SENTENCIA 2011-00876/48901 DE MARZO 23 DE 2017

 

Sentencia 2011-00876/48901 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Exp.:: 05001-23-31-000-2011-00876-01 (48.901)

Actor: Donaldo de Jesús Oquendo Posso y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la Sentencia del 10 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones, en los siguientes términos (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Extractos: «Consideraciones.

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir los recursos de apelación oportunamente interpuestos por las partes contra la Sentencia proferida el 10 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no sin antes advertir que, de conformidad con lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera llevada a cabo el 26 de enero de 2017, el presente caso tiene prelación de fallo.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para decidir en segunda instancia, en consideración a que la cuantía del proceso determinada —según el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010— por el valor de la suma de todas las pretensiones formuladas en la demanda (ver pág. 2), supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de interposición de los recursos (L 446/1998) para que el asunto sea conocido en segunda instancia, esto es, supera los 500 smmlv.

2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Pues bien, en el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 28 de enero de 2009, de manera que el cómputo de la caducidad de la acción debe iniciarse a partir del día siguiente (enero 29/2009); así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 14 de julio de 2010, puede concluirse que ésta se promovió dentro del término previsto por la ley.

3. Valoración probatoria y caso concreto.

Según la historia clínica que reposa en el expediente, Donaldo de Jesús Oquendo Posso ingresó el 28 de enero de 2009 al hospital San Juan de Dios, de Ituango (Antioquia), “por presentar accidente producido por mina antipersona de 4 hr de evolución (sic) presenta múltiples heridas en hemi cuerpo izquierdo por esquirlas sangrado moderado”. También está consignado que, debido al diagnóstico hallado, al día siguiente fue remitido al hospital San Juan de Dios de Yarumal (fls. 142 y 170, cdno. 1).

Como consecuencia de este hecho, el señor Donado de Jesús sufrió una pérdida de la capacidad laboral del 28,10%, según lo certificó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (fls. 188 a 189, cdno. 1).

Según la Personería municipal de Ituango, el señor Donaldo de Jesús Oquendo Posso se encuentra registrado como “víctima de mina antipersonal, por los hechos ocurridos el día 28 de enero de 2009 en la vereda Bajo Inglés, jurisdicción del municipio de Ituango Antioquia”. En términos similares se pronunció el alcalde, quien, además, certificó que “el señor Oquendo es en consecuencia una víctima más del problema de minas en el municipio de Ituango en el marco del conflicto armado irregular que se vive desde hace varios años” (fls. 132, 135 y 17, cdno. 1).

Teniendo en cuenta lo anterior y pese a que se desconocen las circunstancias que rodearon el hecho dañoso, se encuentra demostrado en el expediente que Donaldo de Jesús Oquendo Posso fue víctima de la activación de un artefacto explosivo cuyo efecto le produjo una merma en su capacidad laboral; por consiguiente, no hay duda de que se halla acreditado el daño sufrido por los demandantes, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

Constatada así la existencia del daño, la Sala abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquél es atribuible o no a la entidad demandada, toda vez que a ésta se le pretende imputar una falla en el servicio consistente en la omisión del deber de localizar y desactivar los campos minados por parte de grupos guerrilleros, omisión que, a juicio de la parte demandante, fue determinante en la generación del daño antijurídico.

Respecto de los daños causados por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala, en diferentes oportunidades, ha señalado que éstos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho generador del daño interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales aquél se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la víctima ha solicitado protección a las autoridades y éstas no se la han brindado o porque, en razón de las especiales circunstancias del momento, el hecho es previsible y no se realiza ninguna actuación dirigida a protegerlas(1).

Ahora, según el artículo 2º de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones genera responsabilidad personal del funcionario y, además, responsabilidad institucional que, de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación; por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas, por parte de las autoridades públicas y dé los particulares, sea una realidad y no puede conformarse, por consiguiente, con realizar una simple defensa formal de esos derechos(2).

