Sentencia 2011-00995 de octubre 21 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201100995 02

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela 

Aprobado en Acta Nº 088 de la fecha.

Bogotá D.C., veintiuno de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por los artículos 256 numeral 3° de la Constitución Política y 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996, competencia que, a pesar de la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se mantiene conforme con los artículos 14 a 19 de la misma normatividad, la cual fue debidamente interpretada por la Corte Constitucional en auto 278 del 9 de julio de 2015.

De otro lado, teniendo en cuenta que mediante el recurso de apelación se busca revisar la providencia de primera instancia, corresponde al recurrente confrontar los fundamentos de la misma con sus propios argumentos, a fin de solicitar al Superior funcional la decisión que en derecho corresponda. Así las cosas, el marco de competencia para la segunda instancia lo determina el recurrente, con sus consideraciones sobre el interlocutorio del inferior, no siendo procedente referirse a aquellos aspectos que no son objeto del recurso.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“En el recurso de apelación el juez está autorizado para examinar únicamente los aspectos que son objeto de inconformidad por el apelante, sin que pueda hacer más gravosa la situación de quien es apelante único”(8).

En desarrollo de la competencia antes mencionada, procede la Sala a desatar el recurso de alzada interpuesto por el funcionario sancionado, con apoyo en el material probatorio obrante arrimado y a la luz de las disposiciones legales atinentes al tema en debate, bajo la confrontación de los argumentos del fallo y los expuestos en la sustentación de la apelación, como quiera que es en éstos donde se exponen las razones de inconformidad con la decisión recurrida.

De la prescripción 

Si bien se ha considerado que la justicia, como valor supremo, es la encargada de asegurar los derechos fundamentales de las personas, tendente a mantener la armonía entre las personas, y en esa medida se instituyó como faltas disciplinarias en cabeza de quienes ejercen esa función de administrar justicia, el incumplimiento a los deberes y prohibiciones, la incursión en inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses, o la incursión en falta gravísima, no es menos que, en orden a evitar la imputación indefinida de una persona, el legislador puso freno al poder estatal, mediante la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, la cual libera de responsabilidad a quien es objeto del reproche.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que el fin esencial de la prescripción “está íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación, lo que violaría su derecho al debido proceso y el interés de la propia administración a que los procesos disciplinarios concluyan”(9).

De acuerdo, entonces, con los artículos 29(10) y 30(11)-original- de la Ley 734 de 2002, la acción disciplinaria puede extinguirse por muerte del disciplinado o por prescripción de la misma, la cual se verifica cuando han transcurrido cinco (5) años, contados desde la fecha de su consumación, tratándose de faltas instantáneas y, para las permanentes, desde la realización del último acto.

Descendiendo al caso concreto, debe repararse que la falta imputada se estructuró a partir de la incursión en la prohibición contenida en el numeral 3º del artículo 154 de la ley 270 de 1996, que reprime la conducta del funcionario en eventos en que retarda o niega “injustificadamente” el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados, y en ese sentido, el tipo se cerró con el artículo 410 de la Ley 600 de 2000, que establece un término de 15 días para emitir la sentencia.

El pliego de cargos tuvo como fundamento fáctico el hecho que “solo hasta el 14 de marzo de 2011 profirió decisión de nulidad, desde el 11 de diciembre de 2008 en que se celebró la audiencia, es decir, que tardó 2 años, 3 meses y 3 días, hecho que originó que la acción penal prescribiera el 09 de agosto de 2010, según las cuentas de la Sala Penal del Tribunal Superior”(12).

Y en la variación de ese pliego se indicó:

“Incurrir aparentemente en mora al adelantar el proceso penal… toda vez que tardó más de 02 años para pronunciarse luego de celebrada la vista pública, y que terminó con nulidad de todo lo actuado a partir del cierre de la investigación”(13).

Es decir, que la situación fáctica determinante del llamamiento a juicio se sustentó en el hecho de haber demorado más de 2 años en PRONUNCIARSE y, si el pronunciamiento se produjo el 14 de marzo de 2011, significa que la falta se consumó en esta última data y a partir de ella es que empieza a contabilizarse el término de prescripción, no desde cuando operó esta -8 de agosto de 2010- porque el pliego de cargos no lo supeditó a ella, sino al momento en que se emitió la providencia.

