Sentencia 2011-00823 de agosto 10 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000201100823 02

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según sala Nº 77 de la misma fecha.

Bogotá, D. C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta(6), el 22 de mayo de 2014, mediante el cual sanciono con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada Shirley Martínez Ovalle, como autora responsable de la falta contra la recta y leal realización de la justicia prevista en el artículo 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, limite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, opto por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el togado, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en primera instancia.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional y atiendan con celosa diligencia sus cargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborara efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la abogada disciplinable fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, por la falta contemplada en el artículo 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, que reza:

“Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…).

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa”.

En cuanto a la apelación presentada por la abogada Shirley Martínez Ovalle, se deduce de las Audiencias de Pruebas y Calificación y las demás pruebas allegadas al proceso, que en efecto la abogada disciplinable, si pretendía hacer incurrir en error al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio. Siendo que al ver que existía una situación anormal dentro del proceso, lo oportuno era poner en conocimiento al despacho la existencia de dicha anomalía.

No era pertinente recurrir a una decisión que a todas luces resultaba improcedente, en razón a que se estaba atacando una decisión que resolvía precisamente un recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil. Cabe resaltar que esta actitud es malintencionada y retrocedió todos los términos procesales, es por ello que al pretender que el despacho de conocimiento tomara una decisión fundada en que en dicho proceso se había realizado una notificación por conducta concluyente a través de apoderado judicial, cuando en realidad se había realizado de manera personal, todo esto con el fin de retroceder actuaciones, para poder así lograr que le prosperara el recurso de reposición.

En concordancia con lo anterior podemos ver que nada obedeció a error humano como quiera que la abogada disciplinable lo argumente en su escrito de apelación, pues todo esto tenía un desenlace y era revivir términos judiciales, con un objetivo perverso, todas estas son conductas que le son atribuidas a la abogada disciplinable a título de dolo, por la falta contra la recta y leal realización de la justicia.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a título de dolo, la sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado. Aunado al hecho de que la abogada Shirley Martínez Ovalle no le figura ningún antecedente disciplinario en el ejercicio de la profesión, y conforme a los parámetros establecidos por el legislador en el artículo 61 del Estatuto del Abogado, considera esta Colegiatura que la sanción impuesta a la abogada acusada se encuentra ajustada, motivo por el cual será igualmente confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, del 22 de Mayo de 2014, mediante el cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada Shirley Martínez Ovalle, como autora responsable de la falta contra la recta y leal realización de la justicia prevista en el artículo 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaria Judicial de la Sala de instancia, advirtiendo que contra ella n procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de Origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6 Sala integrada por los magistrados Cristian Eduardo Pinzón Ortiz y María de Jesús Muñoz Villaquiran (fls. 82-92).