Sentencia 2011-00898/3186-2015 de junio 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Exp.: 76001233100020110089801(3186-2015)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Víctor Hernando Sáenz Tabares

Demandado: ESE Antonio Nariño en liquidación.

Trámite: Decreto 1 de 1984.

Asunto: Contrato realidad – No se demostró la existencia de los contratos de trabajo asociado sobre los cuales, la parte actora pretendió edificar una verdadera relación laboral.

Decisión: Se confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Segunda instancia – apelación de sentencia

Bogotá D.C., quince de junio de dos mil diecisiete.

La Sala decide el recurso de apelación que la parte demandante presentó contra la sentencia de fecha 20 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Demanda.

El señor Víctor Hernando Sáenz Tabares, a través de apoderado y en ejercicio de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda contra la Empresa Social del Estado Antonio Nariño en liquidación, con la finalidad que en la sentencia se acceda a la declaratoria de nulidad del D-6623 RTA R-7900 proferido por la entidad accionada, mediante el cual, rechazó la solicitud elevado por el demandante por considerar que la misma fue presentada de manera extemporánea ante el Gerente liquidador de la ESE Antonio Nariño.

Como consecuencia de la nulidad del acto acusado, solicitó se condenara a la accionada a reconocer y pagar las prestaciones sociales y convencionales desde el 26 de junio de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2008.

Las anteriores pretensiones fueron sustentadas en los siguientes:

Hechos

Manifestó el demandante haberse vinculado al Instituto de Seguro Social —Clínica Rafael Uribe Uribe— mediante contratos de prestación de servicios, en su calidad de médico general, iniciando laborales el 14 de mayo de 1998 hasta el 30 de junio de 2003.

Sostuvo que, durante el tiempo antes indicado no le fue reconocida las prestaciones sociales a que tenía derecho, razón por la cual, elevó reclamación administrativa solicitando dicho reconocimiento, el cual, fue negado por el Instituto de Seguro Social, motivo que conllevó a demandar ante la jurisdicción ordinaria la aludida negativa a sus derechos, obteniendo fallo favorable por parte del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali y ratificado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en los cuales, se declaró la existencia de una verdadera relación laboral y el consecuente reconocimiento de las prestaciones sociales pretendidas.

Manifestó que, con ocasión de la escisión del Instituto de Seguro Social surgió ESE Antonio Nariño, entidad a la cual siguió prestando los servicios de médico general desde junio de 2003 hasta noviembre de 2008, en virtud de los convenios o contratos asociativos celebrados con cooperativas de trabajo, los cuales no reunían los requisitos o condiciones de afiliación a un ente cooperativo de trabajo asociado, en la medida que, la intensión de la vinculación era claro en el sentido de prestar los servicios a las empresas usuarias que designare la cooperativa.

Así mismo, adujo haber recibido una remuneración bajo la denominación de compensación, pero sin percibir prestaciones sociales legales y convencionales por los servicios prestados a la ESE Antonio Nariño, muy a pesar que cumplía jornada laboral de 8 horas diarias los 7 días de la semana, más las labores por tiempo extra que eran fijadas por la aludida Empresa Social del Estado, sujetándose al reglamento establecido por la misma.

Alegó que, al no haberse configurado en cabal forma la relación de trabajo asociado entre la cooperativa y el actor y al haberse resuelto por la jurisdicción ordinario que al momento de la escisión ostentaba la calidad de trabajador oficial, lo que se presentó luego de la escisión fue una vinculación irregular a la administración pública a través de las cooperativas de trabajo asociado, a fin de evitar de esa manera, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que derivaron de la verdadera relación laboral que existió entre las partes.

Normas violadas y concepto de violación

Como normas presuntamente quebrantadas con el acto acusado, se invocaron los artículos 13, 29, 53 y 228 de la Constitución Política. Como normas legales transgredidas se citó los artículos 1º al 4º de la Ley 79 de 1988; el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; los artículos 6º, 7º, 22, 23 y 26 del Decreto 254 de 2000, los artículos 5º y 6º del Decreto 3870 de 2008 y el artículo 17 de la ley 1233 de 2008.

