Sentencia 2011-00835 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2011-00835-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de Estados extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos de que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud del principio de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias proferidas por autoridades judiciales de otros Estados se les otorgue validez en territorio colombiano, siempre y cuando en aquellos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial patrio.

Además de la anterior exigencia, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país, es necesario que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo I del libro V del título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y el proveído cuya homologación se pretende deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 de la citada codificación.

2. Ahora bien, a efectos de establecer si es posible reconocer eficacia al pronunciamiento jurisdiccional foráneo, es preciso verificar la existencia de reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió, la que consiste en la aplicación de tratados celebrados entre Colombia y esa Nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a las pronunciadas por la jurisdicción colombiana, y en su defecto, esto es, subsidiariamente, opera la reciprocidad legislativa, que al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, se predica de la consagración en igual sentido, en las disposiciones legales de ambos países.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia...”(1).

2. Según lo certificado por la coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados, dirección de asuntos jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre Colombia y Estados Unidos de América no existe tratado bilateral vigente en materia de reconocimiento mutuo de sentencias (fl. 89).

Empero y aunque de lo anterior se desprende la inexistencia de reciprocidad diplomática, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.

Así, a instancia del interesado se obtuvo el testimonio de la abogada Giselle C. Rosario, miembro del Colegio de Abogados de la Florida, quien manifestó que “los tribunales de Florida han aceptado durante mucho tiempo el principio de derecho civil de la cortesía (comity). Cortesía es el principio de reciprocidad mutua mediante el cual una jurisdicción reconoce como válidas las acciones ejecutivas, legislativas y judiciales de otra jurisdicción. En general, se utiliza con objeto de reconocer y ejecutar decretos o sentencias extranjeros emitidos en otro país. Los tribunales de Florida reconocen todos los decretos o sentencias emitidos en el extranjero”, siempre y cuando se trate de una sentencia válida, esto es, siempre que “(a) el Estado en el cual se emite tenga jurisdicción para actuar legalmente en el caso, (b) se utilice un método razonable de notificación, así como una oportunidad razonable para escuchar a las personas afectadas, y (c) la sentencia extranjera no viole la política pública del Estado de la Florida”(2).

En idéntico sentido, se pronunció el abogado Hernán D. Cardeno, colegiado que cuenta con habilitación para ejercer en los tribunales de la circunscripción territorial señalada, quien manifestó que “[l]as autoridades en Florida, con objeto de reconocer las sentencias extranjeras emitidas fuera del país, se basan en la ley de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas emitida fuera del país. En Florida, el reconocimiento de sentencias extranjeras emitidas fuera del país tiene lugar cuando una copia de la sentencia emitida en el extranjero se certifica de conformidad con las leyes de los estados Unidos de Norte América”; dijo además que “[s]egún la ley estatal, para que la sentencia extranjera emitida fuera del país sea reconocida, el tribunal extranjero (sistema judicial de Colombia), debe haber tenido jurisdicción personal sobre el demandado y jurisdicción sobre el asunto”, y finalmente, enlistó los eventos en que no procede el reconocimiento de la sentencia(3).

De lo expuesto se infiere que dos son los fundamentos por los cuales en la Florida, Estados Unidos de América, se reconocen efectos a las sentencias judiciales extranjeras, el primero que podría llamarse el de analogía con base en la “Ley de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas”, y el segundo con base en el principio de la cortesía o comity. Ha de recordarse, entonces que esta corporación ha entendido la práctica judicial foránea como una forma de reciprocidad —de hecho— legislativa para aquellos países cuyo sistema jurídico le otorga tal fuerza vinculante a las decisiones judiciales.

La jurisprudencia de esta corporación ha sido clara en puntualizar que “la reciprocidad legislativa toma asiento, por su parte, al reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia del exequátur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el territorio nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto de exequátur”(4).

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado de la Florida, Estados Unidos de América, en virtud de la aludida reciprocidad.

3. Efectuada la precisión que antecede, y valorados los elementos de persuasión que el interesado aportó y aquellos que luego se incorporaron al diligenciamiento, advierte la Corte que se reúnen a cabalidad los presupuestos necesarios para conceder la homologación pedida en la demanda.

3.1. En efecto, debe advertirse, en primer lugar, que se encuentran satisfechos los requisitos consagrados en los ordinales 1º y 4º a 6º del artículo 694 de la codificación instrumental, como quiera que la sentencia a reconocer no versa sobre derechos reales; el asunto sobre el cual recae no es de competencia exclusiva de los jueces nacionales; no se acreditó la existencia de otro proceso con el mismo objeto en Colombia, ni que aquí se hubiera proferido un fallo sobre el divorcio de la pareja P P P P P - M M M, y la debida citación del demandado se cumple por ser este quien inició el trámite de exequátur, sin expresar reproche alguno al respecto.

