Sentencia 2011-00650 de septiembre 26 de 2013

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref. Exp.: 11001-03-25-000-2011-00650-00

Interno: 2011-2147

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Diana Milena Torres Meneses

Autoridades Nacionales

Bogotá D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Se trata de establecer si los fallos disciplinarios de 6 de julio de 2010 y de 31 de enero de 2011, proferidos respectivamente por los Procuradores Provincial de Ibagué y Regional del Tolima, que sancionaron a la demandante con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, son ilegales por falsa motivación, al errar en la tipificación y determinación de la culpabilidad de la conducta así como al desestimar una atenuante de responsabilidad.

2.2. Los actos demandados.

a) Fallo sancionatorio de primera instancia de 6 de julio de 2010, proferido el Procurador Provincial de Ibagué, que impuso a la señora Diana Milena Torres Meneses, sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

b) Fallo sancionatorio de segunda instancia de 31 de enero de 2011 del Procurador Regional del Tolima, que confirmó la sanción disciplinaria de Primera Instancia impuesta a la señora Diana Milena Torres Meneses.

2.3. Lo probado en el proceso.

2.3.1. A folio 13 del cuaderno de pruebas 2, obra certificación del coordinador del Sisbén del Municipio de San Luis, Tolima, donde se señala que la señora Yamile Meneses Flórez, identificada con la cédula de ciudadanía 52.425,681 de Bogotá, realizó a entera satisfacción las actividades relacionadas con el Sistema de identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, Sisbén, durante el mes de agosto del año 2007, según orden de prestación de servicios 385 de junio 28 de 2007, suscrita con la alcaldía de ese municipio.

2.3.2. A folio 286 del cuaderno de pruebas 2, obra el Decreto 413 de 25 de junio de 2007, por medio del cual el Gobernador del Departamento del Tolima, designó a la Secretaria de Gobierno del Municipio de San Luis, Tolima, señora Diana Milena Torres Meneses, alcaldesa encargada de esa entidad territorial.

2.3.3 A folio 1 del cuaderno de pruebas 2, obra queja disciplinaria anónima presentada contra la señora Diana Milena Torres Meneses, Alcaldesa Encargada del Municipio de San Luis, Tolima, por violación del régimen de inhabilidades de la Contratación Estatal, al haber suscrito la orden de prestación de servicios 385 de 28 de junio de 2007, con su prima, la señora Yamile Meneses Flórez.

2.3.4. A folio 292 del cuaderno de pruebas 3, obra Pliego de Cargos de 28 de octubre de 2009 proferido por el Procurador Provincial de Ibagué en contra de la señora Diana Milena Torres Meneses, alcaldesa encargada del municipio de San Luis, Tolima, en el que se le reprocha haber suscrito, como alcaldesa encargada del municipio de San Luis, Tolima, la orden de prestación de servicios 385 de 28 de junio de 2007 con la señora Yamile Meneses Torres.

En la mencionada providencia se señala que el contrato: a) fue suscrito por la suma de $ 2.600.000, teniendo como objeto la prestación del servicio de apoyo administrativo para desarrollar el programa Sisbén en el Municipio de San Luis, teniendo como fecha de iniciación el 4 de julio y de terminación el 3 de noviembre de 2.007; b) se celebró con persona inhabilitada legalmente para contratar con la Alcaldía Municipal de San Luis, Tolima, debido al vínculo de consanguinidad (4º grado) que tenía la contratista (Yamile Meneses Torres) con la ordenadora del gasto (Diana Milena Torres Meneses) al ser primas; c) que el parentesco que proviene del hecho de que la contratante (Diana Milena Torres Meneses) es hija de María Gladys Meneses Hernández, hermana del señor Luis Enrique Meneses Hernández padre de la contratista (Yamile Meneses Flórez).

En ese proveído, se imputó a la demandante la violación de los artículos 1º de la Ley 821 de 2003 —modificatorio del artículo 49 de la Ley 617 de 2000—; 34 numeral 1º, 23 y 48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002. Falta que fue tipificada como gravísima y calificada a título de culpa gravísima.

