Sentencia 2011-00819 de 9 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 730011102000201100819 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref.: Apelación sentencia disciplinario contra Sandra Rodríguez Barreto - Juez Promiscuo Segundo Municipal del Guamo - Tolima.

Aprobado según acta 49 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., nueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para desatar los recursos de apelación que se formulen dentro de los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los consejos seccionales.

De la revisión del auto de cargos y de la sentencia, se advierte que dentro del sub lite lo reprochado a la doctora Sandra Rodríguez Barreto fue el hecho de negar el servicio y demorar la resolución del asunto, es decir la solicitud del cambio de jurisdicción al interior del proceso penal, prolongando indebidamente una situación lesiva del principio del juez natural al cual le correspondía conocer del proceso penal.

Sobre el objeto del pronunciamiento conviene precisar que para el efecto debe atenderse el mandato del parágrafo del artículo 171 del régimen disciplinario de los servidores públicos, según el cual “el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”.

Conforme con el inciso 2º del artículo 123 de la Constitución Política los funcionarios públicos deben ejercer su función de acuerdo con la Constitución y la ley, resulta obvio que sólo a ellas deben obediencia, pues de no hacerlo se hacen responsables de su violación, según el artículo 6º ibídem, en armonía con el 196 de la Ley 734 de 2002, según el cual:

“Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes….”.

Se determinó que de acuerdo con el acervo probatorio(8), la disciplinada Sandra Rodríguez Barreto en su condición de Jueza Segunda Promiscuo Municipal del Guamo (Tolima), negó la prestación del servicio que se le requería, al solicitar al abogado de los inculpados retirar la solicitud de su despacho en razón a la culminación del turno de control de garantías y posteriormente retardó injustificadamente la celebración de la audiencia respectiva, a pesar de ser una solicitud de cambio de jurisdicción ordinaria por la jurisdicción indígena y sustitución de medida de aseguramiento, proceso en el que los capturados se encontraban privados de la libertad, pues señaló fecha para la celebración de la audiencia el 28 de marzo de 2011, pese a haber recibido la solicitud el día 10 de marzo de la misma anualidad.

Quedando así acreditada la conducta reprochada a la funcionaria investigada, la Sala observa que existen suficientes elementos probatorios según los cuales la doctora Sandra Rodríguez Barreto, con su proceder quedó incursa en el incumplimiento al deber enmarcado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 del año 1996, y de la prohibición prevista en el numeral 3º del artículo 154 ibídem, al inobservar las disposiciones traídas por el artículo 159 y 160 de la Ley 906 de 2004, que a la letra expresan:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(…).

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

ART. 154.—Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial según el caso, les está prohibido:

(…).

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados.

ART. 159.—Término judicial. El funcionario judicial señalará el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco (5) días.

ART. 160.—Término para adoptar decisiones. Salvo disposición en contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la audiencia. Para este efecto el juez podrá ordenar un receso en los términos de este código.

Cuando deban adoptarse decisiones que se refieran a la libertad provisional del imputado o acusado, el funcionario judicial dispondrá máximo de tres días hábiles para realizar la audiencia respectiva.

En ese orden de ideas, la conducta desplegada por la disciplinable es grave, pues no es aceptable que los jueces, quienes han de ser cumplidores de la ley, generen inseguridad jurídica por la inobservancia de un deber funcional frente a la aplicación del ordenamiento jurídico, asignado por la ley de manera permanente, desconociendo el principio de celeridad.

Por ello la actividad procesal es un devenir dialéctico, un proceso lógico y coherente de etapas procesales que siguen las unas a las otras diseñadas para el logro de los principios que rigen la administración de justicia, lo que impone a las partes intervinientes la sujeción a precisos y determinados términos, que no son ajenos a la actividad del juez, pues aún en los casos que no se encuentren descritos, deben fijarse por el funcionario dentro de un término de 5 días, como quedó visto. Al punto, ha dicho la Corte Constitucional, lo siguiente:

“(…) La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia. La oportuna observancia de los términos judiciales, en cuanto garantiza la celeridad, la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, y hace operante y materializa el acceso a la justicia, al hacer efectivo el derecho a obtener la pronta resolución judicial, se integra al núcleo esencial del derecho al debido proceso (…)”.

Así los principios de eficiencia y celeridad, inherentes a la función judicial, se ven ostensiblemente resquebrajados cuando se dilatan, difieren o retrasan las decisiones, lo que es imputable a los operadores jurídicos.

Ahora, dada la condición de juez de la República de la disciplinada, ésta debía conocer plenamente la normatividad de la cual podía hacer uso en el cumplimiento de sus funciones como Jueza Promiscuo Municipal del Guamo, con funciones de control de garantías, es evidente que la servidora involucrada desconoció flagrantemente su deber de cumplir con los mandatos constitucionales y legales.

Considera esta colegiatura, no ser aceptable de ninguna manera que la juez de conocimiento del asunto aquí en estudio, precisara en la versión libre que no estaba en presencia de una urgencia para resolver el cambio de jurisdicción, cuando fue expuesto como fundamento la sustitución de medida de aseguramiento, encontrándose personas privadas de la libertad.