Como cargos de nulidad contra el acto administrativo acusado, la parte actora formuló los siguientes:

Falta de motivación. Alegó que como quiera que el acto demandada resultó de la aplicación del silencio administrativo negativo, es evidente que la entidad no ha manifestado ningún motivo atendible jurídicamente para negar los derechos laborales reclamados.

Violación a norma superior. Arguyó que el acto presunto demandado vulnera el debido proceso, como quiera que oculta las reales razones de la negativa. De igual forma, aduce que con la negación a la reclamación de existencia de la relación laboral, se quebrantó el artículo 53 de la Carta Superior, como quiera que el actor laboró al servicio de la entidad bajo la continuada dependencia y subordinación, elementos que convierten todas las modalidades de contratación adoptadas por la entidad y en virtud de la cuales, laboró para la ESE Antonio Nariño en liquidación.

2. Oposición a la demanda.

La entidad accionada no presentó escrito de contestación a la demanda, muy a pesar de haber sido notificada en fecha 16 de septiembre de 2011, tal como consta en el acta de notificación obrante a folio 141 del proceso.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las suplicas de la demanda al considerar que, del acervo probatorio arrimado al proceso no se puede establecer la existencia de una relación laboral entre la parte demandante y la ESE Antonio Nariño, toda vez que, no obran elementos probatorios suficientes para afirmar que el actor prestaba sus servicios de forma personal, dentro de una jornada de trabajo preestablecida, bajo la subordinación directa en cumplimiento de órdenes impartidas por la entidad y a cambio de una contraprestación mensual.

Afirmó no reposar en el proceso los contratos de prestación de servicios que el accionante alega suscribió con la demandada o con las cooperativas de trabajo asociado ni prueba alguna que dé cuenta de las condiciones en que el actor prestó sus servicios a la ESE Antonio Nariño después de haber sido vinculado a esta tras la escisión del Instituto de Seguro Social.

El recurso de apelación

La parte accionante pretende se revoque la sentencia, para lo cual, sostiene que con las evidencias recogidas en la foliatura se desvirtúa la validez de los convenios cooperativos aportados en el expediente, pues, resulta evidente que se presentó una continuada y permanente subordinación de la entidad demandada.

Alega que la realidad procesal acredita el mal uso que se le dio a la figura de los convenios de trabajo asociado, generando la vinculación del actor a través de las cooperativas de trabajo asociado, de tal suerte que, salta a la vista la verdadera intención de la accionada, en encubrir una relación laboral, dado que el sistema de prestación a través de cooperativas está dispuesto para que se preste el servicio de manera temporal y no indefinida en el tiempo como sucedió en el presente asunto, desnaturalizándose la esencia del contrato de cooperativismo.

Señala que con los convenios cooperativos se demuestra que la finalidad que contenían los mismos era proporcionar personal para la ESE Antonio Nariño, a fin de ejecutar labores ordinarias a cargo de dicha empresa de salud pública, por lo que, si se contrata al demandante para que preste el servicio de médico general que es propio, ordinario y normal en la prestación de servicios médicos, resulta obvio que la finalidad era encubrir un vínculo de orden laboral.

Alegatos de conclusión

La parte demandante sostuvo haber presentado derecho de petición tendiente al reconocimiento de las prestaciones sociales, basándose en la sentencia emanada del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, quien reconoció que entre el ISS y el demandante existió una relación laboral por los mismos hechos que dieron lugar a la presente demanda.

Así mismo, manifestó que las funciones desarrolladas como médico general tal como se confesó en la demanda y se demostró con la prueba documental y testimonial allegada, es propia de los empleados públicos de la entidad accionada, actividad que ejecutó bajo subordinación, desvirtuándose la validez de los convenios cooperativos suscritos y aportados al plenario.

