Sentencia 2011-00629 de febrero 27 de 2013

 

Sentencia 2011-00629 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 110010325000-2011-00629-00-

Nº Interno: 2466-2011

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Carlos Nicolás Meta Lemus

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico que ahora ocupa la atención de la Sala consiste en determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Defensa —Policía Nacional— por medio de los cuales fue sancionado el señor Carlos Nicolás Meta Lemus, con la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

A efectos de resolver la cuestión planteada, se hace necesario, dilucidar los siguientes aspectos: i) alcance de la competencia de esta Sala en materia del control al ejercicio de la potestad disciplinaria; ii) la conducta disciplinaria; iii) lo probado en el proceso; y, iv) del caso en concreto.

i. De la función constitucional, atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa, relativa al control judicial de la potestad disciplinaria.

Esta sección ha señalado reiteradamente que según el diseño constitucional, la potestad disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación, a quien se reconoce un poder preferente, que no excluye la facultad que tienen algunas entidades para ejercerla directamente, como en el presente caso, pero en ambos eventos es sometida al control judicial por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, dicho control no se ejerce de cualquier modo, sino que está sujeto a limitaciones y restricciones que lo alejan de convertirse en una tercera instancia. Al respecto, resulta pertinente reiterar lo que expresó la Sala en el fallo de 3 de septiembre de 2009(2) en la cual consideró:

“De esta manera la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa las providencias que culminan el proceso disciplinario, no implica trasladar, de cualquier manera, a la sede contenciosa administrativa el mismo debate agotado ante las autoridades disciplinarias. Dicho de otra manera, el juicio que se abre con la acción de nulidad, no es una simple extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, si es que el legislador consagró el debido proceso disciplinario como el lugar en que debe hacerse la crítica probatoria y el debate sobre la interrelación de la normatividad aplicable como soporte de la sanción, además del principio de la doble instancia, como una de las garantías más importantes para ser ejercidas en el interior del proceso.

Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la jurisdicción contenciosa administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara.

Decantado que el juzgamiento de los actos de la administración, no puede sustituir de cualquier manera el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, es menester añadir que ello tampoco implica la intangibilidad de los actos de juzgamiento disciplinario, pues ellos están sometidos a la jurisdicción.

(...)

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando esta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas hace el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional (...) no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el CDU” (negrillas de la Sala).

Todo lo anterior implica que en sede judicial, el debate discurre en torno a la protección de las garantías básicas, comoquiera que el proceso disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, al momento en que el trámite impreso a la actividad correccional resulta intolerable frente a los valores constitucionales más preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de modo singular, si el decreto y la práctica de las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la ley.

A pesar de lo dicho, no cualquier defecto procesal está llamado a quebrantar la presunción de legalidad que ampara a los actos de la administración, pues la actuación disciplinaria debe adelantarse con estricta sujeción a las normas que la regulan, las cuales están inspiradas en las garantías constitucionales básicas.

En ese sentido, si de manera general los actos de la administración están dotados de la presunción de legalidad, esa presunción asume un carácter más valioso en el juicio disciplinario, en el cual el afectado participa de modo activo en la construcción de la decisión, mediante el ejercicio directo del control de la actividad de la administración, cuando ella se expresa en su fase represiva. Dicho en breve, es propio de la actividad disciplinaria, que el control de las garantías sea la preocupación central del proceso correccional. Por ello, cuando el asunto se traslada y emerge el momento del control judicial en sede contencioso administrativa, no cualquier alegato puede plantearse, ni cualquier defecto menor puede erosionar el fallo disciplinario.

ii. La conducta disciplinaria.

El jefe de la oficina de control disciplinario interno Policía Metropolitana Santiago de Cali, mediante auto de 22 de diciembre de 2011(3) (sic, debió decir 2010), le formuló los siguientes cargos al señor Carlos Nicolás Meta Lemus:

“(...)

Respecto al señor patrullero Carlos Nicolás Meta Lemus, identificado con la cédula de ciudadanía 1.118.531.105 expedida en Yopal (Casanare), el despacho observa que para la fecha de los hechos el 19 de mayo 2010, el aquí investigado cuando se encontraba laborando en la estación de policía el Diamante, orgánico de la patrulla C13-6 mientras realizaba labores de vigilancia en la invasión Villa Blanca, uniformado que en compañía de su compañero de patrulla, persiguen al joven Jancen Esneyberth Caicedo Muñoz, cuando estaban en ese procedimiento el infante ingresa a una residencia en huida de los uniformados, lanzando el arma tipo revólver que llevaba consigo, la cual fue observada y alcanzada por su compañero de patrulla patrullero Gómez Castañeda, este último le manifestó al infante que lo dejaba a disposición el revólver lo condenaban, que era mejor dejarlo a buen recaudo de la autoridad competente con la pistola hechiza calibre 7mm, que con el arma salía más rápido de la cárcel.

