Sentencia 2011-00770 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002326000-2011-00770 01 (45643)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Cooperativa Santandereana De Transportadores Ltda. – Copetrán

Demandados: La Previsora Compañía de Seguros S.A. y otros

Asunto: Acción contractual

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones.

Considera el despacho que se debe revocar la providencia proferida el 21 de agosto de 2012, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca rechazó la demanda de la referencia por no haber sido subsanada en debida forma, y se debe proceder a admitir la demanda por ser competente esta jurisdicción para conocer del asunto y por cumplir con los requisitos formales, con fundamento en los motivos expuestos a continuación:

Precisa la Sala que en la providencia proferida el 3 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda para que se subsanaran tres defectos formales (fl. 29, cdno. ppal. 2), a saber: 1) Para que se adecuaran los hechos y las pretensiones de la demanda a la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, identificando el fundamento contractual respecto de cada una de las demandadas; 2) para que se especificara respecto de cada una de las pretensiones el interés que le asistía al demandante, allegando copia auténtica de los documentos que soportan las solicitudes; y 3) para que se determinara claramente el fundamento relacionado con el fuero de atracción que permitiría a esta jurisdicción el conocimiento de las controversias suscitadas respecto de cada una de las entidades demandadas. En aras a resolver sobre la inconformidad expresada por la sociedad demandante, se procederá a analizar en forma separada cada uno de los requerimientos exigidos por el a quo, así:

Como cuestión preliminar, es necesario aclarar que aunque, en principio, los motivos de inadmisión no obedecieron estrictamente al incumplimiento de defectos formales de la demanda, se encuentran fundadas las solicitudes requeridas a la parte demandante en el auto proferido el 3 de noviembre de 2011, pues al parecer se pretendía constatar la jurisdicción y competencia, y la procedencia de la acción contractual, presupuestos procesales que deben ser verificados por el juzgador antes de admitir la demanda.

Efectuada la anterior aclaración, se comenzará a estudiar cada una de las causales de inadmisión y su cumplimiento por parte de la sociedad demandante.

4.1. Respecto de la solicitud de adecuación de los hechos y las pretensiones de la demanda a la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, identificando el fundamento contractual respecto de cada una de las demandadas.

Sobre este punto, en el escrito de subsanación presentado el 17 de noviembre de 2007, la parte demandante manifestó que los hechos que habían dado lugar a la presentación de la demanda tenían que ver con el supuesto incumplimiento de las compañías aseguradoras La Previsora Compañía de Seguros S.A., Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., y Colseguros S.A. de desembolsar los gastos asumidos por la empresa Copetrán Ltda. para resarcir o prevenir los perjuicios ocasionados con el derrame de crudo que tuvo lugar el 7 de mayo de 2009, al resultar accidentado un vehículo afiliado a la empresa demandante que se encontraba cumpliendo un contrato de transporte de hidrocarburos celebrado con Ecopetrol S.A., gastos que según la parte demandante debían ser reembolsados por las compañías aseguradoras demandadas, en cumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en las pólizas de seguro adquiridas con ellas.

Por otra parte, con respecto a la adecuación de las pretensiones de la demanda, la parte demandante las reformuló en el escrito de subsanación de la siguiente manera (fl. 33–35, cdno. ppal. 2):

1. Que la demandada La Previsora S.A., Compañía de Seguros, de Naturaleza jurídica: sociedad de economía mixta del orden nacional. entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada por su Presidente doctor Diego Barragán Correa o quien haga sus veces al instante de la notificación, incumplió el contrato de seguro a que se contrae la Póliza seguro responsabilidad civil póliza responsabilidad civil Nº 1010758 – 32 de fecha día 19 mes 3 año 2009 – Tomador: Fedispetrol Colombia al negarse a dar trámite al siniestro radicado como Reclamo: RCE Nº 20386 – 09 – 32 Póliza Responsabilidad Civil y por lo tanto está obligada a indemnizar a mi procurada los perjuicios causados por dicho incumplimiento.

2. Que la demandada: Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada por su gerente general, sr. Luis Alejandro Rueda Rodríguez, acepte dar trámite al reclamo presentado por la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda., con ocasión de la contingencia por el accidente del tractocamión de placas SUC 397, marca Kenworth, modelo 1993, de propiedad del Sr. Alonso Franco Márquez, que originó el derrame de hidrocarburo, ocurrido el 7 de mayo de 2009, en la vía Los Alpes/Villeta Km 94 + 200, en lo atinente a su obligación contractual referente al exceso, acorde a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual mencionada y cancele la cantidad demostrada a mi mandante, a partir de la suma de doscientos noventa y ocho millones ciento cuarenta mil pesos ($298.140.000).

Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., expidió la Póliza 18 R0006694; RCE Hidrocarburos, para el Contrato Ecopetrol – Copetrán 5202240, la cual opera en exceso de las pólizas primarias.

3. Que la demandada Aseguradora Colseguros S.A. domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada por su Gerente General, Sr. Ignacio José del CJ Valentín Borja Noboa o quien haga sus veces acepte dar trámite al reclamo presentado por la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda., con ocasión de la contingencia por el accidente de tractocamión de placas SUC 397, marca Kenworth, modelo 1993, de propiedad del Sr. Alonso Franco Márquez, que originó el derrame de hidrocarburo, ocurrido el 07 de mayo de 2009, en la vía Los Alpes/Villeta Km 94 + 200., en lo atinente a su obligación contractual, referente al exceso, acorde a las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual mencionadas y cancelen la cantidad demostrada a mi mandante, a partir de la suma de doscientos noventa y ocho millones ciento cuarenta mil pesos ($298.140.000).

La Aseguradora Colseguros S.A., expidió aparte de la Póliza básica, mencionada en el hecho “7” de esta solicitud, la Póliza Nº RCE 3799, en virtud a lo preceptuado por el DTO. 1609 de 2002 de la presidencia de la República.

4. Consecuencia de la anterior declaración La Previsora S.A. Compañía de Seguros, debe cancelar la suma techo de la cobertura demostrada en los documentos presentados con la reclamación de la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Copetrán en cantidad de: doscientos noventa y ocho millones ciento cuarenta mil pesos ($298.140.000) de conformidad con lo pactado en el Contrato de Seguro, cantidad que deberá pagarse a la: Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Copetrán, domiciliada en Bucaramanga, representada por su gerente general Jaime de la Cruz Martínez Vergara, Entidad que los asumió, con ocasión de la contingencia por el accidente del tractocamión de placas SUC397, marca Kenworth, modelo 1993, de propiedad del Sr. Alonso Franco Márquez, que originó el derrame de hidrocarburo, ocurrido el 07 de mayo de 2009, en la vía Los Alpes/Villeta Km 94 + 200.

Fundamentó la petición en el hecho de que el propietario del automotor presentó a la transportadora la Póliza Nº 1010758 expedida por la Previsora S.A., “Seguro de responsabilidad civil póliza responsabilidad civil” cuyo tomador es Fedispetrol Colombia, para la vigencia 21/03/2009 al 21/03/2010.

5. Que los demandados asuman las costas del proceso.

Petición subsidiaria. Que el Señor Alonso Franco Márquez, mayor y vecino de Villavicencio, Meta, de concretarse definitivamente las objeciones presentadas a las reclamaciones radicadas por la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Copetrán por parte de las compañías aseguradoras: La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Aseguradora Colseguros S.A. y Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., el reconocimiento y pago de todos los perjuicios recibidos por la Cooperativa con ocasión de la contingencia por el accidente del tractocamión de placas SUC 397, marca Kenworth, modelo 1993, de su propiedad, que originó el derrame de hidrocarburo, ocurrido el 7 de mayo de 2009, en la vía Los Alpes/Villeta Km 94 + 200., los cuales taso en la suma de $637.274.757.

Ahora, en relación con la procedencia de la acción contractual, la parte demandante expresó que comoquiera que lo solicitado es que se declare el incumplimiento de los contratos de seguro existentes con las compañías demandadas, es procedente la acción contractual prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, la parte demandante explicó que el fundamento o nexo contractual existente con las compañías aseguradoras demandadas se derivaba de la existencia de pólizas de responsabilidad civil extracontractual adquiridas con ellas, que presuntamente amparaban los daños y perjuicios asumidos por la sociedad demandante con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 7 de mayo de 2009. Estas pólizas fueron aportadas e individualizadas por la parte demandante (fls. 41–43, 44–47, 48, 49-55, cdno. ppal. 2).

De acuerdo con los argumentos y explicaciones presentadas por la parte demandante en el escrito del 17 de noviembre de 2011 (fls. 30–38, cdno. ppal. 2), estima la Sala que, contrario a lo consignado en la providencia que rechazó la demanda, la parte demandante sí explicó de manera clara los fundamentos fácticos y jurídicos que la llevaron a considerar que era procedente la acción contractual prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, así como los vínculos contractuales que la facultaban para ejercer dicha acción contra las compañías aseguradoras demandadas, aspectos sobre los que versó esta solicitud de aclaración.

