CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2011-00695 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Rad.: 500012331000201100695 01

Expediente: 2011-0695

Actor: Laureano Enrique Meza Daza

Demandado: Jhon Leoncio Jaramillo Riaño - Diputado a la Asamblea Departamental del Meta.

Fallo - Electoral

Bogotá, dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS:«II. Consideraciones

1. Competencia.

Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003—, asignan a esta Sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección de los diputados a las asambleas departamentales.

En este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección del demandado como diputado a la Asamblea Departamental del Meta para el período 2012-2015; por consiguiente, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso.

2. Estudio del fondo del asunto.

En el caso en estudio el asunto jurídico por resolver, según el texto de las apelaciones, se centra en determinar, por una parte, si el acto que se adjuntó con la demanda es el idóneo para declarar la elección y si no lo es, si el fallo debe ser revocado para proferir decisión inhibitoria y, por otra, si el demandado está o no inhabilitado en razón del parentesco en tercer grado de consanguinidad con empleada de la administración municipal, quien fungió como Secretaria de Gobierno y Secretaria de Control Físico del municipio de Villavicencio, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección del diputado.

a. Cuestión previa: el desistimiento del recurso por parte del tercero interviniente

Mediante memorial obrante de folios 611 a 612, el interviniente Elmer Ramiro Silva Rodríguez, opositor de las pretensiones de la demanda indicó que al no sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, renunció del mismo.

Sostuvo que los argumentos que esgrimió a lo largo del proceso han sido errados, razón por la cual los rectifica y reconoce que en efecto el diputado sí estaba inhabilitado para ser elegido ante el probado parentesco con su sobrina quien desempeñaba cargo inhabilitante.

La Sala encuentra que a diferencia de la afirmación del interviniente, el recurso sí fue sustentado conforme memorial obrante de folios 501 a 508 y en esos términos corresponde al operador jurídico pronunciarse, en tanto la acción de nulidad electoral, entendida en sentido amplio, esto es, abarcando los demás actos procesales y manifestaciones del ejercicio de postulación, no son desistibles conforme lo dispone el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo, “en estos procesos, ni el demandante ni los intervinientes podrán desistir”.

La manifestación del interviniente de renunciar su impugnación ante su rectificación argumentativa constituye claro desistimiento de su apelación, lo cual está proscrito por la norma citada.

Lo anterior, lleva a la Sala a denegar la solicitud y a asumir el conocimiento del recurso de apelación que contra la sentencia de primera instancia presentara el interviniente Elmer Ramiro Silva Rodríguez.

b. El acto declaratorio de elección de diputados de la asamblea:

Acusan el demandado y el interviniente en vía de la apelación que el E-26 AS anexo a la demanda no es el acta de escrutinio porque no hay cómputo de escrutinios, así que el acto que adjuntó el demandante como declaratorio de elección no cumple con los requisitos de los artículo 139 y 229 del Código Contencioso Administrativo.

Para un mejor entendimiento se integra a esta providencia la copia escaneada del documento obrante a folio 21:

 

S2011-00695CEFIG1.JPG
 

Ha de tenerse en cuenta que el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, dispone que a la demanda “deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso…” y que el artículo 229 prevé: “para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecta a estos”.

Por regla general, cada elección popular cuenta con sus propios formularios tanto para registrar la votación como para permitir el ejercicio de la función escrutadora y cuya creación y logística están a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, son estos: E-1 (notificación de la designación a los jurados de votación); E-2 (reemplazo de jurados de votación); E-3 (lista de ciudadanos inscritos); E-4 (contraseña de inscripción para votar); E-5 (fijación del sitio para la realización de escrutinios); E-6 (solicitud y aceptación de inscripción); E-7 (acta de modificación de inscripción); E-8 (lista de candidatos); E-10 (lista de sufragantes o censo de la mesa); E-11 (registro de votantes y acta de instalación de jurados); E-12 (autorización para votar en la mesa); E-13 (acta de instalación del jurado de votación); E-14 (acta de escrutinio de los jurados de votación); E-15 y E-16 (credenciales para testigos electorales en la mesa de votación y en la comisión escrutadora); E-17 (entrega y recibo de documentos electorales, entrega del presidente de la mesa de votación al registrador o a su delegado quien recibe); E-19 (recibo de documentos electorales por los claveros); E-20 (Acta de ingreso o retiro de los documentos electorales al arca triclave); E-21 (sellos adhesivos para cerrar el arca triclave); E-22 (reemplazo o reconstrucción de la Comisión Escrutadora); E-23 (constancia de la comisión escrutadora); E-24 (acta de resultados: mesa a mesa, zonal, municipal, distrital o departamental o por puestos. Contiene los resultados por listas, por candidatos, de los votos en blanco, de los votos nulos, de las tarjetas no marcadas y de los votos válidos); E-25 (formulario para reclamación) y E-26 (acta parcial de escrutinio de la Comisión Escrutadora que tenga en su competencia declarar la elección. Contiene la sumatoria de la votación por cada candidato y por cada partido); E-27 (credencial expedida por la comisión escrutadora) y E-28 (credencial expedida por los delegados del CNE).