Por su parte, la entidad accionada manifestó oponerse a los argumentos del recurso, en tanto considera que entre la demandada y el actor no existió contrato de trabajo. Así mismo, alegó la imposibilidad de la accionada de reconocer prestación social en la medida que la relación que sostuvo el actor fue con una cooperativa de trabajo asociado, ente solidario de derecho privado regida por la ley civil.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público emitió concepto solicitando se confirme la sentencia recurrida por cuanto que, la parte actora no probó los elementos de la relación laboral, en la medida que no allegó siquiera los contratos de prestación de servicios de todo el periodo que reclama y que suscribió con la cooperativa, a fin de poder establecer a ciencia cierta en que consistió el objeto contractual y poder definir, si la actividad desplegada por el demandante era igual a la desempeñada por los servidores de planta de la entidad.

I. Consideraciones de la Sala

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

Atendiendo los argumentos expuestos por la parte demandante en su escrito de apelación y el material probatorio obrante en el expediente, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración, fijando para ello el siguiente:

Problema jurídico

En el presente asunto y partiendo de los motivos de inconformidad alegados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si la parte demandante desvirtúa la existencia y naturaleza de los convenios o contratos de trabajo asociado suscritos con entes cooperativos y, en consecuencia, establecer si el acervo probatorio arrimado al proceso conlleva a la certeza de la existencia o configuración de una verdadera relación laboral entre el actor y la ESE Antonio Nariño en liquidación, teniendo en cuenta que la relación jurídica de la cual se pretende derivar la relación de trabajo deviene o se origina en los convenios de trabajo asociado suscritos por el demandante.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio relacionado con las cooperativas de trabajo asociado y su régimen legal, para luego, examinar el material probatorio que reposa en el proceso y con ello, resolver los cargos de la apelación.

i. De las cooperativas de trabajo asociado.

Según lo dispuesto en la Ley 79 de 1988(1) y en el Decreto 4588 de 2006(2), las cooperativas de trabajo asociado son aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que pertenecen al sector de la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir en común bienes, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general.

Según la actividad que éstas desarrollen se clasifican en: especializadas, multiactivas e integrales. Las cooperativas especializadas son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. Las multiactivas son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Y las integrales son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios(3).

Las cooperativas de trabajo asociado pertenecen a la categoría de las especializadas, y han sido definidas por el legislador así: “Las cooperativas de trabajado asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios”(4). El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.

La Corte Constitucional en sentencia C-211 de 2000, señaló que “las características más relevantes de estas cooperativas son estas: La asociación es voluntaria y libre; se rigen por el principio de igualdad de los asociados; no existe ánimo de lucro; la organización es democrática; el trabajo de los asociados es su base fundamental; desarrolla actividades económicas sociales; hay solidaridad en la compensación o retribución; existe autonomía empresarial(5)

Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos.

Debido a la naturaleza misma de las cooperativas de trabajo asociado, la retribución que reciben los asociados por su trabajo no es salario sino una compensaciónque se fija teniendo en cuenta estos factores: la función que cada trabajador cumple, la especialidad, el rendimiento, la cantidad y calidad del trabajo aportado. Igualmente, el trabajador asociado tiene derecho a recibir un porcentaje de los excedentes obtenidos por la cooperativa. 

Lo anterior deja evidenciado la necesidad de que exista un acuerdo cooperativo, es decir, aquel contrato que es celebrado por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro, por lo que, en las cooperativas de trabajo asociado los trabajadores son los mismos socios y dueños de la empresa.

Sin embargo, dicha figura asociativa no fue creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello, la normatividad consagró la prohibición de que las cooperativas de trabajo asociado actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios.

Pero de igual manera, es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la Ley 79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la legislación consagra para la configuración de una relación laboral.

II. La importancia de la prueba en la definición de un conflicto jurídico y su valoración para la resolución del litigio.

La importancia de la prueba en todo procedimiento es evidente, pues solo a través de una vigorosa actividad probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las que obran en cada trámite, puede el funcionario judicial alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes y dar respuesta a los asuntos de su competencia ciñéndose al derecho sustancial. 

Es por ello que el legislador en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil consagró la necesidad de que “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, lo que quiere decir que, los jueces al tomar decisiones al interior de un proceso judicial, deberán necesariamente valorar el acervo probatorio recaudado sobre el cual, se edificará la providencia que desate o resuelva la controversia suscitada entre las partes.