Así las cosas, por encontrarse demostrado que la parte demandante dio cumplimiento a las aclaraciones solicitadas en este punto, no era posible rechazar la demanda con base en el mismo.

4.2. Respecto de la solicitud consistente en que se especificara respecto de cada una de las pretensiones el interés que le asistía al demandante, allegando copia auténtica de los soportes documentales que soportan las solicitudes.

Frente a esta solicitud, en el escrito de subsanación de la demanda se reiteraron las pretensiones consignadas en la demanda, de cuyo contenido se infiere que fueron propuestas con la finalidad de que sea declarado el incumplimiento de los contratos de seguro suscritos con las compañías demandadas y, como consecuencia de esa declaratoria, se les condene al pago de los daños y perjuicios causados al no efectuarse los reembolsos de los gastos asumidos para evitar o conjurar los daños ocasionados con el derrame de crudo que tuvo lugar el 7 de mayo de 2009, al resultar accidentado un vehículo afiliado a la empresa demandante que se encontraba ejecutando el contrato de transporte Nº 5202240, contrato en el que Copetrán Ltda. se obligó a prestar el servicio de transporte de líquidos e hidrocarburos en carrotanques a Ecopetrol S.A. (fls. 33 –35, cdno. ppal.).

Así mismo, en relación con el demandado Alonso Franco Márquez, propietario del vehículo de placas SUC 397, se observa que se formuló una pretensión subsidiaria en su contra para que se le condene al reconocimiento y pago de todos los perjuicios generados a la empresa Copetrán Ltda. con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 7 de mayo de 2009, en caso de que prosperen las objeciones planteadas por la compañías aseguradoras demandadas y se les absuelva de dar cumplimiento a los contratos de seguro suscritos con ellas (fl. 35, cdno. ppal.).

Por otra parte, se encuentra que la parte demandante sustentó sus pretensiones y, para ello, aportó junto con el escrito de subsanación los siguientes documentos:

Certificado de existencia y representación legal original de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el que consta que La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional que se encuentra sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (fls. 60-61, cdno. ppal. 2.).

Copia auténtica de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (Hidrocarburos) Nº 1010758, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, cuya vigencia era del 21 de marzo de 2009 al 21 de marzo de 2010 (fls. 41–43, cdno. ppal. 2.).

Copia auténtica de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 18 RO 006694, expedida por Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., cuya vigencia era del 09 de enero de 2009 al 30 de marzo de 2010 (fls. 44–47, cdno. ppal. 2).

Copia simple de la Póliza de Seguro de Automóviles Nº 13039188, expedida por la Aseguradora Colseguros S.A., cuya vigencia era del 23 de noviembre de 2008 al 23 de noviembre de 2009 (fl. 48, cdno. ppal. 2).

Copia auténtica de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº RCE - 3799, expedida por la Aseguradora Colseguros S.A., cuya vigencia era del 3 de marzo de 2009 al 3 de marzo de 2010 (fls. 49–55, cdno. ppal. 2).

Copia simple de la respuesta emitida por la Aseguradora Colseguros S.A. el 21 de enero de 2011, en la que se comunica al Subgerente de la Cooperativa Santandereana de Transportes Ltda. que se objeta y niega el pago que afectaría la Póliza Nº RCE 3799 (fls. 60–61, cdno. ppal. 2.).

Copia simple de comunicación dirigida al señor Alonso Franco Márquez, propietario del vehículo de placas SUC 397, en la que La Previsora S.A. Compañía de Seguros le informa que no es viable afectar la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 1010758 – 32 y que objeta la petición indemnizatoria (fls. 58–59, cdno. ppal. 2.).

Aunque en el escrito de subsanación de la demandada (fls. 30-38, cdno. ppal. 2.) no se abordó de manera específica o concreta el interés que le asistía a la parte demandante respecto de cada una de las pretensiones formuladas, del contenido de los hechos y pretensiones transcritas en el mismo es posible inferir que el interés principal de la sociedad demandante consiste en que se declare el incumplimiento de todos los contratos de seguro que presuntamente amparaban y cubrían los gastos y perjuicios causados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 7 de mayo de 2009, incumplimiento que, según la parte demandante, se materializó al no serle reconocido el reembolso de la totalidad de los gastos asumidos por ella para evitar o resarcir los daños generados en el mencionado accidente de tránsito, los cuales supuestamente debieron ser asumidos por las compañías aseguradoras La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Aseguradora Colseguros S.A. y Confianza Compañía Aseguradora e Fianzas S.A., en virtud de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual vigentes al momento del accidente.

