Sentencia 2011-00628 de abril 17 de 2013

 

Sentencia 2011-00628 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

Radicación: 110010325000201100628 00 (2465-11)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Luz Dey Escobar Echeverry y otro.

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico en el presente asunto se contrae a de(sic) determinar la legalidad de los actos administrativos(1) que declararon responsable disciplinariamente a los actores de adjudicar un bien inmueble de propiedad privada y les impuso como sanción la suspensión del cargo por un mes, convertida en multa de un mes de salario devengado para el año 2003.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

Mediante queja de 24 de agosto de 2001, el señor Homer Arturo Torres Reyes denunció presuntas irregularidades en que habrían incurrido los actores, en su condición de alcaldesa y secretario de gobierno del municipio de Bolívar, al adjudicar al señor Javier Alcalde Vega un predio ubicado en el área urbana, de propiedad privada.

El 7 de abril de 2005 encontrando mérito con las pruebas allegadas se profirió auto de investigación disciplinaria contra María Amparo Ávila Jiménez y Exerzahin Vargas Castillo en su condición de alcaldesa y secretario de gobierno del municipio de Bolívar (Valle), respectivamente, por estar en su momento ejerciendo funciones en la administración municipal (fl. 74 cdno. ppal.).

El 27 de enero de 2006 se ordenó vincular a los señores Luz Dey Escobar Echeverry y Evelio Martínez Martínez en su condición de alcaldesa y secretario de gobierno del municipio de Bolívar (Valle), respectivamente para la época de los hechos (año 2003) por proferir el acto administrativo de adjudicación (fls. 97-101 anexo).

El 19 de abril de 2006 se dictó auto de cargos (fls. 79-85) contra Luz Dey Escobar Echeverry, con fundamento en lo siguiente:

“en su condición de alcaldesa municipal (e) de Bolívar (V) y representante legal del ente territorial, mediante la Resolución 85 de mayo 12 de 2003, adjudicó presuntamente de manera irregular un lote de terreno catalogado como ejido al señor Javier Alcalde Vega, con fundamento en la Ley 137 de 1959 y el Decreto 1943 de 1960, pero dicho lote figura como propiedad de los señores Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes, por lo que no figura a nombre del municipio de Bolívar, además la Ley 137 de 1959, solo se aplica para terrenos baldíos, mas no terrenos ejidos, conforme lo dispone el Decreto 3313 de 17 de diciembre de 1965 que reglamenta el artículo 7º de la Ley 137”.

Así mismo se formularon cargos contra Evelio Martínez Martínez el 19 de abril de 2006. Textualmente se expuso (fls. 86-92):

“en su condición de secretario de gobierno del municipio de Bolívar (V), mediante la Resolución 85 de mayo 12 de 2003, firmada en conjunto con la alcaldesa (e) de Bolívar, adjudicó posiblemente de manera irregular un lote de terreno catalogado como ejido al señor Javier Alcalde Vega, con fundamento en la Ley 137 de 1959 y el Decreto 1943 de 1960, pero dicho lote figura como propiedad de los señores Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes, por lo que no figura a nombre del municipio de Bolívar, además la Ley 137 de 1959, solo aplica para terrenos baldíos, mas no terrenos ejidos, conforme lo dispone el artículo 5º del Decreto 3313 del 17 de diciembre de 1965 que reglamenta el artículo 7º de la Ley 137 en mención”.

Surtido el trámite del proceso, la Procuraduría Provincial de Cartago (Valle) expidió la Resolución 11 de agosto 1º de 2007, en la que declaró responsable disciplinariamente a los implicados y los sancionó con suspensión en el cargo por un mes convirtiéndola en multa de un salario devengado para el año 2003, al considerar que (fls. 107-127):

“(...) frente a los hechos y pruebas allegadas al proceso indican a esta procuraduría que los investigados, Luz Dey Escobar y Evelio Martínez, en su condición de alcaldesa municipal (e) y secretario de gobierno de Bolívar, respectivamente, efectuaron la adjudicación de un lote de terreno ubicado en el perímetro urbano de dicha municipalidad en la carrera 2 Nº 10-07 al señor Javier Alcalde Vega, mediante la Resolución 5 de mayo 12 de 2003.

