Sentencia 2011-00981 de marzo 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 11001031500020110098100

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Nubia González Cerón

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Referencia: Acción de tutela

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera (sic) que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto", la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

1. Solicitud de amparo.

Mediante el ejercicio de la presente acción, la actora pretende la protección de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, el 28 de abril de 2011 y, en su lugar, se dicte nueva sentencia que confirme la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de julio de 2009, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por ella instaurada.

Sostiene la actora que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la propiedad intelectual, a la seguridad social, a la existencia digna y al mínimo vital, al incurrir en defecto orgánico, probatorio y sustantivo, también por desconocimiento del precedente aplicable al caso.

2. Pruebas solicitadas por el despacho sustanciador y otras relevantes para el caso.

Mediante auto del 5 de julio de 2012, se requirió a Cajanal para que allegara al expediente copia del acto administrativo por el que dio cumplimiento a la orden de tutela impartida el 26 de febrero de 2007, por el Tribunal Superior de Bogotá que amparó, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales de la demandante al debido proceso y a la seguridad social y, en consecuencia, dejó sin efectos la Resolución 45690 de 2006 proferida por Cajanal y ordenó a esa entidad que “mediante acto administrativo se pronuncie sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación de Nubia González Cerón teniendo en cuenta la totalidad del tiempo de servicio laborado y acreditado por la actora e igualmente incluya como tiempo de servicio el que corresponda conforme a la ley, por el texto escrito por esta, con observancia del régimen jurídico específicamente aplicable a su caso, determinado en el Decreto 1359 de 1993 (...)”.

Cajanal allegó al expediente la Resolución 3314 del 4 de febrero de 2008 en la que reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia por vejez a favor de la señora González Cerón, efectiva a partir del 11 de enero de 2003. En esta se observa que no homologó como tiempo de servicios el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” escrito por la actora, como lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá, sino que computó el tiempo de servicios que laboró en la Rama Judicial y el tiempo cotizado al ISS, de conformidad con el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993.

Igualmente, Cajanal allegó la Resolución 48466 de 2008, por la que adicionó la decisión que antecede, en el sentido de indicar que el pago de la pensión de jubilación se efectuaría por el término de cuatro meses contados a partir del 2 de marzo de 2007, fecha de ejecutoria del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Bogotá y con posterioridad, siempre que la interesada aportara al grupo de nómina de esa entidad la constancia de haber interpuesto la acción contenciosa.

El despacho sustanciador, mediante auto del 30 de julio de 2012, requirió a Cajanal para que informara si la actora se encontraba activa en la nómina de pensionados de esa entidad.

La apoderada de Cajanal indicó que la actora fue incluida en la nómina de pensionados con la Resolución 48466 del 18 de septiembre de 2008 y reportada mientras esa entidad tenía la administración de la nómina, posteriormente, mediante el Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011 se le atribuyó la responsabilidad de la nómina a la unidad de gestión pensional y parafiscales de la protección social, UGPP, por lo que solicitó desvincular de esta acción a su representada y vincular a esa unidad.

La actora informó que Cajanal empezó a pagarle la pensión en enero de 2009, no desde la fecha en que se causó el derecho, 11 de enero de 2003; y que desde esa época hasta la fecha en que comunica al despacho sustanciador de ese hecho, estaba recibiendo la mesada(2). Insistió en que ese reconocimiento se produjo en cumplimento de una orden de tutela, como mecanismo transitorio.

Agregó que, en atención al principio de lealtad procesal, le informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, juez que conocía, en primera instancia, la acción de nulidad y restablecimiento, la orden de tutela en mención.

De lo anterior, se advierte que la actora interpuso acción de tutela, como mecanismo transitorio, y acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 45690 del 7 de septiembre de 2006, por la que Cajanal le negó el reconocimiento de la pensión de vejez.

También se observa que, en virtud de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Cajanal procedió a reconocer y liquidar la pensión de jubilación a la señora González Cerón; sin embargo, dicha orden se impartió como mecanismo transitorio, hasta tanto el juez de lo contencioso administrativo resolviera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra Cajanal.

No obstante lo anterior, en memorial del 19 de diciembre de 2012(3), la demandante comunica que la unidad de gestión pensional y parafiscales de la protección social UGPP, a partir del mes de octubre de 2012, le dejó de pagar la pensión reconocida y que esa unidad en Oficio UGPP 2012-5021630841 del 26 de noviembre de 2012(4) le informó que la suspensión se dio al advertir que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora González Cerón terminó con decisión desfavorable (C.E., sec. segunda, Sent. abr. 28/2011). En consecuencia, la UGPP sostuvo que “(...) los efectos del fallo que ordenó reconocer su pensión han cesado, lo cual implica que el acto administrativo en virtud del cual se dio cumplimiento a la referida decisión ha perdido fuerza ejecutoria (...)”.

3. Planteamiento del problema jurídico.

La Sala debe determinar si se vulneran los derechos fundamentales invocados por la actora con la sentencia del 28 de abril de 2011, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que revocó la providencia del 16 de julio de 2009, dictada por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Nubia González Cerón contra Cajanal.

Se observa que la sentencia cuestionada fue proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que culminó el proceso contencioso adelantado por la actora.

Así las cosas, la Sala desarrollará los siguientes contenidos: (i) se expondrá el marco normativo y jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) constatará si, en el caso concreto, se cumplen todas las condiciones generales de procedibilidad que exige la Corte Constitucional, recogidas en la Sentencia C-590 de 2005 y, si de dicho examen se concluye que se cumplen tales presupuestos; (iii) se procederá a analizar los cargos concretos que le endilga la actora a la sentencia que acusa de ser violatoria de sus derechos fundamentales.

(i) Marco normativo y jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad(5).

Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional(6).

Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales” (resalta la Sala).

Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.

En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:

“(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

(iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

(vi) Que no se trate de sentencias de tutela”.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de, por lo menos, alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.

En virtud de lo anterior, los jueces que deben asumir el conocimiento de este tipo de solicitudes de tutela, tienen el deber constitucional de agotar todos los pasos previos de procedibilidad y de analizar los argumentos concretos de la presunta vulneración, con el único propósito de no sacrificar los principios de la función judicial y, consecuencialmente, no desnaturalizar el papel de juez de tutela.

Desde esta perspectiva, la conclusión a la que se arriba es que la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones tomadas por la jurisdicción debe ser excepcionalísima, por lo cual el juicio analítico sobre los requisitos generales y las causas específicas que proponen sus promotores debe ser intenso, lo que impide que el juez de tutela usurpe funciones propias del juez natural.

Precisamente el cumplimiento estricto de las causales genéricas y alguna de las específicas es lo que permite la procedencia de la acción de tutela contra providencias, pues este mecanismo de protección no puede convertirse en una instancia más para que se insista en discutir temas ya estudiados por los jueces de instancia o se pretenda exponer argumentos que no fueron oportunamente propuestos en los procesos ordinarios.

(iii)(sic) Análisis de los requisitos de procedibilidad genéricos contra providencias judiciales.

De conformidad con la precedente jurisprudencia, se adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional para estudiar si, en el caso concreto, procede o no el amparo solicitado.

