Sentencia 2011-01049 de septiembre 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 6800-12331000-2011-01049-01

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: María Esperanza González Ariza

Demandado: Camilo Andrés Arenas Valdivieso - Diputado departamento de Santander

Asunto: Fallo electoral de segunda instancia

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer y decidir en segunda instancia el proceso de la referencia, por así disponerlo el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 37, y el Acuerdo 55 del 5 de Agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico.

Consideración previa

La Sala advierte que en el escrito de demanda se presenta como primera pretensión la nulidad del acto de elección del señor Camilo Andrés Arenas Valdivieso fundada en la supuesta ilegalidad de lo que denominó “acto de revocatoria de la inscripción como candidato” por la coalición del partido liberal y el movimiento MIO. Sin embargo, al enunciar en el libelo los actos acusados, se incluye antitécnicamente como pretensión(4) la nulidad del llamado “acto de revocatoria de la inscripción”, para concluir que el acto existente y válido es el de la inscripción por la coalición y no por el movimiento MIO y de esa apreciación derivar la incursión del demandado en la inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del año 2000.

De acuerdo con el texto de las pretensiones, el acto administrativo demandado es el formulario E-26 AS que declaró la elección del señor Camilo Andrés Arenas Valdivieso como Diputado del departamento de Santander para el periodo 2012-2015, por ser el acto definitivo que resolvió la actuación administrativa electoral. El denominado “acto de revocatoria de la inscripción” como candidato por la coalición entre el Partido Liberal Colombiano y el movimiento MIO corresponde a una actuación preparatoria o de trámite que no tuvo la virtualidad de impedir el certamen electoral(5).

Sin embargo, la Sala ha sostenido mayoritariamente(6) que, los vicios que se aleguen en el trámite del procedimiento electoral como fundamento del acto demandado y hayan sido expuestos como cargo en la demanda o como soporte del concepto de violación, podrán ser revisados por el juez electoral, circunstancia que acontece en el caso sub examine, por cuanto los cuestionamientos de la demandante se apoyan en la supuesta ilegalidad de lo que denomina “acto de revocatoria de la inscripción” de la candidatura del señor Luis José Arenas Prada a la Alcaldía de San Vicente de Chucuri y de allí configurar la inhabilidad en la que supuestamente está incurso el demandado Camilo Andrés Arenas Valdivieso.

Caso concreto

En este punto corresponde a la Sala determinar si lo que la demandante denomina “acto de revocatoria de la inscripción” de la candidatura del señor Arenas Prada posee vicio alguno que pueda significar su nulidad o inexistencia y acarree como consecuencia la incolumidad de la inscripción inicial por la coalición entre el Partido Liberal y el movimiento MIO con fundamento en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y el 190 de la Constitución Política y así configurar el elemento de inscripción “por el mismo partido o movimiento político” de la causal de inhabilidad establecida en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del año 2000 predicada del señor Arenas Valdivieso.

Al respecto la Sala debe advertir que, el cuestionamiento de la demandante sobre la inobservancia de Ley 1475 de 2011 por parte del “acto de revocatoria de la inscripción” como candidato a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí, resulta equivocado, por cuanto la norma mencionada no era aplicable a las situaciones electorales iniciadas antes de su entrada en vigencia (jul. 14/2011), como eran las inscripciones de las candidaturas de los señores Arenas Valdivieso y Arenas Prada.

Sobre la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011 la corporación concluyó que(7):

“La inscripción de candidatos es una actuación administrativa, entendida como la sucesión ordenada de actos jurídicos a través de los cuales las organizaciones que tienen derecho a postular candidatos acuden ante las autoridades electorales a inscribirlos, los candidatos aceptan su postulación y a su turno, las autoridades elaboran el correspondiente registro. La inscripción garantiza el derecho a ser elegido, cuyo titular es el candidato postulado, y a elegir, cuyo titular es el ciudadano en ejercicio; derechos que se deben ejercer en condiciones de igualdad, entre todos los postulantes, entre todos los candidatos y entre todos los votantes.

(...).

El Registrador Nacional del Estado Civil señaló en el calendario electoral, para las elecciones locales del 30 de octubre de 2011, que la fecha en la cual se vence el plazo máximo para la inscripción de candidatos es el miércoles 10 de agosto de 2011 aplicando el artículo 2º que acaba de transcribirse (L. 163/94)(8).