En esas condiciones, la solicitud del investigado será despachada de manera negativa, porque la acción disciplinaria no ha prescrito en los términos del artículo 24 de la Ley 734 de 2002.

De la nulidad 

Con relación a la nulidad deprecada, al considerar que el Seccional no dio respuesta a los argumentos contenidos en el alegato de conclusión, debe repararse que si bien el fallo no es prodigo en la sustentación, de manera concreta se respondieron las peticiones, verbi gratia en el escrito de defensa se señaló que el proceso adolecía de prueba demostrativa de haber incurrido en falta disciplinaria de manera dolosa, y en la sentencia efectivamente se moduló la modalidad dolosa por la culposa, al afirmarse:

“advirtiéndose que en el presente caso no se confirmará la forma de imputación deducida en la formulación de cargos frente a la falta imputada, esto es DOLO, ya que revisado el material probatorio allegado al proceso no se advierte prueba alguna que demuestre la intención del doctor FERMÍN SÁNCHEZ GÓMEZ de no pronunciarse dentro del proceso penal No. 2002-00136, o de darle a este un trámite diferente al que le fue otorgado a los demás sumarios que se encontraban bajo su conocimiento, por el contrario se infiere que el funcionario judicial vulneró el deber objetivo de cuidado, que le imponía decidir el proceso radicado 2002-00136 de forma célere, siendo por ello la CULPA GRAVE el aspecto subjetivo de la conducta”(14).

En cuanto a que en el pliego de cargos no se le indicó ¿cuál fue la conducta, de las cuatro que contiene el artículo 154-3 de la Ley 270 de 1996, imputada?, debe advertirse que el fallo de manera tácita señala como comportamiento antifuncional el hecho de haber retardado, pues no otra cosa se infiere de la siguiente construcción gramatical:

“De acuerdo a estas consideraciones encuentra la Sala que el doctor FERMÍN SÁNCHEZ GÓMEZ, al haberse pronunciado dentro del proceso penal No. 2002-00136, veintisiete (27) meses después de celebrarse la audiencia, no solo incumplió la prohibición establecida en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1993 (sic), que le imponía dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 410 de la ley 600 de 2000…advirtiéndose que la mora objeto de cargos superó el término de un año”.

El término “después”, según la Real Academia Española, “Denota posterioridad en el orden, jerarquía o preferencia”, es decir, hacer algo más tarde, y el vocablo mora es “Demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo”, por lo tanto, ha de entenderse que la fórmula deducida fue la del retardo, como igualmente se hizo en el pliego y variación del mismo al señalarse “Incurrir aparentemente en mora”.

Y en torno a la presunta causal de justificación por la carga laboral, el fallo tampoco lo omitió, puesto que allí se consignó que si bien existía abundante carga laboral, y sobre ello se arrimaron los testimonios de los empleados del Juzgado, el término que se tomó el funcionario era excesivo y desproporcionado cuando ni siquiera se tomó una decisión de fondo.

En ese orden de ideas, ninguna irregularidad se advierte en el fallo, puesto que en el mismo de manera implícita se hizo alusión a los argumentos presentados en el alegato de conclusión. Así las cosas, no es posible decretar la nulidad solicitada por el investigado.

Para finalizar, no sobra señalar que de acuerdo con los medios de convicción aportados a la investigación se estableció que efectivamente el Dr. SÁNCHEZ GÓMEZ no emitió la decisión respectiva dentro del proceso que se impulsaba al exalcalde de Planadas (Tolima) después de 27 meses de haberse celebrado la audiencia de juzgamiento, lo cual sin duda estructura la falta disciplinaria imputada, puesto que sobrepasó desproporcionadamente el término de 15 días para emitir la sentencia.

Y si bien, en el expediente se acreditó que el Juzgado regentado por el investigado hacía las veces de Circuito de los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y San Antonio, era una situación que venía desde el 1º de enero de 1997, según acuerdo 205 de 1996, y por lo mismo ya se hallaba adaptado a la misma.