3.2. En lo que atañe a la presunta incompatibilidad con normas de orden público, que tanto la convocada como los delegados del órgano de control manifestaron, ha de decirse que no existe tal discordancia, toda vez que el pronunciamiento materia de este especial trámite, al juzgar sobre la disolución del vínculo matrimonial no se pronunció sobre el lazo religioso que une a los contrayentes, por lo que mal cabría interpretarlo en forma tal que se impidiera su ejecución en Colombia, cuando lo aducido por los mencionados intervinientes, no emerge expresamente de su texto.

Ante a un caso similar en que un juez de la Florida, Estados Unidos de América, dispuso que “los vínculos matrimoniales entre las partes quedan disueltos, pues el matrimonio está definitivamente roto”, respecto de una unión católica, esta instancia tuvo oportunidad de precisar que una determinación de ese talante “no contraría el orden público colombiano, toda vez que en la actualidad, de conformidad con lo previsto en la ley 25 de 1992, se admite la cesación de los efectos civiles del matrimonio, situación enteramente asimilable al divorcio, aun cuando no disuelva el vínculo que emana del matrimonio canónico desde el punto de vista estrictamente religioso”(5).

Dicho con otras palabras, cuando en el presente asunto el fallo a homologar resuelve la disolución del matrimonio, ello equivale a la cesación de efectos jurídicos reconocida en el canon 152 del Código Civil, reformado por el artículo 5º de la Ley 25 de 1992.

Por otra parte, en cuanto al motivo de divorcio, se debe atender, en primer lugar que, de conformidad con las declaraciones de los abogados Rosario y Cardeno, en el Estado de la Florida no es necesario alegar ninguna causal en concreto, por cuanto allí “[l]as nociones tradicionales de ‘culpa’ en general no se llevan ante el tribunal”(6). De ahí que, en la sentencia que dictó el Tribunal del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Dade tan solo se indicó que “[e]l matrimonio de las partes está irremisiblemente terminado”(7).

Tal evento, contrario a lo expuesto por la parte demandante, en estricto sentido, no corresponde al incumplimiento de las obligaciones conyugales, pero, de acuerdo con las manifestaciones de los extremos del debate, fue una separación de hecho la que dio lugar al juicio conocido por la autoridad judicial extranjera, motivo que haya coincidencia con el que contempla el numeral 8º, artículo 154 de la ley sustantiva civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, que puede invocarse para obtener el decreto del divorcio.

En efecto, el demandante, en el hecho 3º del libelo introductorio, aseveró que él y su esposa se separaron de facto en el año 2000, y la señora M M M M M M, por intermedio de su mandatario procesal, sostuvo que, no obstante viajó a Estados Unidos de América en compañía de su hija, ellas nunca convivieron con su cónyuge(8), de lo que se colige que la pareja se hallaba separada de cuerpos al momento de la decisión del tribunal, con una antelación superior a la establecida en la ley colombiana.

Por ende, se encuentra acreditado el presupuesto del ordinal 2º del artículo 694 del ordenamiento adjetivo, ya que la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden público.

3.3. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3º de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente ejecutoriada y legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla y traducción por intérprete oficial, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961(9), y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Además, la decisión está en firme, de conformidad con las leyes del Condado de Miami-Dade, Florida, tal y como se indica en su texto.

En otra oportunidad, la Corte indicó que “[e]n el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación diplomática o a través de cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

“Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos — incluidos losque emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado—, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de La Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan”(10).

4. Consecuencia de todo lo discurrido, es que procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al estudio de esta sede.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Conceder el EXEQUÁTUR a la sentencia que el once de julio de dos mil dos, profirió el Tribunal del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, en la causa de divorcio referenciada.

2. Para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente a los registros civiles de matrimonio y nacimiento de P P P P P P P P P P P P P P y M M M M M M M M M. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese y cúmplase».

(1) G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; 4 de mayo de 2012, Expediente 2008-02100-00.

(2) Folio 142.

(3) Folios 162-163.

(4) Fallo de 25 de septiembre de 1996, Expediente 5524, reiterada, entre otros, en la sentencia de 20 de mayo de 2013, Expediente 2008-00405.

(5) Sentencia de 23 de septiembre de 1999, Expediente 6305.

(6) Folio 162.

(7) Folio 6.

(8) Folio 98.

(9) Aprobada mediante la Ley 455 de 1998.

(10) Auto de 15 de febrero de 2007, Expediente 2006-01489-00.