 35, cdno. 1).

3. Cuestiones previas.

El señor Carlos Mario Isaza Serrano, demandante en el Expediente 201100622, con su escrito de apelación no solo cuestionó la razón primordial que condujo al fallo inhibitorio sobre sus pretensiones (falta de agotamiento del requisito de procedibilidad), sino que también hizo un par de planteamientos al margen, que la Sala abordará preliminarmente.

En primer lugar, señaló que con ocasión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar se practicó recuento a la votación y que fruto de ello se hicieron algunas correcciones, que además de no identificar, deben tomarse en cuenta para invalidar la elección y así “plasmar los resultados de dicha corrección”.

Una petición como esta no puede abordarse sin que previamente se advierta que con fundamento en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989, que por virtud del principio de integración normativa debe armonizarse con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe respetar el principio de la congruencia.

Según dicho principio, la sentencia debe ocuparse de los planteamientos formulados oportunamente por una y otra parte. En caso de la parte actora, de lo dicho en la demanda y su corrección, y si se trata de la parte demandada, de lo alegado con la contestación, junto con las demás oportunidades previstas en el ordenamiento jurídico.

Además, el mencionado principio también opera en el contexto del recurso de apelación, que bien puede delimitar aún más los temas sobre los cuales debe pronunciarse el operador jurídico de segundo grado, pero que igualmente puede conducir a que dicho funcionario se pronuncie sin las limitantes propias de los planteamientos de los impugnantes cuando los reparos provengan de ambas partes, extensión que en todo caso debe mantenerse dentro de los parámetros fijados por la dialéctica procesal creada con la demanda y la contestación.

Así las cosas, y como ya lo advirtió el procurador 7º delegado ante el Consejo de Estado en su concepto, la solicitud de invalidar la elección de concejales del municipio de Valledupar a partir de las correcciones efectuadas en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, que por cierto no se determinaron y cuya eficacia es bastante discutible por la revocatoria de esa sentencia, bien puede calificarse como un cargo nuevo que no puede asumirse en esta instancia.

Efectivamente, la oportunidad para formular recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia está prevista para eso y no para modificar la causa petendi mediante la ampliación de las situaciones de hecho que eventualmente puedan configurar alguna causal de nulidad.

El debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional establece, entre otras cosas, el respeto por las formas propias de cada juicio, diseñadas no solo para darle forma a los procedimientos, sino también para asegurar las garantías fundamentales de los sujetos procesales, entre ellas los derechos de defensa y contradicción. Por tanto, la idea de admitir en la apelación nuevas imputaciones resulta incompatible con la Constitución, con la estructura misma del proceso electoral y, por supuesto, con los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal.

En segundo lugar, el señor Isaza Serrano cuestionó la posición jurisprudencial asumida por esta Sección sobre la oportunidad en que debe presentarse la corrección de la demanda de nulidad electoral cuando venga acompañada de nuevos cargos, y por ende, la decisión adoptada por el tribunal a quo en cuanto al escrito de corrección por él radicado.

Sobre lo último dirá la Sala que se trata de un debate jurídico que ya se cerró. En efecto, el señor Carlos Mario Isaza Serrano, con escrito presentado el 16 de enero de 2012 (fls. 727 y 729, cdno. 1), corrigió la demanda en el sentido de ampliar el petitum de la demanda, pues lo extendía a la Resolución 5 de 7 de noviembre de 2011, expedida por la comisión escrutadora municipal de Valledupar, y a las resoluciones 25 y 29 de 11 de los mismos, dictadas por la comisión escrutadora del departamento del Cesar. Ante ello el Tribunal Administrativo del Cesar, con auto de 26 de enero de 2012 (fls. 794 a 798, cdno. 1), rechazó el escrito de corrección por extemporáneo, dado que se presentó por fuera del término de caducidad previsto en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo.