Frente al cargo endilgado a los mencionados investigados, para decidir se considera, que si bien no se observa actuación dolosa en la conducta desplegada por los aquí implicados que suscribieron el acto administrativo de adjudicación, tendiente a perjudicar malintencionadamente los intereses de los propietarios del bien inmueble, igualmente es cierto que dentro de los deberes funcionales de los servidores públicos está el de garantizar el derecho a la propiedad privada que reconoce la Constitución Nacional en su artículo 2º, pues su jerarquía y mando dentro de la administración como alcalde municipal y secretario de gobierno encargado de elaborar el acto administrativo, le exigían un mayor grado de responsabilidad a que se le puede exigir a un ciudadano del común, lo cual también se puede predicar del secretario de gobierno, doctor Evelio Martínez, quien fue el funcionario, como se dijo, que elaboró y suscribió la decisión la decisión(sic) de adjudicación en conjunto con la burgomaestre Escobar Echeverry.

(...).

Así las cosas, encuentra este despacho que los investigados Escobar Echeverry y Martínez Martínez no fueron eficientes, ni responsables en el cumplimiento de sus deberes funcionales, ni antes, ni coetáneamente a la expedición del acto de adjudicación del lote o bien inmueble urbano que así mismo como está probado documentalmente, figuraba a nombre de particulares, siendo estos los hermanos Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes, según copia de la escritura pública 96 de diciembre 5 de 1909 por medio del cual la señora Sinforosa Silva traspasa los derechos reales de dominio sobre el inmueble a dichos hermanos, allegada por la Notaría Única de Bolívar y en el folio de matrícula inmobiliaria obrante a folio 2 frente y vuelto del informativo, por lo que existe ilicitud sustancial en su comportamiento, pues sus deberes funcionales como alcaldesa y secretario de gobierno, era no solo observar si alguna persona apareciera a través del edicto, emplazatorio a reclamar sus derechos como propietario del bien, sino también observar el cumplimiento de los requisitos de la normatividad aplicable a un lote de terreno presuntamente ejidal, cuya situación o actuación previa no se vislumbra por parte de la administración municipal de Bolívar, por lo que se declara probado y no desvirtuado el reproche disciplinario mediante el cargo endilgado”.

La decisión que antecede fue objeto de apelación, despachada mediante fallo de 28 de febrero de 2008, en el que se decidió (fls. 128-136):

“(...).

El inició de un trámite administrativo no otorga derechos, por tanto, avizorándose una irregularidad en el transcurso del mismo, el servidor público cuenta con el mecanismo legal para sanearlo y el impulso no se convierte en una camisa de fuerza que lleve al reconocimiento de un derecho, por tanto, si los señores Luz Dey Escobar Echeverry y Evelio Martínez, decidieron proferir un acto administrativo contrario a derecho sin atender la normatividad legal vigente para esta clase de predios y desconociendo los derechos de propiedad privada que existían sobre el mismo, no puede ser por responsabilidad exclusiva del secretario de gobierno saliente, es por su propia negligencia y falta de cuidado en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, ya que bastaba con solicitar de los funcionarios de la misma administración verificar a nombre de quien figuraba dicho predio, así como, el de que se trataba de un terreno de propiedad privada que exigía de un procedimiento completamente diferente para ser adquirido por el transcurso del tiempo y no es un ejido, como quisieron verlo así los servidores públicos sancionados.

Dadas las anteriores circunstancias, no puede confundirse el principio de buena fe con el actuar poco diligente de los servidores públicos, por cuanto, en manera alguna se puede aceptar el argumento expuesto por los recurrentes, de que fueron engañados por el solicitante, señor Javier Alcalde Vega, ya que como quedó probado dentro del proceso y se hizo referencia en apartes anteriores, este le hizo saber a la administración de la existencia de un presunto propietario de nombre Cupertino Reyes.

