Sentencia 2011-01001/3539-2013 de febrero 11 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Rad.: 25000-23-25-000-2011-01001-01 (3539-2013)

Actor: Jorge Elías Muñoz Acosta

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social Eice en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de La Protección Social —U.G.P.P.—

Apelación Sentencia – Autoridades Nacionales

Bogotá D.C., once de febrero de dos mil quince.

Extractos «II. Consideraciones.

El asunto se contrae a establecer si el demandante tiene derecho a que se le reliquide la pensión de jubilación teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos seis meses de servicios, al tenor de lo previsto en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976, por haber sido funcionario de la Contraloría General de la República y adquirir el status pensional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o si por el contrario, le es aplicable en la liquidación de la prestación el inciso 3º del artículo 36 de la misma Ley 100.

1. Del Régimen aplicable.

En este caso, el primer aspecto relevante es verificar si de acuerdo al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 el actor tiene derecho a que su pensión se reliquide de acuerdo al régimen de la Contraloría General de la Nación, Decreto 929 de 1976 o como lo señala el Decreto 1158 de 1994 y el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Para tal efecto, se encuentra debidamente probado en el proceso que el señor Jorge Elías Muñoz Acosta fue nombrado a través de Resolución 09013 de 13 de noviembre de 1987, como Auditor Financiero Nivel Profesional Grado 2, en la Sección de Auditoría Financiera, de la Contraloría General de la Nación, con efectividad a partir del 1º de diciembre de ese mismo año. Se desempeñó sin solución de continuidad hasta el 1º de junio de 2008 y, culminó su labor en la entidad como Profesional Universitario Nivel Profesional Grado 2 de la Dirección de Vigilancia de la Gestión Pública e Instituciones Financieras en Bogotá, cuando se le aceptó su renuncia a través de la Resolución 00409 de 8 de mayo de 2008(2). Es decir en total, 20 años, 6 meses y 1 día de servicios.

De igual manera, probó que nació el 27 de septiembre de 1950, de acuerdo a copia auténtica del registro civil(3), en consecuencia cumplió los 55 años de edad el día 27 de septiembre de 2005.

Así pues, deberá verificarse si el demandante se encontraba amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si le son aplicables las disposiciones contenidas en regímenes de excepción anteriores a éste.

Para el efecto, valga precisar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, previó un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la pensión de vejez.

Este consiste, en que les permite pensionarse con el cumplimiento de los requisitos que prescribían las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, con el fin de no impedir a estas personas la expectativa de adquirir la pensión de jubilación, pues la Ley 100 de 1993, exige mayores requisitos para acceder a tal derecho.

Así pues, la creación del régimen de transición obedeció a la necesidad de implementar un mecanismo de protección frente a los tránsitos de legislación que afectarían desmesuradamente a un grupo determinado de trabajadores, que si bien no habían adquirido el derecho a la pensión, tenían una expectativa legítima de adquirir dicho derecho, ya que se encontraban próximos a concretar las premisas para pensionarse en el momento en que acaeció dicho tránsito legislativo.

En este sentido, el legislador creó el régimen de transición a favor de tres categorías de trabajadores. En primer lugar, los hombres que tuvieran más de cuarenta años; en segundo lugar, las mujeres mayores de treinta y cinco años; y en tercer lugar, los hombres y mujeres que, independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados; requisitos que debían cumplir al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones (abril 1º/1994) y que son disyuntivos, por lo que basta con que en cabeza de una persona se configure alguna de las dos premisas anteriormente descritas para que frente al Estado Social de Derecho aquel ostente un derecho adquirido al régimen de transición(4).

En efecto, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez, de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad o más si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”.

De lo anterior, es claro que la protección otorgada por el régimen de transición se concreta de forma inescindible con el derecho a la pensión de vejez y, por esta vía con el derecho fundamental a la seguridad social, pues establece unas condiciones más favorables para acceder al mismo a favor de algunas personas con el fin de no vulnerar mediante ley posterior una expectativa legítima.

En éste caso, el actor contaba con 43 años, 6 meses y 4 días de edad a 1º de abril de 1994 y para esa fecha acreditaba 6 años y 4 meses de servicios al Estado, en consecuencia, es claro que ostentaba la condición de beneficiario del régimen de transición, conforme al numeral 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cumplimiento del requisito de la edad.