Esa determinación fue apelada por el interesado y el tribunal con auto de 3 de febrero de 2010 (fl. 811, cdno. 29), lo concedió en el efecto devolutivo y señaló el término dentro del cual se debería cancelar el valor de las copias. Como así no se hizo, el tribunal profirió el auto de 16 de los mismos (fl. 814, cdno. 29) y lo declaró desierto. El señor Isaza Serrano, con escrito radicado el 20 de febrero de 2012 (fls. 815 y 817, cdno. 29), y la coadyuvante Cindy Lorena Toloza Gamarra, con escrito presentado en la misma fecha (fls. 818 y 819, cdno. 29), formularon recurso de reposición en contra de esa determinación y en subsidio recurso de queja. Con auto de 27 de febrero de 2012 (fls. 825 a 829, cdno. 29), el tribunal negó la reposición e impartió las medidas pertinentes para que se surtiera el recurso de queja.

Una vez se surtieron los trámites concernientes al recurso interpuesto, esta Sección emitió el auto signado el 19 de julio de 2012 (fls. 59 a 66, cdno. 25), mediante el cual estableció que el recurso no debió concederse en el efecto devolutivo sino en el suspensivo, por ser la regla general consagrada en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo. Por tanto, no debió cobrarse ningún estipendio para que se surtiera la alzada, por la gratuidad de la administración de justicia, y que era menester pronunciarse de una vez sobre los motivos de la apelación. Ante ello sostuvo la Sala que existía jurisprudencia que establecía que la oportunidad para corregir la demanda la fijaban tanto el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, como el artículo 136 numeral 12 ibídem. Así, decidió revocar el auto de 16 de febrero de 2012, que declaró desierto el recurso, pero confirmó el auto de 26 de enero del mismo año, que rechazó la corrección de la demanda por extemporánea. Es decir, se trata de un debate clausurado, con una decisión que está en firme.

Y, en torno a que se abandone esa posición jurisprudencial, que como lo dijo esta Sección en el auto de 19 de julio de 2012 se funda, entre otros, en los fallos de 24 de junio de 2004 (Exps. 2899, 2905 y 2910), de 24 de marzo de 2006 (Exp. 3906) y de 29 de junio de 2007 (Exp. 200600023), y que más recientemente se reiteró en el fallo de 10 de mayo de 2013 dictado en los procesos acumulados seguidos contra la elección de senadores de la República 2010-2014 (Exp. 201000061 y otros), la Sala no acoge el planteamiento, pues brevemente señala que el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 66 de la Ley 96 de 1985, debe interpretarse en armonía con el artículo 136 numeral 12 ibídem, modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 23 y la Ley 446 de 1998 artículo 44, ya que de lo contrario el término perentorio e inmodificable de 20 días, que se tiene para solicitar la nulidad de un acto electoral, perdería estas características para quedar sujeto al albur de las notificaciones que deben realizarse en cumplimiento del auto admisorio de la demanda.

4. Proceso electoral 201100622 de Carlos Mario Isaza Serrano.

El accionante cuestionó la decisión asumida por el Tribunal Administrativo del Cesar frente a su demanda, la cual fue fallada inhibitoriamente porque no halló acreditado que se hubiera agotado el requisito de procedibilidad respecto de las irregularidades traídas a la jurisdicción para configurar la causal de nulidad del artículo 223 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo.

Pues bien, en pro de establecer si es cierto que el demandante no satisfizo ese presupuesto constitucional, la Sala, con apoyo en la jurisprudencia de la Sección, hará algunas precisiones en torno a ese requisito, luego de lo cual examinará el material probatorio regular y oportunamente incorporado al plenario, para compararlo con las irregularidades puntualmente formuladas con la demanda, y así determinar si la razón está del lado del actor o no.

El artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009 adicionó al artículo 237 de la Constitución un parágrafo, en el cual consagró el requisito de procedibilidad para el contencioso de nulidad electoral, en los siguientes términos:

“PAR.—Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

El constituyente decidió que a partir de la entrada en vigor de esa enmienda el proceso electoral contra actos de elección expedidos por votación popular, ya no podría interponerse directamente, como se venía haciendo, sino que los interesados en ello debían previamente someterlas a examen de las autoridades electorales correspondientes.

Así, las características más sobresalientes de ese requisito son las siguientes:

Es un presupuesto de rango constitucional que inexorablemente debe cumplirse para que se pueda acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para juzgar los actos electorales. Solamente opera frente a elecciones por voto popular. Esto es, debe agotarse para poder impugnar las elecciones de Presidente de la República, senadores de la República, representantes a la cámara, parlamentarios andinos, diputados, concejales, ediles y jueces de paz. Por lo mismo, no se puede exigir frente a demandas en las que se pida la nulidad de nombramientos o designaciones, como tampoco respecto de los llamamientos que hagan las corporaciones públicas de elección popular, ni de las elecciones que hagan otros cuerpos electorales.

