Sentencia 2011-00924 de julio 13 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000201100924-01 (3355-10)

Aprobado según acta de Sala 65

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil once

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

1. De la competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer es segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso segundo:

“El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”.

2. Caso concreto.

En el caso materia de estudio, se evidencia claramente que el actor acudió al amparo de tutela a fin de obtener el restablecimiento del derecho fundamental de petición que estimó vulnerado frente al silencio guardado por la coordinación de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que no ha dado respuesta a su solicitud de reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas de los servicios prestados al Ejército Nacional ente el 10 de marzo de 1991 y el 10 de junio de 1995. (fl. 6).

En orden a emitir la determinación a lugar, sea lo primero recordar que el derecho constitucional fundamental de petición se ha entendido básicamente como la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva, a las autoridades correspondientes, y obtener de estas, una pronta y completa respuesta sobre el particular(1).

Así mismo, jurisprudencialmente se han considerado como elementos del núcleo esencial del derecho fundamental en mención los siguientes: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo(2).

Sentadas tales premisas, considera la Sala que efectivamente existe en el evento de ocupación una afectación del derecho fundamental de petición del actor, en tanto las entidades accionadas no han dado respuesta de fondo a la solicitud del actor, veamos:

Como respuesta a una solicitud anterior con los mismos fines dirigida a la dirección de prestaciones sociales del Ejército Nacional, esta le manifestó que para la época de prestación de servicios aludida por el actor estos reconocimientos corrían a cargo de la coordinación de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, siendo esta la competente para ello. (fl. 5).

Es por lo anterior por lo que el actor dirigió su petitum a la aludida coordinación, que hasta la fecha ha guardado silencio, en la medida en que ninguna comunicación se le ha librado, ni siquiera para exigir algún documento al peticionario, menos para la práctica de pruebas, tampoco para señalar un término prudencial en que habrá de decidir, tal y como así lo autorizan los artículos pertinentes del Código Contencioso Administrativo:

“ART. 6º—Término para resolver. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.

ART. 11.—Peticiones incompletas. Cuando una petición no se acompañe de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le fueron hechas.

ART. 12.—Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan” (Destaca la Sala).

En tales condiciones se impone conceder al actor el amparo solicitado, pero para saber a quién en concreto se imparte la orden a pertinente, es preciso analizar la Directiva Ministerial 4158 de 2010, artículo 4º. Parágrafo 2º, que la letra dice:

“ART. 4º—Delegar la función de reconocer y ordenar el pago de las prestaciones sociales del personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales, soldados que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio y personal civil del comando general de las Fuerzas Militares y de las Fuerzas Militares respectivamente y de sus beneficiarios, según sea el caso, en lo concerniente a los anticipos de cesantías, salvo lo previsto en el artículo 1º de esta resolución, cesantía definitiva que comprende además personal de justicia penal militar, planta de salud de las Fuerzas Militares, profesionales que prestan el servicio social obligatorio, causación leyes 344 de 1996, 432 de 1998 y 973 de 2005, y demás disposiciones que las modifiquen o sustituyan, así como las indemnizaciones, compensaciones por muerte, bonificación especial soldados voluntarios y los recursos de reposición y pedimentos varios que se deriven de tales actos administrativos, en:

Fuerza Funcionario delegado
Comando General de las Fuerzas MilitaresDirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, o quien haga sus veces.
Ejército NacionalJefe jefatura desarrollo humano o quien haga sus veces.
Armada NacionalJefe jefatura desarrollo humano o quien haga sus veces.
Fuerza Aérea ColombiaJefe jefatura desarrollo humano o quien haga sus veces.

Esto es, que actualmente tal facultad en tratándose de orgánicos del Ejército Nacional en la jefatura de desarrollo humano o quien haga sus veces, para el caso: la dirección de prestaciones sociales del Ejército Nacional, que voluntariamente concurrió a esta acción y ha ejercido su derecho a la defensa, a la cual se le ordenará dar al actor respuesta de fondo y notificarlo dentro del término de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de este proveído; orden que habilita a la accionada para, si es necesario, aplazar su respuesta por un término prudencial que en ningún caso excederá los 30 días calendario, previa comunicación de tal aplazamiento al peticionario. En todo caso la dirección de prestaciones del Ministerio de Defensa Nacional deberá prestar su concurso con toda diligencia, encargada como se hallaba de los archivos respectivos para la época en que el actor dice haber prestado sus servicios a la Institución tantas veces señalada, sin perjuicio de consultar los Batallones a los cuales el actor refirió haber estado incorporado.

En consecuencia se revocará la determinación de instancia y se concederá el amparo solicitado.

Lo anunciado no obsta para llamar la atención a la Sala de instancia, que no tiene por qué exigir la demostración de un perjuicio irremediable para examinar la vulneración de un derecho fundamental de aplicación inmediata como lo es el derecho de petición, por virtud de lo normado en el artículo 85 de la Constitución Política y menos predicar la falta de inmediatez de un derecho de petición elevado un mes y medio antes de la formulación de la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura- Sala Jurisdiccional Disciplinaria- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el fallo de 14 de junio de 2001 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Tolima y en su lugar CONCEDER al ciudadano Javier Ochoa, el amparo de su derecho fundamental de petición, en consecuencia se ordena a la dirección de prestaciones sociales del Ejército Nacional, con las precisiones consignadas al final de las precedentes consideraciones que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta determinación de respuesta de fondo al derecho de petición de autos y notifique personalmente al actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2. Por Secretaría NOTIFICAR la presente providencia como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992.

3. REMITIR en su oportunidad, la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) T-180 de 1998.

(2) T - 944 de 1999.