Sentencia 2011-01076/20753 de mayo 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Rad.: 05001-23-31-000-2011-01076 01 (20753)

Actor: clínica de oftalmología San Diego S.A.

Demandado: Municipio de Medellín

Asunto: Impuesto de industria y comercio periodo gravable 2009

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil diecisiete

Extractos: «Consideraciones de la sala

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos mediante los cuales el Municipio de Medellín modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la Clínica Oftalmológica San Diego, por el año gravable 2009.

En los términos de la apelación interpuesta por las partes, la Sala decide si es legal adicionar como ingresos gravados con ICA, los provenientes de los servicios de salud prestados por fuera del POS e imponer sanción por inexactitud. También decide si, en caso de que deba anularse el acto acusado, procede la devolución del saldo a favor solicitado por la demandante.

Debe precisarse que la Sala en la sentencia del 20 de agosto de 2015, Exp. 20717 M.P Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, resolvió un litigio entre las mismas partes, por los mismos hechos, por el año gravable 2008, razón por la cual se reitera el criterio expuesto en esa oportunidad.

Se señaló en la mencionada providencia, que la no sujeción al ICA por los servicios de salud a que se refiere el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, también cobija aquellos servicios complementarios del POS expresamente autorizados por las entidades competentes y que sean prestados por entidades que hagan parte del Sistema de Seguridad Social en Salud.

En dicha decisión se recordó, el fundamento constitucional del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993. Hizo referencia a las disposiciones que regulan la conformación del sistema, los regímenes establecidos, los objetivos del sistema y las entidades encargadas de administrar y prestar los servicios de salud, entre las que se encuentran las Entidades Promotoras de Salud, en calidad de organismos de administración y financiación y las Instituciones Prestadoras de Salud, como prestadoras del servicio público de salud, las cuales pueden ser de naturaleza pública, privada o mixta.

Se indicó en la providencia, que en la prestación del servicio público de salud concurren el Estado y los particulares, lo que tiene como objeto ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio, no solo a través de la prestación de los servicios que integran esa parte esencial que garantiza el Estado (POS), sino que además puedan intervenir con planes adicionales de salud(13). Precisó que, de acuerdo con la normativa(14), las EPS podrían ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud, o Planes Voluntarios de Salud, de diferente tipo, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 806 del 1998, se prestan dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El artículo 155 de la Ley 100 de 1993 dispone que forman parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, entre otras entidades, las Entidades Promotoras de Salud, en calidad de organismos de administración y financiación y las Instituciones Prestadoras de Salud, como prestadoras del servicio público de salud.

El literal d) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 dispone, que no están sujetos al impuesto de industria y comercio “…los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.

La Sala, en la sentencia 17914 del 24 de mayo de 2012(15), expresó que la no sujeción al impuesto de industria y comercio prevista en el literal d) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, está reservada a la prestación de servicios de salud por parte de las entidades que integren el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de tal manera que las actividades industriales y comerciales desarrolladas por estas entidades están gravadas.

Por su parte, el artículo 5º de la misma ley dispuso que el sector salud está integrado, específicamente, por las entidades o instituciones de seguridad social y cajas de compensación familiar en lo pertinente a la prestación de servicios de salud; las fundaciones o instituciones de utilidad común; las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y las personas privadas naturales o jurídicas que presten servicio de salud.

En la sentencia a la cual se ha hecho referencia(16), la Sala concluyó que “…el término “hospital” contenido en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, debe entenderse en un sentido amplio. Es decir, cobija a todas las entidades públicas o privadas que presten un servicio de salud dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud”.

Precisó la Sala, lo siguiente:

“La no sujeción del artículo 39 numeral 2 literal d) de la Ley 14 de 1983 es de carácter subjetivo, pues, según el artículo 32 de la ley citada, son sujetos pasivos del impuesto las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho y la intención del legislador fue la de no someter a las entidades de salud al cumplimiento de ninguna de las obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, sin que hubiera hecho alguna precisión en cuanto al origen de los recursos que manejan.

Sin embargo, conforme con el artículo 11 de la Ley 50 de 1984, cuando estas entidades realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio, en lo relativo a tales actividades”

Y concluyó:

“Así, en principio los recursos provenientes de actividades industriales y comerciales que no sean propias de las entidades hospitalarias, en sentido amplio, no están cobijadas por la no sujeción del artículo 39 de la Ley 14 de 1983. Es decir, que las actividades de servicios que prestan los hospitales, en su calidad de tales, son las únicas a las que se les puede aplicar la no sujeción creada por el legislador.

Por lo anterior, carece de fundamento aplicar la no sujeción dependiendo de los recursos con los que se pagan los servicios de salud o de si están o no incluidos en el POS. En efecto, el beneficio que prevé el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 abarca de manera general la actividad de servicios de salud que prestan las entidades, cualquiera sea su naturaleza, puesto que, se insiste, la finalidad de la norma fue la de no someter a estas instituciones a obligaciones formales ni sustanciales en materia de ICA, respecto de las actividades de servicios de salud que presten, como se sostuvo en sentencia de 24 de mayo de 2012, exp. 17914 que se reitera.”

En el recurso de apelación el ente demandado sostiene que la sentencia C-1040 de 2003 consideró que los recursos de la seguridad social son los referidos a la prestación del Plan Obligatorio de Salud, de forma que los ingresos por sobre aseguramiento o planes complementarios y los demás recursos que excedan al POS, no son recursos del sistema, sino recursos propios de las entidades que los prestan, sujetos al impuesto de industria y comercio.