(...).

El hecho generador de la acción disciplinaria fue precisamente la expedición de un acto administrativo irregular, pues como quedó precisado fue este, el que otorgó unos derechos al señor Javier Alcalde Vega, por tanto, la decisión de primera instancia se confirma en todas sus partes”.

Inconformes con las decisiones señaladas, la parte actora propone los cargos de vulneración del debido proceso, en tanto no fueron valoradas todas las pruebas que reposan en el plenario.

El material probatorio tenido en cuenta por el ente investigador, para expedir los actos demandados, fue el siguiente:

— Certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria 360-0034.200 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Roldanillo, donde consta en la anotación 1 de fecha 26-01-1910, especificación donación del Silva Sinforosa a los señores Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes, del bien inmueble materia de investigación (fls. 12 anexos).

— Paz y salvo del municipio de Bolívar (Valle) diciembre 20 de 1996, recibo de pago del impuesto predial del inmueble identificado 01-00-009-0002 ubicado en la carrera 2 Nº 10-07 área 108 m2 a nombre de Cupertino Reyes (fl. 3 anexo).

— Solicitud de junio 1º de 1994 suscrita por Javier Alcalde Vega al registrador de instrumentos públicos de Roldanillo para que certificara sobre la posesión inscrita del señor José Cupertino Reyes (fl. 21 anexos).

— Certificación de junio 3 de 1994 expedida por el registrador de instrumentos públicos, donde señala que revisados los índices y tarjetas de propietarios en un período de 20 años atrás, no se encontró inscripción alguna en la que José Cupertino Reyes apareciera adquiriendo derechos reales sujetos a registro (fl. 21 anexos cara posterior).

— Petición de junio 5 de 2001 presentada por Javier Alcalde Vega solicitando la adjudicación del lote de terreno ejido dirigida al alcalde de Bolívar, anexando paz y salvos municipales y recibo de pago de impuesto predial a nombre del señor Cupertino Reyes, solicitud que fue reiterada en mayo 5 de 2003 (fls. 22-24 anexo).

— Declaraciones de ciudadanos ante la alcaldía que sirvieron de fundamento para solicitar la adjudicación del predio (fls. 36-38 anexo).

— Auto de 4 de junio de 2001 expedido por el secretario de gobierno Exerzahin Vargas Castillo, mediante el cual ordena la inspección ocular al predio objeto de adjudicación, para su identificación, designación de peritos para el avalúo del terreno, sus características y demás especificaciones, llevada a cabo en junio 12 de 2001 a las 10.00 a.m. (fl. 40 anexo).

— Acta de diligencia de inspección ocular practicada el 7 de mayo de 2001 realizada por el secretario de gobierno, funcionarios de la administración y el solicitante (fl. 41 anexo).

— Edicto publicado en el Diario Occidente, mediante el cual se emplaza a las personas que se crean con derecho al bien inmueble solicitado por el señor Javier Alcalde (fl. 42 anexo).

— Resolución 85 de mayo 12 de 2003 por medio de la cual se adjudica el lote de terreno ejido al señor Javier Alcalde Vega, suscrita por la alcaldesa Luz Dey Escobar Echeverry y el secretario de gobierno Evelio Martínez Martínez (fls. 43-44 anexos).

— Copia de la escritura pública 887 de junio 9 de 2003 de la Notaría Única del Círculo de Roldanillo que contiene el negocio jurídico de la adjudicación del bien inmueble (fls. 45-51 anexos).

— Formulario de calificación de constancia de inscripción con matrícula inmobiliaria 42618 de junio 4 de 2003 del acto de adjudicación (fl. 52 anexo).