Tipicidad:

Con el comportamiento descrito anteriormente, el señor patrullero Carlos Nicolás Meta Lemus, presuntamente infringió la Ley 1015 del 07 de febrero de 2006, por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional, en su libro I, título VI, De las faltas y de las sanciones disciplinarias, capítulo I, Clasificación y descripción de las faltas, artículo 34. Numeral 9º “realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”.

Para el caso específico del hoy patrullero Carlos Nicolás Meta Lemus el verbo rector y predicador que se adecua a su comportamiento aparentemente irregular es el siguiente: “realizar una conducta descrita en la ley como delito a título de dolo, cuando se cometa (...) con ocasión (...) de la función.

(...)

Segundo cargo:

El despacho observa que para la fecha de los hechos el 19 de mayo de 2010 el aquí investigado patrullero Carlos Nicolás Meta Lemus cuando se encontraba laborando en la estación de policía el Diamante de la Metropolitana de Cali, orgánico de la patrulla C13-6, mientras se realizaba labores de vigilancia en la invasión Villa Blanca, uniformado que en compañía de su compañero de patrulla, inician una persecución en contra del joven Jancen Esneyberth Caicedo Muñoz, cuando estaban en ese procedimiento el infante ingresa a una residencia en huida de los uniformados, lanzando el arma tipo revólver que llevaba consigo hacía el hecho la cual rebota y cae al suelo, la cual fue observada y alcanzada por su compañero de patrulla patrullero Gómez Castañeda, en presencia del aquí encartado, procediendo Gómez a manifestarle al infante que si lo dejaba a disposición con el revólver le iba a ir muy mal con la justicia y se iría para la cárcel, que era mejor dejarlo a buen recaudo de la autoridad competente con una pistola hechiza calibre 7mm, lo cual así se hizo por parte del aquí encartado y su compañero de patrulla, donde el aquí investigado al parecer se apropio del revólver llama martial con cachas de madera cromado con cinco cartuchos que llevaba consigo el menor para la fecha de marras.

Tipicidad:

Con el comportamiento descrito anteriormente, el señor patrullero el señor patrullero (sic) Carlos Nicolás Meta Lemus, presuntamente infringió la Ley 1015 del 07 de febrero de 2006, por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional, en su libro I, título VI, De las faltas y de las sanciones disciplinarias, capítulo I, clasificación y descripción de las faltas, artículo 34, faltas gravísimas, numeral 14 “Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de la institución, de los superiores, subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”.

iii) De lo probado en el proceso

• El 21 de junio de 2010 la oficina de control disciplinario interno Metropolitana de Cali resolvió abrir indagación preliminar de carácter averiguatorio con el fin de identificar e individualizar a los servidores públicos que intervinieron en los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2010 (fls. 3 a 5).

• El 24 de septiembre de 2010 la misma autoridad disciplinaria ordenó vincular a la indagación preliminar radicada bajo el Nº P-MECAL-2010-280, a los señores patrulleros Carlos Meta Lemus y Rubén Gómez Castañeda (fls. 40 a 43).

• El 4 de febrero de 2010 el jefe de la oficina de control disciplinario interno Mecal, resolvió responsabilizar disciplinariamente al señor Carlos Nicolás Meta Lemus, motivo por el cual le impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, por “Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de la institución, de los superiores, subalternos, compañeros particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero” (fls. 179 a 224).

• Mediante fallo disciplinario de 18 de febrero de 2011, la inspección delegada región de policía 4, al resolver el recurso de apelación confirmó la anterior determinación (fls. 145 a 260).

• Por medio de la Resolución 01102 de 11 de abril de 2011 el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al patrullero Carlos Nicolás Meta Lemus y otro, consistente en retirar del servicio e inhabilitarlos por el término de 10 años (fl. 62A).

• A través del Oficio 2956 CODIN-JEFAT- 41.8 de 31 de mayo de 2012 la subcomisaria de la oficina de control disciplinario interno de MECAL remitió al plenario copias del proceso adelantado contra los patrulleros Carlos Nicolás Meta Lemus y otro (fl. 299 y cdno. 2).

iv. Del caso en concreto

Previamente a desarrollar los cargos planteados por el demandante, es pertinente afirmar que el debido proceso es una garantía constitucional instituida a favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Esta garantía consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándole principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa.

