Sentencia 2011-00636 de febrero 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “A”

Rad. 50001-23-31-000-2011-00636-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Gustavo Alba Torres

Demandado: Ministerio de Trasporte, subdirección de transito

Bogotá, D.C., febrero nueve del año dos mil doce

EXTRACTOS: «Consideraciones

Gustavo Alba Torres, invoca la protección de su derecho fundamental de petición, por parte de la subdirección de tránsito del Ministerio de Trasporte cuya amenaza o violación se examina para adoptar la decisión a que haya lugar, previos los siguientes razonamientos:

El 30 de septiembre de 2011, en ejercicio del derecho de petición, el actor solicitó a la subdirección de tránsito del Ministerio de Trasporte lo siguiente:

“Muy comedidamente me permito solicitarle, se sirva informarme que organismos o entidades de certificación se encuentran inscritas ante dicho Ministerio y ante el Runt; en caso de existir, solicito se me indique el número de las resoluciones en la cual (sic) el Ministerio aceptó dicha inscripción...”.

Afirma el demandante que para el momento de la interposición de la acción, a pesar de haber trascurrido el término legal no se le había dado respuesta, razón por la que considera se le ha vulnerado su derecho de petición.

A folio 21 del expediente, obra contestación a la solicitud que mediante derecho de petición presentó el actor, en la que el Ministerio de Trasporte manifestó lo siguiente:

“... en algunas de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trasporte se ha incluido como requisito previo para autorizar a entidades públicas o privadas a prestar algún servicio relacionado con el tránsito el requisito de la obtención de la certificación de conformidad de los procesos emitidos por una firma certificadora debidamente acreditada por la autoridad competente. En Colombia el único ente habilitado para autorizar a las firmas certificadoras en la Organización Nacional de Acreditación de Colombia ONAC.

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC es una organización de carácter privado, de naturaleza mixta, sin ánimo de lucro, constituida mediante documento privado del 20 de noviembre de 2007, debidamente autenticado por la Notaría Sexta de Bogotá dentro del marco de la Ley 489 de 1998 (...).

En cumplimiento a sus funciones legales conferidas con el Decreto 4738 de 2008 y conforme a su carácter privado y naturaleza mixta y considerada como la única fuente oficial de información sobre acreditación en Colombia.

Por lo anterior, como puede ver, no es competencia del Ministerio de Trasporte habilitar o registrar estas organizaciones, ya que estas son aprobadas mediante resolución por la ONAC y es a esa entidad a la cual corresponde suministrarle esta información, para lograr este objetivo puede dirigirse al doctor Carlos Germán Caicedo Espinel director ejecutivo ONAC Calle 34 Nº 5-98 en Bogotá teléfono 3201288...”.

La acción de tutela fue concebida en el artículo 86 de la Constitución Política, como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, el derecho de petición tiene como finalidad acudir ante diferentes autoridades o entes administrativos para obtener una pronta respuesta. Por lo tanto, la ausencia de respuesta, el retraso por parte de la entidad accionada o la falta de comunicación de la misma, constituyen una vulneración a este derecho.

No basta, en consecuencia, con adelantar los trámites o diligencias necesarias para dar respuesta, sino que efectivamente se le debe contestar al administrado y ponerla en su conocimiento. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“1. Alcance del derecho de petición. La autoridad no lo satisface limitándose a actuar dentro de su competencia. Debe comunicar la respuesta al solicitante

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Esta corporación ha reiterado que ese derecho fundamental no se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera resolución acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido a consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente.

Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta, en virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias de la administración, tenga el curso de la petición formulada.

En efecto, si la petición busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida”(1).

En cuanto a la oportunidad para responder, el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo señala el término de quince (15) días si se trata de una petición de interés particular. No obstante, ante la imposibilidad de dar respuesta en dicho lapso, la autoridad debe explicar los motivos y señalar el plazo en el que va a decidir sobre el asunto.

Por su parte, el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo prevé que “si el funcionario a quien se dirige la petición (...) no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si este actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días”.

La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos enunciados implica la vulneración del derecho fundamental de petición.

En primer lugar, observa la Sala que para el momento de interposición de la presente acción de tutela, a pesar de haber trascurrido el término legal para responder la solicitud efectuada por el actor, la entidad no la había resuelto, pues fue solo hasta la interposición de la misma que el Ministerio de Trasporte dio contestación, razón por la que se considera se le ha vulnerado su derecho de petición, máxime si se tiene en cuenta que la entidad no otorgó una respuesta concreta ni de fondo.

Ahora bien, no obra prueba en el expediente en la que conste que la entidad haya enviado la petición al funcionario competente para dar respuesta oportuna, es decir, no dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo arriba transcrito, pues en el escrito obrante a folio 29, la entidad demandada se limitó a mencionar que no era la competente para suministrar la información solicitada, de lo cual se concluye que existió una clara vulneración al derecho fundamental invocado por Gustavo Alba Torres por parte del Ministerio de Trasporte, subdirección de trasporte.

En las anteriores condiciones y en virtud de que continúa la vulneración del derecho de petición del actor, dado que la entidad ante la que formuló la solicitud no la respondió completamente ni la remitió al competente, se REVOCARÁ la sentencia impugnada que declaró configurado el hecho superado en el asunto en estudio y negó la protección del derecho invocado y en su lugar, se ordenará al Ministerio de Trasporte, subdirección de tránsito dé a la petición el trámite previsto en el mencionado artículo 33.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCASE la sentencia del 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que declaró configurado el hecho superado en el asunto en estudio y negó la protección del derecho invocado por Gustavo Alba Torres dentro de la acción de tutela instaurada contra el Ministerio de Trasporte, subdirección de tránsito.

En su lugar:

AMPARASE el derecho de petición y ORDENASE a la subdirección de tránsito del Ministerio de Trasporte que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, remita a la entidad que estime competente la petición del actor, de conformidad con el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.

Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) Sentencia T-178-00 M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.