Ahora, en cuanto a la carga laboral, tampoco por ella puede justificarse su comportamiento, puesto que de acuerdo con las estadísticas, en el primer trimestre del año 2009 tenía un censo de 255 procesos en trámite, lo cual no representa una alta carga que limite la posibilidad de verificar los asuntos de urgencia, como era el caso del exalcalde de Planadas, a quien se le imputaban delitos de trascendencia en tanto con ellos se ponen en peligro los dineros públicos, como lo son el interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Y con respecto a la producción laboral, si bien lo fue de 1.2 decisiones interlocutorias por día, en el período de retardo, lo cual se obtiene de dividir el total de providencias -602- entre los 485 días, la misma no es demostrativa de que hubiese estado permanentemente colmado de procesos para decisión, y por lo mismo estaba en condiciones de revisar aquellos asuntos de relevancia penal.

En fin, tres años para decretar una nulidad cuando no podía desconocer la trascendencia del proceso que tenía a su cargo, ni pasar inadvertido el que allí se atribuían delitos de mayor gravedad contra un exalcalde.

Tampoco por el hecho de tener carga laboral como lo afirmó el investigado, permite se le justifique la alarmante inactividad en el anotado expediente, pues no demostró que todos los impulsos que realizara en los otros procesos correspondían a asuntos con detenido. La cuestión es clara, para cualquier Juez de la República el expediente que tenía como procesado al exalcalde de Planadas (Tolima) merecía su conducción con cuidado, esmero y responsabilidad, pues el reproche tenía que ver con conductas atentatorias de la transparencia en la contratación estatal, máxime cuando fue el doctor SÁNCHEZ GÓMEZ quien celebró la audiencia de juzgamiento en el proceso tantas veces mencionado, y por tanto, tenía pleno conocimiento de su trascendencia y del término que tenía para evitar la configuración de su prescripción.

Así las cosas, el fallo sancionatorio se mantendrá, incluida la modalidad culposa, calificación de la falta y la sanción, pues no puede desconocerse que de parte del disciplinado hubo vulneración al deber objetivo de cuidado, determinante del retardo en resolver el asunto por más de un año y por supuesto la prescripción de la acción penal dentro de un asunto de alta gravedad y, por lo mismo, requería todo el empeño del funcionario judicial.

Lo anterior, en tanto la potestad sancionadora del Estado se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, derivada de la relación especial de sujeción, categoría dogmática de origen constitucional, que impone al funcionario obligaciones o deberes reforzados en el ámbito de una ética pública, en torno al cumplimiento de los fines del Estado y que se constituyen en instrumentos al servicio de la administración para asegurar las finalidades del aparato estatal y la aplicación de los principios reguladores de la función pública.

En ese sentido, se pretende que el funcionario en cumplimiento de sus deberes y responsabilidades los realice dentro de una ética del servicio público, con acatamiento a los principios constitucionales de “moralidad, eficacia y eficiencia(15)”; de allí que en el derecho disciplinario, la falta siempre supone la existencia de un deber que acatar, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta sancionatoria del Estado.

El espacio desde el cual se legitima el reproche del Estado al servidor judicial, no es necesariamente el conocimiento y voluntad de éste para lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que demuestren un cumplimiento parcial o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan en el desarrollo de la tarea de administrar justicia(16), pues de lo contrario, la conducta resulta atípica y por ende no reprochable disciplinariamente.

Sirvan las anteriores consideraciones para despachar de manera negativa las peticiones del recurrente y, en su lugar, confirmar el fallo de primera instancia.

Por lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, por medio de la cual se sancionó al doctor FERMÍN SÁNCHEZ GÓMEZ, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, en calidad de Juez Penal del Circuito de Chaparral (Tolima), conforme con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. En caso de no hallarse en ejercicio del cargo conforme con el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, se convierte el término de suspensión en el equivalente a dos (2) meses de salario para el momento de la comisión de la falta, esto es, para el año 2011.

2. Remítase el expediente a la Colegiatura de instancia, quien deberá ejecutar la sanción conforme con lo establecido en el artículo 220 de la Ley 734 de 2002.

Notifíquese y cúmplase».

8 Sentencia C-583 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz

9 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-556 de 2001, Exp. D-3259, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, 31 de mayo de 2001.

10 “Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: … 1. La muerte del investigado.--------2. La prescripción de la acción disciplinaria”.

11 “La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto”.

12 Fl. 180.

13 Fl. 197.

14 Fl. 402.

15 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996.

16 Corte Constitucional, sentencias C-181 y 948 de 2002; C-252 de 2003.