De igual modo, se puede afirmar que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera por sí sola la nulidad de los actos a través de los cuales impone a un funcionario una sanción, pues lo que interesa en el fondo, tal y como se advirtió al iniciar las consideraciones, es que no se haya incurrido en fallas que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso. En otras palabras, solo las irregularidades sustanciales o esenciales, que impliquen violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.

Por consiguiente, es necesario examinar si dentro del proceso disciplinario que se le adelantó al señor Carlos Nicolás Meta Lemus existieron irregularidades de tal magnitud que sobreviniera una violación a ciertos derechos fundamentales que lo hicieran nulo.

Básicamente el actor fundamenta la violación al debido proceso en los siguientes cargos, que la Sala examinará a continuación:

i. Falta de conexidad entre el verbo apropiar con el resto del tipo disciplinario por el cual fue sancionado.

ii. Falta de notificación de las pruebas que se practicaron.

iii. Incoherencia entre el auto de citación a audiencia con las providencias que fueron proferidas posteriormente.

iv. Falta de conexidad entre el verbo apropiar con el resto del tipo disciplinario por el cual fue sancionado.

Sobre este tópico, alegó el demandante en primer lugar, que el tipo disciplinario(4) por el cual fue sancionado e inhabilitado no se ajusta a la conducta cometida, habida cuenta que no existe un nexo causal entre el verbo apropiarse con el resto de la oración traída como norma vulnerada.

En segundo lugar, “no aparece la partícula “de” con la cual se daría la respectiva correspondencia entre el verbo y el resto de la oración, articulando así un verdadero reproche disciplinario”. Lo anterior adquiere un mayor entendimiento una vez se analiza con detenimiento el pliego de cargos y el fallo de 4 de febrero de 2011, por cuanto allí el operador disciplinario subrayó “Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de la institución, de los superiores, subalternos, compañeros particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”. Es decir, este tipo de situaciones lo que ocasiona es que, y de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia,(5) imposibilite la labor de defensa.

En ese orden de ideas, para determinar a ciencia cierta si efectivamente no existe nexo causal, es necesario examinar las pruebas que se tuvieron en cuenta, las cuales cobraron mayor relevancia al momento de imponer la sanción al señor Meta Lemus, pues en caso de comprobarse que estas no fueron suficientes o incluso contundentes al momento de determinar la responsabilidad, estaríamos frente a una falta de conexión entre el tipo disciplinario endilgado y la conducta reprochada, ocasionando con ello la violación no solo a la presunción de inocencia, sino también al debido proceso. En efecto, por cuanto el operador disciplinario está en la obligación de probar que ciertamente se hubiese cometido la conducta objeto de reproche, de tal manera que no existan dudas sobre esta.

Al respecto esta corporación ha señalado lo siguiente(6):

“El derecho de defensa, edificado sobre la presunción de inocencia —con plena aplicación en materia disciplinaria (C.P., art. 29)— supone que a partir del conocimiento que el inculpado tenga, en forma concreta y específica, de las faltas que se le imputan y que deben formulársele en un pliego de cargos, puede presentar sus descargos, pedir pruebas y, en general, adelantar todas aquellas diligencias tendientes a demostrar que no es culpable de lo que se le acusa, o que la falta no está tipificada en la ley con la gravedad con que se le endilga, o, en últimas, que la fuerza probatoria de la acusación no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que lo ampara como fundamento esencial del debido proceso” (lo subrayado y en negrilla es de la Sala).

La oficina de control disciplinario interno MECAL, consideró que el actor es responsable del segundo cargo imputado por considerar que:

1. La declaración del menor Jancen Caicedo Muñoz no es contradictoria, es enfático y concordante entre sí cuando sostuvo que “tira un arma de fuego tipo revólver al techo el cual rebota y cae al suelo, arma que fue vista y alcanzada por al aquí investigado, siendo sacado de la residencia y subido a la motocicleta para conducirlo al CAI del Pondaje Mecal, durante el trayecto el uniformado manifiesta que el arma era original y que le podía ir muy mal con la justicia, además le exteriorizaba al infante que era mejor dejarlo a disposición con un arma hechiza, lo que efectivamente hicieron los aquí cuestionados patrulleros, quienes procedieron a dejar al menor en el juzgado de menores”.