Lo que debe someterse a consideración de las respectivas autoridades electorales son las “irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio”. Es decir, inconsistencias que puedan configurar causales objetivas de nulidad, tales como la falsedad o apocrificidad prevista en el artículo 223 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo. Por tanto, las demandas de nulidad contra las elecciones por voto popular mencionadas en el párrafo anterior, que se basen en otro tipo de circunstancias, como podrían ser las causales subjetivas de nulidad derivadas de inhabilidades o falta de requisitos, no deben agotar el requisito de procedibilidad y pueden arribar directamente a la jurisdicción.

Tal como lo afirmó el recurrente, el agotamiento del requisito de procedibilidad no requiere una legitimación especial. Por tratarse de un asunto vinculado al ejercicio de una acción pública, encaminada a salvaguardar la Constitución y la ley, cualquier persona puede asumir la denuncia de irregularidades en las votaciones y los escrutinios, y por ende, en el plano jurisdiccional, el accionante puede acreditar la satisfacción de ese presupuesto constitucional mediante la aducción de solicitudes presentadas por él o por cualquier otra persona, a condición de que estén referidas a la materia propia del mismo.

Sobre estos puntos ha dicho la jurisprudencia de la Sección:

“Así, se trata de un requisito que si bien debe acreditarse procesalmente, por parte del actor, para el curso normal de la demanda, su agotamiento en sede administrativa bien puede producirse a instancia de cualquier ciudadano, dado que el constituyente no delimitó una legitimación por activa para ello, lo que debe entenderse como que tales irregularidades pueden denunciarse ante las autoridades electorales por cualquier persona.

En cuanto a la oportunidad, es claro que se satisface el requisito si las irregularidades son puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de que se expida el acto declaratorio de elección, aspecto razonable porque aún existe la posibilidad de que las anomalías probadas puedan ser corregidas y de esa forma el escrutinio sea resultado exacto de la voluntad popular expresada en las urnas.

Respecto a su objeto dirá la Sala que el requisito de procedibilidad únicamente puede ocuparse de irregularidades constitutivas de causales o motivos de nulidad existentes en el proceso de votación y en el escrutinio, es decir, de todos aquellos fenómenos suscitados durante el curso de la jornada electoral o al realizarse los escrutinios, concernientes entre otras, a falsedades en los registros electorales.

Y, finalmente, para el agotamiento del mencionado requisito basta con que las irregularidades constitutivas de nulidad hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE…”(3).

Ahora, en cuanto a la oportunidad y la autoridad ante quien debe cumplirse el requisito dice el precepto constitucional que debe ser “antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”. Sobre el particular consideró la Sala que ello no puede estar desligado del diseño que el legislador dio al proceso de los escrutinios en el Código Electoral, ya que resultaba necesario, además de conveniente, preservar principios medulares como la eventualidad o preclusividad de las distintas fases del escrutinio, para impedir que por el ejercicio de este derecho se retrotraiga la actuación con cada solicitud. De igual forma retomó de esa codificación la competencia de la autoridad administrativa electoral encargada de declarar la respectiva elección, para sostener, por ejemplo, que las irregularidades suscitadas durante el escrutinio municipal se deberían dar a conocer ante la comisión escrutadora municipal, y no que ello se pudiera realizarse ante autoridades superiores. Al respecto sostuvo la Sección:

“Y, en torno a la oportunidad de que disponen los interesados para formular peticiones con miras a agotar el requisito de procedibilidad, se tiene que el parágrafo del artículo 237 constitucional, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, precisó que ello debe acaecer “antes de la declaratoria de elección, [y ante] la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

La Sala, en articulación con la estructura diseñada por el Código Electoral o Decreto 2241 de 15 de julio de 1986, advierte que la denuncia de irregularidades no es un acto de la absoluta discrecionalidad del interesado, de modo que pueda escoger libremente el momento en que lo hace y la autoridad ante quien hace la denuncia de irregularidades en las votaciones y los escrutinios. Al efecto debe tomarse en cuenta que el Código Electoral determinó que los escrutinios, según la autoridad política a elegir y sin tomar en cuenta el que realizan los jurados de votación, se debe adelantar por las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales, municipales, distritales, los delegados del Consejo Nacional Electoral, y por supuesto cuando se trata de autoridades del orden nacional, por ésta entidad de la organización electoral.

