Sentencia 2011-00691de mayo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expedientes: 500012331000201100691-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Luis Ramón Gasca Córdoba.

Demandados: Diputado del Vaupés - Carlos Alberto Lozano Díaz

Electoral: 2ª Instancia

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación formulado por la parte demandada contra el fallo emitido el 30 de mayo de 2012, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La elección del señor Carlos Alberto Lozano Díaz, como diputado a la asamblea del departamento del Vaupés, período constitucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica del formulario E-26AS, generado el 5 de noviembre de 2011(1).

3. Cuestión previa.

1. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011, con la cual practicó el control previo, automático e integral al Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2010 Senado y 092 de 2010 Cámara, declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 3º del artículo 29, “…en el entendido que el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política”.

Pues bien, como la causal invocada en este asunto (L. 617/2000, art. 33, num. 5º), es diferente de la mencionada en el fallo de exequibilidad condicionada que se mencionada en el párrafo anterior, hay lugar a practicar el estudio de legalidad sobre el acto de elección del señor Carlos Alberto Lozano Díaz como diputado del Departamento del Vaupés, con fundamento en el texto original de la citada causal de inhabilidad.

2. Frente al fallo proferido el 30 de mayo de 2012 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta, mediante el cual se declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Alberto Lozano Díaz, como Diputado del Departamento del Vaupés (2012-2015), tras encontrar acreditados todos y cada uno de los presupuestos de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, solamente la parte demandada presentó apelación.

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto al ámbito de competencia del superior en materia de apelación, precisa que el ad quem “…no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,…”, a no ser que se trate de un aspecto que inevitablemente deba abordarse por razón de la materia involucrada. Y, el artículo 250 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 110 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, prescribe que el recurso de apelación contra el fallo de primer grado “…se interpondrá y sustentará ante el a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes…” (resaltado de la Sala).

A partir de la modificación implementada con la Ley 1395 de 2010, que derogó la posibilidad que antaño tenían las partes de apelar las sentencias sin estar obligados a expresar las razones de su inconformidad, los sujetos procesales en la acción de nulidad electoral que deciden interponer recurso de apelación deben sustentar o fundamentar el recurso, lo cual equivale a la carga de expresar dentro de la oportunidad legal qué se comparte y qué no de dicha decisión.

Dicha exigencia, además de servir como presupuesto de acceso a la segunda instancia, ya que su ausencia conlleva que se declare desierto el recurso y ejecutoriada la sentencia, igualmente cumple el propósito de fijarle al operador de segundo grado el ámbito de competencia, que estará circunscrito no solamente a la decisión misma, sino también a los argumentos en que se concreta el inconformismo, pues si el actor con su silencio da a entender que comparte algunos de los razonamientos del fallo apelado, ningún sentido tiene que en la segunda instancia sean reexaminados.

Pues bien, según las anteriores precisiones, en esta providencia se examinará si el señor Carlos Alberto Lozano Díaz fue elegido estando incurso en la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, pero sin tener que constatar todos y cada uno de los presupuestos de la causal, ya que la parte demandada únicamente cuestiona que la inhabilidad sea aplicable a quien se inscribió en primer lugar, como en su caso, por haberlo hecho en forma lícita y de buena fe; igualmente asevera que tal lectura encuentra respaldo en que según la Sentencia T-1039 de 2006 la interpretación de la inhabilidad debe ser restrictiva y favorable a los derechos del implicado, pero no extensiva como lo hizo el a-quo; en que por virtud de la Ley 1475 de 2011 y de la Sentencia C-490 de 2011 el régimen de inhabilidades en cuestión no puede ser superior al de los congresistas; e igualmente en que en la Sección Primera de esta corporación, en los procesos de pérdida de investidura, se expresa un criterio contrario al sostenido por esta Sección.

3. Pruebas relevantes.

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Carlos Alberto Lozano Díaz, cuyos padres son Isabel Díaz Díaz y Gustavo Lozano Calderón(2).

2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Jesús Abraham Lozano Díaz, cuyos padres son Gustavo Lozano e Isabel Díaz(3).

