Sentencia 2011-00654 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-24-000-2011-00654-01(AP)

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: Junta de Acción Comunal - barrio Salitre del municipio de Soacha

Demandado: Empresa Colombiana de Minerales S.A.S. - Ecomin y otro

Bogotá, D. C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala:

La acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

En el presente caso le corresponde a la Sala examinar los cargos expuestos por la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Soacha en sus escritos de impugnación.

La Agencia Nacional de Minería, solicitó modificar la sentencia y exonerarla de cualquier responsabilidad con base en los siguientes argumentos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4134 de 3 de noviembre de 2011 (arts. 4.3, 13.1.5) la competencia de dicha entidad se circunscribe a la fiscalización de los títulos mineros legalmente otorgados, con relación al cumplimiento de las obligaciones de índole legal, contractual, técnico, administrativo y ambiental.

En consecuencia, todo aquello que no se encuentre dentro del marco del título minero no es competencia de esta autoridad, por lo que en aquellos casos en los que se evidencia una actividad minera ilegal, ya sea porque se informó de la situación a la entidad o porque en desarrollo de su función de seguimiento y control se evidenció la ilicitud, la autoridad minera informa de manera inmediata al alcalde municipal competente, con el fin que ordene la suspensión de las labores mineras.

El municipio de Soacha solicitó ser exonerado de responsabilidad con base en los siguientes argumentos.

Manifestó que es indispensable complementar y aclarar la decisión, en tanto que la orden de reubicación de Ecomíndebe recaer sobre la propia empresa.

Alegó que frente a la orden de conminar a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para coordinar con la secretaría de planeación del municipio la vigilancia del cumplimiento de las normas mineras y ambientales, el municipio no debe coordinar con estas entidades el cumplimiento de sus funciones, pues a la postre se convierte en una carga para Soacha sobre el control de lo que esa empresa vaya a hacer y cómo lo esté haciendo, tratándose de asuntos ambientales y mineros.

Estimó que el plazo de un año para que la empresa Ecomínefectúe el traslado a un sitio donde las condiciones del suelo le permitan ejercer su actividad, es insuficiente, comoquiera que va a seguir vulnerando los derechos hasta el último día de ese año.

Adicionó que las pretensiones de los actores populares estaban enfocadas a que Ecomíncesara toda actuación que vulnere derechos colectivos y, en el plenario, se logró concluir que quien conoce de estos asuntos ambientales es la CAR, tan así es, que la corporación ha venido actuando respetuosa del debido proceso, a través de los autos que obran en el expediente y que dan cuenta de la situación. Ahora, frente al uso del suelo, aseguró que es el municipio quien debe protegerlo, pero es precisamente dentro de esta acción popular que se evidenció que se encontraba dentro de un uso no permitido. Por lo que la orden debe recaer directamente sobre la empresa como vulneradora de derechos colectivos. De hecho está demostrado que Ecomínno tiene permiso, licencia, autorización ni de la CAR ni de la agencia ambiental, aun así, estas entidades no han impedido sus actuaciones, por el contrario, entregan plazos y colaboraciones para que ejecuten su actividad.

Por último, apunta que el fallo de primera instancia omite ordenar a la CAR y a la agencia minera que defina el proceso que adelante, y como consecuencia de la falta de licencia para operar, cierre dicha actividad. El inadecuado uso del suelo tiene como consecuencia un proceso policivo, mientras que el poder de esas entidades es directo e inmediato, quienes han garantizado suficientemente el debido proceso, que no puede convertirse en una barricada para la justicia.

Por lo anterior, solicitó modificar el fallo impugnado y en su lugar, ordenar clara y concretamente a la empresa Ecomínparar su actividad ilegal, por no tener autorización para ejercer su actividad. Con ello, ordenar a la CAR y a la agencia minera terminar el procedimiento sancionatorio de forma inmediata para no continuar a la espera de supuestas mitigaciones, es decir, entregando plazos al vulnerador de derechos colectivos.

Así pues, le corresponde a la Sala examinar los siguientes problemas jurídicos (i) la Agencia Nacional de Minería es competente para vigilar la minería ilegal (ii) El municipio de Soacha, Cundinamarca está facultado para vigilar la orden de reubicación de la empresa en el plazo de un año y, si este tiempo se compadece con la vulneración a los derechos colectivos (iii) El municipio de Soacha es competente para para vigilar el adecuado uso del suelo según las normas que rigen la materia.

En cuanto al primer problema jurídico, consistente en si la Agencia Nacional de Minería es competente para vigilar la minería ilegal, la Sala procederá a analizar las competencias de la Agencia Nacional de Minería, en cuanto al seguimiento y control de las licencias que otorga; la manera en que debe ejercer dichas funciones; las medidas para hacerlas efectivas y si del acervo probatorio puede constatarse la desatención a sus funciones.