Sobre este punto en particular, la Sala señaló que la omisión del deber exigido, con cuyo cumplimiento se habría podido evitar la producción del daño, compromete la responsabilidad patrimonial de la administración:

“En primer lugar, la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. (sic) De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía(3); (sic) en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. (sic) El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso.

“En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(4); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(5).

“Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delito; por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(6).

“(…)

“Conforme a la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso(7). Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad(8). Es decir, que serán las circunstancias concretas las que determinarán cuál era la obligación específica de seguridad que tenía el Estado en relación con quien ha sufrido un daño”(9).

Bajo esa perspectiva, es menester señalar que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(10), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(11), aunque se destaca que esta misma Corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que le correspondían en relación con el caso concreto(12).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta, del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño.

Es así como en eventos como el que ahora se estudia, donde se alega que la falla del servicio se originó en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado, no sólo que la integridad de las personas y/o sus bienes sufrió un detrimento, sino que éste derivó de un hecho que, aun cuando era previsible, no fue evitado.

Dicho todo lo anterior y teniendo en cuenta que está acreditado el daño antijurídico alegado, pasa la Sala a establecer, de conformidad con las evidencias recaudadas, si se configuró la falla en el servicio alegada o si, por el contrario, se produjo el hecho de un tercero, tal como lo señaló la parte demandada.

Con ocasión de las lesiones que sufrió el señor Donaldo de Jesús en la zona rural de Ituango, ese municipio, mediante oficio 211 del 12 de septiembre de 2011 allegado al expediente, dio la siguiente información (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):

“5.2.3. Dentro de nuestro municipio más del 70% del área rural es considerado zona de orden público por la presencia de miembros de la guerrilla de las Farc, más concretamente del 18 frente de dicha organización insurgente; dentro de este territorio se encuentra enmarcada la vereda de Bajó Ingles, ya que es terminal de una carretera que conduce hacia las veredas como Santa Ana, el Amparo, El Cedral, La Vega del ingles (peque) y otras y además es un corredor estratégico de movilidad para los miembros del grupo armado ilegal.

“5.2.3.1. Desde el mes de octubre de 2003, se inició la presencia del ejército nacional con la Brigada Móvil 11 aquí en el territorio municipal; presencia que se extendió y aún permanece en el área rural con patrullajes continuos por las veredas entre las que está el Bajo Ingles, ahora con el personal militar de la Brigada Móvil 18.

“Desde el año 2008 hasta finales del 2009 existió un convenio entre la gobernación de Antioquia y el municipio de Ituango para ejecutar el programa de prevención y educación sobre los riesgos y peligros de las minas antipersonales, no solo en la vereda Bajo Ingles, sino en casi todo el territorio municipal” (fl. 131, cdno. 1).

Por su parte, el Batallón de Desminado 60 “Coronel Gabino Gutiérrez”, mediante oficio 1526 del 9 de septiembre de 2010, manifestó lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):

“El Estado Colombiano ha realizado enormes esfuerzos en mitigar el riesgo al que están expuestas todas las comunidades del territorio nacional por la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados y contrarrestar la cantidad de accidentes presentados por estas armas. Para esto el país tomó la decisión de crear el Batallón de Desminado 60 ‘Coronel Gabino Gutiérrez’, como una unidad militar exclusivamente dedicada a desarrollar labores de desminado humanitario.

“El Batallón de Desminado 60, presta asesoría técnica al Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en los temas relacionados con el desminado humanitario y cuenta con ocho pelotones conformado por 40 hombres casa uno, dedicados a desarrollar actividades de desminado humanitario en todo el país. A la fecha hemos concluido con éxito la destrucción de los 35 campos minados en los que se ha identificado riesgo de accidente por minas antipersonal o munición sin explotar. Cumpliendo a cabalidad antes del 1º de marzo de 2011, fecha límite impuesta por la Convención de Otawa para cumplir con los compromisos del artículo V.