En este sentido, como se indicó, se entrará a analizar si en el presente caso, se encuentran acreditados los requisitos generales a los que alude la referida sentencia de constitucionalidad.

En lo concerniente con el primer requisito, el asunto puesto a consideración resulta de evidente relevancia constitucional, toda vez que la señora Nubia González Cerón alegó desde la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que Cajanal, al denegar su solicitud de pensión de jubilación, vulneró, entre otras, normas constitucionales que reconocen la seguridad social como un derecho fundamental, el cual debe ser garantizado por todas las autoridades.

En lo que tiene que ver con el requisito de agotamiento total de los medios judiciales ordinarios, se observa que dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que propuso la señora Nubia González contra Cajanal se cumple, porque contra la providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado impugnada, no existe otro mecanismo o recurso judicial al cual pueda acudir ni el legislador tiene previsto un recurso extraordinario que le hubiera permitido discutir su legalidad.

La Sala estima que la actora cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela se presentó en un plazo razonable, debido a que la sentencia de segunda instancia, que dictó la demandada, se notificó el 24 de junio de 2011 y el escrito de tutela se radicó el 22 de julio del mismo año.

En el presente asunto, la actora discute como presuntas violaciones, aspectos de orden sustancial y procesal, que por haberse presentado en el fallo de segunda instancia, no le permitieron ejercer algún mecanismo de oposición. Además, no se trata de una acción de tutela contra una decisión judicial de tutela.

Finalmente, la Sala considera que en el presente asunto la actora identificó en forma clara y precisa los hechos relevantes de su inconformidad. Por lo tanto, la solicitud supera el estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

(iv) Análisis de los cargos concretos que le endilga la actora a la sentencia que acusa de ser violatoria de sus derechos fundamentales.

Mediante el ejercicio de la presente acción, la actora pretende la protección de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se deje sin efectos la providencia proferida el 28 de abril de 2011 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y, en su lugar, se dicte nueva sentencia que confirme la decisión adoptada, el 16 de julio de 2009, por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra Cajanal EICE para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, con fundamento en el régimen pensional de los magistrados de las altas cortes.

Por su parte, la demandada solicita que se desestime la solicitud de protección constitucional, en el entendido que la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es limitada y excepcional, pues se debe determinar en qué eventos es viable la intervención del juez de tutela, en aras de la protección de derechos de carácter fundamental.

Estima que, en el presente caso, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora ni se incurrió en los defectos aquí alegados, por lo que la demandante pretende, en perjuicio del carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.

Así las cosas, la Sala analizará si en la sentencia atacada se configuraron los defectos orgánico, fáctico o probatorio y sustantivo, también si se desconoció el precedente aplicable al caso.

• Configuración del defecto orgánico por desconocimiento de los principios de congruencia del fallo y de justicia rogada

Para la actora, la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado desbordó su competencia funcional al revocar la providencia de primera instancia, pues se pronunció sobre un aspecto que no fue objeto del recurso de apelación dentro del proceso contencioso. Lo anterior, porque consideró que no era posible homologar el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” como tiempo de servicios, por tratarse de una compilación y no de un texto de enseñanza.

La demandada se opuso al argumento que antecede, pues, en su criterio, lo único que hizo fue analizar concretamente una serie de requisitos que se deben observar a efectos de compensar los tiempos requeridos para optar por el reconocimiento de la pensión, motivo por el cual no se desbordaron las competencias que se le asignan a los jueces cuando conocen y desatan recursos de apelación.

La Sala analizará si la sentencia de 28 de abril de 2011, proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nubia González Cerón, incurrió o no en el defecto antes referido.

En virtud del principio de congruencia, en los fallos judiciales debe existir correspondencia entre lo decidido por el juez y lo que constituye la materia litigiosa. Al respecto, esta corporación ha señalado:

“(...) Sobre el principio de congruencia, la Sala ha tenido la oportunidad de formular las siguientes precisiones: Han enseñado la doctrina y jurisprudencia que los fallos judiciales deben ser congruentes, es decir, que debe existir correspondencia entre lo que se decide por el juez y lo que constituye la materia litigiosa. En otras palabras: el pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso, sin que se puedan señalar por ejemplo, en casos como el sub lite, motivos de anulación distintos de los invocados en su demanda por quien instaura el proceso. Observa la Sala que el apelante, entre los motivos de inconformidad que expresa en su escrito de sustentación de la alzada, señala nuevas razones o censuras que no aparecen en su escrito introductorio de la acción; así, por ejemplo, afirma que no hay correspondencia entre la sanción impuesta a José Raúl Jaimes y los cargos que a este se formularon en el curso de la actuación administrativa; que, además, en las resoluciones acusadas no se especificaron los deberes omitidos por el acusado, en cuyo favor debe resolverse la duda; que, en fin, por causa de la ineficacia de la administración no declaró terminado el proceso por caducidad con base en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, debiendo hacerlo. Admitir ahora tales argumentos o siquiera considerarlos a fondo podría contrariar elementales principios de justicia que inspiran los procedimientos judiciales, pues el debate que debe dirimir la jurisdicción no es otro que el planteado por el actor en su demanda, que fue el puesto en conocimiento de la parte demandada con el traslado que en su oportunidad se le hizo de ella y sus anexos, lo cual encuentra apoyo en mandatos constitucionales y de procedimientos, celosos de la protección del derecho de defensa (C.P., art. 29 y CPC, arts. 4º y 305)”(7). Negrillas fuera del texto original.

Ahora bien, para que el juez de tutela advierta la vulneración de los principios de congruencia y de justicia rogada debe analizar lo ocurrido en toda la relación jurídico procesal. Pero no basta simplemente con esbozar que lo decidido no hace parte de la demanda ni haya sido discutido en las demás etapas del proceso, como puede ser la sustentación del recurso de apelación, sino que debe advertir la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de alguna de las partes, en especial el derecho al debido proceso.

Para establecer si se configura o no el defecto objeto de estudio, la Sala realizará un recuento de los hechos que se encuentran probados en el expediente:

El 21 de marzo de 2006, la señora Nubia González Cerón solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, con fundamento en el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y el régimen especial de pensiones de los magistrados de las altas cortes (L. 4ª/92, Decretos 1359 de 1993, 104 y 691 de 1994), régimen que establece como requisitos 50 años de edad para el caso de las mujeres y 20 años de servicio continuo o discontinuo.

En la solicitud que antecede acreditó los requisitos de tiempo y edad así: nació el 10 de enero de 1953, es decir, que cumplió 50 años de edad, el 10 de enero de 2003 y laboró al servicio de la Rama Judicial durante 19 años, 10 meses y cinco días. Solicitó que el tiempo restante para cumplir los 20 años, es decir un mes y 25 días, fuera homologado con la publicación del “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” tomos I, II, III, IV, V y VI, del cual es coautora, de conformidad con el beneficio de homologación de tiempo de servicios con la producción de texto de enseñanza, previsto por el artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

Cajanal, mediante Resolución 45690 de 2006, negó a la señora González Cerón el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, al considerar:

— Que no es posible tener la producción de un libro como equivalencia del tiempo de servicios, pues la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993 establece que “en ningún caso, a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión”.