Para el caso que se estudia interesa el E-26 que normativamente está contenido en el artículo 169 del Código Electoral, que lo describe como acta parcial de escrutinio o de resultados, en la que consta cuantitativamente la votación por cada lista o por cada partido expresada en números y letras y contendrá las demás circunstancias (cualitativas y cuantitativas) determinadas por la autoridad electoral a cargo.

Por regla general, además, contiene una constancia de instalación del escrutinio con fecha y hora de inicio, el lugar de reunión, el nombre e identificación de los escrutadores y una expresión cuasi sacramental de: “terminado el escrutinio y hecho el cómputo de los votos por cada uno de los candidatos, se obtuvo el siguiente resultado (…)”, en el que además se incluyen el total de votos en blanco, votos válidos, votos nulos, votos no marcados y el gran total de votos. Finalmente, se encabeza en sus últimas páginas con el siguiente epígrafe:

“Declaratoria de elección

Teniendo en cuenta los resultados y una vez realizados los respectivos sorteos para dirimir los empates se declaran electos como [cargo de que se trate] para el [circunscripción de que se trate: municipio, distrito, departamento, nacional] por el periodo [años] a los siguientes candidatos:”. Se enlistan los candidatos por el código que les fue asignado dentro de la lista del partido o movimiento político, por nombre y apellidos, cédula de ciudadanía y se menciona el partido o movimiento político por el cual resultó electo, no se incluye la votación en estos últimos folios, pues está en los folios anteriores y se firma por los miembros de la Comisión Escrutadora y el Secretario de ésta.

Teniendo claro la composición y contenido del E-26, que irá acompañado con las siglas respectivas identificadoras de la elección de que se trate, así por ejemplo: el E-26 de la Asamblea es nominado AS, el del Concejo CO, el de Gobernador GO, etc., considera la Sala que el documento E-26 obrante a folio 21 y que fue adjuntado con la demanda, sí es propiamente el E-26 AS, sólo que está incompleto porque no se integró con los primeros folios en los que se contiene la votación y el resultado del escrutinio.

Ha de notarse que ese documento autenticado por los Delegados del Registrador, coincide con el epígrafe de la parte final de cualquier otro E-26 AS, en el que se lee: “Declaratoria de elección. Teniendo en cuenta los resultados…” (fl. 21).

Si bien puede advertirse que con la demanda se adjuntó una de las tres partes que componen el acto administrativo E-26 AS(1), es innegable que se trata de un segmento del acto declaratorio de elección E-26 de asamblea, en el que figura electo como diputado el demandado Jhon Leoncio Jaramillo Riaño, pero como esta controversia recae sobre una causal subjetiva derivada de inhabilidad, su probanza no depende de la parte cuantitativa del escrutinio, sino de la cualitativa en cuanto Jaramillo Riaño ostenta la calidad de Diputado a la Asamblea Departamental, que claramente sí acredita el documento traído con la demanda. La Sala observa, además, que el actor en ningún momento cuestionó que Jhon Leoncio Jaramillo Riaño haya sido elegido Diputado a la Asamblea del Meta, pues es claro que en esa medida es que promueve la acción de nulidad electoral contra dicha designación y desde esta misma consideración tampoco es de recibo el argumento de que el acto de elección no se advierte notificado ni ejecutoriado.

Las anteriores razones permiten aseverar que no le asiste razón a la parte demandada quien apela el fallo del juez a quo para que sea modificado por decisión inhibitoria ante la supuesta carencia del acto declaratorio de elección, falencia que la Sala no advierte por las razones precitadas. Desde la misma consideración tampoco son de recibo los argumentos de la apelación que en el igual sentido y apoyado en la misma disquisición fáctica expuso el tercero interviniente.

c. La inhabilidad por parentesco en el caso de los diputados

Como lo ha dicho en reiteradas oportunidades esta corporación, las causales de inhabilidad constituyen limitaciones al derecho constitucional fundamental a ser elegido, garantizado por el artículo 40 de la Constitución Política, y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado ha considerado que las normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de la manera que garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva.