2.3.5. A folio 308 del cuaderno de pruebas 3, obra escrito de descargos presentado por la señora Diana Milena Torres Meneses, en el cual, cuestiona las normas que el operador disciplinario consideró violadas, así como la tipificación de la conducta como falta gravísima y la calificación como culpa gravísima. Asimismo, cuestiona la falta de prueba para proferir una sanción disciplinaria.

2.3.6. A folio 365 del cuaderno de pruebas 3 obra auto de 18 de febrero de 2010 de traslado del expediente a los sujetos procesales, para presentar alegaciones previas al Fallo Disciplinario de Primera Instancia.

2.3.7. A folio 373 del cuaderno de pruebas 3, obra escrito de alegatos presentado por la señora Diana Milena Torres Meneses, en el cual solicita se profiera Fallo Absolutorio debido a la existencia de causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, por cuanto, obró en cumplimiento de un deber legal y constitucional al haber suscrito la orden de prestación de servicios con la señora Yamile Meneses Flórez, dado que, era necesario para adelantar gestiones en aras de obtener recursos del Gobierno Nacional en la implementación del Sisbén.

2.3.8. A folio 385 del cuaderno de pruebas 3, obra Fallo Disciplinario de Primera Instancia de 6 de julio de 2010, por medio del cual, el Procurador Provincial de Ibagué sancionó a la señora Diana Milena Torres Meneses, en su condición de alcaldesa encargada del municipio de San Luis, Tolima, con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, al haber celebrado contrato de prestación de servicios con una persona que por razón del parentesco estaba inhabilitada para contratar con ese municipio, incurriendo con ello en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 48, numeral 30 de la Ley 734 de 2002, tipificada como gravísima y calificada a título de culpa gravísima.

2.3.9. A folio 425 del cuaderno de pruebas 3, obra recurso de apelación, presentado por la señora Diana Milena Torres Meneses contra el Fallo de Primera Instancia de 6 de julio de 2010 proferido por el Procurador Provincial de Ibagué, en el cual, señala haber obrado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria al considerar que obró en ejercicio de un deber legal.

2.3.10. A folio 4.51 del cuaderno de pruebas 3, obra Fallo Disciplinario de Segunda instancia de 31 de enero de 2011, proferido por el Procurador Regional del Tolima, mediante el cual, confirma el Fallo de Primera Instancia del Procurador Provincial de Ibagué que sancionó a la señora Diana Milena Torres Meneses, en su calidad de alcaldesa encargada del municipio de San Luis, con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, al encontrarla responsable de la falta gravísima consagrada en el artículo 48, numeral 30 de la Ley 734 de 2002 calificada a título de culpa gravísima.

2.3.11. A folio 464 del cuaderno de pruebas 3, obra edicto desfijado el 23 de febrero de 2011, por medio del cual el Procurador Regional del Tolima notifica a la demandante el Fallo Disciplinario de Segunda Instancia de 31 de enero de 2011.

2.3.12. A folio 51 del Cuaderno Principal, obra Proyecto de Fallo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, sin firma del titular del despacho, presuntamente proferido dentro del proceso disciplinario 165-96 673-2003 adelantado contra el señor Juan de Jesús Cárdenas Chávez y la señora Luz Helena Gutiérrez, en calidad de Gobernador y Secretaria de Educación del Departamento del Huila, respectivamente.

2.3.13. A folio 80 del cuaderno principal, obra constancia 16 de septiembre de 2011, proferida por la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado en la cual certifica el fracaso de la audiencia de conciliación convocada para la señora Diaria Milena Torres Meneses mediante solicitud de 7 de junio de 2011.

III. Análisis de la sala

La demandante argumenta que los operadores disciplinarios no tuvieron como eximente de responsabilidad el hecho haber obrado en estricto cumplimiento de un deber Constitucional o Legal de mayor importancia que el sacrificado con su conducta (L. 734/2002, art. 28 numeral 2º); y no dieron crédito a la inexistencia de daño sobre los bienes jurídicos protegidos por las normas de la contracción estatal, en la medida en que, a pesar de haber suscrito orden de prestación de servicios con persona inhabilitada se lograron objetivos superiores como fueron la obtención de recursos para el programa Sisbén del municipio de San Luis, Tolima.

