Sentencia 2011-00966 de mayo 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 68001-23-31-000-2011-00966-01

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Jaime de Jesús Martínez Sandoval y otra

Demandado: concejal del municipio de Piedecuesta

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer y decidir en segunda instancia la demanda de la referencia, por así disponerlo el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 37, y el Acuerdo 55 del 5 de Agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

El acto de elección del señor Oscar Javier Santos Galvis como Concejal del municipio de Piedecuesta, Santander, para el período constitucional 2012-2015, se acreditó en debida forma con la copia auténtica del acta municipal de escrutinio de los votos para el Concejo de Piedecuesta o formulario E-26 CO del 5 de noviembre de 2011, expedida por los miembros de la comisión escrutadora municipal (fls. 10-11, cdno. 1).

3. Cuestión previa.

A partir de los antecedentes, encuentra la Sala que la señora Ana Patricia Gómez Aceros, única apelante, con su escrito de impugnación formula un nuevo cargo en contra del acto de elección del Concejal de Piedecuesta, señor Oscar Javier Santos Galvis, referente a la inhabilidad prevista en los incisos 5º y 6º del artículo 122 de la Carta Política modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo 1 de 2009, que dice:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”.

Como su argumentación se erige en una censura no plantada inicialmente en contra del acto de elección del demandado, no será objeto de estudio en esta providencia pues su objeto se limitará el análisis a la inhabilidad prevista en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que se refiere a “las inhabilidades de los concejales”, en que insistió la apelante.

4. Del asunto objeto de la apelación.

De conformidad con lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si, como lo consideró el Tribunal Administrativo de Santander, la causal de inhabilidad alegada no se demostró, o si por el contrario, como lo asevera la impugnante, al haber sido sancionado con suspensión por la Procuraduría el concejal electo de Piedecuesta, señor Oscar Javier Santos Galvis, estaba también imposibilitado para ejercer la función pública, por ende, no podía inscribirse y ser elegido en las elecciones de octubre de 2011.

5. La interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

Al demandado se le atribuye haberse inscrito y resultar elegido concejal de Piedecuesta, estando incurso en la inhabilidad de que trata la parte final del numeral 1º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, resaltado a continuación, que se refiere a “Las inhabilidades de los concejales” y dice:

No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas” (negrillas de la Sala).

Lo anterior, debido a que con acto administrativo de carácter disciplinario de 26 de abril de 2011, la Procuraduría Regional de Santander, confirmó la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 4 meses que dictó la procuraduría provincial de Bucaramanga proferida el 28 de junio de 2010, mientras era presidente del Concejo de Piedecuesta, sanción que a juicio de los demandantes implica la de inhabilidad que genera interdicción para ejercer funciones públicas.

Para acreditar la sanción impuesta al demandado la parte actora aportó el certificado de antecedentes disciplinarios 31150860 de 28 de noviembre de 2011, obrante en el expediente a folio 16, en el cual se lee:

“La Procuraduría General de la Nación certifica que una vez consultado el sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) Oscar Javier Santos Galvis identificado(a) con cédula de ciudadanía 91346486:

Registra las siguientes anotaciones:

1. Sanciones disciplinarias

A. Principal: suspensión numeral 3º, artículo 44 (4 meses).

Entidad: Consejo Municipal Piedecuesta Santander.

B. Providencias:

Instancia: primera

Descripción autoridad: procurador provincial Bucaramanga.

Fecha de providencia: 28/06/2010.

Fecha de inicio de efectos jurídicos: 17/05/2011”.

Del texto se desprende que el señor Oscar Javier Santos Galvis tuvo una sanción disciplinaria de “suspensión” por 4 meses, en los términos del numeral 3º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 —norma que dispone: “suspensión, para las faltas graves culposas”—, mientras se desempeñaba como concejal en el municipio de Piedecuesta, impuesta por el procurador provincial de Bucaramanga con actuación administrativa del 28 de junio de 2010 y con efectos jurídicos a partir del 17 de mayo de 2011.

Ahora bien, el numeral 3º del artículo 44(2) de la Ley 734 de 2002(3), define la “suspensión” como aquella sanción prevista para las faltas cometidas por los servidores públicos que son graves culposas, y es diferente de la “inhabilidad especial”, que es aplicable, junto con la “suspensión” para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas, que establece el mismo artículo en su numeral 2º y que es aquella que, según afirma la impugnante, le fue impuesta al demandado.

El numeral 2º del artículo 45 ibídem(4) al definir las anteriores sanciones señala que “La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo”, de ahí que se trate de dos tipos de sanciones diferentes: por un lado la suspensión y del otro, la inhabilidad especial, las cuales impone el ente disciplinador dependiendo del título de culpabilidad con que se califique la falta, así, si se trata de una falta grave culposa la sanción deberá ser únicamente “suspensión”, pero si se trata de una falta grave dolosa o gravísima culposa, deberá ser la “suspensión” e “inhabilidad especial”.

Así las cosas, a partir del certificado de antecedentes disciplinarios del demandado, la Sala encuentra acreditado que la sanción de que fue objeto es la de simple “suspensión”, cuya ejecución correspondía únicamente a la separación del ejercicio de sus funciones por el término de 4 meses, y no la de “inhabilidad especial”, que le impidiera el ejercicio de funciones públicas en cargos distintos al que ocupaba al momento de ser sancionado, por ende, se concluye que nada impedía que se inscribiera y fuera elegido concejal de Piedecuesta para el período (2012-2015).

Por las razones expuestas la sentencia de primera instancia será confirmada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Se confirma la sentencia de 28 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y publíquese».

(2) El artículo 44 dice: “Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.

PAR.—Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones” (negrillas de la Sala).

(3) “Por la cual se expide el código disciplinario único”.

(4) El artículo 45 dice: “Definición de las sanciones.

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1º, de la Constitución Política, o

c) La terminación del contrato de trabajo, y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva” (negrillas de la Sala).