Para resolver la controversia que se plantea, es menester precisar que el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política previó que “El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.”

En cumplimiento del mandato referido con anterioridad, el legislador en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000(2) reguló de manera expresa el régimen de inhabilidades de los diputados y para efectos de la inhabilidad por parentesco precisó:

“ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...).

5. [Aparte tachado INEXEQUIBLE, sustituido por el aparte entre corchetes]. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad [tercer grado de consanguinidad], primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-325 de 13 de mayo de 2009(3) declaró inexequible la expresión “segundo grado de consanguinidad” del transcrito numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 y en forma expresa indicó: “y sustituirla por la expresión ‘tercer grado de consanguinidad’”.

Así que fue la máxima guardiana de la Constitución, quien en ejercicio de sus competencias ordenó la sustitución de la norma, por tanto a diferencia de lo planteado por el apelante no fue un error del tribunal, sino el firme cumplimiento a facultad de la Corte Constitucional de expedir sentencias integradoras sustitutivas.

Afirmó, el apelante que el tribunal debió inaplicar la norma dando aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, argumento que la Sala no comparte, en tanto proferida la decisión de inconstitucionalidad de una norma, este decisión subsume y sustrae de materia a la excepción de inconstitucionalidad, en tanto de aquella se predica efectos absolutos y erga omnes,mientrasque la excepción de inconstitucionalidad sólo abarca efectos inter partes.

Aclarado el anterior punto, la Sala considera pertinente recordar que para la configuración de la causal de inhabilidad por parentesco se requiere acreditar la reunión simultánea de los siguientes supuestos: i) la elección, esto es, que el demandado ha sido elegido diputado; ii) el parentesco entre el candidato y su pariente sea del tercer grado de consanguinidad; iii) que el pariente del elegido haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar; iv) que ese ejercicio de autoridad se hubiera dado durante los doce meses anteriores a la elección; v) que esa autoridad se haya ejercido en el respectivo departamento en el cual se efectuó la elección.

Los casos de inhabilidad por parentesco entre diputados elegidos para las dumas departamentales con funcionario del o de los municipios que hacen parte del departamento han sido temas reiterados para la Sección Quinta. De ello dan cuenta, entre otras providencias, las sentencias de 5 de noviembre de 2009, expediente 00127, actor: Hernando José Escobar Medina, demandado: diputado a la Asamblea del Cesar; de 31 de julio de 2009, expediente 00240, actor: Yliana Karina González Corpas, demandado: diputado a la Asamblea del Cesar; 2 de octubre de 2010, expediente 00501, actor: Andrés Ospino Orozco y otros, demandado: diputados a la Asamblea del Magdalena; de 4 de junio de 2009, expediente 00082, actor: Benjamín Socadagui Cermeño, demandado: diputado a la Asamblea de Arauca, de 4 de junio de 2009, expediente 00376, actor: José Antonio Quintero Jaimes, demandado: diputado a la Asamblea de Norte de Santander.

Dos de los presupuestos de la inhabilidad en estudio merecen consideración adicional, por cuanto el apelante interviniente cuestiona, por una parte, la valoración que hiciera la primera instancia y es el referente a las competencias que implican el ejercicio de autoridad civil, administrativa, política o militar y, por otra, la omisión del tribunal en pronunciarse sobre el ámbito de acción del ejercicio de autoridad, en tanto, para el apelante no hay coincidencia entre los niveles territoriales departamental y municipal.

Al respecto, sobre el primer asunto, la Sala advierte que esas funciones de autoridad no requieren que sean efectiva y materialmente ejercidas para que pueda predicarse la inhabilidad, sino que deben entenderse como aquellas que objetiva y potencialmente, esto es, que se cuenta con la posibilidad de ejercerla, porque se predican ínsito de las funciones asignadas y que son propias e inherentes del cargo que se desempeña(4). Así que a diferencia del planteamiento de la apelación del interviniente, la certificación con la que pretende probar que la pariente del diputado, a pesar de desempeñarse como secretaria del despacho del alcalde no ejerció materialmente ningún acto de autoridad de aquellos inhabilitantes para el diputado, es inane, en tanto las funciones propias del cargo tienen la virtud de considerarse de autoridad.

Tampoco encuentra sustento para la Sala la aplicación del principio de la primacía de la realidad laboral ni ningún otro principio del orden laboral que pretende el apelante como argumento para quebrar la sentencia de primera instancia, en tanto la comparación razonada de los intereses en juego, permite aseverar que el valor de la democracia sustentada en la igualdad de oportunidades y en los principios de moralidad y transparencia que sustentan la existencia de inhabilidades, excede en grado sumo los intereses laborales y la aplicación de sus principios que son de corte individual y subjetivo. Además, que la acción de nulidad electoral está sustentada en la defensa de la legalidad objetiva del sistema electoral.