De lo expuesto se desprende claramente que el plazo en el cual se lleva a cabo la actuación administrativa de inscripción de candidaturas había comenzado antes del 14 de julio de 2011, fecha en la que entró a regir la ley 1475, pues al no existir término de inicio debe tenerse por tal al menos el de la resolución del registrador que definió el calendario electoral para los comicios del 30 de octubre de 2011. Es incluso probable que antes de la vigencia de la ley estatutaria hubiera candidatos inscritos a alguno de los cargos que se elegirán próximamente.

Entonces, según lo expuesto en el acápite anterior, habría que aplicar el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en cuanto ordena que en materia procesal “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, por lo cual todo lo que tuviera que ver con el procedimiento o actuación administrativa de inscripción de candidaturas, se debería regir por la ley anterior” (subrayas y resaltados fuera de texto)

De igual manera esta Sección determinó en relación con la aplicación de la Ley 1475 de 2011, que no pueden aplicarse reglas posteriores al momento en que haya comenzado a surtirse la actuación administrativa de inscripción al afirmar(9):

“Bajo este entendido, no es posible aplicar a la actuación administrativa de inscripción, y por tanto tampoco a su revocatoria, reglas posteriores a aquellas que regían al momento de iniciarse, máxime cuando la inscripción del demandado se efectuó el 20 de junio de 2011, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011. El anterior presupuesto, más que obedecer a criterios de aplicación de la ley en el tiempo, materializa el principio y derecho fundamental del debido proceso administrativo”.

La presunta “revocatoria” irregular de la inscripción del candidato a la Alcaldía del municipio de San Vicente de Chucurí por la coalición entre el Partido Liberal Colombiano y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, se predica de la situación individual del señor Luis José Arenas Prada quien no fue demandado y no tiene relación con las pretensiones de anulación de la elección como Diputado del departamento de Santander del señor Camilo Andrés Arenas Valdivieso, razón por la cual el estudio de esta situación resulta inocuo respecto a la pretensión incoada por la demandante.

Inscripción de candidaturas

Sobre la inscripción de candidaturas, el Código Electoral-Decreto 2241 de 1986 modificado por la Ley 62 de 1988, dispone que se deberán realizar dentro de unos términos precisos (art. 88), que podrán hacerse modificaciones a las listas de inscritos (arts. 89 y 94) y que deberán comunicarse las listas definitivas de candidatos una vez venzan los términos para su modificación (art. 98). Es por ello que, la organización electoral ha diseñado(10) los formularios E-6, E-7 y E-8 donde se materializa lo dispuesto en el Código Electoral de realizar las inscripciones (formulario E-6), la posibilidad de modificarlas (formulario E-7) y finalmente la determinación definitiva de quien será el candidato (formulario E-8).

Así las cosas, en el caso que se estudia, determinado el calendario electoral por el Registrador Nacional del Estado Civil para los comicios electorales a realizar el 30 de octubre de 2011, el candidato demandado se inscribió en tiempo(11) por el Partido Liberal Colombiano el día 1º de agosto de 2011 como candidato a la Asamblea departamental de Santander conforme aparecen visibles en el expediente a folios 142 y 143 los formularios E-6 AS y E-8-AS; el candidato Luis José Arenas Prada, se inscribió el día 10 de agosto de 2011 como candidato a la Alcaldía del municipio de San Vicente de Chucuri por la coalición Partido Liberal - Movimiento de Inclusión y Oportunidades “MIO” (formulario E-6 AL) prueba obrante a folios 49 y 50, y finalmente, dentro de los términos legales para la modificación de inscripciones(12) (formulario E-7 AL), el 18 de agosto de 2011 el candidato Arenas Prada quedó definitivamente inscrito por el movimiento MIO (formulario E-8), como se demuestra en los documentos públicos visibles a folios 161 y 162.

De igual manera se encuentra en el expediente copia auténtica del formulario de resultados del escrutinio E-26 AS para la elección a la Asamblea Departamental de Santander (fls. 145 a 157) y del Acuerdo 9 de diciembre 5 de 2011 del Consejo Nacional Electoral mediante el cual se resolvió los recursos de apelación interpuestos frente al escrutinio, en el cual se verifica la elección del ciudadano Camilo Andrés Arenas Valdivieso como Diputado a la Asamblea Departamental de Santander para el periodo 2012-2015 (fls. 74 a 90).