Por lo mismo, y para no impedir el avance normal del escrutinio ni retrotraerlo a instancias ya superadas, la oportunidad y la autoridad competente para atender las peticiones encaminadas a agotar el requisito de procedibilidad, debe tomar en cuenta “la autoridad administrativa correspondiente”, que corresponde a la autoridad que tiene la competencia para hacer la declaratoria de elección.

Así, por ejemplo, si se trata de irregularidades concernientes a la elección de un alcalde municipal, la denuncia debe formularse ante la comisión escrutadora municipal y a más tardar, hasta antes de que la misma provea sobre la elección. No sería admisible, por tanto, que dichas inconsistencias se dieran a conocer directamente a los integrantes de la comisión escrutadora departamental o incluso al Consejo Nacional Electoral, puesto que se trata de autoridades incompetentes para conocer de primera mano las irregularidades sucedidas durante los escrutinios municipales, y porque solamente están autorizadas para conocer de las apelaciones que se formulen contra las decisiones de su respectivo inferior funcional”(4).

Y, por último, en cuanto a la forma en que procesalmente se debe acreditar el requisito de procedibilidad dirá la Sala que por tratarse de un presupuesto que da acceso a la jurisdicción, su demostración solamente puede ser desde un comienzo, esto es, que uno de los anexos de la demanda ha de ser la copia de la petición que oportunamente se dirigió a la autoridad administrativa electoral para poner en conocimiento irregularidades en las votaciones y los escrutinios, o eventualmente los actos expedidos por dichas autoridades en respuesta a esas solicitudes, si es que se dictaron. Así lo sostuvo la Sala en uno de sus primeros pronunciamientos sobre el particular:

“Y, de igual forma, la consagración del requisito de procedibilidad conlleva a sostener que los interesados en adelantar procesos electorales, basados en ese tipo de anomalías, deben acreditarle al juez de lo electoral el cumplimiento de ese requisito, lo que necesariamente debe surtirse a través de los anexos de la demanda, que por ser pruebas documentales solo puede hacerse mediante la aducción de copia auténtica de las solicitudes impetradas ante las autoridades electorales, o con la presentación de copia auténtica de las resoluciones emitidas por dichas autoridades en respuesta a esas peticiones”(5).

Lo anterior se complementa con el requisito de identidad, que consiste en que, verbi gratia, los casos de falsedad integrados a la demanda deben corresponder a las mismas irregularidades que fueron puestas en conocimiento de las autoridades administrativas electorales para agotar el requisito de procedibilidad. Esa identidad excluye los señalamientos vagos e imprecisos, como cuando en los escrutinios piden recuentos generalizados de los votos escrutados o hacen imputaciones sin precisar los elementos característicos de la falsedad, que en tratándose de adulteración de resultados electorales respecto a un determinado candidato, obliga a que se identifique tanto el candidato concernido, como los guarismos objeto de falsificación según los formularios E-14 y E-24.

Ahora bien, con el ánimo de establecer si dentro del plenario existe algún documento con el que pueda tenerse por acreditado el requisito de procedibilidad frente a las falsedades (E-14 ≠ E-24) que supuestamente tuvieron lugar en la votación de los señores Eudes Orozco Daza (11) y José Mario Rodríguez (15), candidatos inscritos por el Partido Conservador, la Sala examinó las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, entre las que solamente tendrían alguna relación con la denuncia sobre irregularidades en las votaciones y los escrutinios, las que a continuación se detallan:

1. Copia auténtica del “Acta general del escrutinio para las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales - 30 de octubre de 2011”(6), de la comisión escrutadora del departamento del Cesar, practicada entre el 1º y el 11 de noviembre de 2011, en la que respecto a peticiones de recuento de votos se observa:

“Se deja constancia que el señor secretario de gobierno departamental, doctor Evelio Daza Daza, presenta una solicitud para recuento de votos mesa a mesa para Concejo municipal de Valledupar, solicitud que será resuelta por esta comisión escrutadora a través del correspondiente acto administrativo (fl. 488).

(...).