3. Copia auténtica del formulario E-6 AS de 5 de agosto de 2011, relativo a la inscripción del señor Carlos Alberto Lozano Díaz como candidato del Partido Verde a la Asamblea Departamental del Vaupés, en las elecciones de 30 de octubre del mismo año, período constitucional 2012-2015(4).

4. Copia auténtica del formulario E-6 CO de 8 de agosto de 2011, atinente a la inscripción del señor Jesús Abraham Lozano Díaz como candidato del Partido Verde al Concejo Municipal de Mitú, en las elecciones de 30 de octubre del mismo año, período constitucional 2012-2015(5).

5. Copia auténtica del formulario E-26 CO generado el 4 de noviembre de 2011, mediante el cual se acredita que el señor Jesús Abraham Lozano Díaz fue elegido Concejal del municipio de Mitú, por el Partido Verde, para el período constitucional 2012-2015(6).

6. Oficio O.H.C.M. No. 21 de 9 de febrero de 2012, suscrito por el Presidente del Concejo del municipio de Mitú, mediante el cual informa que “…El señor JESUS (sic) ABRAHAM LOZANO DIAZ (sic), no ha sido ni hace parte de esta Corporación; ya que no tomo (sic) posesión del cargo...”(7).

7. Memorial dirigido por el señor Jesús Abraham Lozano Díaz a la Registraduría Especial de Mitú, radicado el 15 de diciembre de 2011, con el que informa:

“Por medio de la presente me permito de manera formal comunicar a esa dependencia mi renuncia a la credencial otorgada por la Registraduría que me distingue como concejal electo para el periodo constitucional 2012 al 2015, avalado por el Partido Verde y que fui reconocido como tal mediante credencial de fecha 04/11/2011.

Para lo anterior allego y hago devolución de la credencial original a mi otorgada, esta decisión se fundamenta en situaciones de orden personal que no me permiten ejercer el cargo de manera adecuada y para el que fuera elegido por mandato popular el pasado 30/10/2011”(8).

4. Asunto de fondo.

El ciudadano Luis Ramón Gasca Córdoba pretende la nulidad de la elección del señor Carlos Alberto Lozano Díaz, como Diputado del Departamento del Vaupés, período constitucional 2012-2015, porque supuestamente fue elegido estando incurso en la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que en lo pertinente expresa:

“5… Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.

La acusación se concreta en que los señores Carlos Alberto Lozano Díaz y Jesús Abraham Lozano Díaz, que son hermanos entre sí por así haberse probado con copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y no haberse discutido en la apelación, se inscribieron como candidatos por el mismo movimiento político —Partido Verde—, para participar en la jornada electoral del 30 de octubre de 2011, el primero como aspirante a la Asamblea del departamento del Vaupés, y el segundo como postulante al Concejo del municipio de Mitú.

En su defensa alega la parte demandada que el señor Carlos Alberto Lozano Díaz inscribió su candidatura a la Asamblea del departamento del Vaupés, el 5 de agosto de 2011, mientras que el señor Jesús Abraham Lozano Díaz lo hizo como aspirante al Concejo del municipio de Mitú el 8 de agosto de 2011. Por ello, la causal de inhabilidad invocada solamente se configuraría en cuanto al último, pero no respecto del primero, dado que quien infringe la disposición es la persona que efectúa la inscripción en segundo lugar, más no el pariente que le antecedió, quien en su momento expresa su aceptación de inscripción en forma lícita, de buena fe y libre de vicios.

Además, señala que la situación del demandado debe valorarse tomando en cuenta la interpretación restrictiva que debe aplicarse en estos casos, y bajo los principios de favorabilidad, buena fe y equidad, sobre todo porque la entrada en vigencia de la reforma política contenida en la Ley 1475 de 2011, hizo confusos los términos existentes para modificar la inscripción de las candidaturas, lo que exponía a los interesados a incurrir en doble militancia. Y, finalmente, porque el criterio expuesto por la apoderada del demandado concuerda con la jurisprudencia que en materia de pérdida de investidura tiene la Sección Primera de esta corporación.