Precisa la Sala que conforme a la teoría cognoscitivista de la prueba(6), los hechos constitutivos son precisamente los que fundamentan la pretensión del actor o si se quiere, los que constituyen el presupuesto del derecho que reclama, de tal suerte que, la prueba juega un rol trascendental en la resolución del conflicto, en la medida que a través de ella es posible hacer la fijación formal de los hechos, como quiera que el proceso gira alrededor de los supuestos fácticos sobre los cuales el juez toma la decisión basándose en ello, por lo que es necesario, que la prueba cumpla con el objetivo de determinar qué hechos pueden tomarse como fundamento de la decisión.

Lo antes mencionado, permite colegir que los supuestos fácticos alegados por el actor en la demanda y de manera especial, en vía de la impugnación, relacionado con la existencia de una relación laboral que subyace de los convenios de trabajo asociado suscritos por el actor con cooperativas, implica necesariamente que en el proceso existan los elementos probatorios que permitan al fallador obtener la certeza o fijación formal del supuesto de hecho argüido, de tal suerte que, la prueba cumpla con el objetivo de determinar que tal hecho se constituye en fundamento de la decisión, examen y valoración que la Sala llevará a cabo más adelante en el acápite del caso o resolución del asunto en concreto.

Del caso en concreto

La parte demandante manifiesta como inconformidad contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que las evidencias recogidas en la foliatura desvirtúa la validez de los convenios cooperativos aportados en el expediente, pues, resulta evidente que se presentó una continuada y permanente subordinación de la entidad demandada.

Alega que la realidad procesal acredita el mal uso que se le dio a la figura de los convenios de trabajo asociado, generando la vinculación del actor a través de las cooperativas de trabajo asociado, de tal suerte que, salta a la vista la verdadera intención de la accionada en encubrir una relación laboral, dado que el sistema de prestación a través de cooperativas está dispuesto para que se preste el servicio de manera temporal y no indefinida en el tiempo como sucedió en el presente asunto, desnaturalizándose la esencia del contrato de cooperativismo.

De acuerdo con lo anterior, observa la Sala que la inconformidad de la parte actora se funda principalmente, en la valoración que hizo el a quo del material probatorio arrimado al proceso, como quiera que a su juicio, las pruebas documentales y testimoniales desvirtúan el convenio de trabajo asociativo que celebró el demandante con las cooperativas de trabajo asociado, así como también, se acreditan los elementos de la relación laboral.

Al examinar la Sala el material probatorio que obra en la foliatura, se observa lo siguiente: Como pruebas documentales orientadas a demostrar los elementos configurativos de la relación laboral, la parte demandante allegó las que a continuación de relacionan:

— Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, de fecha 3 de septiembre de 2009, mediante la cual, condenó al Instituto de Seguro Social a pagar al demandante las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicio e indexación(7).

— Copia de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali- Sala Laboral, de fecha 18 de marzo de 2010, por medio del cual, revocó la sentencia antes relacionada y absolvió al Instituto de Seguro Social de las pretensiones formuladas por el demandante(8).

— Copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social “Sintraseguridadsocial”(9).

Pretende demostrar el demandante que la naturaleza de la relación existente entre él y la cooperativa de trabajo asociado del cual, presuntamente fue cooperado o asociado, no se fundó en una verdadera relación cooperativa, sino que dicho medio fue utilizado para encubrir una relación de carácter laboral con la ESE Antonio Nariño, llevando a cabo la prestación de sus servicios como médico general en favor de la referida empresa social del Estado.

De acuerdo con las pruebas documentales relacionadas en precedencia, observa la Sala que no es posible establecer la existencia de los convenios de asociación que dice haber celebrado el demandante con una cooperativa de trabajo asociado y a través del cual, se pretendía encubrir una verdadera relación de carácter laboral, toda vez que, lo allegado al plenario son las sentencia proferidas por parte de la jurisdicción ordinaria laboral que definieron la controversia reclamatoria del actor tendiente a la declaratoria de la relación laboral y el consecuente reconocimiento de las prestaciones sociales, las cuales fueron denegadas por haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción trienal.

De otra parte, se tiene que las cooperativas de trabajo asociado estaban habilitadas legalmente(10) para llevar a cabo la prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada y educación, de tal manera que, se requería que dichos entes cooperativos fueran especializados en la respectiva rama de la actividad para que pudiesen generar la prestación de tales servicios.