Al efecto, el artículo 4º del Decreto 4134 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”, establece lo siguiente:

“ART. 4º—Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Minería, ANM las siguientes:

1. Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional.

2. Administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación

3. Promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

4. Diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación de minerales.

5. Proponer y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental y en la elaboración de los planes sectoriales en materia de minería, dentro del marco de sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad minera.

6. Administrar el catastro minero y el registro minero nacional.

7. Mantener actualizada la información relacionada con la actividad minera.

8. Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación derivada de la explotación de minerales, en los términos señalados en la ley.

9. Determinar la información geológica que los beneficiarios de títulos mineros deben entregar, recopilarla y suministrarla al servicio geológico colombiano.

10. Desarrollar estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento a los titulares mineros con base en la política definida para el sector y en coordinación con las autoridades competentes.

11. Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles que pasen al Estado por finalización de los contratos de concesión y demás títulos mineros en que aplique cláusula de reversión.

12. Promover la incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento territorial.

13. Apoyar la realización de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en coordinación con las autoridades competentes.

14. Dar apoyo al Ministerio de Minas y Energía en la formulación y ejecución de la política para prevenir y controlar la explotación ilícita de minerales.

15. Fomentar la seguridad minera y coordinar y realizar actividades de salvamento minero sin perjuicio de la responsabilidad que tienen los particulares en relación con el mismo.

16. Reservar áreas con potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

17. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los recursos minerales de propiedad estatal.

18. Las demás que le sean asignadas y que le delegue el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con las normas vigentes” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Concretamente, la función de seguimiento y control de los títulos mineros, corresponde a la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera de la citada entidad, Agencia Nacional de Minería, tal como lo prescribe el artículo 17 ibídem, cuyos numerales 2º, 3º, 5º, 6º y 11, señalan, en lo pertinente, lo siguiente:

“ART. 16.—Funciones de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera. Las funciones de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera serán las siguientes:

2. Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y control a las obligaciones de los titulares mineros.

3. Hacer seguimiento y control a las obligaciones de los titulares mineros, cuando le sea delegada esta función por parte del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con las normas vigentes.

5. Recopilar y analizar información sobre el estado de los yacimientos y proyectos mineros involucrando información geológica, minera, ambiental y económica.

6. Coordinar con el Servicio Geológico Colombiano el suministro y entrega de la información geológico - minera generada por los titulares mineros en ejecución de sus obligaciones contractuales.

11. Dar el apoyo a las autoridades competentes para la ejecución de la política de erradicación de la explotación ilícita de minerales.

…” (Las negrillas y subrayas no son del texto original).

Obsérvese entonces, que las funciones de seguimiento y control a la actividad minera, no se circunscriben a aquellas actividades que cuentan con títulos de exploración y explotación legalmente otorgados, como lo sugiere en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación la Agencia Nacional de Minería.

En este orden de ideas, las afirmaciones de la recurrente carecen de sustento jurídico, pues la norma transcrita es clara en establecer que dicha entidad, no solo debe diseñar, implementar y realizar el control de los titulares de obligaciones mineras sino también verificar el estado de los yacimientos y proyectos mineros, teniendo en cuenta información geológica, minera, ambiental y económica, así como brindar apoyo a las entidades competentes para erradicar la explotación ilegal.

Dicha postura fue expuesta por esta Sala en providencia de 31 de octubre de 2013, en la acción popular Nº 2011-00765-01(1).

En consecuencia, no prosperará la impugnación interpuesta por la Agencia Nacional de Minería.

El segundo problema jurídico, consiste en determinar si el municipio de Soacha es competente para vigilar la orden de reubicación de la empresa en el plazo de un año, y si este tiempo se compadece con la vulneración a los derechos colectivos.

Sobre este punto, el tribunal dispuso expresamente lo siguiente:

“Ordénase al representante legal o a quien haga sus veces de la Empresa Colombiana de Minerales SAS (Ecomín) ubicado en la calle 8 sur Nº 5-16 (km 12 autopista sur) del municipio de Soacha, Cundinamarca cesar las actividades de esa empresa y/o reubicarla en un lapso no mayor de un (1) año en un lugar donde las normas que regulan el uso del suelo lo permitan, previo el cumplimiento de los requisitos que la ley exija para su funcionamiento tales como licencias, permisos o autorizaciones expedidos por las autoridades competentes”.

La Sala observa que la medida impartida por el tribunal es insuficiente y no se compadece con la protección de los derechos colectivos al medio ambiente.

Una interpretación literal de lo dispuesto por el tribunal cuando utiliza la expresión y/o, permite inferir que la empresa demandada tiene dos opciones: La primera, cesar sus actividades. La segunda, reubicarse en un lapso no mayor a un año en un lugar donde las normas que regulan el uso del suelo lo permitan.