Sobre el particular debe señalarse que el legislador, con el fin de proteger los principios de moralidad y transparencia administrativa, estableció a través del artículo 1º de la Ley 821 de 2003, modificatorio del artículo 49 de la Ley 617 de 2000(3), una inhabilidad para contratar con el respectivo ente territorial, en el caso de los parientes de los alcaldes municipales, hasta el cuarto grado (4º) de consanguinidad.

En ese sentido, cuando un Alcalde Municipal, pese a la prohibición antes mencionada celebra Contrato de Prestación de Servicios —bajo la modalidad de orden de prestación de servicios— o afecta no solo los principios antes mencionados, sino también la propia Constitución Política —artículo 209—(4), que igualmente los consagra como parámetros para el ejercicio de la Función Pública, así como la imparcialidad y selección objetiva —artículo 29 de la Ley 80 de 1993— que debe regir la Actividad Contractual, cualquiera sea su modalidad.

El argumento presentado por la demandante, pretende reducir la afectación de los bienes jurídicos protegidos por la referida prohibición a un asunto netamente económico, comparando el costo de la orden de prestación de servicios celebrada con la persona inhabilitada frente a los beneficios que para la Administración pudo llegar a tener la celebración y ejecución del mencionado Contrato.

Esta visión del asunto no es acertada, en la medida en que, la lesión a los bienes jurídicos tutelados por la inhabilidad para contratar con el Estado no se circunscribe a un aspecto simplemente económico, sino que, va más allá e involucra principios y deberes de la administración en la ejecución del presupuesto(5) a través de la Contratación Estatal(6).

El hecho de que la administración a través del contrato de prestación de servicios en cuestión, haya cumplido el cometido Estatal de obtener recursos para el Sisbén en el municipio de San Luis, Tolima(7), no es más que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que la entidad territorial tiene para con sus ciudadanos(8), de manera que, un resultado satisfactorio en la ejecución de la mencionada orden de prestación de servicios, en nada excusa la infracción de la ley en materia de inhabilidades para contratar con el Estado.

Asimismo, pretender que existe una colisión de deberes, a saber, entre el acatamiento de las inhabilidades para contratar con el Estado y la supuesta necesidad imperiosa y urgente de obtener los sentidos de la persona inhabilitada para lograr gestionar recursos del Programa de Subsidios a Personas Menos Favorecidas —Sisbén—, no es más que, un argumento elaborado y parcializado de la demandante, esgrimido en favor de sus propios intereses, que como se explica a continuación no tiene vocación de prosperidad.

Esto en consideración a que, tal colisión nunca existió, pues, no hay prueba en el expediente que acredite que la orden de prestación de servicios en cuestión debía, realizarse “lntuito personae”, de forma tal que ninguna otra persona pudiera ejercer las funciones para las cuales fue contratada la señora Yamile Meneses Flórez.

Y en todo caso porque, el deber de la administración aducido por la demandante, en manera alguna era celebrar y/o ejecutar una orden de prestación de servicios, sino, por el contrario lograr la satisfacción de las necesidades de la población menos favorecida a través de los recursos que para el mencionado programa traslada directamente el Gobierno Nacional a las entidades territoriales.

Este traslado, no exige como condición sine qua non el ejercicio de la contratación estatal sino el cumplimiento de gestiones de tipo administrativo y de coordinación de información entre el nivel territorial y nacional, que no necesariamente debe realizarse con contratistas(9).

Por otra parte la actora señala que, las autoridades disciplinarias no tuvieron en cuenta que en su caso, y en atención al artículo 6º de Ia Ley 190 de 1995, existió una inhabilidad sobreviviente, de la cual, al tener conocimiento procedió a subsanar en la forma prevista en la mencionada norma terminando el referido contrato de prestación de servicios mediante acuerdo mutuo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de aquella, con lo cual, demostró su interés de proteger el patrimonio público.

De conformidad con el artículo 6º de la Ley 190 de 1995(10), estatuto anticorrupción de la época, cuando sobrevenga al nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la Entidad y si ello no ocurre esta podrá dentro de los tres (3) meses siguientes disponer su retiro inmediato.