Pues bien, en ese sentido, el primer supuesto llamado a ser probado para el demandante, es la calidad de afiliado a las cooperativas de trabajo asociado, para lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006(11), debió suscribir con el ente cooperativo un acuerdo cooperativo de trabajo asociado, prueba documental ausente en el proceso, como quiera que no obra respecto de alguna organización cooperativa los aludidos contratos celebrados por el demandante y con los cuales, se acreditaría su condición de cooperado.

Sin embargo, llama la atención de la Sala, el hecho que la parte recurrente manifieste en su escrito de alzada que “ con las evidencias recogidas en la foliatura se desvirtuó la validez de los convenios cooperativos aportados en el expediente, pues resulta evidente que se presentó una continuada y permanente subordinación de la entidad demandada para con mi prohijado…”, cuando lo observado es la carencia total de pruebas y en particular, de carácter documental que acrediten por lo menos, la existencia de los convenios cooperativos suscritos por el actor y la cooperativa de trabajo asociado.

Aunado a ello, si bien el demandante solicitó la práctica de pruebas documentales, testimoniales y de inspección judicial, de las cuales, según auto de pruebas que reposa a folio 144 del expediente, solo fueron decretadas las documentales a solicitar y las testimoniales, lo cierto es que, la apoderada judicial de la parte accionante desistió de la práctica de las pruebas documentales que habían sido ordenadas(12), siendo admitido el desistimiento solicitado mediante auto de fecha 5 de noviembre de 2014(13), de tal suerte que, las únicas pruebas documentales incorporadas al plenario fueron las sentencias proferidas por los órganos de la jurisdicción ordinario laboral y la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, de las cuales, no resulta dable determinar la existencia de la relación jurídica que alega sostuvo el actor con el ente cooperativo de trabajo asociado y del cual, pretende derivar la configuración de una relación laboral.

Así las cosas, se tiene que conforme los designios del artículo 177(14) del Código de Procedimiento Civil —legislación vigente para la época de los hechos— los supuestos de hechos alegados por el actor en vía de la impugnación, relacionado con la existencia de una relación cooperativa de trabajo que pretendía desvirtuar por estimar que lo verdaderamente existente fue una relación de orden laboral, implicaba necesariamente que al proceso se trajeran todos los elementos probatorios que le generasen al fallador certeza sobre el supuesto fáctico alegado, de tal suerte que, al no cumplirse con la carga probatorio que le correspondía asumir a la parte apelante, forzoso es concluir la confirmación de la providencia recurrida.

Lo anterior, constituyen razones por las cuales, las inconformidades planteadas por el recurrente no encuentran asidero o respaldo probatorio en las pruebas que obran en el proceso, en consecuencia, no se demostró en el caso bajo estudio que el demandante haya prestado sus servicios a la ESE Antonio Nariño y menos aún, en virtud de contratos de trabajo asociado suscritos con las Cooperativas Consentir y Solidez, por lo que considera la Sala habrá de confirmarse la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE la sentencia de fecha 20 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

2. Por la Secretaría de la Sección Segunda devuélvase el proceso al Tribunal de origen y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter.

1 “Por el cual se actualiza la legislación cooperativa”.

2 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado”.

3 Artículos 61 a 64 Ley 79/88

4 Artículo 70 Ley 79/88.

5 Corte Constitucional, sentencia C-211 de marzo 1º de 2000.

6 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta. 1997. pág. 67. Bajo esta concepción se parte de una relación directa entre prueba y teoría del conocimiento. Concibe que el juicio de la prueba en el proceso judicial incluye un problema de racionalidad fáctico-procesal que debe estar apoyado en un enfoque epistemológico de la realidad.

7 Folios 3 al 14 del expediente.

8 Folios 15 al 21 del plenario.

9 Folios 45 al 118 del proceso.

10 Ver artículo 5 y parágrafo del Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006.

11 por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.

12 Ver memorial que obra a folio 147 del expediente.

13 Ver providencia a folio 150 del proceso.

14 ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.