Sentencia 2011-01056 de julio 13 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 250011102000201101056-01 (3360-10)

Aprobado según Acta de Sala Nº 65

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. De la competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer es segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso segundo:

“El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”.

2. Caso concreto.

Como ha quedado dicho en este fallo, el origen de esta solicitud de amparo tiene que ver con la solicitud de la esposa del exmilitar Leonardo Fabio Ramírez Romero, para que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le brinde atención integral a sus dolencias, secuelas de lesiones y afectaciones a su salud mental derivadas de actos del servicio prestado por espacio de más de 14 años que, según lo refiere su historia clínica, pero igualmente se sigue de la junta médica que le fuera practicada, todas sus lesiones y afecciones se reputaron como de naturaleza profesional (fl. 10).

Inveteradamente esta Sala ha sostenido, de consuno con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que los ciudadanos que en virtud del servicio militar obligatorio o voluntariamente han decidido dedicar sus vidas al servicio de la comunidad, mediante la defensa de la soberanía nacional, del mantenimiento de sus instituciones y la convivencia pacífica, deben ser regresados a sus hogares en iguales o mejores condiciones de cómo se hallaban cuando se incorporaron, así en el fallo T-279 de 2009 la Corte Constitucional recaudó sus precedentes sobre el tema señalando:

“Todas las anteriores consideraciones explican y nutren la línea jurisprudencial de esta corporación en relación con estas materias. Por ejemplo, en la ya citada Sentencia T-534 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), sostuvo la Corte:

“Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, los soldados de Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les depare una atención médica oportuna y adecuada, sin eludir responsabilidades mediante consideraciones que ponen en tela de juicio la buena fe del ciudadano que la Constitución presume”.

“Más adelante, en la misma providencia se lee:

“El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la patria títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente cuando su salud se resienta por actos u omisiones del Estado, se le respete su derecho a que el gobierno le suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones científicas que su caso exija”.

“En Sentencia T-107 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), ampliamente citada y reiterada en relación con estos temas, señaló esta corporación:

“… no es justo que el Estado, a través de las Fuerzas Militares, se niegue a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria, ostentaba unas óptimas condiciones de salud y a su desacuartelamiento le persisten unas lesiones ocasionadas por causa y razón de la prestación del servicio militar”.

“Estas reflexiones han llevado también a la Corte a considerar que las normas legales que rigen las prestaciones y servicios a que tienen derecho los miembros de la fuerza pública, a las cuales se hizo referencia en el punto anterior, deben ser interpretadas de manera tal que se acompasen plenamente con los mandatos constitucionales relativos a la especial protección que les es debida. En este sentido ha señalado la corporación:

“… las normas legales y reglamentarias que regulan la asistencia médica que las Fuerzas Militares están obligadas a dispensar a quienes prestan el servicio militar obligatorio, deben ser interpretadas en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales y, en particular, con el derecho a la vida, el principio de igualdad material y la vigencia de un orden social justo”(1).

“En esa línea, expresó también la Corte en misma providencia:

“... de los riesgos físicos y psíquicos que entraña la prestación del servicio militar obligatorio se desprende el derecho de los soldados que resulten lesionados o que adquieran alguna enfermedad a ‘reclamar a los organismos de sanidad de las Fuerzas Militares —quienes tienen atribuidas las funciones de prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su personal— la atención médica, quirúrgica, servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios, al igual que elementos de prótesis cuando sean indispensables, por el tiempo necesario para definir su situación y sin perjuicio del reconocimiento de las prestaciones económicas a que haya lugar...’”.

“En años recientes, la Sentencia T-063 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) realizó esta precisa síntesis sobre los aspectos que se comentan:

“(i) De las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las obligaciones de la Policía y el Ejército Nacional frente a las personas que prestan el servicio militar obligatorio, se derivan, entre otras, aquella relativa a la atención en salud a partir de la incorporación y hasta el desacuartelamiento o licenciamiento.

(ii) No obstante lo anterior, el término de cobertura del servicio de salud por parte de los subsistemas de salud de la Policía y el Ejército Nacional debe ser ampliado en casos en que quien haya prestado el servicio militar padezca quebrantos de salud física o mental, obligación que se ve reforzada cuando estos han sido contraídos durante la prestación del servicio militar y con ocasión de actividades propias del mismo.

(iii) La Corte ha establecido dos reglas de procedencia de la ampliación del término referido, según las cuales cuando se ‘(i) padece una dolencia que pone en riesgo cierto y evidente [el] derecho fundamental a la vida en condiciones dignas; y (ii) esta dolencia encuentra relación de causalidad con la prestación de las labores propias del servicio militar obligatorio(2)’, es imperioso que el Estado, a través de las instituciones de la fuerza pública continúe prestando la atención que el caso demande hasta tanto la salud de quien sufrió una lesión o adquirió una enfermedad, se recupere.

(iv) El derecho fundamental a la salud de las personas que han sufrido una pérdida importante de la capacidad física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria(3) no puede verse afectado, en ningún caso, por las instituciones del Estado sobre las cuales recae la obligación de protegerlo y darle plena vigencia”.