La Sala, para poder fijar el sentido de este fallo, esto es si confirma o revoca la sentencia proferida el 30 de mayo de 2012 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta, estudiará la posición jurisprudencial que esta Sección tiene sobre el particular, así como la solidez de los demás argumentos esgrimidos por la parte demandada.

En cuanto a su finalidad, ésta no es otra que la de evitar el nepotismo electoral(9) y la violación del principio de igualdad respecto de los candidatos que no cuentan con la referida ventaja del parentesco.

Ahora bien, recordemos que en cuanto a su interpretación evidencian, tanto la parte actora como la demandada, diferentes posiciones. De un lado, para el demandante parece ser claro que, en la medida en que la norma nada dice sobre el factor temporal, este es indiferente para su aplicación. Por otro, la defensa del demandado argumenta que dicho criterio debe tener toda la relevancia ya que, cuando el señor Henry Hernández Hernández efectuó su inscripción no estaba incurso en prohibición alguna, de manera que, su conducta ajustada a la norma no podría traer una consecuencia de nulidad.

Una y otra posición pueden respaldarse con jurisprudencia de la Sección. Por mucho tiempo se consideró que, ya que la causal involucraba a dos candidatos, debía entenderse que nunca el primero en inscribirse se encontraría inhabilitado en consideración a que cuando éste efectuó su inscripción, no se materializaban los elementos de la causal, pues ningún familiar suyo estaba inscrito aún(10).

Cuatro años después, esta Sección, mediante sentencia del 5 de Agosto de 1999, se apartó de la anterior interpretación al considerar que “siendo válidas ambas inscripciones, una de ellas no puede resultar pasible de nulidad y la otra incólume en caso de victoria electoral compartida; eso sería tanto como sujetar la suerte de un candidato a la habilidad de su pariente cercano a quien le bastaría inscribirse temprano para inhibir a aquel de hacerlo y frustrarle sus aspiraciones por razones muchas veces contingentes, que la jurisdicción administrativa no puede secundar sin romper el equilibrio y la mesura que son inherentes a la gestión de sus órganos”(11).

Pues bien, esta Sala, con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen, encuentra que la primera de las interpretaciones es la que debe privilegiarse:

1. Porque respecto del primer candidato, en el momento de su inscripción, no puede predicarse ilicitud alguna.

2. Porque el argumento expuesto por la Sección en el año 1999 de conformidad con el cual, “siendo válidas ambas inscripciones, una de ellas no puede resultar pasible de nulidad y la otra incólume en caso de victoria electoral compartida; eso sería tanto como sujetar la suerte de un candidato a la habilidad de su pariente cercano a quien le bastaría inscribirse temprano para inhibir a aquel de hacerlo y frustrarle sus aspiraciones por razones muchas veces contingentes” no resulta correcto desde una perspectiva constitucional ya que, si bien es cierto que un pariente cercano podría inscribirse temprano para inhibir a otro frustrando sus aspiraciones electorales, no es menos cierto que dicha postura prevenga el hecho de que el mismo pariente, por razones igualmente contingentes, se inscriba en segundo lugar con la misma finalidad; en ambos eventos la referida presunción desconoce el hecho de que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

3. Porque dentro de nuestro sistema jurídico la interpretación que se propone es la que menos restringe el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

4. Porque a partir de la aplicación de la presunción de la buena fe se realiza y respeta, en mayor medida, el derecho de los colombianos a elegir y ser elegido.

5. Porque es la que en mayor grado satisface el principio “pro homine”.

6. Porque materializa la “eficacia del voto” como mandato de optimización.

7. Porque de la misma literalidad de la causal de inhabilidad de coexistencia de inscripciones se desprende que para su configuración se requiere de una inscripción previa, veamos: “quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”. Las expresiones “vínculo”, “mismo” y “misma” evidencian que quien primero se inscribe no puede ser sujeto de la inhabilidad toda vez que a su inscripción no le “coexiste” ninguna otra.