— Que la peticionaria no cumplió los 20 años de servicios continuos o discontinuos al servicio del Estado, por lo tanto, la norma aplicable es la Ley 71 de 1988, que consagra la pensión por aportes y exige 55 años como requisito de edad, en el caso de las mujeres.

— Que a la fecha de la solicitud pensional la peticionaria no había cumplido la edad requerida.

— Que la peticionaria cumplió 20 años de servicios cotizando al ISS, por lo tanto, debía elevar la solicitud de reconocimiento pensional ante esa entidad.

La actora, inconforme con la anterior decisión, ejerció acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que, mediante sentencia del 16 de julio de 2009, concedió las súplicas de la demanda. Al respecto, consideró:

— Que la demandante se encuentra amparada por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual tiene derecho a acceder al régimen pensional de magistrados de las altas cortes, que exige 50 años de edad para el caso de las mujeres y 20 años de tiempo de servicio.

— Que, pese a que a la demandante indicó haber trabajado 19 años, 10 meses y 5 días al servicio del Estado, de las pruebas aportadas al expediente solo se advierte que laboró 19 años y 10 meses, pues los 5 días de diferencia corresponden a vacancia judicial.

— Que el tiempo faltante para cumplir con el requisito de tiempo, esto es, 2 meses, “(...) podía homologarlo con el beneficio consagrado en la Ley 50 de 1886, norma que se encuentra vigente para las personas amparadas por el régimen de transición pensional (...)”.

— Que la publicación del “Diccionario Jurídico y de Evolución Jurisprudencial” tomos I, II, III, IV, V y VI cumplió con los requisitos legales para ser homologado como tiempo de servicios y, en consecuencia, reconoció a la actora la pensión especial reclamada.

El tribunal consideró que la actora completó el tiempo, 2 meses, que le hacía falta para cumplir el requisito exigido en el régimen pensional de magistrados de las altas cortes con la publicación del “Diccionario Jurídico y de Evolución Jurisprudencial”, pues acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 13 de la Ley 50 de 1886 y 3º del Decreto 753 de 1974, esto es, (i) ser un texto de enseñanza que tenga aprobación de dos instituciones o profesores; (ii) no haber recibido auxilio del tesoro público para su elaboración; (iii) estar impreso y su propiedad intelectual registrada y; (iv) expresar el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de edición, en los siguientes términos:

“(...) encuentra la Sala que, en efecto le asiste razón a la parte actora, en tanto que el tiempo laborado en la Rama Judicial y el Ministerio Público no alcanza los veinte (20) años exigidos por la norma (...).

Faltándole entonces dos (2) meses, para completar el requisito, debe considerar la Sala que, de acuerdo con la certificación expedida por el Ministerio de Gobierno el 28 de septiembre de 1990, en la que se observa que la demandante, junto con María Elena Giraldo Gómez, publicó el libro “Diccionario Jurídico Evolución Jurisprudencial” en el año 1985 (fl. 128) y lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, que le otorga al autor del libro una equivalencia de dos años (2) de servicio; la accionante completó el tiempo de servicios (...).

Ahora, en lo que se refiere a la acreditación de los requisitos para la equivalencia del tiempo, de las certificaciones expedidas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, conforme a las cuales la obra titulada “Diccionario Jurídico - XXIII años de evolución jurisprudencial” tomos I, II, III, IV, V y VI, (fls. 121 al 126), se encuentra registrada, se puede concluir que la demandante cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 3º del Decreto 753 de 1974” (resaltado fuera del texto original).

El recurso de apelación interpuesto por Cajanal estuvo encaminado a que se revocara la pensión que le fue reconocida a la demandante, al considerar que no cumplió los 20 años que exige el régimen pensional de magistrados de las altas cortes, debido a que laboró durante 19 años y 10 meses, sin que fuera posible homologarle los 2 meses que le hacían falta con el “Diccionario Jurídico y de Evolución Jurisprudencial” como tiempo de servicios, pues consideró que ese beneficio previsto en la Ley 50 de 1886 había sido derogado por la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993. Sobre el particular, señaló:

“(...) no es procedente tener en cuenta la publicación del libro como equivalencia de tiempo de servicios teniendo en cuenta que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó algunos numerales del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 estableció:

(...).

i) En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión (...)” (resaltados del texto original).

La Sección Segunda, Subsección B, al igual que el tribunal y contrario a lo argumentado y solicitado por Cajanal en el recurso de apelación, aceptó la vigencia del artículo 13 de la Ley 50 de 1886 y del Decreto 753 de 1974, en cuanto el beneficio de homologación de tiempo de servicios con la producción de textos de enseñanza está vigente para servidores públicos que se encuentran en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, consideró que a la demandante no le era aplicable el régimen pensional previsto para los magistrados de las altas cortes, pues no cumplió con el requisito de 20 años de servicio al Estado, debido a que no era posible homologar la publicación del “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” como tiempo de servicios, pues el Decreto 753 de 1974 exige que para acceder a ese beneficio debe tratarse de un texto de enseñanza y, a su juicio, en este caso, solo se trataba de una compilación de jurisprudencia.

Dicho lo anterior, conviene indicar que el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil(8), tiene por objeto que el superior estudie la cuestión, decidida en la providencia de primera instancia y la revoque, confirme o reforme.

Dada esa finalidad, es necesario que el recurrente, en la sustentación del recurso, manifieste las razones de inconformidad con el fallo proferido por el a quo. El artículo 352, parágrafo 1º, ibídem, prevé que: “El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (resaltados fuera del texto original).

Esta Sala(9) ha precisado que la apelación permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes y, por lo tanto, exige que el recurrente confronte los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, en los siguientes términos:

“La apelación permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes, a través de la impugnación de la decisión judicial contenida en la sentencia. Por tanto, exige que el recurrente confronte los argumentos expuestos por el fallador de primera instancia con sus propias razones de inconformidad, para determinar si las pruebas y el sustento jurídico han sido correctamente valorados.

Como ha señalado esta corporación “la labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el error del a quo en el juicio realizado, circunscribiéndose a dicho aspecto la competencia”(10).  

El recurso de apelación es un instrumento judicial, en este caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función revisora que comporta tramitar y decidir una apelación.

Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la argumentación contenida en la sustentación del recurso de apelación, que le debe servir al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia según lo pretendido por el apelante” (resaltados fuera del texto original).

En relación con la competencia del superior al desatar el recurso de apelación, el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prevé:

“ART. 357.—Competencia del superior. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Sobre el particular, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de julio de 2007, consideró:

“Entrando al fondo del asunto, debe recordarse que esta Sección ha reiterado que en el recurso de apelación, cuya sustentación es obligatoria, so pena de declararse desierto, la competencia de la corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al tribunal para dictar la sentencia. En consecuencia, la Sala estudiará los puntos sobre los cuales alegó la parte apelante en la sustentación del recurso, según se vio anteriormente” (resaltados fuera del texto original).

En el mismo sentido, la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia del 26 de mayo de 2010(11), señaló que el marco fundamental de competencia del ad quem está determinado por los argumentos esgrimidos contra la decisión que adoptó el a quo, por lo cual, en principio, los aspectos diferentes a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación operan los principios de congruencia y el dispositivo. Además, que el legislador exija que el recurso de alzada se sustente no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso.