Siendo las 2:10 p.m. del 11 de noviembre se da lectura a la Resolución 29 del 11 de noviembre de 2011, por la cual se resuelve una solicitud, presentada por el doctor: Evelio Daza Daza, quedando notificada en estrados. Se ordena por secretaría hacer llegar copia de un ejemplar al interesado (fl. 490)”.

2. Copia auténtica del acta general de escrutinio de la comisión escrutadora del municipio de Valledupar, realizada entre el 5 y el 7 de noviembre de 2011, en la que sobre el punto indagado se dice:

“Los señores Ciro Guzman (sic) Chinchia (sic),…, candidato al concejo del partido MIO y Jorge Luis Arzuaga Martinez (sic), candidato al concejo, por el partido Alianza Social Independiente ASI, presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación contra los resultados emitidos en la zona 4 a fin de que se haga reconteo físico de las zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 recurso que fue resuelto mediante la Resolución 5 de fecha 7 de noviembre de 2011, negándose por extemporáneo la reclamación (sic) y por improcedente el recurso de reposición y en subsidio de apelación; decisión que fue apelada por los peticionarios la cual se concede en el efecto suspensivo ante la comisión escrutadora departamental”(7).

3. Copia auténtica de la Resolución 5 de 7 de noviembre de 2011, expedida por la comisión escrutadora municipal de Valledupar, mediante la cual se rechazó de plano, por extemporánea, la petición formulada por Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez y Jorge Luis Arzuaga Martínez, sobre recuento de votos frente a “los resultados emitidos por la comisión auxiliar de escrutinio del municipio de Valledupar en la zona 4 ‘donde pudimos notar el mayor defase (sic) numérico contable de mi votación teniendo en cuenta que las zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 ya veníamos notando esas falencias en igual proporción…”(8).

4. Copia auténtica de la petición formulada el 11 de noviembre de 2011 por el señor Evelio José Daza, secretario de gobierno departamental, a la comisión escrutadora departamental del Cesar, que se concreta en lo siguiente:

“… respetuosamente solicito a ustedes estudiar la posibilidad de realizar la revisión, de las tarjetas electorales correspondientes a la elección de concejales, tal como está planteado procesalmente ante ustedes a través de un recurso de apelación”(9).

5. Copia auténtica de la Resolución 25 de 11 de noviembre de 2011, expedida por la comisión escrutadora del departamento del Cesar, mediante la cual “Rechaz[ó] de plano por improcedente todos los recursos incoados por los señores: Ciro Guzman (sic) Chinchia (sic) Bermudez (sic) y Jorge Luis Arzuaga Martinez (sic)”, porque “encontr[ó] ajustada a derecho la decisión adoptada por la comisión escrutadora municipal de Valledupar (Cesar), mediante Resolución 5 del 7 de noviembre de 2011, en razón de que los recurrentes debieron impugnar, las mesas, ante los jurados de votación; impugnar las actas de escrutinio de mesa, formularios E-14, ante la respectiva comisión zonal, presentando en todas estas etapas del proceso electoral, su solicitud de recuento voto a voto,…”(10).

6. Copia auténtica de la Resolución 29 de 11 de noviembre de 2011, expedida por la comisión escrutadora del departamento del Cesar, por medio de la cual rechazó de plano la solicitud formulada por el señor Evelio Daza Daza, con fundamento en que se presentó extemporáneamente(11).

7. Copia auténtica de la petición dirigida el 12 de noviembre de 2011 a los “Señores delegados registraduría municipal y departamental”, por los señores Laureano Santander Peñaranda Saurith, Eudes Orozco Daza, Luis Valera M., Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, Jorge Luis Arango M., Marcos M. Castro Moncada y José R. Gómez Solón, para que se suspendiera la declaración de elección de concejales de Valledupar, mientras se revisaban las irregularidades descritas en estos términos:

“Mesas que fueron admitidas sin el E-14, mesas que fueron escrutadas sin el E-10, E-11 y E-14, mesas que fueron recibidas de manera extemporánea, las innumerables inconsistencias encontradas entre lo consignado en el E-14 y la votación física depositada en muchas de las mesas escrutadas y en consecuencia la revelada falsedad de información que fue depositada en dichos formularios del E-14 por parte de los jurados de votación quienes en ejercicio de funciones públicas de manera transitoria incurrieron en irregularidades de tipo disciplinario y penal”(12).