Al respecto, recuérdese que la Corte Constitucional en Sentencia SU-430 de 1998 indicó que se trata de un derecho adquirido por el trabajador, aquel que se causa a favor de la persona que ha reunido los requisitos elementales para acceder a la pensión de vejez, luego de haber realizado un “ahorro forzoso” durante gran parte de su vida, teniendo, en consecuencia, el derecho a recibir tal prestación, con el único fin de llegar a la tercera edad y vivir dignamente. Precisó la Corte:

“…Por tanto, cuando los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas han pasado de simples expectativas a verdaderos derechos, no pueden ser desconocidos por normas posteriores o por simples decisiones emanadas de las empresas administradoras de pensiones, porque se desconocerían los derechos que ostentan los extrabajadores que han llegado a reunir los requisitos descritos, los cuales son imprescriptibles”.

Para nuestro caso como ya se dijo, de acuerdo al requisito de edad ostentado por el actor para el 1º de abril de 1994, se considera aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que genera a su caso la aplicación del régimen “anterior” en su integridad.

Al ser el demandante beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su pensión fue reconocida a través de la Resolución 49902 de 1º de octubre de 2008 (fl. 22 y ss. cdno. 1), conforme al Decreto 929 de 1976 respecto de los requisitos de edad y tiempo de servicio, pero atendiendo en la liquidación al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y a los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994.

Luego, mediante petición de 18 de diciembre de 2008 (fl. 18 cdno. 1), el actor solicitó la reliquidación pensional conforme a lo señalado por los Decretos 929 de 1976 y 720 de 1978, pero la misma fue negada a través del acto demandado Resolución 18439 de 18 de mayo de 2009 (fl. 18 y ss. cdno. 1).

Ahora bien, veamos en qué consiste el mencionado régimen especial consagrado en los Decretos a que acudió la entidad en la resolución de reconocimiento.

El régimen de prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República es el establecido en las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, en los Decretos Leyes 2567 de 1946, 929 de 1976 y 720 de 1978 y en sus correspondientes reglamentaciones.

El artículo 7º del Decreto Ley 929 de 1976, dispone lo siguiente:

“Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre”.

La única previsión sobre factores salariales contemplada en el Decreto 929 de 1976 es la consignada en el artículo 9º que prescribe:

“Para liquidar las pensiones de que trata este Decreto y las demás prestaciones establecidas o reconocidas por el presente Decreto, no se incluirán los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente y se hayan recibido, durante un lapso continuo de seis meses o mayor”.

La Jurisdicción Contencioso Administrativa, en repetidas providencias ha concluido que resulta indiscutible que los servidores públicos de la Contraloría General de la República, por estar amparados por un régimen pensional que les es propio, no pueden estar supeditados a lo previsto en el régimen general para el reconocimiento y liquidación pensional, sino que los mismos se encuentran regulados en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 que determinó los requisitos fundamentales para obtener la pensión de jubilación de esos servidores (edad y tiempo de servicio) y con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre sin que sea un obstáculo para su inclusión la realización o no de aportes(5).

Particularmente, en relación con la liquidación de la prestación, el artículo 40 del Decreto Ley 720 de 1978, que establece el régimen salarial especial de los servidores de la Contraloría General de República, fija los factores salariales que perciben los empleados de la entidad, incluyendo además de la asignación básica y el trabajo suplementario realizado en días de descanso, “todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios”. En este sentido, la norma determina que constituyen factor salarial los siguientes:

a) Los gastos de representación.

b) La bonificación por servicios prestados.

c) La prima técnica.

d) La prima de servicio anual.

e) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio.

Como la norma sólo cita algunos factores salariales, es del caso remitirse a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, aplicable a los empleados de la Contraloría General de la República, porque el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, expresamente dispone que en cuanto no se opongan al texto y finalidad de ese estatuto deben aplicarse a los empleados de esa entidad, el Decreto 3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan.

El artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, enlista los factores que deben ser incluidos para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación, de manera general y no como una relación taxativa(6). La norma establece lo siguiente:

“De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.

Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;

m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del art. 38 del Decreto 3130 de 1968”.

Aplicando la normatividad en cita, desde la Resolución 49902 de 1º de octubre de 2008 la entidad demandada debió incluir en la liquidación pensional todos los factores devengados por el demandante durante el último semestre de servicios comprendido entre el 1º de diciembre de 2007 al 1º de junio de 2008, como son, el sueldo, la prima técnica, la bonificación por servicios, la bonificación especial o quinquenio, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima de navidad. (fls. 59 del cdno. p.pal).