— Copia de la escritura pública 96 de 2 septiembre de 1910 mediante la cual la señora Sinforosa Silva traspasa los derechos reales de dominio sobre el inmueble a los señores Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes, allegada por la Notaría Única de Bolívar (fls. 71-89 anexo).

Hecho el recuento del material probatorio aportado al plenario, encuentra la Sala que reposan amplias y suficientes pruebas que demuestran la responsabilidad de los implicados con las conductas atribuidas. La demandada valoró libremente, en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica cada una de las pruebas allegadas al proceso disciplinario, con las cuales se determinó que efectivamente los investigados habían incurrido en irregularidades al proferir el acto administrativo mediante el cual adjudicaron el predio ubicado en el área urbana de la cabecera municipal de Bolívar-Valle identificado con la ficha catastral 01-00-009-0002 de propiedad de los señores Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes según matrícula inmobiliaria 380-34200 que certificó los actuales propietarios, es decir, que la administración municipal omitió observar los procedimientos establecidos para este tipo de procesos.

No tiene asidero el argumento expuesto por la parte demandante según el cual no se valoró todo el material probatorio, como quiera que las analizadas para proferir los actos acusados establecieron con certeza la responsabilidad disciplinaria de los inculpados. De otra parte, el juzgador tiene la facultad de decidir de acuerdo a las reglas de la experiencia qué prueba es conducente y pertinente para esclarecer los hechos materia de investigación, las inconducentes o improcedentes no obligan al investigador a decretarlas y no por ello se configura vulneración del debido proceso o del derecho de defensa.

Agrega la parte demandante que la procuraduría incurrió en una vía de hecho al proferir los actos demandados, toda vez que no se tuvo en cuenta el certificado de libertad y tracción expedido por el director de la oficina de registro de instrumentos públicos del predio objeto de adjudicación donde consta que el predio no tenía propietario y además no practicó las pruebas solicitadas por los disciplinados.

Sobre el particular, es pertinente señalar que las pruebas solicitadas por Luz Dey Escobar Echeverry dentro de los descargos, concretamente los testimonios de: Javier Alcalde Vega, Exerzahin Vargas Castillo, Rafael Benitez Mondragon, Jairo de Jesús Sánchez Taborfa, Evelio Martínez y Cupertino Reyes, fueron negadas mediante auto de 4 de agosto de 2006. Interpuesto el recurso de apelación, este fue resuelto mediante providencia de 28 de noviembre de 2006 confirmando la anterior. Las razones que sustentaron la negación de la práctica de las pruebas, fueron expuestas, así: (fl. 10, cdno. ppal.):

“Respecto a las pruebas solicitadas por el apoderado de la investigada Luz Dey Escobar, este despacho determinó que en ningún momento se indicaba el objeto de la prueba y sobre qué aspectos o hechos de la investigación se requería interrogar a los mencionados ciudadanos. Además con relación a los ciudadanos Rafael Benítez, Evelio Martínez y Cupertino Reyes, no se aportaron sus direcciones o ubicaciones donde pudieran ser citados a comparecer a rendir declaración haciéndose la observación que el señor Evelio Martínez se encontraba vinculado como investigado a la acción disciplinaria, por lo que no podría tener la doble condición de declarante sobre unos hechos por los cuales él mismo se encontraba investigado. Igualmente que la conducta que se reprocha al investigado, se fundamenta sobre un acto administrativo real y concreto que expresa la voluntad de la administración municipal, posiblemente violatorio de una normatividad que no puede ser desvirtuado a través de testimonios, por lo que se estimó la improcedencia e impertinencia de la práctica de estas pruebas para ser aportadas al informativo y por tanto se rechazó su práctica”.

Por su parte, el señor Evelio Martínez en los descargos solicitó como pruebas la recepción de los testimonios de: Homer Arturo Torres Reyes o los señores Reyes. La procuraduría provincial indicó en sentencia de agosto 1º de 2007 soportó la negación de estas pruebas, así: (fls. 10-11 cdno. ppal.).