Como se observa, la orden proferida por el tribunal puede dejar abierta la opción de que la empresa en el lapso de un año pueda seguir vulnerando los derechos colectivos mientras encuentra otro sitio para instalar su infraestructura, con lo cual se legitimaría la vulneración de los derechos colectivos por un año más, y además, se permitiría que una actividad calificada como ilegal siga funcionando por un tiempo determinado.

Cabe recordar que en el proceso se acreditó, según los informes técnicos expedidos por la oficina de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha (fls. 450 a 461, 518 a 527) que el predio donde funciona Ecomínse encuentra ubicado en un área residencial con tratamiento de renovación urbana y actividad múltiple, mas no de uso industrial tipo 3, como son las actividades de dicha empresa.

La oficina de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha determinó en su informe que la empresa Ecomínse clasifica como industria tipo 3 (fl. 469), la que de conformidad con el Acuerdo 46 de 2000 (POT de Soacha) se encuentra prohibida en dicha zona.

Así mismo, de los hechos acreditados se desprende de manera evidente que la empresa Ecomín está generando contaminación auditiva así como generación de material particulado como consecuencia del desarrollo de la actividad de trituración de material mineral no metálico.

De conformidad con los informes técnicos, resoluciones y autos expedidos por la CAR así como las respuestas emitidas por la empresa, Ecomín no ha realizado las acciones necesarias y pertinentes para eliminar o mitigar de modo efectivo la generación de material particulado y ruido, como se desprende del último informe expedido por la CAR el 9 de noviembre de 2011 (fls. 210 a 211).

Finalmente, en el proceso no obra prueba alguna que demuestre que la Agencia Nacional de Minería le hubiese otorgado autorización para explotar los productos pétreos en la cantera, hecho que se corrobora con el informe expedido por la gerencia de catastro y registro nacional minero (fl. 335) en el que se expresa que Ecomínno tiene registros ni títulos mineros, como tampoco obra prueba de permiso o licencia ambiental emitida por la CAR para el desarrollo de sus actividades.

Así las cosas, en aras de garantizar la protección de los derechos colectivos vulnerados y de evitar la prolongación en el tiempo de actividades ilegales, esta Sala modificará el numeral 3º de la sentencia impugnada y, en su lugar, dispondrá:

Ordénase al representante legal o a quien haga sus veces de Ecomín: a) Cesar de forma inmediata las actividades de la empresa a partir del momento en que el presente fallo quede ejecutoriado. b) remover toda la infraestructura, maquinarias, elementos de trabajo en el plazo máximo de seis meses, contados desde el momento en que quede en firme esta providencia.

En lo relativo al tercer problema jurídico, consistente en determinar si el municipio de Soacha es competente para verificar el cumplimiento de las normas sobre el uso del suelo. Esta entidad expuso que la responsabilidad frente a los hechos relatados en esta demanda es única y exclusiva de la empresa Ecomín.

Sobre el particular, la Sala le recuerda al municipio que es la primera autoridad en materia urbanística y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 388 de 1997 “por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de ordenamiento territorial” al municipio le corresponde ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

Infracciones urbanísticas. *Modificado por la Ley 810 de 2003, nuevo texto:* Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas.

Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia.

Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio público requiere de la licencia a que se refiere este artículo, así como los procedimientos y condiciones para su expedición.

En los casos de actuaciones urbanísticas, respecto de las cuales no se acredite la existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida.

En el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la suspensión de obras a que se refiere este artículo, corresponde a los alcaldes locales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital” (negrilla fuera de texto).

Como se puede leer en la disposición transcrita, los municipios tienen expresas competencias para imponer sanciones y adelantar procedimientos en contra de los responsables de la construcción de obras sin licencia y sin el cumplimiento de los parámetros que determina el plan de ordenamiento territorial respectivo.

En el presente caso, la empresa Ecomín se encuentra ubicada en una zona donde el suelo no es apto para las actividades que realiza, las cuales consisten en la trituración y molienda de minerales (carbonato de calcio y sulfato de bario) (fl. 148) lo cual no constituye exploración de yacimientos minerales, pero se encuentra regulada por el Código Minero en el artículo 11 (materiales de construcción).

Dicha actividad no se puede realizar en dicho sector, como se expuso en líneas anteriores. Por lo tanto, el municipio sí está obligado a vigilar el cumplimiento del adecuado uso del suelo, según las normas que rigen la materia, esto es la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo Municipal 46 de 27 de diciembre de 2000 “por medio del cual se expide el plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha”.

En concordancia con lo anterior, se modificará en numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar al municipio de Soacha que vigile el cumplimiento de la orden de cese de actividades y remoción de las instalaciones de la empresa Ecomínsegún lo expuesto en esta sentencia.