En lo que interesa para decidir el caso en estudio, se reitera que Cajanal limitó el recurso de apelación a controvertir la vigencia de la norma que reconoce como tiempo de servicios la producción de textos de enseñanza, argumento que fue desestimado en la sentencia de segunda instancia.

Al respecto, el Consejero Ponente de la providencia objeto de esta tutela señaló en el escrito de oposición:

“(...) tal como lo afirmó la aquí accionante, el objeto de discusión principal por parte de Cajanal fue la vigencia de la norma que reconoce como tiempo de servicio la producción de textos de enseñanza, situación que fue zanjada en la providencia cuestionada al amparo de la normatividad aplicable, en el sentido de afirmar que esa posibilidad es viable en vigencia del régimen de transición” (resaltados fuera del texto original).

Confrontados el escrito de tutela, la sentencia acusada y la oposición del Consejero Ponente de esta última, resulta claro que la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado decidió con base en lo que expuso Cajanal como argumento de apelación frente al fallo del a quo, esto es, que la Ley 50 de 1886 no era aplicable a la demandante, toda vez que fue derogada por la Ley 797 de 2003. También, que la aludida caja no adujo argumento alguno en relación con que el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” no satisfacía los requisitos legales para ser considerado obra de enseñanza.

Y es que Cajanal no podía alegar que la obra de la tutelante no corresponde a un texto de enseñanza, por la sencilla razón de que los argumentos de oposición de dicha entidad frente a la pretensión de la demandante siempre estuvieron encaminados a demostrar que la homologación del tiempo de servicios con la publicación de la obra de enseñanza no era posible, porque la norma que lo permitía no estaba vigente.

Pero de la circunstancia descrita no se sigue el supuesto defecto orgánico en que, según la actora, incurrió el fallo censurado por extralimitación de la competencia funcional en segunda instancia.

En efecto, si la autoridad judicial demandada concluyó que la señora González Cerón podía ser beneficiaria de la previsión del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, en razón de su historia laboral, el análisis consecuente y lógico con tal premisa era verificar si el referido diccionario cumplía con los requisitos legales para ser considerado como texto de enseñanza.

De no haber mediado ese análisis, la autoridad judicial demanda no hubiera podido decidir de fondo la controversia, pues la sola conclusión de que la Ley 50 de 1886 sí era aplicable al caso era insuficiente frente al pedimento de la demandante, a saber, la homologación del tiempo de servicios con la obra de enseñanza.

Luego, no cabe duda de que para decidir de fondo el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho, la corporación demandada tenía que estudiar si la obra de la actora cumplía los requisitos del Decreto 753 de 1974, que definen los criterios para tener por obra de enseñanza un texto.

Coherentemente, la demandada no excedió su competencia funcional, por cuanto al precisar que la actora sí podía ser beneficiaria de la aludida homologación, necesariamente debía estudiar el cumplimiento de los supuestos de hecho de la norma que contenía el beneficio reclamado.

Por demás, la discusión sobre la aptitud jurídica de la obra de la actora como texto de enseñanza no fue un argumento nuevo o extraño a la controversia, pues el fallo acusado replicó el mismo estudio del fallo del 16 de julio de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para verificar el derecho a la homologación de tiempo de servicios, aunque llegó a una conclusión contraria.

En consecuencia, el supuesto defecto orgánico alegado contra la sentencia acusada no se presentó.

• Configuración del defecto fáctico en la sentencia enjuiciada

La actora adujo que la demandada incurrió en vía de hecho por defecto probatorio, pues considera que, al resolver el recurso de apelación, además de pronunciarse sobre un asunto que no fue recurrido, desestimó, como supuesto fáctico que la habilitara para homologar tiempos de servicio, la obra intelectual denominada “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” tomos I, II, III, IV, IV y V, de la cual es coautora e ignoró que en el plenario se habían incorporado las pruebas sobre propiedad intelectual, el aval que le dio Colciencias y la función pedagógica que cumple en algunas universidades del país.

Adicionalmente, la actora señaló que la demandada, al desestimar su obra, no tuvo en cuenta el contexto en que fue creada, así como tampoco observó que, en su momento, el acceso a la jurisprudencia de las altas cortes era limitado.

Estimó que en las “reconstrucciones” de la jurisprudencia ella se dedicó a estudiar la forma en que se debía sistematizar y que en su diccionario se involucran temas que son de su propia autoría, como lo es, la titulación de cada jurisprudencia.

Además, consideró que el diccionario presenta por temas específicos la jurisprudencia contencioso administrativa, en orden cronológico, mostrando la evolución, rectificación o cambio en un determinado tema.

Por lo anterior, la actora consideró que el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” tomos I, II, III, IV, IV y V, brinda al consultor una información precisa y adecuada sobre un tema determinado en materia contencioso administrativa.

A su turno, el Consejero Ponente de la sentencia enjuiciada, señaló que por vía de tutela “no es dable imponer interpretaciones diferentes sobre los hechos a aquella que, dentro de sus competencias y como garantía de la autonomía judicial, adoptó el juez natural del asunto de manera razonable y racional”.

Indicó que, en el momento de valorar la idoneidad sobre tal diccionario, se tuvieron en cuenta las pruebas incorporadas dentro del proceso contencioso administrativo, así como también las que fueron allegadas en forma extemporánea al plenario; no obstante, se consideró que un diccionario no es una obra creativa, sino una compilación de orden jurisprudencial.

Concluyó que lo pretendido por la actora, es que el juez de tutela realice una interpretación sobre un material probatorio que ya fue analizado, situación que es impropia en la sede que la formula.

Corresponde establecer si en la sentencia enjuiciada se configura o no el defecto alegado por la actora.

En primer lugar, la Sala no comparte la apreciación hecha por la demandada sobre la imposibilidad que tiene el juez de tutela para evaluar aspectos de orden probatorio, toda vez que, de acuerdo con la Sentencia C-590 de 2005, la acción de tutela se convierte en la última garantía de los derechos fundamentales y con el entendimiento de que es un mecanismo de carácter excepcional y subsidiario, es posible analizar las quejas que se presentan en relación con las pruebas, con el fin de garantizar la efectividad de esos derechos.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer los principios constitucionales de autonomía e independencia que le permiten a los funcionarios judiciales un amplio margen al momento de interpretar las pruebas aportadas a un proceso, ha precisado que tal actividad no es arbitraria ni absoluta y que tiene límites(12) que no le permiten desconocer o vulnerar derechos fundamentales de las personas.

La Corte Constitucional ha precisado que el denominado defecto fáctico o probatorio, se presenta en dos dimensiones: (i) la negativa, cuando el operador judicial niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su estudio, y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente y (ii) la positiva, cuando la autoridad aprecia pruebas que no ha debido admitir, por haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo de manera directa la Constitución(13).

En el caso bajo estudio, el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 establece que, para acceder al beneficio de homologación de tiempo de servicios con la producción de textos de enseñanza, se deben cumplir los siguientes requisitos:

“ART. 13.—Las tareas del magisterio privado quedan asimiladas a los servicios prestados a la instrucción pública, y serán estimadas para los efectos legales en los términos del artículo anterior.

La producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública” (resaltados fuera del texto original).