No debió aplicarse a éste caso, como en un principio lo hizo la entidad demandada, el Decreto 1158 de 1994, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación pues la pensión del demandante debió reconocerse aplicando el régimen especial de los empleados de la Contraloría General de la República que permite la inclusión de “todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios(7)“ devengadas en el último semestre de servicio, atendiendo como principio general, los factores salariales dispuestos en el Decreto 1045 de 1978.

Precisa la Sala que de conformidad con el principio de “inescindibilidad de la Ley” tal apreciación resulta equívoca, pues dentro de una sana hermenéutica no es viable desmembrar las normas legales, de manera que a quien resulta beneficiario de un régimen de transición, debe aplicársele en integridad el régimen que lo cobija y no parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento como lo pretendió la Caja Nacional de Previsión Social. No se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente acción que el porcentaje es el del régimen especial del Decreto 929 de 1976 y la base reguladora es la señalada en la Ley 100 de 1993.

Es así en tanto, el ingreso base de liquidación (ILB) fijado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo tiene aplicación específicamente para lo allí indicado y en el evento de que en el régimen especial se hubiere omitido el señalamiento de la base reguladora.

Por ello cuando se reúnen los requisitos para gozar del régimen especial éste debe aplicarse en su integridad, que para el caso es el artículo 7º del Decreto 929 de 1976, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Hacer lo contrario, como considera el apelante es afectar el principio de la inescindibilidad de la norma jurídica, en virtud del cual no es jurídicamente viable conceder beneficios de uno y otro régimen para obtener de cada uno lo que más conviene. Además, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 y además es éste mismo Decreto en su artículo 17 que expresamente dispone que en cuanto no se opongan al texto y finalidad de ese estatuto deben aplicarse a los empleados de la Contraloría General de la República, el Decreto 3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan, razones éstas de más para dar por rebatido éste argumento de apelación.

Ahora bien, en la providencia apelada el a quo, luego de señalar que en efecto el régimen aplicable al actor es en su integridad el contenido en el Decreto 929 de 1976, concretó la orden de restablecimiento en la inclusión de la liquidación pensional de la asignación básica, la bonificación por servicios, la bonificación especial, y las primas técnica, de vacaciones, de servicios y de navidad, sumas que dijo deberían liquidarse conforme a lo señalado por ésta Corporación en Sentencia de Sala Plena, de 14 de septiembre de 2011, con ponencia del Consejero Dr. Victor Hernando Alvarado Ardila y subrayó para ello los siguientes apartes:

“En otras palabras, independientemente de que el “quinquenio” se haya adquirido como una contraprestación por haber cumplido 5 años de servicio, y éste a su vez haya servido como factor a tener en cuenta al momento de ajustar la pensión, no hay norma que indique que aquello que se recibió de manera integral, no pueda ser fraccionado para efectos de liquidar la pensión, más aun si se tiene en cuenta, que al ser un factor salarial, tal y como fue considerado por esta Corporación anteriormente(8), es susceptible de ser dividido conforme lo estableció el artículo 7º ibídem.

 

En conclusión, la bonificación especial será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado, dividirlo por 6, para que de esta manera, arroje el resultado de uno de los factores a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión.” Resaltado original.

Como se aprecia, los apartes destacados por el Colegiado, se refieren a lo que ésta Corporación quiso expresar frente a la liquidación del quinquenio o bonificación especial. No obstante guardó silencio frente a la forma de liquidación de los demás factores, que como ya se dijo deben ser incluidos en la liquidación pensional.

Por ello, el apoderado del actor elevó solicitud de adición o aclaración en tal sentido (fl. 217 y ss. cdno. 1), razón por la cual mediante proveído de 27 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, dispuso negar la petición elevada y corregir la sentencia únicamente en cuanto al número de identificación del demandante, pues consideró que los términos de la condena impuesta eran suficientemente claros para efectuar la liquidación referida por la entidad.

Lo dicho hasta ahora, sugiere entonces la revisión de los términos de reconocimiento del derecho pensional, concretamente frente a la liquidación de los factores que deben incluirse en la base pensional de la actora, empero, debe decirse que dicho análisis no resulta gravoso para el apelante único Caja Nacional de Previsión Social, en tanto ya el a quo condenó a la entidad a la liquidación pensional “equivalente al 75% del promedio de salarios devengados durante el último semestre de servicios, esto es, del 3 de diciembre de 2007 al 2 de junio de 2008, incluyendo como factores salariales; asignación básica, prima técnica, bonificación por servicios, bonificación especial, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad”, en consecuencia, únicamente la Sala precisará los términos de la condena sin que se desconozca el límite establecido al juzgador de segunda instancia.