Al tenor de lo dispuesto en la referida norma, en el caso de autos no ocurrió una inhabilidad sobreviviente, pues, esta existía antes de la celebración de la orden de prestación de servicios 385 de 28 de junio de 2007, en la medida en que, la demandante fue designada como alcaldesa encargada del municipio de San Luis, Tolima, el 25 de junio de 2007 —mediante el Decreto 1413 de 2007 del Gobernador del Departamento del Tolima— y ejerciendo tal calidad suscribió el referido contrato; además, tal disposición regula específicamente las inhabilidades de los servidores públicos, calidad que no ostentaba la señora Yamile Meneses Flórez —prima de la actora—.

Aduce la demandante falsa motivación en los actos administrativos acusados, por cuanto no existió prueba para calificar la conducta con culpa gravísima ni certeza sobre su responsabilidad disciplinaria. Adicionalmente se imputa al Fallador Disciplinario de Segunda Instancia, la falta de análisis de los cargos presentados en el recurso de apelación.

Sin que en esta sede judicial sea procedente entrar a controvertir la valoración de la evidencia realizada por los operadores disciplinarios, por cuanto no se cumplen las exigencias estipuladas por la Sala (11) para escudriñar de manera exhaustiva el acervo probatorio, debe señalarse que en el expediente sancionatorio aportado el Proceso Contencioso Administrativo, se observa prueba documental debida y oportunamente allegada, la cual demuestra que: a) la demandante Diana Milena Torres Meneses para la fecha de suscripción del Contrato de Prestación de Servicios .en cuestión, ejercía el cargo de alcaldesa encargada del municipio de San Luis, Tolima; b) en tal calidad suscribió la orden de prestación de servicios con su prima, la señora Yamile Meneses Flórez: e) el parentesco resultó acreditado con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de la contratante y la contratista: d) esa actuación contractual estaba prohibida por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 —modificatorio del artículo 49 de la Ley 617 de 2000—; y e) tal conducta constituye falta disciplinaria·gravísima·de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002.

Adicionalmente, la Sala observa que: a) la condición de abogada que ostenta la demandante: b) las actuaciones anteriores y posteriores a la celebración del mencionado contrato relacionadas con consultas a profesionales del derecho en materia de inhabilidades para la contratación estatal; así como c) el parentesco cercano entre ella y la contratante inhabilitada, no permiten realizar reproche alguno aI ejercicio autónomo de discernimiento del operador jurídico disciplinario, por medio del cual, arribó a la conclusión de la existencia de una culpa gravísima como producto de ignorancia supina, supremo descuido y elevada negligencia, que de manera alguna hacían excusable el actuar de la señora Diana Milena Torres Meneses.

Por otra parte, no es cierta la afirmación de la demandante respecto de la motivación del fallo disciplinario de segunda instancia, pues, se resalta que en este se tuvieron en cuenta los argumentos de la alzada, los cuales se resolvieron especialmente en el acápite denominado “consideraciones del despacho frente a los aspectos impugnados”, haciendo referencia entre otros a la ilicitud sustancial, la presunción de inocencia, la existencia de prueba documental en relación con el cometimiento de la conducta y la responsabilidad en la misma, así como al hecho de que en el escrito de apelación la implicada no aportó nuevos elementos de juicio que pudieran desvirtuar el cargo imputado y de contera su responsabilidad con lo cual, es evidente que se realizó un análisis de los motivos de la impugnación, cuestión distinta es que estos no fueran desatados conforme a las pretensiones de la disciplinada, lo cual, por sí solo no genera causal de nulidad.

Además, si la sancionada consideraba que alguno de los argumentos plasmados en el recurso de alzada no fue resuelto por el fallador de segunda instancia, tenía a su alcance la posibilidad de solicitar Ia adición del proveído, sin que sea la sede contenciosa administrativa el escenario procesal adecuado para realizar tal reproche.

Esgrime la actora que las autoridades disciplinarias incurrieron en error en la adecuación típica y violación del principio de favorabilidad, por cuanto su conducta debía haber sido encausada en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002, el cual, hace alusión a las faltas graves y leves, pues Ia señora Yamile Meneses Flórez tenía con la Administración Municipal un “Contrato Realidad” camuflado mediante contrato de prestación de servicios, y en ese sentido, la discusión jurídica no compete a las inhabilidades para la contratación estatal a las que hace referencia la falta gravísima señalada en el artículo 48 numeral 30 de la referida codificación.