Aparte de las anteriores pruebas ningún otro documento se refiere al asunto sobre el que se indaga. Y, para la Sala es claro que según estos medios de prueba no está acreditado en el plenario que se haya agotado el requisito de procedibilidad implementado con el Acto Legislativo 1 de 2009, el cual debía versar sobre la supuesta adulteración de los votos reportados a los candidatos del Partido Conservador, señores Eudes Orozco Daza (11) y José Mario Rodríguez (15), en los formularios E-14 con respecto al formulario E-24, en las mesas 01-03-11(13), 01-05-15, 02-01-24, 04-01-08, 04-01-31 y 06-02-04, y 04-01-22 y 05-01-14, respectivamente.

Además, si bien algunos de los anteriores documentos evidencian las denuncias efectuadas por ciertos ciudadanos sobre supuestas irregularidades durante los escrutinios, las mismas se plantearon con tal generalidad que distan en mucho respecto de lo que en este proceso se informa, puesto que los interesados iban detrás de recuentos de la votación total en el municipio de Valledupar, o en el mejor de los casos sobre la revisión de zonas completas, pero no de las mesas arriba indicadas, que era lo requerido según el presupuesto constitucional sub examine.

En este orden de ideas, la decisión inhibitoria adoptada por el tribunal a quo sobre la demanda interpuesta por el señor Carlos Mario Isaza Serrano (Exp. 201100622), estuvo ajustada a derecho, puesto que no se acreditó que se hubiera agotado el requisito de procedibilidad frente a las supuestas falsedades por él invocadas.

5. Proceso electoral 201200125 de Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez y Eudes Enrique Orozco Daza.

La apoderada judicial de la parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, en cuanto declaró probada la caducidad de la acción, bajo el argumento de que si bien la demanda se presentó en la oficina judicial el 16 de marzo de 2011, cuando ya había fenecido el término de caducidad (dic. 13/2011), en ningún caso puede considerarse extemporánea porque mediante sentencia de 14 de febrero de 2012, proferida por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar se habilitó el término para interponer la acción de nulidad electoral.

Agregó que no obstante haberse revocado esa providencia por el tribunal administrativo del Cesar, el hecho de que esa corporación nada hubiera dicho en torno a sus efectos, lleva a entender que los produce hacia el futuro, esto es, a partir de la notificación del fallo de segunda instancia, pues solo así se mantienen a salvo los derechos fundamentales de los accionantes.

Para tener claridad sobre lo ocurrido en torno a las acciones de tutela que fueron formuladas con respecto a la elección de concejales del municipio de Valledupar (2012-2015), la Sala plasma a continuación los medios de prueba que obran en el informativo sobre el particular. Veamos:

1. Copia informal de la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2011 por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, dentro de la acción de tutela 200013331006201100494-00 seguida por Jorge Luis Arzuaga Martínez, Belisario Jiménez Lúquez y Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual (i) se ampararon los derechos fundamentales de los accionantes, (ii) se rechazó la tutela por improcedente frente a Belisario Jiménez Lúquez, (iii) se ordenó a las entidades accionadas que dentro de las 48 siguientes suspendieran el acto que declaró la elección de concejales de Valledupar “y se proceda de manera inmediata a realizar un reconteo voto a voto de todas las mesas de votación en este municipio”(14).

2. Copia informal(15) del fallo proferido el 10 de enero de 2012 por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar, dentro de la acción de tutela 200013787004201100970-00 seguida por Gabriel Mudvi Arangüena contra el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, con la cual se declaró improcedente la acción contra la sentencia mencionada en el numeral anterior y se levantó la suspensión provisional que se había decretado con el auto admisorio sobre la misma(16).

3. Copia informal del auto dictado el 26 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de la acción de tutela 200013331006201100494-00 citada en precedencia, por medio del cual se anuló todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda y se ordenó rehacer el proceso “previa notificación a las partes y a los terceros con interés para actuar en este proceso”(17).

4. Copia informal del auto proferido el 2 de febrero de 2012 por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, dentro de la acción de tutela 200013331006201100494-00, para admitir de nuevo la demanda(18).