“Recapitulando, la jurisprudencia ha entendido y ahora reitera, que los miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, que durante la prestación del servicio o con ocasión de él hayan sufrido un menoscabo importante en su estado de salud, que dé lugar a su desvinculación definitiva del servicio activo y que se proyecta hacia el futuro limitando sensiblemente o de manera absoluta sus posibilidades de procurarse el propio sustento y de gozar de una adecuada calidad de vida, tienen derecho a que la correspondiente institución continúe suministrándoles, más allá de la fecha de su retiro, los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, terapéuticos y los demás que resulten necesarios para hacer posible su plena recuperación o, según el caso, aliviar el sufrimiento, controlar los síntomas o manifestaciones de la enfermedad y si fuere posible, retardar su avance.

“Como consecuencia de lo anterior, se ha considerado que en las circunstancias antes descritas la inmediata terminación de los servicios de salud a partir de la fecha en que se hace efectivo el retiro, resulta vulneratoria de tal derecho. Por ello, en varios de esos eventos el juez constitucional ha ordenado a las respectivas entidades demandadas reanudar o mantener, según el caso, la prestación de los servicios médicos requeridos para superar las patologías o afecciones que agobiaban a los demandantes(4).

“Debe advertirse también que la Corte ha aplicado estas reglas jurisprudenciales de manera uniforme, tanto a personas que al sufrir el accidente o enfermedad en cuestión se encontraban prestando el servicio militar obligatorio como a quienes, más allá del cumplimiento de este deber ciudadano, hacían parte de la fuerza pública de manera permanente, ya que las consideraciones relacionadas con el altruismo y el servicio a la comunidad que caracteriza esta misión, así como los riesgos que le son inherentes, se encuentran igualmente presentes en ambas circunstancias”(5).

Por ello no resulta admisible que por cuestiones eminentemente formales, como la no pertenencia del ciudadano al subsistema de seguridad social en salud de las Fuerzas Militares, o bajo la aducción de situaciones administrativas consolidadas, deje de brindársele la atención médica integral derivada de lesiones, afecciones y secuelas generadas en actos del servicio, lo cual hasta hoy no se ha puesto en duda en el caso del ciudadano Leonardo Fabio Ramírez Romero.

Y si bien, como se plantea en la impugnación, existió en su momento la posibilidad de pedir la conformación del Tribunal Médico, cuyo dictamen pudo ciertamente ser objeto de control ante el juez contencioso administrativo; es lo cierto que dadas las condiciones particulares del actor, quien de hecho estuvo aquí representado por agente oficioso, no puede recibir el tratamiento que se prodigaría a la generalidad de los ciudadanos sino —con pleno reconocimiento y actualización de los principios de dignidad humana e igualdad material— un tratamiento diferenciado que reclama del Estado de acciones discriminatorias positivas o afirmativas(6), pues su discapacidad laboral mayor al 50% que compromete seriamente su estabilidad mental, reclaman la materialización de aquellos principios al no existir dudas que se trata de una persona en circunstancias de inferioridad.

De suerte que no hay lugar a considerar, como lo hace la accionada, que el camino a seguir por el actor debe ser el ordinario, no solo porque como ya se indicó sus circunstancias son particulares, sino porque la dignidad humana del actor, su vida e integridad, como de quienes lo rodean, se encuentran seriamente amenazadas producto de los desórdenes psíquicos que se generaron en actos del servicio; por todo lo cual la determinación de instancia será confirmada, eso sí adicionándola en el sentido que lo que se tutela no es la acción de tutela misma sino los derechos fundamentales del actor a la dignidad humana, vida y salud en conexidad con la vida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria— administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del 22 de mayo de 2011 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por medio del cual CONCEDIÓ la tutela impetrada por el ciudadano Leonardo Fabio Ramírez Romero contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, adicionándola para significar que los derechos fundamentales amparados son los de dignidad humana, vida y salud en conexidad con la vida, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2. POR SECRETARÍA NOTIFICAR la presente providencia como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992.

3. REMITIR en su oportunidad, la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia T-376 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara), citada y reiterada, entre otras, en las sentencias T-761 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-411 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(2) Tomado de la Sentencia T-810 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(3) Esta es la definición del término discapacidad empleada en la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

(4) Cfr., entre otros, los fallos T-534 de 1992; T-376 de 1997; T-762 de 1998; T-393 de 1999; T-107 y T-1177 de 2000; T-761 de 2001; T-824 de 2002; T-315, T-643 y T-1134 de 2003; T-493, T-581, T-741 y T-810 de 2004; T-124, T-601 y T-1115 de 2005; T-654 y T-841 de 2006; T-063, T-366 y T-438 de 2007.

(5) En esta línea la Corte ha protegido los derechos fundamentales de militares y policías en casos análogos al presente, no relacionados con el servicio militar obligatorio. Cfr., entre otras, las sentencias T-761 de 2001, T-643 de 2003, T-654 y T-841 de 2006, T-438 de 2007 y T-020 de 2008.

(6) C-989 de 2006.