“En la actualidad esta Unidad Táctica está dedicada al despeje de los campos minados sembrados por los Grupos Armados al Margen de la Ley que atentan contra los derechos fundamentales de la población civil...” (fls. 113 a 116, cdno. 1).

Pues bien, de conformidad con el escaso material probatorio obrante en el expediente, para la Sala es claro que el municipio de Ituango (Antioquia) —incluida su área rural— era considerada, para la época de los hechos (2009), zona de orden público, dada la presencia de grupos al margen de la ley; de hecho, desde 2003, el Ejército se instaló allí con el fin de realizar continuos patrullajes en las veredas, entre éstas, el Bajo Inglés, escenario de los hechos. También es evidente, a partir de la ocurrencia del atentado de que fue víctima el señor Oquendo Posso, que esa vereda estaba contaminada con una mina antipersonal sembrada por los grupos guerrilleros.

Sin embargo, los hechos hasta aquí acreditados no permiten, por sí solos, hablar de una falla en el servicio por omisión por parte de la Administración en el deber de destrucción de las minas antipersonales, toda vez que nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos, sospechara de que existían estos artefactos explosivos en el sitio específico donde ocurrieron los hechos, que lo obligara a demarcar el terreno, prestar vigilancia y proteger el área, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil; es decir, pese a que se trataba de una zona con presencia militar y guerrillera, ello no obligaba, per se, a que la Fuerza Pública realizara allí labores de desminado.

En ese sentido es preciso entender que, a pesar de que la demandada sabía de la presencia de grupos guerrilleros en la región, el acto violento de que fue víctima Donaldo de Jesús Oquendo el 28 de enero de 2009 fue imprevisible e irresistible para los miembros del Ejército Nacional, en la medida en que no se probó que esta Institución hubiera tenido conocimiento sobre la presencia de minas en el lugar donde ocurrió el accidente y que, pese a ello, no adoptó medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población.

A lo anterior resulta preciso agregar que la Sala tampoco encontró acreditado que, previo a los hechos, se hayan presentado enfrentamientos militares entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley en la vereda Bajo Inglés o, lo que es lo mismo, que esa zona haya sido escenario de combates, a partir de los cuales se pudiera inferir que la lesión padecida por el actor se hubiese causado en medio de la confrontación armada o como un daño colateral y posterior a ésta; al respecto, lo único que manifestaron los testigos fue que en la región hacen presencia tanto miembros del Ejército como grupos guerrilleros(13), pero nada dijeron respecto de enfrentamientos armados en el sector donde ocurrió el mencionado atentado.

Así las cosas, no existen en el expediente suficientes pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado el atentado en el que resultó lesionado el demandante, pues, se insiste, nada indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación, frente a la cual le resultara exigible una actuación de contención; por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el daño alegado por la actora no devino de una conducta omisiva, descuidada .o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza de la Administración.

Así, lo que se tiene, en suma, es que los daños por cuya indemnización se reclama se produjeron como resultado de la actuación delincuencial y deliberada de un grupo ilegal armado, lo cual se traduce en un acto malintencionado de un tercero y esto hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio.

En virtud de todo lo anterior, no puede comprometerse la responsabilidad de la entidad accionada, a título de falla en la prestación del servicio, por cuanto las lesiones que sufrió el señor Donaldo de Jesús Oquendo Posso no fueron consecuencia de una acción ni de una omisión de las Fuerzas Militares.

Ahora, si bien es cierto que, mediante la Ley 554 de 2000(14)(12sic), el Estado Colombiano aprobó e incorporó al ordenamiento jurídico interno la Convención de Ottawa y, en consecuencia, se obligó, entre otras cosas, a identificar y demarcar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existan minas antipersonales y a destruir o asegurar la destrucción, en un plazo de 10 años, de todas aquellas puestas en su jurisdicción, también es cierto que en la décima reunión de los Estados parte de dicha convención le fue concedida una extensión de ese término, el cual se vence el 1º de marzo de 2021(15)(13sic); por lo tanto, la ocurrencia de atentados como el que motivó esta demanda no puede entenderse aún como un incumplimiento del deber legal asumido por el Estado.

