Sentencia 2011-00852 de abril 29 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201100852 01

Aprobado acta 32

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer de las sentencias consultadas emitidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(14) y en el artículo 208 de la Ley 734 de 2002(15).

De primera mano, es menester declarar en ejercicio del control de legalidad que supone la revisión de una decisión en segunda instancia, que revisado y escrutado el acontecer de las presentes diligencias, esta corporación no advierte yerro o defecto procedimental que pueda condicionar la validez de lo que pasa a definirse, pues como se pudo constatar del recuento procesal recién relacionado, todas las garantías fueron brindadas a la funcionaria investigada para que ejerciera materialmente su defensa bajo la estructura procedimental que plantea la normatividad disciplinaria.

Dicho lo anterior, se pasa a desatar el recurso de apelación propugnado por la disciplinada contra la decisión sancionatoria, advirtiendo que las consideraciones a realizar girarán exclusivamente en torno a los argumentos esbozados en la alzada, en virtud del principio de limitación que se impone sobre el juez de segunda sede(16).

Así las cosas, aceptada y asumida la ocurrencia material de los hechos que se investigan por parte de la funcionaria investigada en el recurso incoado, esto es, haber emitido condena en costas en disfavor de la denunciante mediante proveído del 29 de marzo de 2011 a pesar de habérsele reconocido amparo de pobreza en pronunciamiento del 11 de marzo de 2008, contrariando disposiciones legales sobre el tema (CPC, art. 163), compete a esta Sala pronunciarse exclusivamente en sede valorativa sobre la ilicitud sustancial del comportamiento, dado que todos los razonamientos enarbolados contra la decisión de primera instancia tienden a debatir la existencia de una afectación real al deber funcional a partir del comportamiento de la investigada, razón por la cual resulta inane ahondar en términos de tipicidad y materialidad de la falta, cuando tales premisas ya fueron aceptadas.

En efecto, la objeción proclamada en el recurso objeto de estudio se condensa en afirmar que el yerro de haber condenado en costas a una persona revestida por el beneficio de amparo de pobreza no significa un desmedro real a la administración de justicia, en tanto la condena impuesta no ha sido efectivizada y tal hecho obedeció principalmente a un error mecanográfico al que contribuyó la actitud pasiva de la directa afectada, lo que significa que no se ha dado un menoscabo real al deber funcional de administrar justicia.

Para dar respuesta a estas alegaciones, resulta primario traer a colación lo apuntalado por la máxima guardiana de la Constitución respecto al espectro jurídico al que refiere el concepto de ilicitud sustancial:

“(...) En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.

Así ha podido señalar esta corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.

Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines”(17) (resaltado fuera de texto).

Bajo estos razonamientos se infiere, que para comprobar la ilicitud sustancial en un comportamiento resulta necesario demostrar más allá de la transgresión objetiva del deber (en este caso la omisión de una norma legal de obligatorio cumplimiento, CPC, art. 163) que tal doblez trascendió y afectó realmente el correcto funcionamiento del Estado en el desempeño de sus finalidades.

En este sentido, sostiene la Sala a despecho de lo razonado por el apelante, que dicha afectación real al funcionamiento y fines del Estado —concretamente al servicio público de administrar justicia— si es tangible y verificable en tanto se consideran las implicaciones y repercusiones que significó el fallo respecto los derechos y aspiraciones de la denunciante, pues, que hasta el momento no se haya hecho efectiva la condena impuesta por la disciplinable, dicha circunstancia no significa que en un futuro aquella persona que solicitó al Estado considerara y protegiera su condición de vulnerabilidad económica pueda verse afectada gravemente en su patrimonio por ese yerro que pretende minimizar con ligereza la defensa.

Ciertamente, resulta del todo errado fundamentar la inexistencia de ilicitud sustancial en el comportamiento de la funcionaria judicial a partir de una constancia emitida por el despacho que esta dirigía anteriormente, por cuanto tal afirmación no resta que en un futuro la parte accionante en uso legítimo de sus atribuciones concurra ante un juez de la República para hacer efectiva íntegramente la condena que impuso la disciplinada a su favor, obteniendo así estipendios que la ley le proscribe cobrar a quien no tiene los recursos para sufragar siquiera un apoderado.

Supone, en consecuencia, una alteración significativa a los fines del Estado —protegidos a través de la configuración positiva de normas— imponer una carga pecuniaria a quien la misma ley le resguarda con ocasión a su situación de fragilidad, toda vez que el correcto funcionamiento consistía (y con esto el comportamiento que se esperaba del operador judicial en calidad de ejecutor primario de una de la funciones del Estado) en ofrecer y respetar las garantías y beneficios que el legislador previó para salvaguardar los intereses de aquel sujeto procesal que se encontraba claramente imposibilitado para asumir económicamente con suficiencia los costos de un proceso judicial.