De igual manera, se observa que con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el a quo y de demostrar su interés de demandar en ejercicio de la acción contractual, la parte demandante aportó junto con el escrito de subsanación copias de las pólizas de seguro expedidas por las compañías aseguradoras demandadas y de algunas de las respuestas a las reclamaciones presentadas a ellas, documentos que si bien no se consideran necesarios para resolver sobre la admisión de la demanda, pues el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo(1) no establece que la ausencia de pruebas que demuestren la legitimación constituya un defecto formal de la demanda, sí se estiman de gran importancia en el caso concreto para poder verificar la jurisdicción y competencia, y la procedencia de la acción contractual.

En este orden de ideas, al encontrarse que de los hechos y pretensiones plasmadas en el escrito que subsanó la demanda era posible inferir el interés que le asistía a Copetrán Ltda. para demandar, y que junto con dicho escrito se aportaron los documentos que respaldarían sus pretensiones e interés para demandar, no considera el despacho que fuera posible rechazar la demanda con base en esta solicitud.

Así las cosas, se estudiará el último punto que se solicitó aclarar en la providencia proferida el 3 de noviembre de 2011 (fl. 29, cdno. ppal. 2.).

4.3. Respecto de la solicitud consistente en que se determinara claramente el fundamento relacionado en el presente evento con el fuero de atracción, que permitiría a la jurisdicción de lo contencioso administrativa el conocimiento de las controversias suscitadas respecto de cada una de las entidades demandadas.

En relación a esta solicitud, se encuentra que la parte demandante manifestó en el escrito de subsanación que era la jurisdicción de lo contencioso administrativa la encargada de conocer del proceso de la referencia, porque con la modificación introducida por la Ley 1107 de 2006 al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, se adoptó un criterio orgánico para determinar su competencia, y como en el presente caso se encuentra como demandada la compañía de seguros La Previsora S.A., empresa que tiene la naturaleza de sociedad de economía mixta del orden nacional, correspondería a esta jurisdicción conocer del asunto.

Así mismo, señaló la parte demandante que a pesar de que se demandó a otras personas privadas que no desempeñan funciones propias de los diferentes órganos del Estado, ni se encuentran constituidas como sociedades de economía mixta con capital público superior al 50 %, esta jurisdicción es la competente para conocer del asunto por aplicación de la teoría del fuero de atracción, ya que al existir una entidad pública demandada (La Previsora S.A.) que posee una relación común con las personas privadas vinculadas al proceso, sin las cuales no es posible efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto objeto de controversia (litis consorcio necesario), la competencia que, en principio, radicaría en la jurisdicción ordinaria (encargada de dirimir los conflictos entre particulares), debe ser trasladada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual fundamenta su competencia en un criterio orgánico (fls. 35–37, cdno. ppal. 2.).

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente para el despacho que la parte demandante efectivamente explicó al a quo, dentro del término otorgado, los fundamentos que la llevaron a considerar que a esta jurisdicción le correspondía conocer el asunto objeto de discusión, y la razón por la que estimó aplicable el fuero de atracción para atribuir a esta jurisdicción el conocimiento para resolver sobre los conflictos particulares surgidos en virtud de un hecho común, el cual para el caso específico consistió en el siniestro ocurrido el 7 de mayo de 2009, que supuestamente dio origen a la solicitud de hacer efectivas las pólizas existentes con las compañías aseguradoras demandadas.

Por lo anterior, concluye el despacho que tampoco era procedente el rechazo de la demanda por incumplimiento de lo solicitado en este numeral.

Debido a que la parte demandante cumplió con todos los requerimientos efectuados por el a quo en la providencia que inadmitió la demanda, estima el despacho que lo procedente era resolver sobre la admisión de la demanda, teniendo en cuenta los argumentos o información suministrada por la parte demandante, labor que, en principio, le correspondería al juez de primera instancia. No obstante lo anterior, comoquiera que la parte demandante brindó en el escrito de subsanación la información necesaria para verificar la jurisdicción y competencia, y la procedencia de la acción contractual, temas que dieron lugar a la inadmisión de la demanda, el despacho en aplicación del principio de economía procesal y en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, procederá a resolver sobre la admisión de la demanda con base en la información suministrada en el escrito que subsanó la demanda.

Para efectos prácticos, en el caso sub judice se dilucidará el ámbito de la jurisdicción y competencia, y la aplicación del fuero de atracción.