Ahora bien, los factores salariales debidamente certificados por la entidad en el último semestre laborado son los siguientes:

FactoresMonto Certificado por la Contraloría General de la República(9) Como Devengado por el Actor Desde el 1º de Diciembre de 2007 a 2 de Junio de 2008 por los Siguientes Conceptos:
Sueldo, Sumado por todo el Periodo Indicado:$14.657.013
Prima Técnica, Sumado por Todo El Periodo Indicado:$7.328.508
Bonificación por Servicios$1.311.714
Bonificación Especial o Quinquenio$16.436.768
Prima de Vacaciones. $3.517.198.
Prima de Servicios$3.920.096
Prima De Navidad, Sumado por Todo el Periodo Indicado, Se le Hicieron Dos Pagos, en Diciembre de 2007 y en Junio de 2008 :$5.617.567
Indemnización por Vacaciones. $4.627.892 Se refiere a compensación de vacaciones en dinero.

Como se aprecia, el actor tiene derecho a que se le reliquide su pensión de jubilación en cuantía del 75%, teniendo en cuenta los factores devengados durante los últimos 6 meses de servicio, esto es, entre 1º de diciembre de 2007 al 1º de junio de 2008 (a partir de esa fecha surtió efectos la aceptación de la renuncia como se lee en la Resolución 00409 de 8 de mayo de 2008 obrante a fl. 30 cdno.1), incluyendo el sueldo, la prima técnica, la bonificación por servicios, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima de navidad y la bonificación especial o quinquenio, efectivamente devengados conforme se demuestra en la certificación señalada.

Deben sí pagarse estos rubros en forma proporcional, pues dado que su pago está previsto por anualidades causadas, para determinar la mesada pensional se calculan las doceavas partes de todos aquellos factores devengados y se adicionan a la asignación; luego, si para el caso de la Contraloría se liquida por el promedio de lo devengado en los 6 últimos meses, quiere decir que ya no puede hablarse de doceavas, sino de sextas partes, que corresponden a montos superiores, pues se trata de un régimen más favorable que el general.

Para el caso de la bonificación especial será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado, dividirlo por 6, para que de esta manera, arroje el resultado de uno de los factores a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión.

Es preciso indicar, como lo señaló el Tribunal acogiendo la jurisprudencia de esta Corporación, que no es posible incluir la indemnización de vacaciones, toda vez que estas no son salario ni prestación, sino que corresponden a un descanso remunerado para el trabajador, por lo cual, no es posible computarlas para fines pensionales. En efecto, se ha precisado que la compensación monetaria, que se otorga al trabajador cuando no disfruta de sus vacaciones, no puede servir de base salarial para liquidar la pensión de jubilación.

2. Descuentos para aportes de seguridad social en pensiones, sobre los factores que se ordena incluir en el cálculo pensional.

Ahora bien, uno de los argumentos de la apelación se refirió a que no podían incluirse en la liquidación de la pensión factores salariales sobre los que no se habían realizado los aportes. (fl. 225 cdno.1).

En el caso bajo estudio, el a quo consideró que al actor le asiste el derecho a la reliquidación pensional, pero ordenando descontar los correspondientes aportes al sistema de seguridad pensional, si no se hubiera hecho, en lo que corresponda al demandante.

No discute la Sala que la doctrina de esta Corporación, señala que “procede el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal(10). Lo anterior, en tanto la omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de los mencionados conceptos para efectos pensionales, pues aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional(11).

No obstante, es necesario precisar que en casos como el sub examine, los aportes sobre la totalidad de los factores que legalmente constituyen factor salarial para efectos pensionales, no se realizaron durante la vida laboral del actor desde el momento de su causación, por lo que para esta Sala resulta necesario que los valores a retener y/ o deducir, de aquellos sobre los que no se cotizó y que se tendrán en cuenta para reliquidar la pensión de la accionante, sean actualizados a valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador y al actor (pudiendo repetir contra el primero para obtener su pago y determinando el valor a descontar de la pensión del segundo), de lo contrario se trataría de sumas depreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondarían la problemática.

Ahora bien, en lo que concierne a la deuda a cargo de la parte actora, la entidad demandada procederá a realizar los descuentos sobre el valor del retroactivo producto del reconocimiento del mayor valor derivado de la reliquidación pensional con la inclusión de los nuevos factores; y si con ello no se satisficiera la totalidad de la deuda que al demandante le corresponde, se efectuarán una serie de descuentos mensuales, iguales, hasta completar el capital adeudado.