Al no encontrarse acreditados, entonces, los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual del Estado, debe revocarse la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVÓCASE la Sentencia del 10 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia; en su lugar:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia; DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

1. En Sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente 5737, dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó”. Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en Sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996 (Exp. 422) y de la Sección de 11 de diciembre de 1990 (Exp. 5417), de 21 de marzo de 1991 (Exp. 5595), de 19 de agosto de 1994 (Exp. 9276 y 8222), de 16 de febrero de 1995 (Exp. 9040), de 30 de marzo de 1995 (Exp. 9459), de 14 de marzo de 1996 (Exp. 10949), de 11 de julio de 1996 (Exp. 10822), y de 30 de octubre de 1997 (Exp. 10958), entre muchas otras.

2. “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance” (Sentencia de esta Sección, de 15 de febrero de 1996, expediente 9940).

3. “Por ejemplo, Guido Alpa. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Lima, Juristas Editores, 2006, págs. 346 y ss., señala que en este tipo de eventos, ‘en realidad, no se trata de una ‘omisión’ sino del ejercicio de una actividad sin la adopción de las oportunas medidas de seguridad’”.

4. “Sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp: 7616”.

5. “Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp: 14.122”.

6. “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la ‘virtualidad causal de la acción, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la ‘obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre /a omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño’. Sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp: 12.789”.

7. “En Sentencia de 11 de julio de 2002, Exp. 13.387, dijo la Sala: “La Corporación ha reiterado que si no está probado que la medida de protección fue solicitada en forma expresa no se acredita la falla de la Administración. Pero ello no implica que la petición deba ser únicamente por escrito, pues dependiendo de las circunstancias, la misma no sólo puede sino que debe hacerse en forma directa y verbal...La solicitud expresa y previa como requisito de imputación para una presunta omisión en la protección, tiene cabida cuando las circunstancias lo permiten. Por ejemplo, el desplazamiento de un candidato a cualquier cargo de elección popular, o de un funcionario de alto rango, o de un funcionario judicial para desplazarse a determinada región, o simplemente la solicitud de protección a la residencia de determinado funcionario. Es obvio que la institución policial no esté en la obligación de prestar en tales casos protección, cuando no se le pidió por escrito y con alguna antelación”.

8. “En varias oportunidades ha sostenido la Sala que en relación con el deber de protección de la “vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” que corresponde cumplir a las autoridades de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, la falla del servicio se concreta ante la ausencia de la especial vigilancia demandada en forma expresa por quien se halle “en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado”. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Exp: 10.958. Así, en Sentencia de 19 de junio de 1997, Exp: 11.875, dijo la Sala: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low”. En el mismo sentido, ver, por ejemplo, Sentencias de 30 de octubre de 1997, Exp. 10.958, 5 de marzo de 1998, Exp. 10.303 y de 7 de septiembre de 2004, Exp: 14.831”.

9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2008 (Exp. 14.443).

10. Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000 (Exp. 11.585).

11. Así, por ejemplo, en Sentencia de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente (sic) la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes (sic) pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos (sic) así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la Sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones (sic) actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio’”.

12. Al respecto, ver Sentencia de 14 de mayo de 1998 (Exp. 12.175).

13. Testimonio de los señores Blanca Lucelly Correa Roldán, Laura Rosa Zabala de Zapata y Eliodoro Antonio Giraldo Rojas (audio correspondiente al disco compacto anexo, fl. 186, cdno. 1).

14. (sic) Declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-991 del mismo año.

15. http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Plan%20de%20Accion%20de%20DH.odf (consulta realizada el 13 de marzo de 2017).