4.4. De la jurisdicción y de la competencia.

Se entiende por jurisdicción la potestad que posee principalmente el Estado, en ejercicio de su soberanía, de administrar de justicia y resolver sobre los litigios o controversias (de carácter civil, administrativo, penal, entre otras) puestas a su consideración conforme a los trámites previamente establecidos en la Constitución o la ley.

Debido a que la jurisdicción es concebida de manera genérica como la facultad de administrar justicia, se puede afirmar que cada autoridad judicial o un particular revestido de jurisdicción es titular de una porción de la misma, sin embargo, esto no significa que cualquier autoridad es competente para resolver de manera ilimitada sobre cualquier asunto puesto a su consideración, pues el ejercicio de dicha potestad se encuentra previsto y limitado a la competencia asignada expresamente por la Constitución o la ley a cada autoridad o a un particular revestido de función jurisdiccional.

Con respecto a la jurisdicción, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado lo siguiente(2):

La competencia de una autoridad judicial se entiende como la porción, o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal en determinado asunto sometido a su conocimiento. (…) la jurisdicción consiste en la potestad que tiene el Estado, en ejercicio de la soberanía, de administrar justicia y decidir litigios, sean civiles, penales o administrativos. De conformidad con lo anterior todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, en el ámbito propio de la competencia que les asigna la ley.

Por otra parte, en materia jurisdiccional se entiende por competencia la atribución específica que se le otorga a una autoridad o a un particular revestido de jurisdicción para cumplir con la función pública de administrar justicia. La doctrina(3) la ha entendido como la medida en que se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales.

Mientras que la competencia tiene que ver con la atribución de una facultad, la jurisdicción hace referencia exclusivamente al poder de declarar el derecho o de administrar justicia en un caso concreto, función de autorregulación que surge, como se dijo, en desarrollo de la soberanía estatal.

Aunque en apariencia la competencia y la jurisdicción tratan sobre aspectos distintos, en materia jurisdiccional es necesario que concurran ambos para que se pueda considerar que una autoridad judicial se encuentra plenamente facultada para administrar justicia o declarar el derecho en un caso concreto, por tal razón debe verificarse su concurrencia en cada caso particular.

En el caso del Estado colombiano, la Constitución Política de 1991 estableció que la función pública de administración de justicia sería ejercida por las siguientes jurisdicciones que se dividen, por regla general, atendiendo a un criterio de especialidad: 1) por la jurisdicción ordinaria (C.P., art. 234), 2) por la jurisdicción contencioso administrativa (C.P., art. 236), 3) por la jurisdicción constitucional (C.P., art. 239) y 4) por las jurisdicciones especiales (C.P., art. 246). A su vez, estas jurisdicciones tienen determinadas sus competencias específicas en las leyes que las desarrollan.

Ahora, en lo que tiene que ver con la jurisdicción de lo contencioso administrativa, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, norma que fue modificada por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció el objeto de la jurisdicción en los siguientes términos:

ART. 82.Modificado. Decreto 2304 de 1989, art. 12. Modificado. Ley 446 de 1998, art. 30. Modificado. Ley 1107 de 2006, art. 1º. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50 % y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional.

Del contenido de la norma antes transcrita, se encuentra que con la modificación introducida por la Ley 1107 de 2006, el criterio predominante para determinar si una controversia o litigio pertenece o no a esta jurisdicción es el orgánico, pues, en principio, bastaría con constatar que una de las partes del litigio o controversia es una entidad pública o una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50 % para que sea competente esta jurisdicción. No obstante lo anterior, debe aclararse que aunque la norma acogió en mayor medida un factor orgánico, también estableció un factor de competencia funcional al establecer que esta jurisdicción sería competente para resolver sobre las controversias y litigios de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.

La jurisprudencia de esta corporación(4) se ha pronunciado sobre la prevalencia del factor orgánico para determinar la competencia de esta jurisdicción, en los siguientes términos:

En relación con la excepción de falta de jurisdicción y competencia propuesta por los Hospitales de San Pedro y San Lorenzo, en cuanto pertenecen al subsector privado del sector de la salud, según lo certificó el jefe de la oficina jurídica del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, se tiene que esta jurisdicción es la competente para definir controversias como la que es objeto de examen, lo cual encuentra fundamento en el hecho de que dos de las instituciones demandadas son entidades públicas, de allí que conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 1107 de 2006, en la actualidad, el criterio preponderante para definir si una controversia pertenece al ámbito de decisión de esta jurisdicción, es el orgánico, motivo por el cual lo primero que deberá constatar el operador judicial es si la demanda se dirige contra una entidad pública (v.gr. aquellas señaladas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998) o una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50%; de lo contrario, si la entidad, sociedad, persona o sujeto que integra el litigio (por activa o por pasiva), no se enmarca dentro de los anteriores supuestos, deberá constatarse si el mismo cumple o no con funciones propias a cargo de los órganos del Estado y, precisamente, si el litigio se deriva del ejercicio de tales funciones.