Sea lo primero aclarar que, en el caso de autos aun cuando la señora Yamile Meneses Flórez venía desempeñándose como contratista de la administración municipal de San Luis, Tolima, mediante distintas órdenes de prestación de servicios, esto por sí solo no genera una relación laboral, más aún cuando, no hay prueba que la misma haya sido reconocida por la Administración Municipal o declarada por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Por lo anterior el escenario jurídico en el cual se circunscribe la conducta disciplinaria cometida por la demandante que dio lugar a la sanción, es el de las inhabilidades para celebrar contratos con el Estado, entre ellos los de prestación de servicios, de manera que, era aplicable el tipo disciplinario especial consagrado en el artículo 48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal señala como falta disciplinaria gravísima “Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución, de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en Ia Constitución o en la ley, (...)”, y no la descripción normativa del artículo 50 de la misma codificación que hace relación de manera general a “(…) la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley”.

Señala la demandante que, se violó su derecho a la igualdad frente a las decisiones disciplinarias por cuanto en otro asunto de condiciones similares al suyo el fallador disciplinario tipificó la misma conducta como falta grave calificándola a título de culpa grave, para establecer como sanción únicamente la suspensión del ejercicio del cargo.

Lo invocado por la demandante como precedente disciplinario es apenas un proyecto de Fallo de Primera Instancia de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en el Proceso 165-96673-2003 adelantado contra Juan de Jesús Cárdenas Chávez y Luz Helena Gutiérrez, en calidad de Gobernador y Secretaria de Educación del Departamento del Huila, respectivamente, el cual, no comporta valor jurídico alguno en la medida en que, como lo destacó el Ministerio Público en el Concepto Fiscal no se encuentra firmado por el titular de ese despacho, perdiendo así toda fuerza jurídica, más aún cuando de ser tenido como válido no hay certeza de que se encuentre ejecutoriado, en la medida en que, se trataría de una decisión de primera instancia.

Además, de la simple lectura de ese documento se observa que la situación fáctica que dio lugar a ese proceso disciplinario (165-96673-2003) es sustancialmente distinta a la de la disciplinada, pues, en esa oportunidad la orden de prestación de servicios fue suscrita por el gobernador del departamento del Huila con la pariente de un tercero vinculado a la entidad territorial, a saber, la hija de un diputado del Departamento del Huila, y no como ocurrió en el caso de la demandante donde la inhabilidad era evidente y directa, ya que, se trataba de un pariente cercano de la misma sancionada.

La demandante esgrime que, las decisiones acusadas vulneraron su derecho al trabajo, pues, la sanción de inhabilidad que pesa en su contra le impide la contratar con el Estado y ejercer funciones públicas, a más de que, tal antecedente le imposibilita el ejercicio de su profesión de abogada en el sector privado.

En la medida en que las imputaciones esgrimidas en el cargo analizado hacen relación a la supuesta ilicitud de la sanción disciplinaria, estas son conexas y dependen de la prosperidad de las acusaciones que se han estudiado previamente.

Esta Sala(12) en relación con el cargo de afectación del derecho al trabajo como consecuencia de una sanción disciplinaria —lo cual se aplica al asunto debatido—, señaló que este no es absoluto y en manera alguna impide con el cumplimiento delos requisitos legales, en cada caso concreto, el rompimiento de la relación laboral bien sea por una situación meramente administrativa, como puede serlo el retiro del servicio o como consecuencia de una sanción de tipo disciplinario, pues este derecho cuando se concreta en una vinculación laboral también implica para el empleado obligaciones y deberes a los cuales está sujeto.

En ese sentido, la vulneración o no del derecho al trabajo y demás garantías con que este tiene relación directa, cuando la situación debatida se enmarca dentro de una sanción disciplinaria, no es autónoma en tanto depende necesariamente de la legalidad o no del acto sancionatorio.

Así las cosas, dado que no se encontró fundamento alguno a los cargos de ilegalidad de los actos sancionatorios expuestos en líneas precedentes, esta acusación sufrirá la misma suerte de aquellos, es decir, no tiene vocación de prosperidad.