5. Copia informal de la sentencia emitida el 14 de febrero de 2012 por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, dentro de la acción de tutela 200013331006201100494-00, en la que dispuso en esta ocasión que la comisión escrutadora municipal de Valledupar se debía reunir dentro de las 48 horas siguientes para que revocara la Resolución 5 de 7 de noviembre de 2011 y declarara “que con las reclamaciones formuladas se agota el requisito de procedibilidad para que los señores Ciro Guzman (sic) Chinchia (sic) Bermudez (sic), Jorge Luis Arzuaga Martinez (sic) y Eudes Orozco Daza puedan acudir dentro de los 20 días hábiles siguientes a ejercer, si lo desean, el contencioso electoral”. De igual forma ordenó “Mantener el valor probatorio de los documentos del reconteo” y ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que se ocupara de su custodia(19).

6. Copia firmada en original del auto dictado el 24 de febrero de 2012 por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, dentro de la acción de tutela 200013331006201100494-00, con el que requirió a las autoridades obligadas a cumplir el fallo anterior, para que lo hicieran efectivo, “sin mayores dilaciones e independientemente del trámite de la impugnación”(20).

7. Copia auténtica de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se revocó el fallo dictado el 14 de febrero anterior, por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, en la acción de tutela 200013331006201100494-00, y en su lugar la declaró improcedente por la existencia de otro medio de defensa judicial, como es el contencioso de nulidad electoral(21).

Así, es cierto que el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, con fallo de 14 de febrero de 2012 proferido dentro de la acción de tutela 200013331006201100494-00, dispuso, entre otras medidas, habilitar el término de caducidad de la acción electoral para que los interesados en ella, dentro de los 20 días siguientes, la interpusieran, como en efecto así lo hicieron el 16 de marzo de 2012.

Con todo, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió el fallo de 27 de marzo de 2012, con el cual revocó la sentencia citada en el párrafo anterior y declaró improcedente la acción porque los interesados contaron con la posibilidad de ventilar los mismos hechos a través de la acción de nulidad electoral. En esta parte es que la apelante sostiene que los efectos de la revocatoria son ex nunc o hacia adelante, porque el tribunal no hizo ninguna precisión en torno a los que pudiera tener su providencia.

La Sala observa, en primer lugar, que la acción de tutela fue concebida en el artículo 86 constitucional y en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, con el propósito de proveer sobre “la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Por lo mismo, este dispositivo constitucional no puede emplearse con la finalidad de revivir términos u oportunidades procesales ya vencidos, tal como lo ha dejado en claro la doctrina constitucional al pregonar:

“2.8.3. En esas condiciones, la Sala concluye que no existe un motivo suficientemente justificado que configure una de las causales especiales que hacen procedente de manera excepcional la acción de tutela contra providencias judiciales. Por el contrario, la Sala encuentra que el apoderado de la accionante está utilizando la acción de tutela para un fin antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos; es decir, perdida esta oportunidad procesal por causa imputable al accionante, no puede pretender válidamente recuperarla ahora a través del ejercicio de la acción de tutela(22) y menos haciendo pasar la negativa de los jueces administrativos de tramitar su solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 2798 del veinticuatro (24) de mayo de 2006 que suspendió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su poderdante, como una vía de hecho judicial, cuando fue él quien presentó la demanda extemporáneamente”(23) (resaltado de la Sala).

Y, en segundo lugar y por esta misma razón —revivir términos procesales—, de acuerdo con el ordenamiento jurídico no es cierto que el fallo de tutela dictado por el juzgado en cuestión conserve su eficacia entre la fecha de su expedición y la fecha en que se notificó la sentencia que lo revocó y que fue emitida por el tribunal administrativo del Cesar, como tampoco lo es el hecho de que para poderse borrar sus efectos pasados el ad quem ha debido así disponerlo en la parte resolutiva de su sentencia, precisamente porque, se reitera, el apoderado de la accionante está utilizando la acción de tutela para un fin antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos.

La apoderada equivocadamente pretende que se aplique en este caso lo que el ordenamiento jurídico reserva para los fallos dictados por la H. Corte Constitucional cuando ejerce el control judicial de constitucionalidad. En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe al respecto que “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario” (resaltados de la Sala). Por el contrario, en lo que respecta a los fallos dictados en las acciones de tutela el artículo 45 ibídem, consagra que “tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación solo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.