Por ello respecto de la “ilicitud sustancial”, en efecto, la legislación disciplinaria establece una exigencia clara orientada a que se observe estrictamente el deber o la prohibición infringida y la intensidad de la vulneración para deducir la antijuridicidad contenida en el artículo 5º del Código Disciplinario Único. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-252 de 2003, al abordar el tema expresó:

“El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, es la infracción sustancial de dicho deber (…)”

De lo expuesto se tiene que el fundamento de la imputación y, en consecuencia, del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor judicial, dada la necesidad de realizar los fines de la administración de justicia, motivo por el cual no tiene la entidad suficiente para constituirse en causal de justificación de las conductas omisivas de la funcionaria, como pretende hacerlo ver en el escrito de apelación.

Así las cosas, sí constituye ilicitud sustancial el desconocer el deber que tenía de aplicar la normatividad de orden legal y de forzosa aplicación para resolver el caso que se le presentó, incumpliendo la abundante normatividad reseñada que regían su labor en ese específico asunto, por lo tanto obró asumiendo las responsabilidades que ello le generaría debido al desconocimiento de esas exigencias legales.

Ahora bien, los turnos ejercidos por los juzgados con funciones de control de garantías son regulados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura(9) y/o Sala Administrativa de los consejos seccionales de la judicatura, tienen el propósito de asegurar la permanencia de la función durante la jornada ordinaria (lunes a viernes) y fines de semana, la función de control de garantías es una atribución de carácter legal de competencia propia y permanente de los jueces penales municipales de acuerdo en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:

“ART. 39.—De la función de control de garantías. La función de control de garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento del mismo caso en su fondo.

Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez penal municipal, o concurra causal de impedimento y sólo exista un funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función de control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o, a falta de este, el del municipio más próximo.

PAR. 1º—En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

PAR. 2º—Cuando el lugar donde se cometió el hecho pertenezca a un circuito en el que haya cuatro o más jueces municipales, un número determinado y proporcional de jueces ejercerán exclusivamente la función de control de garantías, de acuerdo con la distribución y organización dispuesta por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o de los respectivos consejos seccionales de la judicatura, previo estudio de los factores que para el asunto se deban tener en cuenta.

PAR. 3º—Habrá jueces de garantías ambulantes que actúen en los sitios donde sólo existe un juez municipal o cuando se trate de un lugar en el que el traslado de las partes e intervinientes se dificulte por razones de transporte, distancia, fuerza mayor o en casos adelantados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación o en los que exista problemas de seguridad de los funcionarios”.

Así pues, el hecho que al momento de recibir la disciplinable la solicitud original faltando 1 día para cumplir la semana de turno con función de control de garantías, la solución de la petición en caso de no lograrse dentro del lapso ordinario del ejercicio de su función (turno), debió hacerse sin interrupción alguna, sin esperar que volviera a estar en turno de dichas funciones para celebrar la audiencia solicitada, sin que por el hecho de haber sido presentada en otro despacho desnaturalice el reproche disciplinario, pues se repite, el deber que le asistía no era otro distinto que recibir y tramitar la solicitud y además, una vez que de nuevo le regresó, celebrar la audiencia con celeridad, lo cual tampoco cumplió.

De igual modo, considera esta colegiatura que la Sala a quo acertó al imponer sanción disciplinaria a la servidora judicial, pues, se distanció de su deber funcional de cumplir el servicio que se le solicitaba, y se retardó en resolver los asuntos a su cargo dentro de un término razonable, incurriendo la funcionaria disciplinada, en falta grave y a título de culpa, imponiendo en consecuencia la sanción consistente en suspensión de tres (3) meses en el ejercicio del cargo a la doctora Sandra Rodríguez Barreto, conforme con los criterios previstos en los artículo el numeral 3º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la cual es razonable y proporcional a la gravedad de los hechos aquí investigados, pues había personas detenidas quienes esperaban que se decidiera con prontitud lo relacionado con la jurisdicción competente para continuar conociendo del asunto penal, al igual que la sustitución de la medida de aseguramiento, y por la conducta culposa atribuible a la disciplinable, en calidad de Jueza Promiscuo Municipal del Guamo —Tolima—, y por tal razón es claro que la sentencia debe ser confirmada, pues se encuentra ajustada a derecho.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada del 24 de Julio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio de la cual se sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio del cargo a la doctora Sandra Rodríguez Barreto, en su condición de Jueza Segunda Promiscuo Municipal del Guamo (Tolima), como autora responsable del incumplimiento del deber consagrado en los numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma norma, así como lo dispuesto en los artículos 159 e inciso 2º del 160 de la Ley 906 de 2004 y la prohibición señalada en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, lo anterior teniendo en cuenta las consideraciones de éste proveído.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

3. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

(8) 8. Copia de solicitud de audiencia preliminar solicitada por el abogado Romero Bossa y lo acontecido con posterioridad a esa solicitud (fls. 17 al 54).

(9) 8. Acuerdo PSAA06-3852 DE 2006, “Por el cual se establece el horario para ejercer la función de control de garantías en el Distrito Judicial de Ibagué” (El Distrito Judicial de Ibagué incluye el municipio del Guamo).