“En cuanto a los testimonios requeridos por el investigado Evelio Martínez, del señor Homer Arturo Torres Reyes o a los señores Reyes, con el fin de comprobar que en ningún momento él o cualquier otra persona en su nombre le manifestó que ese bien no se podía adjudicar ya que contaba con propietario inscrito, este despacho determinó la improcedencia de practicar tales declaraciones, ya que no se indicaba la dirección o ubicación de dichas personas para ser citadas a declarar y así mismo se estableció que una vez fijado en cartelera y publicado el edicto conforme obra a folio 181 del expediente, la prueba pertinente era la documental, consistente en la constancia que expida la misma secretaría de gobierno de Bolívar sobre la no comparecencia de persona alguna a reclamar o hacer valer sus derechos sobre el bien inmueble objeto de futura adjudicación, la cual no figuraba hasta ese momento procesal dentro del informativo, por lo que se estimó impertinente e improcedente la recepción de tales testimonios y así mismo se rechazó su práctica”.

En consecuencia, el funcionario investigador goza de autonomía para decretar las pruebas pretendidas por las partes atendiendo la pertinencia y conducencia de las mismas. En sentencia de 9 de septiembre de 1999, actor: Susana Fonseca Acosta, demandado: Santafé de Bogotá, D.C., magistrada ponente Ana Margarita Olaya Forero, se dijo al respecto:

“... El hecho de que la autoridad niegue la práctica de una prueba, no es un hecho que “per se” implique desconocimiento del debido proceso y al derecho de defensa, pues no hay que olvidar que la conducencia y la eficacia de los medios probatorios que informan la práctica de las pruebas. Como es sabido, la conducencia de la prueba, es la aptitud legal o jurídica, para convencer al fallador sobre el hecho a que se refiere este requisito, como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, persigue un fin que apunta a la economía procesal, evitando que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe que no presentarán servicio alguno al proceso...”.

En consecuencia, si bien la procuraduría denegó el decreto y práctica de pruebas testimoniales, lo cierto es que como lo dejó expuesto en los actos acusados, o la solicitud no cumplía los requisitos o no señaló el objeto de las mismas y tampoco se suministraron datos concretos para citar los declarantes.

Las piezas procesales (documentales) que reposan en el expediente fueron determinantes para esclarecer la falta disciplinaria en que incurrieron los demandantes, como son: la matrícula inmobiliaria 360-0034.200 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Roldanillo, donde consta que la propiedad del lote materia de investigación está en cabeza de los señores Florentino, Silverio, Evangelista, Cupertino y Agustín Reyes, por donación de la señora Silva Sinforosa (fl. 3 anexo).

Demostrada la propiedad privada del predio, la administración municipal no podía adjudicarlo sin antes realizar un estudio minucioso de tradición del inmueble, solicitar previamente a la oficina de instrumentos públicos un certificado de tradición especial donde constaran las anotaciones hechas al folio de matrícula del inmueble, y no como erróneamente lo hicieron los investigados al requerir una certificación sobre los predios que figuren registrados a nombre del señor Cupertino Reyes, como quiera que son peticiones totalmente diferentes, pues el primero muestra la tradición del inmueble y se limita a dar información sobre los bienes en cabeza de dicho señor. Nótese cómo el certificado de libertad con matrícula 380-34-200 registra la propiedad no como derechos reales únicamente a favor de este último, por tratarse de un acto de donación a la familia Reyes, razón por la cual la oficina de registro de instrumentos públicos no hace anotación específica a nombre de Cupertino Reyes, por no tratarse de una venta real (falsa tradición).

En consecuencia, este predio no reunía los requisitos legales para ser adjudicado conforme a la denominada Ley Tocaima (137/59), pues no se trataba de un bien perteneciente al patrimonio nacional conforme lo establece el artículo 1º de la citada ley. En tanto al gozar este bien de registro inmobiliario y si lo pretendido por el señor Javier Alcalde Vega era adquirir el dominio del predio debió acudir a la jurisdicción ordinaria civil, demostrando los requisitos exigidos para estos casos.