2. El testimonio del señor Roger Almendra Girón “quien es propietario del inmueble ubicado el lote 76 del asentamiento Villa Uribe, lugar donde ingresaron el menor Jancen Caicedo junto con los policiales aquí cuestionados, argumentando el testigo que el infante se descargó de un revólver llama martial 38 satinado, arma que siempre le había observado al infante y además el día de los hechos se la había observado minutos antes al menor”.

3. La manifestación de la señora Bertha Cecilia Muñoz de Sinisterra, madre del quejoso “toda vez que su hijo Jancen Caicedo, le manifestó lo que había pasado cuando fue capturado con un revólver llama martial con cachas de madera, cromado con cinco cartuchos y le fue cambiado por una pistola de fabricación artesanal”. Además el operador señaló “no tendría porque la señora Bertha Cecilia y su hijo Jancen Caicedo, en aducir o en su defecto inventar unos hechos contradictorios a la verdad, que razón tendrían de instaurar una queja alejada de la realidad, es por lo anterior que el despacho hasta ese momento procesal le da credibilidad a lo narrado por la madre del infante y que sirve para proferir un fallo sancionatorio en contra de los aquí cuestionados”.

4. Las declaraciones de los señores Félix Atensio Mosquera Palacios, John Jairo Rodríguez Andrade y Jonathan Gutiérrez pues consideró que entre ellas guardan relación de los hechos “y no quedan dudas que los patrullaron Gómez Castañeda Rubén Darío y Meta Lemus Carlos Nicolás, quienes conocieron el caso de la captura del menor Jancen Esneyberth Caicedo Muñoz cuando este portaba un revólver llama martial cromado, con cachas de madera y no un arma hechiza tipo pistola como lo hicieron ver los gendarmes”.

Para la Sala, al ver los anteriores argumentos es claro que no existen elementos o pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad del señor Meta Lemus, pues los operadores disciplinarios encausaron sus argumentos solo en los declarantes de oídas, como es el caso de los señores Bertha Cecilia Muñoz de Sinisterra, Félix Atensio Mosquera Palacios, John Jairo Rodríguez Andrade y Jonathan Gutiérrez quienes se limitaron, expresamente, a reproducir lo que el quejoso les había puesto en conocimiento.

No quiere decir que no se pueden tener en cuenta para efectos de determinar la responsabilidad este tipo de pruebas, lo que acontece es que debe tenerse especial cuidado, primero, con la transmisión de los hechos ocurridos, y segundo, como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, con el alcance que se le pueda otorgar, por cuanto es claro que debe analizarse de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso.

Siendo así, no basta con que se reproduzca lo acontecido, sino que es necesario preferiblemente que el operador disciplinario busque y allegue pruebas de mayor relevancia, en aras a enervar la presunción de inocencia del implicado, por ejemplo, si el quejoso efectivamente tenía un arma original, lo menos que debió comprobar era la propiedad de la misma; sobre este tópico observa la Sala que ni siquiera se indagó por un salvoconducto, o en su defecto, se pregunto, por solo curiosidad quién era el dueño.

En efecto, siendo de vital importancia comprobar la autenticidad de dicho instrumento, era necesario que se hubiese indagado sobre su procedencia y si era cierto que era original, entonces, por lo menos debía conocer en este caso el menor Jancen Caicedo Muñoz, el número de serie para así, poderlo cotejar directamente con el fabricante de la misma.

Ahora, pretender que hubo un cambio de arma es creer, que los uniformados andaban para todo lugar donde el servicio los necesitaba esperando la oportunidad que alguien tuviese una original para poderla cambiar, y también, que son capaces de burlar las constantes requisas por parte de la institución cuando salen a realizar sus recorridos,(7) aspectos que sin lugar a dudas se desvirtúan una vez se inspecciona la hoja de vida del demandante,(8) pues lo único que se observa son felicitaciones por diferentes motivos.

En cuanto a la declaración que ofreció el señor Roger Almendra Girón, se evidencia que existen diversas contradicciones, como por ejemplo, su ubicación al momento en que entraron los gendarmes a realizar la captura, ya que él manifestó el 8 de diciembre de 2010(9) haber estado en una habitación de la casa en donde realizaron el procedimiento, pero posteriormente, en audiencia del 2 de febrero de 2011(10) indicó que “se encontraba a cinco casas de su residencia”, es más, cuando le preguntaron que cómo se había enterado que el policía había forcejeado con el implicado para retirarle el instrumento, contestó “por versión de él (sic) mismo Jancen Esneyberth”; en ese sentido, no es un testimonio que ofrezca la suficiente credibilidad como para tomarlo de referencia y así sancionar a unos disciplinados.

