Sentencia 2011-00997 de marzo 26 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 050011102000201100997 01

Aprobado según acta 24 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: Funcionario en Consulta

Denunciados: Orlando de Jesús Álzate Saldarriaga. Fiscal 58 Local Delegado ante los jueces penales municipales de Santa Rosa de Osos - Antioquia

Informante: Compulsa de Copias - Grupo de control disciplinario interno de la fiscalía

Primera instancia: Sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo

Decisión: Confirma

Bogotá, D.C., 26 de marzo de 2015.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política.

Fines del grado jurisdiccional de consulta: La consulta está reconocida como grado jurisdiccional, es decir, como expresión de la potestad pública y no recortada de la impugnación del afectado, y, así, entonces, opera como expresión de la soberanía (art. 3º), de la función pública jurisdiccional o administrativa (art. 228, 116 ib.) propia del Estado, a punto tal que la providencia sometida a consulta en los términos y con las excepciones legales, no adquiere la eficacia constitucional por efecto del derecho —principio— efecto consagrado en el artículo 29 superior de la cosa juzgada o “a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, o de no repetición del juicio, a menos que la ley admita recursos extraordinarios contra el fallo ejecutoriado formalmente.

En la Sentencia C-153 de 1995 la Corte Constitucional precisó la naturaleza jurídica y los fines de la consulta en los siguientes términos:

“La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas.

La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

“Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales...”.

Anteriormente, en la Sentencia C-055 de 1993 había afirmado la Corte:

“(...) que esta es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate”.

Bajo las anteriores argumentaciones jurídicas se tiene que no le es dable al ad quem hacer más gravosa la situación del sentenciado, limitándose exclusivamente a verificar la legalidad tanto de la actuación procesal como la decisión impartida por el Juez de Instancia que resolvió sancionar al disciplinado.

Asunto a resolver. El debate se centra en la sentencia proferida el 27 de junio de 2014, por la Sala a quo, que sancionó con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo al doctor ORLANDO DE JESÚS ALZATE SALDARRIAGA, en su calidad de Fiscal 58 Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Santa Rosa de Osos - Antioquia, siendo necesario establecer si efectivamente el doctor ALZATE SALDARRIAGA, estuvo incurso en la comisión de conducta reprochable al haberse ausentado a su lugar de trabajo los días 9 y 10 de noviembre de 2010, así como tampoco asistió a la capacitación programada por Salud Ocupacional para los días 3 y 4 de febrero de 2011, ni se hizo presente a su lugar de trabajo, además de ser inasistencias que no fueron debidamente justificadas, omitiendo pedir los permisos correspondiente a su Superior inmediato.

Del caso concreto. Establecida la calidad de funcionario judicial del doctor ORLANDO DE JESÚS ALZATE SALDARRIAGA, procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, no evidenciándose irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad la presente actuación disciplinaria.

El Fiscal investigado como funcionario judicial, conforme al fallo sancionatorio de primera instancia, incurrió en las faltas disciplinarias contenidas en el artículo 153 numeral 7º de la Ley 270 de 1996, además de la incursión en la prohibición del artículo 154 numeral 2º ibídem, la cual es conducta constitutiva disciplinaria según lo prevé el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, veamos:

“LEY 270 DE 1996

ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...).

7. Observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias.

ART. 154.—PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido:

(...).

2. Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa”.

“LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Ahora, ha de indicarse que los funcionarios judiciales son destinatarios de la Ley disciplinaria, cuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurran en falta disciplinaria, por acción u omisión, en forma dolosa o culposa, en orden al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, comportamientos que, por las circunstancias anotadas, pueden ser gravísimas o calificadas como graves o leves. Además, la conducta del funcionario judicial, frente a las normas supuestamente infringidas, se debe adecuar en los tipos establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por ser especial y de superior jerarquía, acorde con lo establecido en el artículo 195 del Código Disciplinario Único.

De otro lado debe observarse que el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, enseña: “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado (...)”.