Por otra parte, a pesar que no fue objeto de apelación, pero con el fin de proteger en la mayor medida de lo posible los derechos colectivos vulnerados, no se pueden olvidar las precisas funciones que la ley le ha asignado a las corporaciones autónomas regionales, en aras de proteger el medio ambiente.

Para tal fin, se analizarán las funciones de dichas entidades, y con fundamento en ello se realizaran las respectivas órdenes.

La Ley 99 de 1993 “por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental - SINA y se dictan otras disposiciones”, regula las funciones de las corporaciones autónomas regionales y en su artículo 31 en los numerales 9º, 10, 11, 12 y 17 y el parágrafo 4º establece que:

“Funciones. las corporaciones autónomas regionales ejercerán las siguientes funciones:

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente;

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta ley;

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;

PAR. 4º—Las corporaciones autónomas regionales realizarán sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que estas hayan asignado responsabilidades de su competencia”.

Como se puede leer en la disposición transcrita, la CAR tiene expresas y precisas funciones en torno a la protección del medio ambiente, para ello la ley le ordena entre otras cosas, otorgar licencias ambientales, vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, adelantar procedimientos administrativos sancionatorios y ordenar la reparación de los daños causados.

En el presente caso, se encuentra acreditada la responsabilidad de la CAR, en tanto que dentro del ámbito territorial en el cual ejerce sus competencias, esto es el departamento de Cundinamarca, la empresa Ecomínrealiza conductas que vulneran el medio ambiente sin tener licencia ambiental alguna. Además, tal entidad no ha culminado los procedimientos administrativos en contra de esta.

Por tal motivo, la Sala adicionará en el numeral 5º de la sentencia impugnada el siguiente párrafo: Ordenar a la CAR: a) agotar los trámites administrativos sancionatorios en contra de Ecomín, b) con respeto al debido proceso y dentro del ámbito de sus competencias, ordene a Ecomínla reparación de los daños ocasionados al suelo y al medio ambiente durante el tiempo en que funcionó dicha empresa en el aludido sector.

Para garantizar el cumplimiento de las órdenes anteriores, se dispondrá CONFORMAR un comité de verificación, integrado por la parte demandante, el personero del municipio de Soacha, el municipio de Soacha, la CAR, la Agencia Nacional de Minería y la Procuraduría General de la Nación, quienes harán seguimiento a lo ordenado en este fallo e informarán sobre las decisiones y acciones que respectivamente se tomen y realicen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los numerales tercero (3º) y cuarto (4º) de la parte resolutiva de la sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por la Sección Primera - Subsección “B” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:

3º) ORDÉNASE al representante legal o a quien haga sus veces de la Empresa Colombiana de Minerales SAS (Ecomín) ubicada en la calle 8ª sur Nº 5-16 (km 12 autopista sur) del municipio de Soacha, Cundinamarca lo siguiente: a)

Cesar de forma inmediata sus actividades a partir del momento en que el presente fallo quede ejecutoriado. b) remover toda su infraestructura, maquinarias, elementos de trabajo en el plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del momento en que quede en firme esta providencia.

4º) ORDÉNASE al alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca) vigilar el cumplimiento de la orden de cese de actividades y remoción de las instalaciones de la empresa Ecomín, y en lo sucesivo a través de las entidades competentes del orden municipal, esto es, la secretaría de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha, trabajen de consuno y coordinadamente, en aras de vigilar el adecuado uso del suelo según las normas que rigen la materia, la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo Municipal 46 de 27 de diciembre de 2000 “por medio del cual se expide el plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha”, adelantando para tal evento las actuaciones que el ordenamiento jurídico les haya autorizado.

2. ADICIÓNESE al numeral 5º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, lo siguiente:

ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): a) agotar los trámites administrativos sancionatorios en contra de Ecomín, b) con el respeto del debido proceso y dentro del ámbito de sus competencias ordene a Ecomín la reparación de los daños ocasionados al suelo y al medio ambiente durante el tiempo en que funcionó en el aludido sector.

CONFÓRMASE un comité de verificación, integrado por la parte demandante, el personero del municipio de Soacha, el Municipio de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Agencia Nacional de Minería y la Procuraduría General de la Nación, quienes harán seguimiento a lo ordenado en este fallo e informarán sobre las decisiones y acciones que respectivamente se tomen y realicen.

3. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia impugnada.

4. COMUNÍQUESE esta decisión a las partes.

5. DEVUÉLVASE, ejecutoriada esta providencia, el expediente al tribunal de origen.

6. REMÍTASE copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en sesión de 5 de febrero de 2015».

(1) M. P. María Elizabeth García González.