Ahora bien, respecto al ámbito de acción del ejercicio de autoridad (niveles departamental y municipal) como presupuesto de la causal de inhabilidad, en tanto el diputado pertenece al departamento y el secretario de despacho de la alcaldía es del nivel municipal, ha sido entendida por la Sección Quinta, bajo el postulado del principio de igualdad electoral, con el alcance de que el artículo 33 numeral 5º de la Ley 617 de 2000 se refiere al nivel territorial departamental continente innegable de los municipios que lo integran como unidad territorial que es: “en lo que respecta al ámbito del ejercicio de autoridad por parte de la funcionaria y pariente que se le opone al demandado, es preciso retomar de la causal de inhabilidad en estudio que ello ha de ocurrir ‘en el respectivo departamento’. Como quiera que el departamento es una unidad territorial, que a su vez se compone de unos municipios… esta Sección ya aclaró…, luego de hacer un estudio sistemático del ordenamiento constitucional… que el legislador endureció tal régimen frente a los integrantes de las Asambleas Departamentales, quienes se pueden inhabilitar por parientes o allegados que ejerzan autoridad dentro de la jurisdicción del departamento, así sea al servicio de una entidad del nivel nacional, seccional o local”(5).

Esta decisión que se transcribe en su aparte pertinente, retoma la consideración hecha en la sentencia de 14 de julio de 2005 referente a que el legislador para efectos de la inhabilidad prevista en el artículo 33 numeral 5º de la Ley 617 de 2000 “abandonó la fórmula establecida por el constituyente de que el ejercicio de autoridad correspondiera a la misma circunscripción electoral, para dar paso a la configuración de la inhabilidad en los Diputados por el ejercicio de autoridad, por parte de sus parientes, en cualquier parte del respectivo departamento, que es a lo que equivale “en el respectivo departamento(6).

No se requiere abundar en razonamientos adicionales para seguir al a quo en su consideración de fondo que le llevó a predicar la existencia de causal inhabilitante y a anular la elección, al establecer que el señor Jhon Leoncio Jaramillo Riaño al momento de la elección [30 de octubre de 2011] como Diputado para la Asamblea del Meta estaba inmerso en la causal de inhabilidad por parentesco, en tanto su sobrina (registros civiles [registros civiles, fls. 74 a 76] fungió como secretaria de gobierno del municipio de Villavicencio [del 1 de abril de 2009 al 20 de mayo de 2011, fl. 60] y como Secretaria de Control Físico de esa misma entidad territorial [del 21 de mayo de 2011 a fecha actual, según la certificación de la Directora Técnica de Talento Humano, fls. 66 y 61].

Además, competencias específicamente asignadas al cargo de secretario de Control Físico, dan cuenta del ejercicio de autoridad ínsito en la función, tales como: ejercer control y vigilancia sobre el espacio público municipal y sobre el control urbano; la aplicación de sanciones a quienes violen las normas sobre espacio público; el control de las urbanizaciones y construcciones; la decisión de aprobación sobre proyectos urbanísticos; el ejercicio de la función de intervención en el ordenamiento urbano; el seguimiento de los actos administrativos del Curador Urbano y la ejecución, trámite y expedición de licencias (véase manual específico de funciones, fls. 67 a 69).

Otro tanto y con mayor potencialidad de autoridad, ocurre con el cargo de Secretario de Gobierno, con funciones como: velar por la preservación y restablecimiento del orden público municipal; velar porque cada una de sus dependencias cumpla con sus funciones; asesorar y apoyar al alcalde en sus relaciones con el Concejo Municipal con los partidos, movimientos políticos y con las diferentes fuerzas de opinión con presencia en el municipio; dirigir las actividades de las inspecciones de policía y evaluar el trabajo que realizan; controlar el ejercicio de la economía formal; dirigir las relaciones administrativas de las cárceles del municipio; expedir certificados de residencia, permanencia y supervivencia; colaborar en la organización del proceso electoral; ejercer la dirección de las autoridades por delegación o ausencia del alcalde; expedir las resoluciones que autoricen rifas menores y la presentación de espectáculos, bazares, desfiles, caravanas y toda clase de actividad que conlleve agrupación de personas (ver manual de funciones, fls. 71 a 73).