Ahora, nótese que la finalidad del poder sancionatorio conferido a esta jurisdicción se concreta en la posibilidad de imponer sanciones a los funcionarios judiciales en busca de los logros de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la administración de justicia - igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Así las sanciones imponibles deben perseguir una finalidad disuasoria de conductas que impidan la efectividad de los mencionados principios o el retiro del servicio de aquellos funcionarios cuya conducta extrema compromete de manera grave su realización, como se refirió el Legislador en el artículo 16 del Código Disciplinario Único, cuando indicó: “ART. 16.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”.

No está de más observar que las sanciones deben acatar los principios de legalidad y proporcionalidad, según los cuales las conductas punibles no solo deben estar descritas en norma previa - tipicidad, sino que, además, se obligan a tener un fundamento legal - principio de legalidad previsto en el artículo 4º de la Ley 734 de 2002.

Conforme al acervo probatorio se tiene que el Fiscal 58 Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Santa Rosa de Osos - Antioquia, para la época de los hechos, ciertamente se ausentó de su lugar de trabajo los días 9 y 10 de noviembre de 2010, tal como lo constata la solicitud de justificación de asistencias remitido el 16 de noviembre de 2010(31), al disciplinado por el Director Seccional de Fiscalías de Antioquia el doctor JUAN CARLOS GARCÍA BETANCUR, a lo cual allegó escrito de justificación tales como el oficio 221 del 16 de noviembre de 2010(32), anexando dos incapacidades médicas para los días 11 y 12 de noviembre de 2010, además de constancia de que el encartado se dirigió al despacho de la doctora ELSA MARÍA SÁNCHEZ CUADROS, en horas de la tarde del día 10 de noviembre de 2010, a fin de hacer entrega de la carpeta SPOA 2009-80233(33).

Para esta Superioridad, tal como lo adujó la Sala a quo, no son de recibo dichos exculpatorios; en primer lugar, porque las incapacidades presentadas efectivamente cobijan días diferentes a los que le refirió su Superior al disciplinado. En segundo momento, si bien pudo haber acudido al despacho de la doctora ELSA MARÍA SÁNCHEZ CUADROS, en horas de la tarde del día 10 de noviembre de 2010, a fin de hacer entrega de la carpeta SPOA 2009-80233; para ello, tal como refirió la Magistratura de instancia, debió proceder a presentar la correspondiente solicitud a superior de manera escrita, tal como lo establece el artículo 144 de la Ley 270 de 1996, la cual señala:

“ART. 144.—PERMISOS. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial tienen derecho a permiso remunerado por causa justificada.

Talespermisosseránconcedidos por el Presidente de la Corporación a que pertenezca el Magistrado o de la cual dependa el Juez, o porelsuperiordelempleado.

Elpermisodeberásolicitarseyconcedersesiempreporescrito. 

PAR.—Los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo del cual es titular el respectivo beneficiario y en consecuencia, no habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de su duración” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De tal forma, está plenamente comprobado, con el carácter de certeza, que efectivamente el disciplinado, si bien intento justificar su ausencia con la asistencia a hacer una diligencia personal de carácter médico, omitió la disposición general de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de solicitar el correspondiente permiso para ausentarse de su lugar de trabajo ante su superior funcional.

Ahora, en lo que tiene que ver con la no asistencia a la capacitación programada por Salud Ocupacional para los días 3 y 4 de febrero de 2011, tampoco haciéndose presente a su lugar de trabajo, además de ser inasistencias que no fueron debidamente justificadas, omitiendo solicitar los permisos correspondientes a su Superior inmediato. Para esta Colegiatura no hay discusión alguna frente a que el operador judicial disciplinado, efectivamente no asistió a dicha capacitación, tal como se evidencia en el listado de asistentes al SISO(34), siendo igualmente requerido por el Director Seccional de Fiscalías de Antioquia el doctor JUAN CARLOS GARCÍA BETANCUR, a través de oficio 499 del día 9 de febrero de 2011(35), obteniéndose como respuesta el escrito remitido por el encartado el 15 de febrero de 2011, donde refirió que para el día 3 de febrero de 2011, se encontraba reclamando un examen de espirometría en la Fundación Antioqueña de Infectología, además de haber acudido a su IPS para que le fuera practicado una endoscopia de las vías digestivas, por lo tanto, al día siguiente, es decir, el 4 de febrero de la misma anualidad, estuvo reclamando los resultados de dichos exámenes, para ir a control de neumología.