Así las cosas, se concluye que, por regla general, la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa se circunscribe a dirimir las controversias y litigios en los que sea parte una entidad pública o una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50% (factor orgánico), o una persona privada que desempeñe funciones propias de los distintos órganos del Estado (factor funcional).

Habiéndose precisado el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, se procederá a analizar la institución del fuero de atracción.

4.5. La institución del fuero de atracción y su aplicación en la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

Como se explicó anteriormente, la jurisdicción de lo contencioso administrativa se encuentra instituida con la finalidad de resolver sobre los conflictos y litigios en los que se encuentren involucradas entidades públicas, sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% o particulares que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Sin embargo, esta corporación(5) ha venido sosteniendo, con base en la institución del fuero de atracción, que esta jurisdicción también es competente para conocer y decidir sobre asuntos de naturaleza privada o particular que, en principio, corresponderían a otra jurisdicción, cuando se evidencie que existe un “factor de conexión” entre estos y el asunto de competencia de esta jurisdicción.

La institución del fuero de atracción parte del supuesto de que una situación puede derivar o causar diferentes relaciones fácticas o jurídicas de distinta naturaleza, que a pesar de encontrarse relacionadas entre ellas por un hecho común o “factor determinante de conexión”, no estarían sujetas al conocimiento de una sola jurisdicción. Bajo este supuesto, se interpretó que cuando una situación determinada deriva en varias relaciones fácticas o jurídicas, y una de estas relaciones se encuentra sujeta al conocimiento de esta jurisdicción, será competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer sobre todos los demás asuntos conexos que, en principio, corresponderían a otras jurisdicciones, esto en razón a un traslado o atracción de las competencias asignadas a las demás jurisdicciones competentes.

Ahora, con respecto a la aplicación de la institución del fuero atracción esta corporación ha sostenido lo siguiente(6):

El factor de conexión, que es aquel que centra la atención de la Sala en el presente asunto, consiste, según se ha visto, en que si se demanda a una entidad pública en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en los cuales ha de dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados está atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del “factor de conexión”, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos. Sin embargo, en relación con el factor de conexión el cual, como se advierte, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción” la Sala estima oportuno destacar que su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir y mantener la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción fuero de atracción, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos.

A pesar de que esta corporación ha aceptado el uso de la institución del fuero de atracción para que esta jurisdicción conozca acerca de asuntos que corresponden a otras jurisdicciones, es necesario poner de presente que no basta con vincular a una entidad pública como demandada para que la competencia del proceso corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, pues la vinculación de una entidad pública debe estar debidamente fundada en las pretensiones y pruebas aportadas junto con la demanda, lo cual resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que el propósito de la figura no es evadir las competencias de las demás jurisdicciones; por el contrario, lo que se pretende con su uso es concentrar los asuntos relacionados entre sí por un “factor determinante de conexidad” en una sola jurisdicción, y así evitar la multiplicidad de procesos sobre un mismo asunto y que se incurra en decisiones contradictorias entre jurisdicciones.

Así las cosas, se concluye que la institución del fuero de atracción tiene aplicación práctica en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, porque posibilita el juzgamiento de asuntos de competencia de otras jurisdicciones, siempre y cuando estos se encuentren relacionados por un hecho común o “factor de conexión” con una controversia o relación fáctica y jurídica de competencia de esta jurisdicción.

4.6. Caso concreto.

En el caso sub judice se encuentra que la empresa de transportes Copetrán Ltda. presentó demanda en ejercicio de la acción contractual contra las compañías aseguradoras La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Aseguradora Colseguros S.A., Confianza Aseguradora de Fianzas S.A. y contra el señor Alonso Franco Márquez, con el propósito de que fuera declarado el incumplimiento de los contratos de seguro existentes con las empresas demandadas y, como consecuencia de esta declaración, se les ordenara el reconocimiento y pago de los gastos asumidos por la empresa demandante para resarcir o evitar los perjuicios causados con el derrame de crudo ocurrido el 7 de mayo de 2009, al resultar accidentado un vehículo afiliado a la empresa demandante que ejecutaba un contrato de transporte de hidrocarburos celebrado con Ecopetrol S.A., gastos que, según el demandante, se encontraban cubiertos por las pólizas de responsabilidad civil extracontractual suscritas con las compañías demandas. Así mismo, la sociedad demandante formuló como pretensión subsidiaria que se condenara al señor Alonso Franco Márquez, propietario del vehículo accidentado el 7 de mayo de 2009, a reconocer y pagar los valores asumidos por la demandante con ocasión del siniestro, en caso de resultar fundadas las objeciones presentadas por las compañías aseguradoras mencionadas.