Los mencionados descuentos deberán ser acordes con las circunstancias y condiciones económicas del actor, dada la cuantía de su pensión; esto a efectos de no causar traumatismo a su ingreso y en consecuencia, a su manutención y la de quienes de él dependan económicamente.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, en cuanto declaró la nulidad del acto acusado, y ordenó a la entidad demandada liquidar la pensión de jubilación del actor. Empero, se precisará la orden de reliquidación pensional en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último semestre de servicio (dic. 1º/2007 a jun. 1º/2008) con la inclusión del sueldo, la prima técnica, la bonificación por servicios, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima de navidad y la bonificación especial o quinquenio, liquidados en forma proporcional, por el promedio de lo devengado en los 6 últimos meses, quiere decir que ya no puede hablarse de doceavas, sino de sextas partes.

La adicionará en el sentido de precisar la orden de reliquidación proferida por el a quo, que estará condicionada a la elaboración, por parte de la entidad demandada, de un cálculo actuarial cuya proyección permita la efectividad del derecho reclamado por el demandante en términos razonables, de conformidad con las pautas establecidas en párrafos anteriores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

1. CONFÍRMASE PARCIALMENTE la Sentencia de doce (12) de julio de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D”, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso adelantado por Jorge Elías Muñoz Acosta contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P., de conformidad con la razones expuestas en la parte motiva, salvo el numeral tercero, corregido mediante providencia de 27 de septiembre de 2012, que quedará así:

“3. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P., a reliquidar la pensión de jubilación al señor Jorge Elías Muñoz Acosta, identificado con la C.C. 19.131.658 de Bogotá, en los términos del Decreto 929 de 1976, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último semestre de servicio (dic.1º/2007 al jun.1º/2008) con inclusión del sueldo, la prima técnica, la bonificación por servicios, la bonificación especial o quinquenio y las primas de vacaciones, de servicios y navidad, liquidados en forma proporcional, por el promedio de lo devengado en los 6 últimos meses, es decir, por sextas partes, aplicando los reajustes legales, conforme a lo señalado en la parte motiva”

2. ADICIÓNESE la sentencia indicada, en el sentido de señalar que la orden de reliquidación proferida por el a quo, estará condicionada a la elaboración, por parte de la entidad demandada, de una fórmula actuarial cuya proyección permita la efectividad del derecho reclamado por el demandante en términos razonables, de conformidad con las pautas expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

3. RECONÓCESE a la Abogada Ana Carolina Guevara Martínez, para actuar en el presente proceso como apoderada judicial sustituta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en los términos y para los fines indicados en el poder de sustitución obrante a folio 303 del expediente.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

2. De acuerdo a certificación laboral suscrita por el Director de Gestión de Talento Humano de la Contraloría General de la República, obrante a folios 68 y 69 y además a la misma Resolución 00409 de 8 de mayo de 2008 que obra a folios 29 y ss. del expediente.

3. Aportada a folio 28 del segundo cuaderno.

4. Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010.

5. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘B’ de 26 de septiembre de 2002, Exp. 0091-02, C.P. Dr. Jesús María Lemos.

6. Sección Segunda del Consejo de Estado, Sentencia de 21 de mayo de 2009, expediente 0525-2008, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

7. Artículo 40 del Decreto Ley 720 de 1978.

8. Consejo de Estado, Sentencia 24 de agosto de 2011, Radicación 25000-23-25-000-2003-01676-01(4593-05), M.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado.

9. Obrante a folio 59 del cuaderno principal.

10. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11). Actor: Sara Paulina Pretel Mendoza. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal.

11. V. gr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).-Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09).Actor: Luis Mario Velandia Demandado: Caja Nacional de Previsión Social. Autoridades Nacionales.
De otra parte, esta Corporación en Sentencia del veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), radicación número: 25000-23-25-000-2009-00515-01(0305-12) dijo: “Finalmente, en cuanto a los aportes, cabe decir, que en virtud de la estipulación final de,l (sic) artículo 1 de la Ley 62 de 1985, la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Regla general a la que están obligados todos los servidores públicos, aún para los empleados de régimen especial como los de la Contraloría General de la República, en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior significa, que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes11.Tal ha sido la filosofía del Legislador, que actualmente se ha elevado a rango constitucional a través del Acto Legislativo 1 de 200512, en el sentido de establecer que para efectos de la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Máxima que implica a partir del año de 2005 que sobre todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deban realizarse los respectivos aportes, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.” (Resaltado fuera de texto.)