Así las cosas, quedó probado que los investigados adjudicaron un bien de propiedad privada, derecho garantizado y protegido por la Constitución Política en su artículo 58, disposición que resultó vulnerada con las actuaciones irregulares emprendidas por los demandantes al proferir la Resolución 85 de mayo 12 de 2003 “Por medio de la cual adjudica un lote de terreno ejido”.

La procuraduría enmarcó la conducta de los investigados como violación de los deberes consagrados en el artículo 34 numerales 1º y 2º que disponen:

“Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. Expresiones subrayadas declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030 de 2012”.

Conducta que se encuentra tipificada como falta disciplinaria de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, que establece:

“La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleveincumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento” (se resalta).

El proceso disciplinario se desarrolló con completa sujeción al debido proceso y derecho defensa, a los implicados se les proporcionó la oportunidad para presentar descargos y recursos, solicitar pruebas y controvertir las aportadas al plenario, sin que con ello consiguieran desvirtuar los cargos formulados.

En los actos acusados, se refleja una valoración integral de las pruebas que condujeron sin lugar a dudas a fijar la responsabilidad de los investigados con las faltas endilgadas, en tanto los argumentos esgrimidos en el libelo introductorio no resultan válidos para quebrar la presunción de legalidad que reviste a los actos acusados, pues resultó probado que los demandantes incurrieron en irregularidades disciplinarias que, a juicio de la demandada, ameritaban la imposición de la sanción de suspensión en el cargo por un mes.

Finalmente, no asiste razón a los demandantes cuando afirman que la conducta cuestionada se encontraba amparada por una de las causales de exclusión de responsabilidad, esto es, la consagrada en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, consistente en haber actuado con la convicción errada e invencible de que la conducta por la que se le cuestionó en este asunto, no era constitutiva de falta disciplinaria.

Lo anterior por cuanto es innegable la importancia y trascendencia de las decisiones que se toman al interior de la administración municipal, razón por la cual la alcaldesa y el secretario de gobierno están obligados a conocer plenamente sus funciones y entender el alcance de sus actos u omisiones.

En el sub lite quedó corroborado con el material probatorio, que los investigados contaban con diversos mecanismos legales para verificar que el predio objeto de la adjudicación no tuviera propietario, aún más cuando el señor Javier Alcalde Vega indicó en el oficio de 5 de junio de 2001 que:

“Por lo anterior le comunico señor alcalde municipal, que solo soy poseedor material con ánimo de señor y dueño del lote de terreno, pero que en el fondo sé que el lote de terreno materia de esta demanda figura en la ficha catastral del municipio de Bolívar Valle, con el nombre de José Cupertino Reyes”.

Además, reposa recibo del impuesto predial a nombre del señor Cupertino Reyes, lo que significa que los investigados tenían pleno conocimiento de la existencia del propietario del bien inmueble, no obstante, sin fundamento legal, desconocieron dicha circunstancia, para luego proferir el acto administrativo a través del cual adjudican el predio. Así las cosas, se concluye que no existió error que pueda excusar la conducta de los implicados o atenuar su responsabilidad, ya que eran conocedores de sus deberes y de las implicaciones de la infracción de los mismos, de igual manera comprendían la ilicitud de su conducta.

Se evidencia, en consecuencia, el incumplimiento de sus deberes funcionales como servidores públicos consistentes en actuar conforme a la Constitución y las leyes, circunstancia reprochable por falta de eficiencia, eficacia, responsabilidad y negligencia para desempeñar sus funciones como alcaldesa y secretario de gobierno del municipio de Bolívar Valle.

En consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda promovida por Luz Dey Escobar Echeverry y otro contra la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, ARCHÍVESE el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Fallos 1ª de agosto de 2007 y de 28 de febrero de 2008, proferidos por la procuraduría provincial de Cartago y procuraduría regional de Risaralda, respectivamente.