El Decreto 753 de 1994(14) dispone:

“ART. 1º—Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de enseñanza, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren el establecimiento a los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tengan para haberles dado aprobación o para recomendarlos.

ART. 2º—La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente” (negrillas fuera del texto original).

De lo anterior, se observa que los requisitos para acceder al beneficio prestacional en mención son: i) que se trate de un texto de enseñanza que tenga aprobación de dos instituciones o profesores; (ii) que el autor no haya recibido auxilio del tesoro público para la elaboración de la obra (iii) que el texto esté impreso y la propiedad intelectual registrada y (iv) que exprese el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de edición.

La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado consideró que el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” no puede ser homologado como tiempo de servicios, pues, para efectos de la pensión, no cumple con el requisito de ser un texto de enseñanza, dado que, a su juicio, es una simple compilación de orden jurisprudencial.

Se observa que la demandada al verificar si el diccionario cumplía o no con los requisitos legales para conceder el beneficio de homologación de tiempo de servicios con la producción de texto de enseñanza, realizó una valoración subjetiva de las pruebas que la actora allegó al proceso contencioso, pues descalificó, a priori, el valor pedagógico que tiene una obra intelectual que se estructura bajo la forma de diccionario.

En efecto, del expediente se advierte que el Diccionario de Evolución Jurisprudencial, tomos I, II, III, IV, V y VI contiene, entre otros valores agregados, los siguientes:

(i) Sentencias y autos de todas las secciones del Consejo de Estado, sobre asuntos laborales, agrarios, contractuales, mineros, petroleros, de impuestos, contribuciones fiscales, parafiscales, electorales, entre otros.

(ii) La jurisprudencia organizada en orden cronológico, alfabéticamente y por temas.

(iii) Titulación de cada providencia.

(iv) El extracto de la ratio decidendi de los fallos y autos, tarea que solo es posible luego de realizar una lectura completa de cada providencia; algunas decisiones publicadas en los anales de esta corporación, que no se encontraban en medio magnético, y otras que no estaban publicadas, con fundamento en la técnica “textual”, no en la técnica que actualmente se conoce como “cortar y pegar”.

(v) Notas al margen de salvamentos, aclaraciones y observaciones de las providencias.

(vi) Concordancias normativas y jurisprudenciales.

La actora también acreditó dentro del proceso contencioso, mediante las certificaciones expedidas por los decanos de la facultades de Derecho de las universidades Católica de Colombia, Rosario y Santo Tomás, que el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial Consejo de Estado” se encuentra en la colección de las respectivas bibliotecas y que sirve como texto de estudio y consulta para los estudiantes de los programas de pregrado y postgrado.

Resulta necesario transcribir la certificación expedida por el Rector de la Universidad del Rosario y el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de esa institución, que expresan:

“que el libro “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial Consejo de Estado” del cual son coautoras las doctoras María Elena Giraldo y Nubia González Cerón se encuentra en la colección de referencia de la Biblioteca de la Universidad del Rosario y sirve como texto de estudio y consulta para los estudiantes del programa de pregrado de la Facultad de Jurisprudencia, así como para los alumnos de nuestros diferentes postgrados” (resaltados fuera del texto original).

La demandada consideró, pese a las pruebas que la actora aportó dentro del trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que a una obra intelectual como la reseñada anteriormente no podía atribuírsele el carácter de creación e innovación, porque, a su juicio, es un texto de compilación y tal actividad, la puede llevar a cabo cualquier interesado en la sede de la relatoría del Consejo de Estado.

Si bien es cierto que, en la actualidad, las personas interesadas en conocer la historia jurisprudencial de Colombia, en materia contencioso administrativa, pueden acudir a la sede del Consejo de Estado y ubicarla en las respectivas gacetas; ser guiados por los empleados de la relatoría de la corporación y acceder a la jurisprudencia, a través de la página web institucional, no es menos cierto que en la época en que se realizó el trabajo intelectual de la señora Nubia González Cerón, esto es, en 1985, no existían tales ayudas ni herramientas tecnológicas.

Se observa que la demandada interpretó de forma restrictiva las pruebas que aportó la señora González Cerón dentro del proceso contencioso, para efectos de homologar el diccionario en mención como tiempo de servicios, pues consideró que por tratarse de un texto tipo “compilación”, no es un texto de enseñanza, desconociendo el contexto en que fue creado y que la actora acreditó la función pedagógica que cumple en diferentes facultades de derecho del país.

Valga la pena destacar que la condición de obra de enseñanza no puede venir de la valoración que el juez o la entidad encargada del reconocimiento de la pensión hacen del documento, por la sencilla razón de que ni la autoridad judicial ni la administrativa, en principio, tienen como objeto de su conocimiento la pedagogía, motivo por el cual, precisamente la Ley 50 de 1886 y su decreto reglamentario previeron los requisitos para entender un texto como obra de enseñanza.

Así mismo, resultaría superfluo el deber de aportar las certificaciones de docentes, institutores, o decanos, pues bastaría únicamente la valoración que hiciera la autoridad administrativa o judicial en relación con la condición de texto de enseñanza de la obra objeto de homologación.

Si la ley establece unos requisitos para que un texto pueda ser considerado obra enseñanza y al efecto, entre otras cosas, indica que se debe certificar esa circunstancia por personas dedicadas a la pedagogía como docentes, institutores o decanos ¿Será posible que el juez se aparte de dichas certificaciones sin más razones que su propio criterio? Claramente la respuesta a esta pregunta es negativa.

A manera de ejemplo, se puede advertir que para la exención tributaria prevista en el artículo 21 de la Ley 98 de 1993(15), modificada por el artículo 44 de la Ley 1379 de 2010, corresponde al Ministerio de Cultura, por conducto del director de la Biblioteca Nacional, certificar cuando publicaciones, como libros o revistas, tienen carácter científico y cultural y, por ende, las empresas editoriales pueden ser beneficiarias del beneficio fiscal. En otras palabras la determinación sobre el carácter científico, o verbigracia el carácter de texto de enseñanza, de una obra no depende del arbitrio de la administración tributaria o del juez administrativo que conozca sobre la controversia tributaria. En realidad dicha determinación corresponde a la autoridad científica(16).

Así, el principal error de la sentencia de la Sección Segunda consistió en concluir, sin fundamento real, que el Diccionario Jurídico elaborado por la actora, es exclusivamente “recopilación ordenada de antecedentes judiciales”, en la cual no se advierte ningún aporte o crítica adicional del autor ni genera ningún nuevo conocimiento.

Tal conclusión se derivó solo de la definición de “compilación”. Sin embargo, con absoluta ligereza omitió revisar el contenido mismo de la obra, para lo cual debió ordenar que ésta se allegara al proceso, pues solo así podía tener certeza sobre el alcance y contenido del diccionario.

En este orden de ideas, se observa la configuración del defecto fáctico o probatorio alegado por la señora Nubia González Cerón, toda vez que la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación realizó una valoración contraevidente de las pruebas que la actora aportó dentro del proceso contencioso, pues consideró que no era posible homologar la publicación del “Diccionario de Evolución Jurisprudencial” tomos I, II, III, IV, V y VI” como tiempo de servicios para efectos de la pensión, porque, a su juicio, no es un texto de enseñanza, pese a que las certificaciones expedidas por las universidades Católica de Colombia, Santo Tomás y del Rosario, acreditaron la función pedagógica que cumple en las facultades de derecho de esas instituciones, argumento que fue determinante para revocar la providencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda instaurada por la aquí demandante.

