Sentencia 2011-01050 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2011-01050 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad. 250002325000201101050 01 (0529-2012)

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: María Isabel Urrutia Ocoro

Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Empresas Municipales de Cali, Emcali, EICE ESP

Apelación auto interlocutorio

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 24 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “C”, mediante el cual ordenó remitir el expediente al Juez Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., de conformidad con el artículo 45 de la Ley 446 de 1998.

La demanda

María Isabel Urrutia Ocoro, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de las resoluciones 1614 de 17 de noviembre de 2010 y 77 de 28 de enero de 2011, expedidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, mediante las cuales “se niega la reliquidación, reajuste y pago efectivo de una pensión”; y de los actos administrativos 20104000099751 de 20 de septiembre de 2010, 832-DGL-006308 de 12 de noviembre de 2010 y 831.1-DPH-3137 de 27 de diciembre de 2010, proferidos por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, “(...) mediante los cuales se niega la reliquidación, reajuste y pago efectivo de la pensión (...) por reincorporación al servicio”.

A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la entidad demandada a: i) Revisar, reliquidar y pagar la pensión de la accionante, teniendo en cuenta el nivel de ingresos que ostente un representante a la cámara, para la fecha en que se realice la liquidación; ii) Pagar la reliquidación pensional por reincorporación al servicio a partir agosto de 2010, sin que la misma esté sujeta a tope alguno; iii) Pagar las diferencias resultantes en la mesada pensional, desde el 20 de julio de 2010, tomando el monto al que tiene derecho una vez efectuada la reliquidación, al que se restará la pensión que actualmente le paga Emcali, junto con los respectivos intereses moratorios; iv) Indexar el retroactivo de la mesada pensional, incluidas las primas adicionales de junio a diciembre; v) Pagar el interés moratorio, en los términos que se establecen en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; vi) Que la condena se actualice de conformidad con lo previsto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, y se reconozcan los intereses legales desde la ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cumplimiento a la sentencia.

Auto apelado

Mediante auto de 24 de noviembre de 2011 el a quo ordenó remitir el expediente al Juez Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., argumentando lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 860 de 2003, después de la declaratoria de inexequibilidad, el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Carta Magna, “la reliquidación de la pensión de la demandante, no hace parte del régimen pensional anterior y el régimen de transición, solo previó la pensión de vejez o jubilación ordinaria cuando se cumplen todos los requisitos de edad y tiempo de servicio determinados en las normas anteriores como indica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, para la Sala es claro que la controversia puesta en consideración en este caso no se regula por norma anterior”.

Es de señalar que la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer únicamente de pensiones ordinarias que están dentro del régimen de transición y de los regímenes excepcionales a los que se refiere el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

Concluye que las pretensiones se encaminan a que se dé aplicación de una disposición de la Ley 100 de 1993 que entró a regir a partir del 1º de abril de 1994 y determinó el sistema de seguridad social integral que excepciona a aquellos que tuvieran derechos pensionales adquiridos al entrar en vigor dicha ley.

Por lo anterior, afirma que ese tribunal carece de jurisdicción para conocer, tramitar y decidir la presente acción, determinando que es un asunto que por señalamiento expreso de la ley le corresponde a la jurisdicción ordinaria.

El recurso

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la providencia anterior, en los siguientes términos:

En el sub lite, la conclusión a que llega el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, es equivocada, ya que en los contenidos de la demanda no se solicita la aplicación de la Ley 100 de 1993, sino una reliquidación pensional regida por las normas especiales allí señaladas, que ni siquiera fueron consideradas por el a quo.

La actora es titular de un régimen especial respaldado constitucionalmente, sin mencionar los principios de favorabilidad y el indubio pro operario.

De acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo la jurisdicción contenciosa administrativa está instituida para juzgar las controversias generadas en la actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta.

En este caso, el debate se originó por la expedición de los actos acusados, que “solo son controlables ante la jurisdicción contenciosa administrativa, precisamente porque con la acción incoada se solicita su nulidad y consecuentemente el restablecimiento del derecho, labor que en modo alguno puede realizar la jurisdicción laboral ordinaria”.

Finalmente aduce que el asunto compromete a dos entidades de carácter público, que con la expedición de los actos demandados violan normas constitucionales y legales.