Pues bien, para esta Colegiatura es más que claro que el funcionario aun teniendo como base, unos procedimientos médicos que llevo a cabo para dichas fechas, de los cuales no obra prueba en el plenario; era necesario que el funcionario investigado solicitara los correspondientes permisos para poder acudir a dichos procedimientos médicos que requería, pues la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no le da la potestad de no asistir a su lugar de trabajo para luego justificarlos, sino que le corresponde solicitarlo a su superior inmediato y por escrito, tal como se dejó claro anteriormente, salvo que se tratará de una urgencia médica.

Así las cosas, en el proceso existen los medios de convicción necesarios que dan certeza a esta jurisdicción disciplinaria que el doctor ORLANDO DE JESÚS ALZATE SALDARRIAGA, en su calidad de Fiscal 58 Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Santa Rosa de Osos - Antioquia, se ausentó de su lugar de trabajo de manera injustificada los días 9 y 10 de noviembre de 2010, así como tampoco asistió a la capacitación programada por Salud Ocupacional para los días 3 y 4 de febrero de 2011, como tampoco se hizo presente a su lugar de trabajo, además de ser inasistencias que no fueron debidamente justificadas, omitiendo pedir los permisos correspondiente a su superior inmediato.

Por lo tanto, con su comportamiento el investigado incumplió su deber funcional, esto es, el de “observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias”, pues resulta evidente las inasistencias a que tuvo lugar cuando fungió como operador judicial, no siendo suficientes las justificaciones presentadas a su superior mediato, teniendo en cuenta que no solicitó los permisos correspondientes para no acudir a su lugar de trabajo. En consecuencia, para esta Sala, se encuentra demostrada la constatación material y objetiva del hecho disciplinable con las diferentes pruebas documentales aportadas, comoquiera que es evidente que desde el punto de vista objetivo, el cuestionamiento disciplinario y la formulación de cargos elevada contra el Fiscal investigado, tiene fundamento jurídico, comoquiera que infringió sus deberes y transgredió la prohibición de “abandonar o suspender sus labores sin autorización previa”, circunstancia que lo hace estar incurso en una conducta reprochable disciplinariamente.

Ahora bien, establece el artículo 13 del Código Disciplinario Único, dos formas de responsabilidad, a saber, a título de dolo o culpa, y en lo relativo a la culpabilidad esta norma rechaza la responsabilidad objetiva, por consiguiente en el presente caso fue atribuida a título de dolo, correspondiente esta conducta al incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 154 numeral 2º de la Ley Estatutaria de la Administración Judicial, en concordancia artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

Así las cosas, está probado que el funcionario investigado incurrió en falta disciplinaria, lo que conlleva a esta Sala a confirmar el fallo sancionatorio proferido, por transgredir a título de DOLO, tanto el deber consagrado en el artículo 153 numeral 7º, como la prohibición establecida en el numeral 2º del artículo 154, lo cual constituye falta disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 196 del Código Disciplinario Único.

Por último, ha de advertirse que comoquiera que el investigado ya no funge como funcionario judicial, la sanción de suspensión se deberá convertir en salarios, conforme lo ordena el artículo 46 del CUD, inciso 3º que prescribe:

“ART. 46.—(...) Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial”.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de junio de 2014, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquia, sancionó con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo al doctor ORLANDO DE JESÚS ALZATE SALDARRIAGA, en su calidad de Fiscal 58 Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Santa Rosa de Osos - Antioquia, por la presunta inobservancia del deber contenido en el artículo 153 numeral 7º de la Ley 270 de 1996, además de la incursión en la prohibición del artículo 154 numeral 2º ibídem, la cual es conducta constitutiva disciplinaria según lo prevé el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

2. CONVERTIR la sanción de suspensión a salarios de acuerdo con el monto devengado para la fecha de la comisión de la falta, conforme al artículo 46 del CUD.

3. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín y a la Dirección de Carrera Judicial, para lo de su cargo.

4. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

5. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

31 Folio 8, cdno. o.

32 Folio 10, cdno. o.

33 Folios 11 - 14, cdno. o.

34 Folios 6 - 7, cdno. o.

35 Folio 2, cdno. o.