Bajo las anteriores consideraciones se puede afirmar, que si bien algunos deponentes coinciden con lo ocurrido, lo cierto es que no existe plena certeza de la existencia de un “arma original”, en ese sentido, la queja y el proceso disciplinario que se encause en contra de un funcionario debe ir acompañada de pruebas que corroboren la información suministrada, de manera que el convencimiento del operador disciplinario sea pleno y no exista la menor duda sobre la ocurrencia de la conducta reprochada.

Precisamente respecto de ese beneficio de la duda la Corte Constitucional ha advertido que(11):

“En este sentido y como principio rector del procedimiento disciplinario, esta disposición consagra la regla del In dubio pro funcionario en términos jurídicos precisos, consistente en el deber de los funcionarios competentes de adelantar las investigaciones correspondientes sobre la conducta de aquellos servidores que incurran en una eventual infracción de aquella naturaleza, con especial énfasis en la averiguación de todos los elementos que se relacionen con la misma, pero siempre sobre la base de la presunción de inocencia. Este deber consiste en la obligación del beneficio de la duda en favor del funcionario hasta que no quede descartada debidamente, y de conformidad con las reglas del debido proceso”.

En suma, hasta tanto no exista una prueba fehaciente que conmine la inocencia del implicado, tal beneficio debe resolverse en su favor, o dicho de otro modo, si dentro de un proceso disciplinario las pruebas recaudas son insuficientes para sancionar al investigado, la aplicación de este principio deberá prevalecer.

Al haber prosperado el referido cargo, la Sala se releva de efectuar consideración adicional sobre los restantes y declarará la nulidad de los actos acusados.

Del restablecimiento del derecho

De conformidad con las pretensiones formuladas por la parte actora, se condenará a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a reintegrar al actor al servicio activo de la Policía Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro y al reconocimiento de los ascensos correspondientes, conforme a los reglamentos internos, desde el momento de su desvinculación y hasta que se efectúe el reintegro.

Adicionalmente, se ordenará reconocer y pagar al actor Carlos Nicolás Meta Lemus los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, atendiendo al cargo a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la anterior condena.

El pago de los salarios y demás prestaciones que resulten a favor del actor se ajustará en su valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R = Rh. Índice final
_____________
índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor desde la fecha en que fue desvinculado del servicio en virtud de los actos acusados, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y prestacional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de los fallos disciplinarios del 4 y 11 de febrero de 2011, suscritos por el jefe de la oficina de control interno de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y por el inspector delegado regional de policía 4, respectivamente, y; la Resolución 1102 de 11 de abril de 2011, suscrita por el director general de la Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a reintegrar al actor al servicio activo de la Policía Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro y al reconocimiento de los ascensos correspondientes, conforme a los reglamentos internos, desde el momento de su desvinculación y hasta que se efectúe el reintegro.

CONDÉNASE a la entidad demandada a reconocer y pagar al actor Carlos Nicolás Meta Lemus los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, atendiendo al cargo a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la anterior condena, teniendo en cuenta la actualización conforme a la formula expuesta en la parte motiva.

La presente sentencia deberá cumplirse de acuerdo con los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y una vez en firme este proveído, archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(2) Consejo de Estado, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente 11001032500020050011300. Nº Interno: 4980-2005. Actor Diego Luís Noguera Rodríguez contra la Nación - Procuraduría General de la Nación.

(3) Visible a folios 618 a 675, cuaderno 4.

(4) Ley 1015 de 2006, artículo 34, numeral 14.

“Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”.

(5) Corte Suprema de Justicia, sentencia de 10 de septiembre de 1998, M.P. Carlos Eduardo Mejía.

(6) Consejo de Estado, sentencia de 24 de mayo de 2001, Radicación 25000-23-25-000-20710-01(175-98), actor: Ana Isabel Castañeda de Mora, C.P. Alberto Arango Mantilla.

(7) Información tomada del video de la diligencia celebrada el 2 de febrero de 2011.

(8) Visible a folio 177.

(9) Ver folios 94 a 97, cuaderno 2.

(10) Ver folios 157 a 161, cuaderno 2 y video aportado de la diligencia celebrada el 2 de febrero de 2011.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-406 de 11 de septiembre de 1995, Expediente D-815, actor: Álvaro Soto Ángel, M.P. Fabio Morón Díaz.