Aún más, la sentencia del 28 de abril de 2011 ni siquiera expuso razones para desvirtuar las aludidas certificaciones expedidas por las autoridades académicas de las universidades Católica de Colombia, Santo Tomás y del Rosario, conforme a las cuales el texto del cual es coautora la actora sí es una obra de enseñanza. Para que la conclusión de la autoridad judicial demandada fuera razonable y acertada, de entrada debió sostener el porqué no le daba credibilidad a las certificaciones en comentario, sin embrago tal análisis se extraña en el fallo acusado.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto fáctico o probatorio ocurre “cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión”(17).

En esos términos, como ya se explicó, la demandada incurrió en defecto fáctico o probatorio, que por sí solo hace procedente el amparo solicitado por la actora.

No obstante, la demandante también alegó que la sentencia aquí acusada desconoció su propio precedente y el de la Corte Constitucional y que incurrió en defecto sustantivo. Para analizar este cargo es necesario reiterar que:

La demandante, al momento de solicitar el reconocimiento pensional con fundamento en el régimen de magistrados de las altas cortes, acreditó haber trabajado 19 años, 10 meses y 5 días en el Consejo de Estado y, en el Ministerio Público y para efectos de completar los 20 años exigidos en el régimen, invocó el beneficio de homologación de tiempo de servicios con la producción de textos de enseñanza, consagrado en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, dado que es coautora del libro titulado “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial”.

En esa oportunidad solicitó que, en caso de que no se reconociera la homologación en mención, se podría computar el tiempo que cotizó al ISS, equivalente a 5 años, 6 meses y 23 días, de conformidad con el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció respecto del tiempo cotizado por la actora al ISS, pues consideró que el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” cumplía con todos los requisitos legales para ser homologado como tiempo de servicios.

La Sección Segunda, Subsección B, de la corporación consideró que no era posible homologar el diccionario en mención, pues, a su juicio, no es un texto de enseñanza, razón por la cual entró a analizar si era posible o no computar el tiempo cotizado por la actora al ISS para completar los 20 años exigidos por el régimen pensional.

La Sección demandada concluyó que no era posible computar el tiempo que la señora Nubia González Cerón cotizó al sector privado, pues se admitirían dobles cotizaciones, por lo que la actora consideró que incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

• Desconocimiento del precedente

La actora adujo que la demandada desconoció su propio precedente y el de la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

(i) La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado no computó el tiempo de servicios que cotizó en el sector público con el cotizado al ISS, pese a que, mediante sentencia del 14 de octubre de 2010, concedió la pensión de jubilación especial al doctor Ricardo Calvete Rangel, quien demostró haber cotizado al sector privado, como catedrático universitario y al sector público como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

“En conclusión como en el expediente aparece demostrado que el actor reúne los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene más de cincuenta (50) años de edad y cumple más de 20 años de servicios en diferentes entidades de derecho público y privado y, además, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en los términos previstos en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994” (resaltados fuera del texto).

(ii) La demandada consideró que si hubiera aceptado la homologación del “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial”, como tiempo de servicios, la actora tampoco sería beneficiaria del régimen pensional de magistrados de las altas cortes, porque la obra fue escrita cuando era funcionaria del Consejo de Estado, es decir, que en este evento frente a un mismo lapso se aceptarían dobles cotizaciones.

Al respecto, la actora consideró que no es cierto que pueda presentarse la situación de que se reconozcan dobles cotizaciones, primero porque la Ley 50 de 1886 no define en qué época el instructor debe escribir el libro y, segundo, porque tal tema fue definido por la misma Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente, en forma contraria a como lo consideró en la sentencia objeto de tutela.

Indicó que en sentencia de la Sección Segunda Subsección B, del 18 de octubre de 2007(18), se dijo:

“Para completar el tiempo de servicio requerido y acceder a la pensión de jubilación como Congresista, el actor escribió un texto, titulado “Cátedra comunitaria, factor multiplicador para Colombia comunitaria y compartida’, el cual se encuentra en los archivos de la entidad, y de igual manera allega la certificación de dos (2) instituciones académicas que hacen constar, la utilización del mismo, como texto de enseñanza y consulta por sus alumnos de 9º, 10 y 11 grado, desde febrero de 1991. Al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, según el cual: “La producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación durante un año, de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública”. Se infiere que efectivamente el demandante cumplió con las condiciones establecidas en la norma transcrita, sin embargo el a quo desconoció los anteriores tiempos al considerar que los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, fueron reunidos después de haberse retirado del servicio como Congresista. La Sala no comparte la anterior conclusión, toda vez que la norma no determina en qué época debe efectuarse la publicación, por lo que los admitirá como tiempo de servicios para efectos pensionales” (resaltados fuera del texto).

(iii) La Sección demandada consideró que la pensión que le correspondía a la actora es una pensión por aportes, desconociendo que, por ser beneficiaria del régimen de transición, lo mínimo que legalmente le corresponde, es la pensión consagrada en el Decreto 546 de 1971, por haber laborado más de diez años al servicio de la Rama Judicial, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Manifestó que según la Corte Constitucional, para efectos del reconocimiento de la pensión del régimen especial de magistrados de las altas cortes, si el funcionario tiene más de diez años de servicio a la Rama Judicial se le debe computar el tiempo privado para acceder a este régimen pensional.

Señaló que, en Sentencia T-711 de 2007, la Corte Constitucional señaló:

“En el presente caso, es claro que la demandante es beneficiaria del régimen de transición y que su pensión de jubilación debe ser reconocida conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, toda vez que se desempeñó como trabajadora de la Rama Judicial por más de 10 años, conforme lo acredita la dirección ejecutiva de la Rama Judicial al expedir la certificación laboral y salarial para bono pensional.

Así, se incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones administrativas por parte del Instituto de Seguros Sociales ISS, como quiera (sic) que esa entidad se abstuvo de reconocer todo el tiempo de cotización de la demandante. Siendo ello así, se inaplicó el régimen especial que cobija a los funcionarios judiciales, acudiendo a una interpretación de las normas que indiscutiblemente hacía más desfavorable la situación de la señora Ortiz de Enríquez, con lo cual se desconoce la efectividad del derecho a la pensión de una persona que cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley para adquirir la condición de jubilado, afectándose con ello sus derechos constitucionales al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social” (resaltados fuera del texto original).

También trascribió apartes de la Sentencia T-019 de 2009, en la que la Corte Constitucional consideró:

“Esta corporación ya ha indicado que el régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, contenido en el decreto referido aún tiene vigencia para aquellos funcionarios que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, reunían los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición en ella consagrado[viii].