8. Y, finalmente porque, en un ejercicio de ponderación, solo bajo la primera de las interpretaciones, la finalidad perseguida por la causal de inhabilidad, esto es, la de impedir que el poder político se concentre en manos de pocas familias, se satisface sin necesidad de comprometer el derecho fundamental consagrado en el artículo 40-1 de la Constitución Política (Test de necesidad).

Explica la Sala que en este caso estamos frente a la clásica aplicación de principios constitucionales, de un lado, el de la igualdad electoral, que es justamente el que subyace a la inhabilidad consagrada en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, por otro, el relativo a elegir y ser elegido como materialización de la democracia en el ejercicio y control del poder político.

Como es sabido, en un ordenamiento jurídico en el que confluyen tanto reglas como principios se vuelve usual que los mismos entre en conflicto. Cuando dos reglas lo hacen, la solución es simple ya que siempre una excluye la aplicación de la otra, es por esto que autores como DWORKIN entienden que las reglas se aplican con una lógica del “todo o nada” así, la presencia de una impide la funcionalidad de la otra en la medida en que existen otras reglas que a su vez disuelven este tipo de colisiones, “regla posterior deroga ley anterior”, “regla especial se aplica sobre la general” “regla de mayor jerarquía se aplica por encima de la de menor jerarquía”.

Cuando la colisión se genera entre principios, no hay lugar a la aplicación de la lógica del “todo o nada”, pues como es evidente los principios tienen una característica de la que las reglan carecen, la del peso(12); y es que los principios son verdaderos mandatos de optimización, así, buscan protegerse en la mayor medida posible, pero cuando se privilegia uno por encima del otro, esto no implica la desaparición del principio no privilegiado del ordenamiento jurídico, sino simplemente que, previa utilización de la “ley de ponderación”(13), se ha determinado cuál principio tiene mayor peso en un caso en concreto.

El ejercicio de ponderación implica una verdadera proporcionalidad. A efectos de establecerla resulta necesario aplicar a la situación objeto de estudio tres exámenes diferentes, el primero, el de idoneidad con el que se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿realmente estamos en presencia de principios/derechos fundamentales?, el segundo, el de necesidad, que pretende identificar si ¿la única manera de satisfacer el segundo principio es bajo el sacrificio del primero? Y finalmente, la proporcionalidad en estricto sentido que aplica, una vez superados los exámenes anteriores, la fórmula de la ponderación.

Los tres exámenes responden al criterio de la preclusión, de forma que, si el asunto no ha superado el primero de ellos no resulta necesario continuar con el ejercicio. Veamos, si la respuesta a la pregunta del examen de idoneidad es negativa, es decir, si, por ejemplo, no se trata del enfrentamiento entre dos derechos fundamentales la salida para el juez es fácil ya que, por obvias razones, será menester privilegiar el derecho fundamental. Por el contrario si, tal y como ocurre en este caso, la respuesta es afirmativa lo propio será continuar con el ejercicio.

Es preciso entonces que la Sala aplique el test de necesidad al asunto que se revisa, examen que, como se ha explicado, busca averiguar si la única manera de satisfacer un principio es bajo el sacrificio del otro, lo que en nuestro caso se traduce a identificar si la única manera de garantizar la igualdad electoral es bajo el sacrificio del derecho fundamental a elegir y ser elegido.

Es aquí cuando las dos interpretaciones posibles de la inhabilidad objeto de estudio se enfrentan, y, justamente, lo que acontece es que bajo una de ellas la afectación del segundo principio es menor, bajo la otra es total. Para la primera, el primer candidato inscrito puede resultar elegido, y al mismo tiempo se garantiza que, en su zona de influencia, exista democratización del poder. Para la segunda, la finalidad también se cumple, sin embargo, ninguno de los candidatos inscritos pueden resultar elegidos. Naturalmente, desde que el presupuesto de la inhabilidad los cobije a ambos por igual.

Sólo la primera de las interpretaciones, es decir, aquella bajo la cual la conducta lícita del primer candidato no puede ser sancionada, pasa el test de necesidad puesto que es la única que garantiza la igualdad electoral sacrificando lo menos el derecho fundamental a elegir y ser elegido.