Adicionalmente, a folios 111 y 112 del expediente obran original y copia auténtica de sendas certificaciones expedidas por la delegada departamental del Registrador Nacional en Santander y el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde consta la inscripción definitiva del señor Luis José Arenas Prada como candidato a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, para las elecciones del 30 de octubre de 2011, situación que finalmente se vio reflejada en la impresión de los tarjetones utilizados por los electores para la escogencia del Alcalde de San Vicente de Chucuri.

Como se dijo anteriormente, al resultar equivocada la aplicación de la Ley 1475 de 2011 debe recurrirse a las disposiciones vigentes al momento de los hechos, como eran los artículos 108 y 265 numeral 12 de la Constitución Política. En efecto, la primera disposición determina que “toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso”. La otra norma citada le atribuyó al Consejo Nacional Electoral la decisión sobre la “revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley”.

Así las cosas, la única posibilidad de revocar el acto de inscripción definitiva de una candidatura, corresponde al Consejo Nacional Electoral con fundamento en alguna inhabilidad plenamente comprobada, situación que no fue objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad, por cuanto la solicitud de revocatoria fue rechazada “in limine” por extemporánea como lo manifestó en la Resolución 2232 de 2011.

Respecto del aval como requisito legal y constitucional sin el cual no se puede realizar la inscripción de candidatos debe observarse que, en el caso concreto, el candidato Luis José Arenas Prada fue inscrito inicialmente por la coalición entre el Partido Liberal Colombiano y el movimiento MIO, lo que significaba el apoyo de ambas agrupaciones políticas; sin embargo, dentro de los términos para modificar las inscripciones de candidaturas dados por el Código Electoral y utilizando los formularios legalmente autorizados para ello, la inscripción se modificó retirándose de la coalición el Partido Liberal Colombiano y quedando definitivamente inscrito en el formulario E-8 por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO. Por lo que no se afectó el derecho fundamental del candidato a ser elegido ni se desconoció la confianza legítima(13) por cuanto el candidato siguió en la contienda electoral representando únicamente al movimiento MIO antiguo integrante de la coalición.

Corresponde ahora a la Sala establecer si, como afirmó la accionante, el acto de elección de Camilo Andrés Arenas Valdivieso como Diputado a la Asamblea del departamento de Santander para el periodo constitucional 2012-2015, está viciado de nulidad, por estar incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, en atención a que su tío el señor Luis José Arenas Prada se inscribió como candidato por el mismo partido para la Alcaldía del municipio de San Vicente de Chucurí en el mismo periodo constitucional.

La norma invocada dispone:

“De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...).

5. (...) Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha” (resaltados fuera de texto).

Como se observa, la causa impeditiva que endilga la demandante se contrae a la inscripción para cargos de elección popular dentro del mismo departamento, para el mismo periodo constitucional y por el mismo partido político de los señores Camilo Andrés Arenas Valdivieso y Luis José Arenas Prada sobrino y tío respectivamente.

El parentesco

Debe la Sala precisar, sobre el tema de la acreditación de las relaciones parentales o familiares, que conforme con el Decreto 1260 de 1970, todo lo relacionado con el estado civil de las personas desde la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1933 se probara con la copia de la partida o folio o con certificados expedidos con base en los mismos y cuando falten estas, con instrumentos públicos o copias de partidas de origen religioso, o con decisión judicial basada, ya sea en declaraciones de testigos presenciales de los hechos o actos constitutivos de estado civil de que se trate, o ya sea en la notoria posesión de ese estado civil.

Así, en el expediente aparecen los registros civiles de nacimiento donde consta que el señor José Antonio Arenas es padre de Miguel Jesús Arenas Prada y Luis José Arenas Prada (fls. 38 y 39) y que en el registro de nacimiento del señor Camilo Andrés Arenas Valdivieso se inscribió como padre el señor Miguel Jesús Arenas Prada hermano de Luis José (fl. 37), lo que demuestra la relación entre Camilo Andrés y Luis José como sobrino y tío, es decir en tercer grado de consanguinidad. La Sala observa que los documentos aportados habrán de tener pleno valor probatorio conforme con los artículos 255 y 289 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, se echa de menos dentro del plenario el desconocimiento (CPC, art. 275) o la tacha de falsedad (CPC, arts. 289 a 292) que haya realizado el demandado para controvertir el contenido de las reproducciones de los registros civiles que dan cuenta de su parentesco.