El contenido del Decreto 546/71, en lo concerniente a requisitos y pago de pensión de vejez, es el siguiente:

“ART. 6º—Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

Dados las múltiples controversias que se han originado en torno a este régimen pensional especial, existe un amplio precedente constitucional sobre su alcance y el modo de liquidar las pensiones que conforme a él se reconocen. Al respecto se ha expuesto, que los 20 años de servicios a los que se refiere el artículo 6º del Decreto 546/71 no necesariamente deben ser al sector público, siendo acumulable el tiempo laborado en el sector privado, toda vez que la única condición impuesta por el legislador es que de los 20 años por lo menos 10 hayan sido al Ministerio Público. Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, sin que sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son inseparables”.

De conformidad con las sentencias citadas por la actora, observa la Sala que la demandada en casos similares al aquí expuesto, consideró que (i) la Ley 50 de 1886 no establece en qué momento debe publicarse la obra para que pueda ser homologada como tiempo de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión y que, (ii) es posible computar el tiempo cotizado al ISS con el cotizado al sector público.

También se observa que la jurisprudencia constitucional ha considerado que 10 de los 20 años exigidos en el régimen pensional especial de los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público deben ser cotizados en el sector público, por lo que también es posible acumular el tiempo cotizado en el sector privado.

No obstante, se observa que la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, en el caso de la señora Nubia González Cerón, se apartó de las decisiones judiciales en mención, pues consideró que (i) de aceptarse el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” como texto de enseñanza, tampoco era procedente su homologación, pues se aceptarían dobles cotizaciones y (ii) que no es posible computar el tiempo que la actora aportó al ISS con el que aportó al sector público. Lo anterior, sin expresar los motivos por los cuales interpretó de manera diferente la normativa aplicable al régimen pensional de los magistrados de las altas cortes, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la actora.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que la demandada desconoció su propio precedente y el de la Corte Constitucional. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que “el desconocimiento del precedente constituye un requisito o causal especial de procedibilidad de la acción de tutela y que en esos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(19).

• Configuración del defecto sustantivo en la providencia acusada

La actora adujo que la Sección Segunda, Subsección “B”, de esta corporación incurrió en un defecto sustantivo, al considerar que a la fecha de su retiro, 11 de agosto de 1996, no había cumplido 20 años de servicio, pues no computó el tiempo que cotizó en el sector público con el que cotizó en el ISS, pese a que el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 lo autoriza.

Indicó que aportó al ISS, porque se desempeñó como docente universitaria, actividad que, para la época de los hechos, era legalmente autorizada para los funcionarios de la Rama Judicial, de conformidad con la Decreto-Ley 1250 de 1970 y el Decreto 52 de 1987, según los cuales los cargos de la Rama Judicial son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido, excepto los cargos docentes hasta un límite de ocho horas semanales durante la jornada laboral.

Por lo tanto, consideró que si la ley autoriza el ejercicio de la docencia a los funcionarios de la Rama Judicial, los efectos de la autorización legal deben ser plenos.

Agregó que en la sentencia tutelada no se computó el tiempo privado porque su cotización fue posterior a su desvinculación de la Rama Judicial, pero tampoco se computó el tiempo privado que fue anterior, pese a que en el proceso contencioso se demostraron los aportes al ISS antes de su retiro del servicio, en los años 1987 a 1994.

La demandada consideró que no incurrió en defecto sustantivo, pues en el caso de la señora Nubia González Cerón se aplicó la normativa pertinente, según los supuestos fácticos.

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha señalado que se configura cuando “el fallador interpreta una norma de manera abiertamente contraria a la constitución, a la ley y a los antecedentes jurisprudenciales y, por ende, la interpretación hecha por el juez resulta inaceptable. En esta sentido, es necesario demostrar que los argumentos del juez “carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable”(20).

En el caso concreto, corresponde a la Sala establecer si la interpretación del Decreto 1359 de 1993, que realizó la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, desconoció los derechos fundamentales invocados por la demandante.

El artículo 7º del Decreto 1359 de 1993(21) prevé que los congresistas podrán disfrutar de una pensión vitalicia si cumplen los siguientes beneficios:

“ART. 7º—Definición. Cuando quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto” (resaltados fuera del texto original).

De la norma trascrita, aplicable al régimen pensional de los magistrados de las altas cortes, se advierte que la persona que solicite esa pensión debe acreditar 20 años de servicios, continuos o discontinuos en las entidades de derecho público o que haya cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales.

El artículo 4º del Decreto 1293 de 1994 establece que el régimen de transición previsto para los congresistas no se aplica cuando se desvinculan definitivamente sin haber acreditado los 20 años de servicio para acceder a ese régimen, así:

“ART. 4º—Pérdida de beneficios. El régimen de transición previsto en el artículo 2º del presente decreto, dejará de aplicarse cuando las personas beneficiadas por el mismo, seleccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a lo previsto para dicho régimen o cuando habiendo escogido este régimen, decidan cambiarse posteriormente al de prima media con prestación definida.

Así mismo, dejará de aplicarse cuando los senadores, representantes, empleados del Congreso o del fondo de previsión social del Congreso, se desvinculen definitivamente del Congreso o del fondo, sin reunir el tiempo de servicios requerido para tener derecho a la pensión de vejez, conforme a las disposiciones que se venían aplicando” (resaltados fuera del texto).

En el presente caso, la Sección demandada encontró que la actora al momento de desvincularse del cargo de procuradora delegada contaba con 19 años, 10 meses y 2 días de servicio, por lo que, a su juicio, no acreditó los 20 años que exige el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 para tener derecho a la pensión reclamada.

La demandada consideró que era no posible tener en cuenta el tiempo cotizado al ISS, pues obedeció a vinculaciones posteriores al desempeño de la actora como Magistrada del Consejo de Estado y como procuradora judicial delegada.

Además, advirtió que tampoco era posible tener en cuenta el tiempo cotizado al ISS con anterioridad a la fecha de retiro de la actora, pues había periodos en los que trabajó simultáneamente en la Rama Judicial y aportó, por otras vinculaciones, al ISS, situación que si bien no generó incompatibilidad, dado los cargos desempeñados, funcionaria judicial y catedrática universitaria, no permitían una contabilización por separado, pues implicaría sumar dos veces un mismo día y, así sucesivamente, lo que conduce a descontextualizar el tiempo de servicio.

De lo anterior, se observa que la Sección demandada encontró compatibles los cargos desempeñados por la actora; sin embargo, consideró que no era posible computar el tiempo que cotizó al sector privado con el que cotizó al sector público.

Contrario a lo que consideró en el presente caso, se observa que la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia de 14 de septiembre de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia, que le había reconocido la pensión de jubilación especial al doctor Ricardo Calvete Rangel, quien efectuó aportes al ISS en virtud de vinculaciones con instituciones educativas privadas y a Cajanal por haberse desempeñado como procurador primero delegado en lo penal y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. En los siguientes términos:

“(...) como en el expediente aparece demostrado que el actor reúne los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene más de cincuenta (50) años de edad y cumple más de 20 años de servicios en diferentes entidades de derecho público y privado y, además, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en los términos previstos en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 (...)” (resaltados fuera del texto original).

En esta oportunidad la Sección Segunda computó la totalidad de semanas que el doctor Calvete cotizó al ISS, a pesar de que el demandante señaló que había periodos en los que cotizó simultáneamente en ese instituto y en Cajanal.