Es claro además, que los secretarios de despacho por el sólo hecho de que el cargo pertenece al nivel directivo ejercen autoridad, como bien lo planteó el demandante. En efecto, los secretarios de despacho son organismos principales de administración y ejercen autoridad política y administrativa, como en forma precisa lo consagra la Ley 136 de 1994: “los secretarios de la alcaldía…, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política” (art. 189), así también tienen la facultad de dirección administrativa, según las voces del artículo 190 ibídem. Además, la Ley 489 de 1998, dispone: “Las (…) las secretarías de despacho (…) son los organismos principales de la administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso” (art. 39).

No queda duda entonces sobre la presencia de la circunstancia inhabilitante que acompañó la elección del señor diputado y que conlleva la nulidad del acto declaratorio de aquella, como en forma acertada lo decidió el tribunal.

d) Otros planteamientos de la apelación

De menor incidencia, pero no menos importantes para lograr el pronunciamiento del Consejo de Estado como juez ad quem están los argumentos de apelación, referentes, por una parte, al hipotético prejuzgamiento que hizo la sentencia impugnada al mencionar en forma temprana la prosperidad de las pretensiones y, por otra, la imposibilidad oficiosa de citar al Ministerio Público.

Respecto del supuesto prejuzgamiento, la Sala considera como bien lo mencionó el señor Procurador Séptimo que se trata de estilo de redacción, que en nada se relacionan con el vicio del prejuzgamiento. Para la Sala, invertir el orden del fallo no es causal enervante de la decisión, pues es claro que la sustentación y motivación de esa afirmación se hace enseguida, como en efecto se advierte de la providencia apelada. Ha de recordarse que las premisas que acompañan la argumentación jurídica de una sentencia pueden ir en inicio o al final dependiendo del método de interpretación que emplee el operador jurídico, pues como bien lo menciona Atienza en su obra El Derecho como argumentación: “la noción de argumentación jurídica es compleja y de la misma no puede darse cuenta desde una perspectiva (bien sea la de la lógica deductiva, o bien de la tópica, la retórica, la racionalidad práctica…(7))”.

Así que no puede pretender la parte apelante que la sentencia lleve una determinada forma para predicarla legítima y legal, pues esa legitimidad y legalidad se sustentan en la motivación conforme a derecho y no en aspectos de forma en su estructura o de inversión de las premisas argumentativas.

Sobre el segundo punto, referente a la citación a ruego y no de oficio al Ministerio Público, como parece entenderlo el apelante, es un planteamiento carente de sustento, toda vez que el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, destaca el papel procesal del Ministerio Público como defensor del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, razón por la cual impone que “por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia”, así como el mandamiento de pago, la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución y el primer auto en la segunda instancia de los procesos ejecutivos.

No se advierte entonces que el legislador haya sometido la citación y audiencia del Ministerio Público al ruego de la parte y, no podría hacerlo porque figuras procesales como la perención del proceso y la nulidad procesal por indebida citación del Ministerio Público, quedarían en letra muerta. En efecto, el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, dispone que el término para contar la perención del proceso es “desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso”, mientras que el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo, en virtud del principio de integración normativa, consagra que se presenta hecho constitutivo de nulidad procesal cuando “no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley”.

Como se ve, las anteriores normas conciben la citación al Ministerio Público, más que como carga procesal de la parte, como deber del juez instructor y director del proceso, no siendo de recibo como argumento para quebrar la sentencia que el Ministerio Público no pudiera ser citado de oficio o que la parte hubiera incurrido en omisión al no solicitar al juez la vinculación de dicho agente.

Por lo expuesto, los planteamientos de los apelantes no logran desvirtuar la legalidad y presunción de acierto de la sentencia de primera instancia y; por consiguiente, se imgpone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 5 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Observado el contenido del E-26AS se evidencia su integración tripartita: la primera parte, que contiene la relación de votos por candidato y partidos; la segunda, compuesta por los totales de los votos en blanco, los votos válidos, los votos nulos, los votos nulos y el gran total y, la tercera, la declaratoria de elección.

(2) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.”

(3) Expediente D-7458. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 (parcial) del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. Demandante: Rafael Robles Solano.

(4) Véase sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 20 de febrero de 2012. Expediente IJ 11001032800020100009900. Demandante Carlos Nery López.

(5) Sentencia de 11 de junio de 2009. Exp. 2007-0677. Actor: Joaquín Alberto Neira Rondón (Diputado de Santander).

(6) Sección Quinta. Sentencia de 14 de julio de 2005. Exp. 2003-04843 (3543). Actor: Elías Gerardo Cuellar y otros (Diputado del Valle del Cauca).

(7) Atienza, Manuel. El Derecho como Argumentación - concepciones de la argumentación. Barcelona. 2006. Ed. Ariel. Pág. 67.