De igual forma, se observa que tanto en la demanda como en el escrito de subsanación, la parte demandante manifestó que era la jurisdicción de lo contencioso administrativa la competente para conocer sobre todas las situaciones planteadas en la demanda, porque a pesar de pretenderse la resolución de conflictos de naturaleza particular, se había demandado a una sociedad de economía mixta del orden nacional con participación pública superior al 50% (La Previsora S.A. Compañía de Seguros), y atendiendo el criterio orgánico de competencia introducido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo por la Ley 1107 de 2006, sería competente esta jurisdicción para resolver sobre todas las relaciones jurídicas, en aplicación de la teoría del fuero de atracción.

Luego de revisar el escrito de la demanda y las pretensiones formuladas en ella, se tiene que la parte demandante pretende que se resuelva sobre cuatro situaciones jurídicas individuales, estas son:

1. Sobre el incumplimiento del contrato de seguro existente con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, el cual se materializó con la expedición de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (Hidrocarburos) Nº 1010758, en la que aparece como tomador Fedispetrol Colombia y asegurado el señor Alonso Franco Márquez, propietario del vehículo de placas SUC 397 (fls. 41–43, cdno. ppal. 2.).

2. Sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de seguro existente con Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., las cuales constan en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 18 RO 006694, en la que aparece como tomador la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. y como beneficiarios Ecopetrol S.A. y/o terceros afectados por la ejecución del contrato de transporte No. 5202240 celebrado con Ecopetrol S.A.

3. Sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los contratos de seguro existentes con la Aseguradora Colseguros S.A., las cuales constan en las siguientes pólizas: a) Póliza de Seguro de Automóviles Nº 13039188, en la que aparece como tomador la Cooperativa Santandereana de Transportes Ltda. – Copetrán Ltda. y asegurado principal el señor Alonso Franco Márquez, propietario del vehículo de placa SUC 397 (fl. 48, cdno. ppal. 2), y b) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº RCE - 3799, en la que aparece como tomador la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. y beneficiarios los terceros afectados con la actividad de la empresa tomadora (fls. 49–55, cdno. ppal.2).

4. Sobre la obligación del señor Alonso Franco Márquez, propietario del vehículo de placas SUC 397, de reconocer y pagar a la demandante los gastos asumidos por esta para resarcir y prevenir los perjuicios ocasionados con el derrame crudo ocurrido el 7 de mayo de 2009, en caso de que no prosperen las pretensiones formuladas contra las compañías aseguradoras demandadas.

Aunque, en un primer análisis del caso, se podría considerar que las relaciones jurídicas que se ponen en consideración no pueden ser objeto de acumulación por provenir de negocios jurídicos autónomos e independientes de los que, en su mayoría, no tuvo participación directa la sociedad demandante, al estudiarse los hechos que dieron lugar a la presentación de la demanda se encuentra que los mismos aparentemente surgieron o se hicieron exigibles a las demandadas con ocasión de un hecho común a todos ellos, estos es, el accidente de tránsito ocurrido el 7 de mayo de 2009, en el que resultó implicado un vehículo afiliado a la empresa demandante que se encontraba cumpliendo un contrato de transporte de hidrocarburos suscrito con Ecopetrol S.A.

Por otra parte, también se evidencia que la demandante justificó en debida forma la vinculación de La Previsora S.A. Compañía de Seguros al proceso de la referencia, ya que del contenido de las pretensiones de la demanda y de la copia auténtica de la póliza de seguro adquirida con dicha compañía (fls. 41–43, cdno. ppal. 2) es posible inferir que, presuntamente, existe alguna probabilidad seria de que exista una obligación a cargo de La Previsora S.A. de responder por los gastos cancelados por la demandante con ocasión del accidente ocurrido el 7 de mayo de 2009.

No obstante lo anterior, se aclara que esto no quiere decir que ya se encuentre demostrada la obligación de La Previsora S.A. de responder por los gastos asumidos por la empresa demandante, pues esto será objeto de discusión y pronunciamiento en la primera instancia.