No obstante, la demandada en el presente caso realizó un interpretación diferente, sin expresar los motivos por los cuales no era posible computar el tiempo de servicios que la señora Nubia González cotizó en el sector público con el del sector privado, antes de su retiro del servicio (1987-1994), para efectos de cumplir los 20 años de servicios exigidos por el régimen pensional de magistrados de las altas cortes.

Por lo anterior, se configura el defecto sustantivo aducido por la actora, pues la Sección demandada, en los términos señalados por la Corte Constitucional, interpretó la normativa aplicable al caso de manera contraria a la Constitución y a los antecedentes jurisprudenciales(22), por lo cual vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora y desconoció el principio de favorabilidad que rige en materia laboral.

En relación con el principio de favorabilidad, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, se entiende como uno de los principios fundamentales mínimos en materia laboral, en virtud del cual se garantiza al trabajador la situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló:

“(...) el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos (...)”(23) (resaltados fuera del texto).

Sobre el particular, esta Sala, mediante sentencia del 14 de octubre de 2010, consideró que “en caso de duda respecto de la interpretación de una determinada disposición normativa, el juzgador está obligado, por expreso mandato Constitucional, a escoger entre las interpretaciones posibles aquella que beneficie de manera más amplia al trabajador y no la que restrinja sus derechos al punto de desmejorarlos e, incluso, de hacerlos nugatorios, como ocurrió en el presente caso”(24).

En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por la Sección demandada, incurrió en las causales específicas aquí alegadas, por lo tanto, procede la protección de los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la seguridad social.

Además, precisamente con ocasión de esa decisión la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, desde el mes de octubre de 2012, suspendió el pago de la mesada pensional reconocida por Cajanal EICE en Liquidación a favor de la señora Nubia González Cerón, circunstancia que causa un perjuicio a la demandante y la deja en un estado de indefensión, pues a pesar de que acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, este derecho se le negó.

Ahora bien, para efectos de impartir la correspondiente orden de amparo, resulta necesario reiterar que:

La señora Nubia González Cerón, dentro del proceso contencioso, con el fin de completar el tiempo de servicios exigido en el régimen pensional de magistrados de altas cortes, elevó, como pretensión principal, que se le homologara la publicación del “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” como tiempo de servicios, de conformidad con el beneficio previsto en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 y, como pretensión subsidiaria, que se computara el tiempo que cotizó al ISS, de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en providencia del 16 de julio de 2009, consideró que la demandante tenía derecho a acceder a la pensión especial solicitada y accedió a la pretensión principal elevada por esta, pues encontró que el diccionario en mención cumplía con los requisitos legales para ser homologado como tiempo de servicios.

La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante sentencia 28 de abril de 2011, contrario a lo considerado por el tribunal, desestimó las pretensiones de la demandante, al concluir (i) que el diccionario no era un texto de enseñanza y por lo tanto, no procedía la homologación como tiempo de servicios y (ii) que no era posible computar el tiempo de servicios cotizado en el ISS.

Ahora bien, la Sala observa que la actora predica la vulneración de los derechos fundamentales, principalmente, de los defectos orgánico y probatorio en que incurrió la Sección demandada al analizar un punto que no fue objeto del recurso de apelación interpuesto por Cajanal y al desestimar como texto de enseñanza el “Diccionario Jurídico de Evolución Jurisprudencial” para efectos de ser homologado como tiempo de servicios.

Dado que esta Sala encontró acreditados los defectos en mención y que los mismos, por sí solos, resultan vulneratorios de los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la seguridad social, ordenará a la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación que profiera un nuevo fallo en el que confirme la decisión del 16 de julio de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la demandante y, en consecuencia, ordenó a Cajanal que reconociera a favor de esta la pensión de jubilación del régimen de magistrados de altas cortes, por encontrar acreditados los requisitos de edad y tiempo de servicios, este último, con el beneficio previsto en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

Es necesario también, para que cese el perjuicio que está sufriendo la actora, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección, UGPP, que reanude el pago de la mesada pensional que venía recibiendo la señora Nubia González Cerón. Así mismo, la UGPP o la entidad que corresponda deberá reliquidar la pensión de jubilación reconocida teniendo en cuenta la nueva sentencia que dicte la Sección Segunda de esta corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. TUTÉLANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la señora Nubia González Cerón vulnerados por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. En consecuencia:

DÉJASE SIN VALOR NI EFECTO JURÍDICO el fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el 28 de abril de 2011, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la actora contra Cajanal y ORDÉNASE a la mencionada Subsección que, en un término de cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera un nuevo fallo en el que confirme la decisión de 16 de julio de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a Cajanal que reconociera a favor de la demandante la pensión de jubilación del régimen de magistrados de altas cortes, por encontrar acreditados los requisitos de edad y tiempo de servicios, este último, con el beneficio de homologación previsto en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

2. ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección, UGPP que, una vez notificada esta providencia, reanude el pago de la mesada pensional que venía recibiendo la señora Nubia González Cerón y que se reconoció mediante la Resolución 3314 de 4 de febrero de 2008.

3. ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección, UGPP, o a la entidad que corresponda que, una vez la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación dicte la sentencia de reemplazo, reliquide la pensión de jubilación reconocida a la señora Nubia González Cerón, en los términos de la providencia que se profiera en el proceso ordinario. El acto administrativo de reliquidación de la pensión de jubilación deberá expedirse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del fallo que se dicte.

4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5. Notifíquese a las partes por el medio más expedito posible.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(2) La señora Nubia González Cerón informó por escrito de 10 de agosto de 2012. Folios 127-128.

(3) Folios 179-184.

(4) Folio 187.

(5) Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Expediente AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Expediente AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Expediente AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Expediente AC 2008-01063-01.

(6) Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (Exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).

(7) Consejo de Estado - Sección Primera, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, 5 de junio de 1997, Radicación 4092.

(8) Aplicable a los asuntos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

(9) Sentencia de 26 de noviembre de 2009, Expediente 17272, C.P. William Giraldo Giraldo.

(10) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de mayo de 2003, Expediente 13444, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(11) Expediente 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Se pueden consultar entre otras, las siguientes sentencias: T-510 y T-513 de 2011.

(13) Sentencia T-233 de 2007.

(14) Por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

(15) ART. 21.—Prorrogada su vigencia por 20 años, contados a partir del 31 de diciembre de 2013, por el artículo 44, Ley 1379 de 2010. Las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, gozarán de la exención total del impuesto sobre la renta y complementarios, durante veinte (20) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, cuando la edición e impresión se realice en Colombia. Esta exención beneficiará a la empresa editorial aún en el caso de que ella se ocupe también de la distribución y venta de los mismos.

(16) Cfr. Resolución 1508 de 2000 del Ministerio de Cultura.

(17) Sentencia T-442/94, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(18) Expediente 2001-10933-01(0485-05), actor: Jorge Enrique Ángel Contreras. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(19) Sentencia C-590 de 2005.

(20) Sentencia SU-962 de 1999.

(21) Por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la Cámara.

(22) Sentencia SU-962 de 1999.

(23) Sentencia T-545 del 28 de mayo de 2004, en la que se reiteró el criterio expuesto, entre otros fallos, en el T-001 de 1999 y el SU-1185 de 2001.

(24) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 14 de octubre de 2010. Ref. 2010-00795.