El momento de las inscripciones

En gracia de discusión, aceptando que el diputado demandado y su tío se hubieren inscrito por el mismo partido político, debe considerarse al hilo de la posición mayoritaria reciente de la Sala(14) que, al involucrar la causal de inhabilidad invocada a dos candidatos, se entiende que nunca el primero en inscribirse se encontraría inhabilitado en atención a que cuando este efectúa su inscripción, no se materializan los elementos de la causal, pues ningún familiar suyo está inscrito aún.

Lo anterior, porque lo contrario desconocería el “hecho de que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas; porque dentro de nuestro sistema jurídico la interpretación que se propone es la que menos restringe el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político; porque es la que en mayor grado satisface el principio “pro homine”; porque materializa la “eficacia del voto” como mandato de optimización; porque de la misma literalidad de la causal de inhabilidad de coexistencia de inscripciones se desprende que para su configuración se requiere de una inscripción previa y, finalmente porque, en un ejercicio de ponderación, la finalidad perseguida por la causal de inhabilidad, esto es, la de impedir que el poder político se concentre en manos de pocas familias, se satisface sin necesidad de comprometer el derecho fundamental consagrado en el artículo 40-1 de la Constitución Política”(15), conclusión a la que se llega después de haber realizado el correspondiente juicio de ponderación.

Del material probatorio se extrae que, la inscripción del señor Camilo Andrés Arenas Valdivieso como candidato por el partido Liberal Colombiano se realizó el 1º de agosto de 2011 (fls. 143 y 144) y la de su tío Luis José Arenas Prada se realizó definitivamente el 18 de agosto del mismo año (fls. 161 y 162), por lo que, conforme con el argumento expuesto, no puede predicarse inhabilidad respecto del demandado Arenas Valdivieso.

En conclusión, en el expediente aparece demostrado que el señor Luis José Arenas Prada se inscribió válidamente como candidato a la Alcaldía del municipio de San Vicente de Chucurí por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, para las elecciones celebradas el 30 de octubre de 2011, mientras que su sobrino Camilo Andrés Arenas Valdivieso lo hizo para la Asamblea Departamental de Santander pero por el Partido Liberal Colombiano, por lo que no se dan los presupuestos confluyentes establecidos en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 para configurar la causal de inhabilidad invocada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) “De igual forma, se demanda conjuntamente con el acto final de la revocatoria de la elección del señor Arenas Valdivieso, la juridicidad de la revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor Luis José Arenas Prada como candidato a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí por la coalición entre el Partido Liberal colombiano y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades “MIO” (...)”.

(5) Consejo de Estado, Sección Quinta, Providencia de octubre 7 de 2010, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(6) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de abril 24 de 2013, M.P. Alberto Yepes Barreiro (2011-0207).

(7) Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil de julio 27 de 2011, Rad. 2064, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(8) El calendario electoral para las elecciones del 30 de octubre de 2011 fue fijado por el Registrador Nacional del Estado Civil mediante Resolución 871 de febrero 8 de 2011.

(9) Sentencia de abril 24 de 2013, Rad. 2011-0207 Acum., M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(10) El artículo 97 del Código Electoral establecía: “Para las inscripciones y modificaciones de las listas de candidatos a corporaciones públicas, la Registraduría Nacional del Estado Civil elaborará modelos de formularios para las diligencias, cuya utilización no es indispensable para la validez de la respectiva inscripción”.

(11) Hasta el 10 de agosto de 2011.

(12) Hasta el 18 de agosto de 2011.

(13) Esto fue anotado por la Sala en sentencia de 24 de abril de 2013, M.P. Alberto Yepes. Rad. 2011-0207.

(14) Sentencia de mayo 6 de 2013, Rad. 2011-01057, M.P. Alberto Yepes Barreiro, demandado Diputado de la Asamblea del Valle del Cauca.

(15) Íbidem.