Conforme a este recorrido argumentativo, se colige indubitablemente que existió un defecto verificable en el desempeño del Estado (con ocasión al comportamiento de la encartada) en la causa judicial que se adelantaba contra la denunciante, por cuanto se habilitó al accionante a cobrar a su favor las costas procesales y agencias en derecho causadas en el litigio, imponiéndose así, de acuerdo a la información posteriormente remitida por el juzgado(18), quien había comunicado al despacho su precaria situación económica, la carga de cancelar una suma superior a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes; mal haría entonces, el juez disciplinario en avalar tal ejercicio descuidado de la administración de justicia, bajo la simple justificación que el yerro fue producto de la pasividad de la parte afectada al no recurrir la decisión o de una simple desatención mecanográfica, máxime cuando las descritas repercusiones del actuar desprevenido tienen tamaña relevancia.

De modo pues, que no son de recibo las argumentaciones consignadas en el recurso en favor de la funcionaria denunciada, toda vez que como se viene afirmando la falta protagonizada por ella sí revistió ilicitud sustancial, tras afectar de manera real e injustificada (pues, inexiste argumentación en el recurso que pretenda aducir un o(sic) causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria) el deber funcional que refiere al ejercicio eficaz y eficiente administración de justicia, cuando contrariando disposiciones expresas referidas al tema, decidió condenar en costas y agencias de derecho a un sujeto procesal a quien previamente se le había reconocido el amparo de pobreza.

De la culpabilidad y calificación de la falta

Concuerda esta corporación con la designación de carácter culposo que hiciera el juez a quo del comportamiento de la Dra. Otavo Preciado, en tanto se evidenció, de acuerdo a las concesiones que realizó en sus declaraciones y el testimonio del señor Carlos Arturo Díaz Ortiz —secretario de su despacho para la época de los hechos—, que su actuar estuvo claramente gobernado por el descuido y falta de cuidado en una actividad propia de su cargo, pues un simple ejercicio acucioso de relectura del fallo o del expediente contentivo de la providencia que reconoció el amparo de pobreza a la quejosa, hubiese bastado para advertir del mayúsculo error en el que se estaba por incurrir.

Y es que, válgase reiterar, la actividad que desempeña un juez al momento de proferir una decisión —más aún en un caso donde ya se ha reconocido una situación especial de parte de uno de los intervinientes—, comprende un ejercicio que debe ser meticuloso y serio, ya que del mismo se desprenden consecuencias de notable importancia, correspondiendo toda inobservancia en este sentido en una falta disciplinaria de carácter grave, con motivo del traumatismo que genera en el correcto desempeño de la administración de justicia, la trascendencia social de la conducta que promueve la percepción de injusticia en nuestro país.

De la dosimetría de la sanción

Vistos los anteriores asertos, esta corporación concuerda con la medida adoptada, tras encontrar ajustada y proporcional la sanción impuesta de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes como respuesta al actuar antijurídico de la funcionaria, tomando en consideración la gravedad de la falta, la inexistencia de antecedentes disciplinarios y la afectación a los derechos de la afectada con la condena impuesta.

No obstante lo anterior, referenciada la disciplinada con la calidad de exfuncionaria pública por la Sala a quo en la determinación de primera instancia, sin que sea claro para este cuerpo colegiado las actuales calidades de la encartada, resulta pertinente aclarar que para la ejecución de la sanción que aquí se confirma, es menester remitirse a lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley 734 de 2002.

Por lo tanto en mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima por medio de la cual se resolvió declarar disciplinariamente responsable a la Dra. Ana María Otavo Preciado, en su condición de Juez Trece Civil Municipal de Ibagué, para la fecha de ocurrencia de los hechos, y le sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término un mes, conforme la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE personalmente esta sentencia y, para ello, COMISIÓNESE al consejo seccional de origen, de no ser posible lo anterior, súrtase a través del medio subsidiario previsto por la ley.

3. En su oportunidad devuélvase el expediente al consejo seccional de origen.

Comuníquese y cúmplase».

(14) L. 270/96, art. 112: ... PAR. 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.

(15) L. 734/2002, art. 208: Las sentencias u providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas con el superior solo en los desfavorable a los procesados.

(16) L. 734/2002, art. 171: ... PAR.—El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

(17) Sentencia C-948 de 2002. Corte Constitucional de Colombia, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(18) Folio 103, C.O.