Corolario de lo expuesto y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que la demandante infringió las normas disciplinarias; en consecuencia los fallos que le impusieron la sanción cuya nulidad demanda en el sub-lite, deben mantenerse, razón por Ia cual se denegarán las pretensiones de la demanda.

Finalmente, debe señalarse que mediante oficio allegado a esta corporación el 8 de agosto de 2013(13), la doctora Ana María Silva Escobar, en calidad de Jefe de la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación, revocó el mandato otorgado a la doctora Marlen Barreta Rincón y otorgó poder especial al doctor Ricardo Rizo Salazar, motivo por el cual, se le reconocerá personería jurídica para actuar en el proceso.

En mérito de lo, expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

IV. Falla·

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Diana Milena Torres Meneses, contra la Procuraduría General de Ia Nación.

RECONÓCESE, Personería Jurídica al doctor Ricardo Rizo Salazar, apoderado de la entidad demandada, en los términos del poder que obra a folio 248 del cuaderno principal del expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente».

(3) Ley 821 de 2003, artículo 1º. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedará así: “ART. 49.—Prohibiciones relativas a los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo ele (sic) afinidad o primero civil, no podrán ser designados, funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.

(Apartes subrayados y en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles) Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

PAR. 1º—Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

PAR. 2º—Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.

(4) Constitución Política, artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

(5) De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, por el cual se estableció el estatuto orgánico de presupuesto, son principios del sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macro económica y la homeóstasis.

(6) Ley 38/89, artículo 8º. Ley 179/94, artículo 4º.

(7) Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales.

(8) Constitución Política. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Constitución Política. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

(9) La Ley 1176 de 2007 determina estos parámetros: “ART. 24.—(Reglamentado por el Decreto Nacional 4816 de 2003). “El CONPES SOCIAL, definirá cada tres años los criterios e instrumentos para la determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como, los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales”. “El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, definirá las condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas a las bases de datos que hacen parte de los mencionados instrumentos, los cruces de información necesarios para su depuración y actualización, así como los lineamientos para su implementación y operación, el diseño de las metodologías, la consolidación de la información a nivel nacional, los controles de calidad pertinentes; y coordinará y supervisará su implementación, mantenimiento y actualización”. “Las entidades territoriales tendrán a cargo su implementación, actualización, administración y operación de la base de datos, conforme a los lineamientos y metodologías que establezca el Gobierno Nacional”. “En todo caso, las entidades territoriales al realizar inversión social, especialmente mediante la asignación de subsidios, deben aplicar los criterios e instrumentos de focalización, definidos por el Conpes Social. Los diferentes programas sociales del orden nacional o territorial deben definir la forma en que aplicarán los criterios e instrumentos para la localización, contemplando además los criterios de egreso o cesación de la condición de beneficiarios que resulten pertinentes, en función de los objetivos e impactos perseguidos”. El instrumento Sisbén tiene competencia en la focalización del gasto social hasta la primera etapa, que es la de clasificar e identificar. Las demás etapas de la focalización que son la de selección y asignación, son competencia de las entidades que ejecutan los programas sociales.

(10) Ley 190 de 1995, artículo 6º. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio (inciso condicionalmente exequible). Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto final a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar.

(11). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 25 de abril de 2013. Ref. Exp.: 11001-03-25-000-2011-00256-00. Interno: 0904-2011. Autoridades Nacionales. Actor: Cesar Augusto Gil Crespo y Lelia Isabel Iglesias de Sarmiento.

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Sentencia de 4 de abril de 2013. Ref. Exp. 11001-03-25-000-2011-00599-00. Interno: 2307-2011. Autoridades Nacionales. Actor: Jaair Smelyn Bustos Lombana.

(12) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 11 de octubre de 2012. Expediente 11001032500020100019300. Interno: 1458-2010. Autoridades Nacionales. Actor: Miguel Antonio Santamaría Dávila.

(13) El mencionado Oficio obra a folio 248 del cuaderno principal, y está firmado por los doctores Ana María Silva Escobar, en calidad de jefe de la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación, la doctora Marlen Barreta Rincón y el doctor Ricardo Rizo Salazar.