Para resolver se, considera

El problema jurídico a resolver, se contrae a precisar si la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la accionante es de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa o si corresponde a la justicia ordinaria.

La jurisdicción(1), entendida como la potestad de decidir el derecho, se concreta en la función pública de administrar justicia (C.P., arts. 116 y 228) la cual, a pesar de no ser fraccionable como facultad estatal, se encuentra especializada por asuntos con el ánimo de imprimirle mayor dinamismo y racionalizar su prestación.

Dicha asignación, específicamente para el caso de la jurisdicción contencioso administrativa se estableció en los siguientes términos:

Artículo 82 del Código Contencioso Administrativo: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley. (...)”.

Esta norma, así como todas aquellas que delimitan el campo de acción de las diferentes “jurisdicciones”(2), obedecen a la garantía de los derechos a la administración de justicia y al debido proceso, en cuanto garantizan que el juez natural, idóneo para determinado asunto, resuelva el litigio planteado bajo las formas propias de cada juicio.

De otra parte, con la expedición de la Ley 1107 de 27 de diciembre de 2006, se introdujo una modificación al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, con la cual se surtió un cambio radical al ampliar la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para dirimir las controversias originadas, de manera general, en la actividad adelantada por las entidades públicas.

Como se observa, la normativa transcrita consagra que las decisiones expedidas mediante actos administrativos que impliquen discusión respecto del contenido mismo del derecho reclamado, han de someterse al conocimiento del juez contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, la accionante acusa actos expedidos por entidades de derecho público, puesto que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República es un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, por otro lado, las empresas municipales de Cali, Emcali EICE ESP, son una empresa industrial y comercial del Estado(3) de carácter municipal, que si bien en principio se rige por el derecho privado, sus actos referentes a derecho pensional surten efectos en el derecho público, comoquiera que en el presente asunto se discute el reajuste de la pensión reconocida por dicha entidad, por lo tanto las decisiones acusadas constituyen actos administrativos de contenido particular y concreto, que son considerados por la actora, violatorios de un derecho legítimo, procurando con la acción incoada la reliquidación e indexación de su pensión de jubilación.

En este orden, se puede concluir que para los efectos de las pretensiones de la demanda y de acuerdo con la normatividad vigente, la competencia de este asunto ha de someterse al conocimiento del juez contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento.

De acuerdo con lo anterior, la Sala revocará la providencia de 24 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “C”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 24 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “C”, por medio del cual ordenó remitir el expediente al Juez Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Víctor Hernando Alvarado ArdilaGerardo Arenas MonsalveBertha Lucía Ramírez de Páez—.

(1) El profesor Hernando Devis Echandía, en su tratado “Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, tomo I”, duodécima edición, Biblioteca Jurídica Diké, 1987, sostuvo: Desde el punto de vista funcional y general, pero en sentido estricto, podemos definir la jurisdicción como la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad y de la dignidad humanas, y secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar y sancionar los delitos e ilícitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y mediante decisiones obligatorias (...).

(2) Aun cuando, se reitera, la jurisdicción como función estatal es solo una, normativamente se le ha dado a cada una de las especialidades a las que se le ha asignado la administración de justicia el nombre de jurisdicción. Al respecto, en sentencia de esta corporación, Sección Tercera, de 3 de agosto de 2006, Radicado interno 32499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se sostuvo: “En esa perspectiva, el legislador por razones metodológicas y de especialidad jurídica asigna la función de administración de justicia en diferentes jurisdicciones, correspondiendo esta repartición, técnicamente, a una distribución de competencias entre los diversos campos del conocimiento jurídico”.

(3) En la Sentencia C-992 de 2006, la Corte Constitucional, expresó lo siguiente respecto a las empresas industriales y comerciales del Estado:

“Recuérdese que las empresas industriales y comerciales del Estado son un instrumento de intervención previsto expresamente en la Constitución (C.P., arts. 115, 150-7) que permite la acción directa del Estado para la consecución de sus fines (C.P., arts. 2º, 334, 366).

Así mismo que si bien mediante ellas el Estado opta por utilizar los cauces jurídicos de la actuación de los particulares, empero es lo cierto que en esos supuestos el Estado no pierde su condición de tal, ni las empresas industriales y comerciales su calidad de personas jurídicas que gestionan, en último análisis, los intereses del Estado”.