Por tanto, si la sentencia de segunda instancia revoca la que en primera instancia acogió las súplicas de la demanda, sus efectos se surten inmediatamente es notificada, de suerte que cualquier orden que se haya impartido como efecto suyo desaparece del mundo jurídico, y lo hace desde entonces, desde cuando se expidió.

En este orden de ideas, al haberse revocado el fallo dictado el 14 de febrero de 2012 por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, que habilitó el término para acudir a esta jurisdicción en la demanda sub examine, desapareció el fundamento jurídico que permitió admitirla no obstante haberse radicado por fuera del término establecido en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo. Ante ello, bien hizo el tribunal a quo al fallar inhibitoriamente por caducidad de la acción, ya que era evidente su extemporaneidad. Por tanto, lo resuelto en esta parte tampoco merece ningún reparo.

6. Conclusión.

La Sala, según lo discurrido en precedencia, infiere que el fallo inhibitorio dictado el 13 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar debe confirmarse.

En cuanto a la demanda formulada por el señor Carlos Mario Isaza Serrano (Exp. 201100622), porque no acreditó que respecto de las falsedades por él denunciadas se hubiera agotado el requisito de procedibilidad contemplado en el parágrafo del artículo 237 Constitucional, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009.

Y, respecto de la demanda interpuesta por los señores Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez y Eudes Enrique Orozco Daza (Exp. 201200125), porque se radicó por fuera del término establecido en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo. En lo que no puede tomarse en cuenta lo ordenado por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar con fallo de 14 de febrero de 2012, porque el mismo fue revocado por el Tribunal Administrativo del Cesar con sentencia de 27 de marzo de 2012.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia inhibitoria dictada el 13 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de los procesos electorales 201100622-02 y 201200125-01 adelantados por Carlos Mario Isaza Serrano y otros contra la elección de concejales de Valledupar 2012-2014.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese».

(3) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 25 de agosto de 2011. Expedientes 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00. Demandante: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro. Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá. C.P. (E) Susana Buitrago Valencia.

(4) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 25 de julio de 2013. Expediente: 730012331000201200047-01. Actor: Enrique Barragán Liévano. Demandados: Diputados del departamento del Tolima. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(5) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 13 de diciembre de 2010. Expediente: 110010328000201000076-00. Actor: Mercedes del Carmen Maturana Esquivia. Demandados: Senadores de la República 2010-2014. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(6) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 446 a 495.

(7) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 496 a 499.

(8) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 513 y 514.

(9) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 702 a 704.

(10) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 705 a 707.

(11) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 708 a 710.

(12) Expediente 201100622, cuaderno 1 folios 711 y 712.

(13) Los dos primeros dígitos corresponden a la zona, los segundos al puesto y los dos últimos a la mesa.

(14) Expediente 201200125, cuaderno 1 folios 570 a 577.

(15) Algunas de las pruebas apreciadas en esta providencia fueron aportadas en copia informal, lo que en principio llevaría a restarles mérito probatorio según lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la Sala viene prohijando la tesis de que en casos como este, en que el demandante allega copias informales sin refutar la veracidad de su contenido, y donde el demandado asume una posición similar bien porque no contesta la demanda o porque no tacha de falsos esos documentos, se produce una especie de “autenticidad tácita”, que permite dar credibilidad a lo consignado en ellos. Al efecto se pueden consultar las sentencias dictadas el 11 de julio de 2013 (Exp. 760012331000201200004) y el 19 de septiembre de 2013 (Exp. 250002324000201200075).

(16) Expediente 201200125, cuaderno 1 folios 579 a 589.

(17) Expediente 201200125, cuaderno 1 folios 590 a 597.

(18) Expediente 201200125, cuaderno 1 folios 598.

(19) Expediente 201200125, cuaderno 1 folios 599 a 608.

(20) Expediente 201200125, cuaderno 1 folios 609 a 611.

(21) Expediente 201100622, cuaderno 29 folios 922 a 940.

(22) Al respecto, esta corporación ha sido enfática en desarrollar la regla según la cual la acción de tutela no procede para reactivar términos de caducidad: En ese sentido se pueden ver: T-616 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-1012 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-051 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-275 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1661 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) entre otras.

(23) Corte Constitucional. Sentencia T-017 de 23 de enero de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño.