Sentencia 2011-00673 de enero 13 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Referencia: E-1100102030002011-00673-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., trece de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS. «Consideraciones

1. Razones prácticas de internacionalización y eficacia de la justicia, permiten, en general, que las sentencias o providencias que revistan ese carácter y los laudos arbitrales, provenientes unas y otros de un país determinado, tengan poder coercitivo en otro. Se trata de una excepción a la facultad libre y soberana de los Estados de administrar justicia.

2. Colombia no es inferior a ese principio, pero sujeta la fuerza de esos pronunciamientos a la establecida en los tratados bilaterales o multilaterales vigentes con el país de su procedencia, y a falta de estos, la concedida a las sentencias proferidas por los jueces patrios en otros Estados, bien por la ley foránea, ya por la práctica judicial allí imperante.

La eficacia y correspondencia han sido reconocidas por esta corporación, al decir que “[l]as sentencias o laudos proferidos en el extranjero, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que los tratados vigentes con el país de origen conceda (reciprocidad diplomática) o, en su defecto, la que allí se reconozca a los dictados en el territorio nacional (reciprocidad legislativa)”(1).

En adición, igualmente exige la concesión del exequátur, previo el trámite señalado en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil y el cumplimiento de los supuestos señalados en al artículo 694, ibídem.

3. Frente a lo anterior, se impone ante todo examinar el requisito de las reciprocidades dichas, pues de estar cumplido, se habilita el estudio de las demás exigencias.

3.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la coordinación del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales, certificó, el 7 de febrero de 2012, que una vez constatados los archivos existentes, “no se encontró acuerdo bilateral vigente entre la República de Colombia y Canadá en materia de reconocimiento recíproco de providencias judiciales”.

3.2. Como sucedáneo, el Consulado General de Colombia en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el memorando de 24 de julio de 2012, transcribió en el idioma de origen, la “Ley de Divorcio de Canadá”, sección 22, la cual fue traducida luego debidamente al Castellano.

En esa legislación aparece que, ciertamente, dicho Estado reconoce eficacia a las sentencias proferidas por los jueces colombianos. En particular, sobre el “reconocimiento de un divorcio extranjero”, dice que el otorgado de “conformidad con la ley de un país o la subdivisión de un país que no sea el Canadá, por un tribunal y otra autoridad que tenga jurisdicción para hacerlo, será reconocido por todos los propósitos para determinar el estado civil en el Canadá de cualquier persona”.

4. Establecida la reciprocidad legislativa, pasa a establecerse si los demás requisitos para acceder a lo solicitado, los cuales se relacionan con la prueba de la decisión y con su compatibilidad normativa interna, se encuentran cumplidos.

4.1. Relativo a lo primero, la sentencia de divorcio se encuentra adosada al expediente en copia auténtica, con la traducción efectuada por un intérprete oficial acreditado. Además, aparece debidamente legalizada, toda vez que fue presentada, autenticada, por el Cónsul de Colombia en Vancouver, Canadá, y su firma abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.

Su ejecutoria igualmente se encuentra demostrada, pues de acuerdo con la documentación allegada, autenticada y legalizada en los mimos términos dichos, el hecho surge de haber entrado en vigor el 19 de diciembre de 2008, vale decir, “en el 31º día después de esta fecha” (nov. 18/2008).

4.2. En lo demás, el objeto de la decisión, esto es, el divorcio en sí mismo considerado, excluye que la sentencia haya versado sobre derechos reales constituidos respecto de bienes ubicados en territorio colombiano.

Del mismo modo, al constatarse, en la prueba documental referida, que la declaración de divorcio fue solicitada en “marzo 7 de 2007”, fundada en que el “Demandante y la demandada dejaron de cohabitar el 31 de marzo de 2004”, se evidencia que la sentencia extranjera no contraría el régimen de divorcio implantado en Colombia mediante la Ley 25 de 1992. Por el contrario, la compatibiliza, al traer como causal, para los mismos efectos, la “separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años” (art. 6º).

Por esto, no se trata de un asunto de exclusiva competencia de la justicia colombiana, puesto que el artículo 14 de la Ley 1ª de 1976, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 25 de 1992, reconoce eficacia al “divorcio decretado en el exterior”, siempre que la “causal respectiva sea admitida por la ley colombiana” y que el “demandado haya sido notificado personalmente o emplazado según la ley de su domicilio”.

Esto último, respecto de Alicia Zapata Ramírez, también aparece superado, porque el consentimiento manifestado sobre aspectos distintos al divorcio, plasmado en la sentencia, nota que estuvo a derecho, y porque la ejecutoria de la misma providencia hace presumir que la citación y contradicción de la convocada, fue cumplida conforme a la ley del país de origen.

Finalmente, no existe prueba de un proceso en curso o de sentencia en firme de los jueces colombianos sobre el mismo asunto, menos cuando en ninguna parte se afirma que, para la época, alguna de las partes tuviera su domicilio en Colombia. En el contenido del fallo extranjero, por el contrario, se alude a Vancouver, Canadá, como el lugar común de la pareja. Por su parte, el acuerdo de alimentos, respecto el menor hijo, aunque no aparece involucrado, no merece reproche.

5. En consecuencia, cumplido el trámite del exequátur y verificados los requisitos exigidos en la ley para concederlo, no queda alternativa distinta que proceder de conformidad.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede el exequátur a la sentencia de 18 de noviembre de 2008, proferida por la Corte Suprema de Columbia Británica, República de Canadá, mediante la cual se decretó el divorcio de Iván Darío Botero Trujillo y Alicia Zapata Ramírez, con relación al matrimonio católico que contrajeron el 8 de diciembre de 1982, en la Parroquia de San Judas Tadeo de la Isla de San Andrés y registrado en la Notaría Única del misma localidad, exclusivamente en cuanto a esa decisión se refiere.

Para los efectos legales a que haya lugar, especialmente los previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, se ordena la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de las partes. Líbrense las comunicaciones que sean del caso.

Sin costas por no haber constancia de su causa.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de 18 de septiembre de 2007, Expediente 2003-00061.