Así, confirma la Sala que sin duda es la interpretación que debe ser adoptada por la Sección.

Con fundamento en las explicaciones que anteceden, se confirmará en su integridad la sentencia apelada.

En cualquier caso, para la Sala es determinante dejar en claro que la causal de inhabilidad estudiada fue consagrada por vía constitucional o legal, dependiendo del caso, solo para los congresistas, concejales y diputados, dejando de lado a alcaldes y gobernadores. Sin embargo, para su correcta aplicación, ha de tenerse en cuenta el elemento territorial que involucra cada norma inhabilitante de manera especial.

Entonces, por ejemplo, el texto del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 aplicable a diputados dispone que en su caso la inhabilidad se contempla “para la elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”, de otro lado, la referida a concejales del artículo 43 del mismo cuerpo normativo, por su parte, consagra que no podrá ser inscrito ni elegido concejal quien “esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha”.

Así, debe concluirse que si bien alcaldes y gobernadores no son sujetos de la causal de inhabilidad, lo cierto es que, su inscripción puede llegar a tener incidencia inhabilitante para aquellos otros cargos que sí la contemplan, siempre y cuando la inscripción de candidatos a concejos y asambleas se efectúe con posterioridad a la suya.

Para concluir, no escapa a la Sala la responsabilidad que los partidos tienen en lo que se refiere a la aplicación de esta causal de inhabilidad en concreto, pues, nadie mejor que esas corporaciones para detectar que, con su aval, se estaría por su propia decisión inhabilitando a alguno o algunos de sus candidatos. Recordemos que la causal objeto de estudio exige para su configuración que los candidatos relacionados aspiren por el mismo partido.

Es precisamente por lo anterior, que el legislador estatutario a través de la Ley 1475 de 2011 dispuso:

“ART. 10.—Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:

1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos.

2. Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia u organismo interno.

3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas.

4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales.

5. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

6. Estimular la formación de asociaciones ilegales, hacer parte de ellas o permitirles realizar propaganda a favor del partido, movimiento o candidatos o que influya en la población para que apoye a sus candidatos.

7. Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral.

8. Incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.

9. Cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar connivencia con estos y/o teniendo conocimiento de estas situaciones, no iniciar los procesos correspondientes, o no realizar las denuncias del caso.

PAR.—Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente” (resaltado de la Sala).

En cualquier caso, la responsabilidad atribuida a los partidos políticos y sus directivos, no elimina o deroga la existencia de la inhabilidad en comento para el candidato.

4. Conclusión.

Los argumentos esgrimidos por la Sala permiten inferir que la elección del señor Carlos Alberto Lozano Díaz como diputado del departamento del Vaupés (2012-2015), se produjo con sujeción a la Ley y sin entrar en contracción por lo dispuesto en el numeral 5º in fine del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, y que por tanto hay lugar a revocar el fallo de 30 de mayo de 2012, dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revocar la sentencia de 30 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta, dentro de la Acción Electoral promovida por Luis Ramón Gasca Córdoba, y en su lugar se DENIEGAN las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese.»

(1) Folio 27.

(2) Folio 18.

(3) Folio 19.

(4) Folios 20 y 21.

(5) Folios 28 y 29.

(6) Folios 31 y 32.

(7) Folio 74.

(8) Folio 93.

(9) Entiéndase éste como el uso del poder de Estado por parte de un servidor público para favorecer el acceso de familiares a función pública.

(10) Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 8 de junio de 1995 (1271), 17 de julio de 1995 (1305) y 6 de octubre de 1995 (1400).

(11) En el mismo sentido Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de febrero de 2005 (3442).

(12) Peso que el latín es pondus, por lo que Robert Alexy ha determinado para encontrar el peso del principio en el caso en concreto un sistema de ponderación en el que se determina la importancia de la satisfacción de un principio frente a la no satisfacción del principio enfrentado y así concluir si tal satisfacción se hace o no justificable.

(13) Ley de ponderación bajo la cual Robert Alexy explica que: “Cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro”.