Además, en lo concerniente a la procedencia de la acción contractual, se observa que la parte demandante enfocó sus pretensiones bajo la perspectiva de una presunta subrogación de los derechos contractuales de las personas tomadoras o beneficiarias de las pólizas de seguro que amparaban el siniestro acaecido el 7 de mayo de 2009, aspecto que estaría, en principio, legitimando a Copetrán Ltda. para demandar en ejercicio de esa acción, pues si lo pretendido por la demandante es debatir sobre asuntos relacionados con contratos, entre los que se encuentra un contrato se seguro que amparaba la responsabilidad extracontractual derivada de la ejecución de un contrato en el que era parte una sociedad de naturaleza pública, a saber, del Contrato de Transporte Nº 5202240, en el que Copetrán Ltda. se obligó a prestar el servicio de transporte de líquidos e hidrocarburos en carrotanques a Ecopetrol S.A., la acción contractual sería la idónea y procedente para dirimir las diversas controversias puestas a consideración de esta jurisdicción.

De igual manera, como argumento adicional para considerar que esta jurisdicción es la competente para conocer sobre la presente controversia, se encuentra que esta corporación(7) ha señalado que aquellos casos en los que se pretenda el cobro de las pólizas de seguro que amparan un contrato celebrado con una entidad estatal, serán de competencia de esta jurisdicción, sin importar la naturaleza de la parte del contrato que exija su cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, supuesto que en el presente caso se cumple porque Copetrán Ltda. pretende en una de sus pretensiones que se de cumplimiento a la póliza de seguro que amparaba el contrato de transporte celebrado con Ecopetrol S.A.

Así las cosas, al encontrarse que en el caso bajo estudio se encuentra justificada la comparecencia de La Previsora S.A., sociedad de economía mixta del orden nacional (fls. 60–61, cdno. ppal. 2.), y que las situaciones accesorias que se solicita resolver se encuentran relacionadas por un hecho común, se considera que, en cumplimiento a la competencia orgánica establecida en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el literal f) del numeral 2 del artículo 38(8) de la Ley 489 de 1998, y por encontrarse reunidos los presupuestos exigidos para aplicar la institución del fuero de atracción, esta jurisdicción es la competente para conocer sobre la demanda de la referencia.

En este orden de ideas, al encontrarse que esta jurisdicción es la competente para conocer del asunto objeto de estudio y por encontrarse cumplidos todos los requisitos formales previstos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, se dispondrá revocar la providencia proferida el 21 de agosto de 2012, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca rechazó la demanda y, en su lugar, se admitirá la demanda de la referencia.

Finalmente, vale la pena poner de presente que esta decisión debe ser adoptada por la Sala por enmarcarse la providencia apelada en el numeral 1 del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 61 de la Ley 1395 de 2010.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. REVOCAR la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca el 21 de agosto de 2012, mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia por no haber sido subsanada en los términos solicitados, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

2. ADMITIR la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual por la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Copetrán contra las compañías aseguradoras La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Aseguradora Colseguros S.A., Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. y el señor Alfonso Franco Márquez. En consecuencia se ordena:

1. Notifíquese personalmente la admisión de esta demanda a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Aseguradora Colseguros S.A., Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. y al señor Alfonso Franco Márquez, haciéndoles entrega de copia de la misma y del escrito que la subsanó con los respectivos anexos.

2. Notifíquese personalmente al señor Agente del Ministerio Público.

3. Fíjese el asunto en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el numeral 5 del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

4. Fíjese por parte del a quo los gastos ordinarios del proceso.

3. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría remítase el expediente al Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, despacho de la magistrada doctora Corina Duque Ayala, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(1) Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 28 de julio de 2010, Expediente 52001-23-31-000-2009-00395-01(38347), C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 19 de abril de 2012, Expediente 05001-23-26-000-2010-00264-01(43216), C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Cfr. Azula Camacho, Jaime, Manual de Derecho Procesal, T. 1. Temis, Bogotá, 2006, p. 215.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, auto de 14 de marzo de 2012, Expediente 05001-23-25-000-1993-01041-01(21962). C.P. Enrique Gil Botero.

(5) Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 14 de marzo de 2012, Expediente 05001-23-25-000-1993-01041-01(21962), C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2012, Expediente 76001-23-31-000-1998-05498-01(23928), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 29 de agosto de 2007, Expediente 25000-23-26-000-1995-00670-01(15526), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 4 de noviembre de 2004, Expediente 25000-23-26-000-2002-2258-01(24911)DM, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) ART.38.Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional.La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: (…).

2. Del Sector descentralizado por servicios:

f. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; (…).