Como se indicó en la sentencia que ahora se reitera, mediante la cual se resolvió un litigio entre las mismas partes, por los mismos hechos, por el año gravable 2008 se debe tener en cuenta que:

“…. dicha sentencia solo es obligatoria y vinculante en cuanto decidió sobre la inexequibilidad de los apartes demandados del artículo 111 de la Ley 788 de 2002, así como la parte motiva que sirvió de fundamento a dicha decisión o ratio decidendi, es decir, los argumentos que tienen relación directa o nexo causal con la prohibición de incluir las unidades de pago por capitación UPC en la base gravable del impuesto de industria y comercio de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Además, para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 111 de la Ley 788 de 2002, la Corte se basó en una norma general del ICA, esto es, el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, y omitió hacer un análisis integral de la normativa que en materia de este impuesto rige para las entidades de salud, en particular, lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 14 de 1983 y 11 de la Ley 50 de 1984, que sí han sido abordados por la Sala en los distintos pronunciamientos que sirven de fundamento a la presente sentencia, lo que permite sostener una conclusión distinta a la expuesta en la sentencia C-1040/03”(17).

En vista de lo anterior, esta Sala reitera que la no sujeción al ICA por los servicios de salud a que se refiere el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, también se aplica para los servicios complementarios del POS expresamente autorizados por las entidades competentes y que sean prestados por entidades que hagan parte del Sistema de Seguridad Social en Salud.

En ese sentido, le corresponde a la entidad que presta el servicio demostrar que el ingreso se obtuvo por la prestación de servicios de salud por POS o por planes complementarios o adicionales del POS.

En el caso sub examine, se encuentran probados y no se discuten los siguientes hechos:

La actora hace parte del Sistema de Seguridad Social en Salud y conforme con el certificado de existencia y representación legal, tiene dentro del objeto social las siguientes actividades(18):

“1o. El ejercicio, promoción y desarrollo de actividades médicas en la especialidad de oftalmología y de las demás ciencias paramédicas que le son afines como los son la optometría, la ortóptica, la enfermería oftalmológica, la óptica y similares.

[…]

6o. La explotación, a título de propietario o tenedor, establecimientos comerciales tales como farmacias, laboratorios clínicos y químicos, ópticas”

En la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2009, la actora determinó un impuesto de $25.867.000, una base gravable anual de $2.956.863.000 y unas retenciones de ICA por $2.566.000.

La base gravable anual que declaró la actora por $2.956.863.000, corresponde a los siguientes conceptos(19):

CuentaDetalleCódigo ActividadIngresos
41350Venta de medicamentos204 (Actividad comercial)$387.074.320
41351Óptica207 (Actividad comercial)$1.741.606.601
Ingresos no operacionales(20)$828.182.000

El 17 de septiembre de 2010, la actora presentó solicitud de devolución. Como consecuencia de ello, el Municipio fiscalizó la declaración tributaria.

Para tal efecto, mediante requerimiento 14104 de 28 de junio de 2010, el municipio solicitó a la actora, entre otra información, la siguiente(21):

1. Balance de prueba a diciembre 31 antes de cierre a seis (6) niveles y copia del auxiliar de la cuenta de ingresos con indicación de la cuenta del PUC.

2. Certificado expedido por contador o revisor fiscal en el que conste, lo siguiente:

a. Descripción de las actividades de salud realizadas en Medellín, clasificadas POS y no POS.

b. El monto de los ingresos operacionales y no operacionales a 31 de diciembre, de acuerdo con los registros en libros de contabilidad.

c. Relación de ingresos discriminados por terceros y por conceptos generados de: venta de medicamentos, parqueaderos, rendimientos financieros, cafeterías y otros ingresos.

d. Conciliación de ingresos brutos anuales entre las declaraciones de renta, IVA y registros contables con la declaración del impuesto de industria y comercio en Medellín.

El 21 de septiembre de 2010, la actora dio respuesta al requerimiento y allegó, entre otras, la siguiente información(22):

“[…]

Balance de prueba por cuenta a cuatro niveles antes de cierre a diciembre 31 de 2009.

Libro auxiliar general de ingresos a diciembre 31 de 2009.

Certificado expedido por revisor fiscal de la empresa Francisco López Restrepo.

[…]”

Con base en la información allegada, el Municipio adelantó el proceso de determinación tributaria y adicionó $12.193.664.370 como ingresos gravados. Lo anterior, porque no provinieron de los servicios que se prestan dentro del POS, por lo que, de acuerdo con la propuesta de adición del requerimiento especial(23), en la liquidación oficial de revisión adicionó ingresos por los siguientes servicios(24):

CuentaDetalleIngresosCódigoTarifa
41101201Consulta dermatológica$61.814.17230610%
41103801Optometría$75.828.49430610%
41200201Cirugía$5.536.791.05430610%
41200202Cirugía laser$1.376.101.03630610%
41200204Cirugía ars$234.980.307306 10%
41200401Derecho de cama$35.883.910306 10%
41250701exámenes de diagnóstico$2.316.969.71530610%
41250702Exámenes de diagnóstico$2.510.001.17430610%
41250703Exámenes de diagnóstico$28.948.93030610%
41250801Procedimiento dermatológico$176.977.89430610%
413501Venta de medicamentos$387.074.3202045%
413510Optica$1.743.394.2012078%
4175Devoluciones, descuentos y rebajas ($162.419.837)
Total operacionales$14.322.345.370
42No operacionales$915.515.592
42505501Recuperaciones($87.333.396)
Total no operacionales$828.182.000
Base gravable$15.150.527.370

Frente al problema jurídico planteado en relación con la adición de ingresos, la Sala reitera los argumentos expuestos en la sentencia del 14 de mayo de 2015(25), en la cual la Sala sostuvo que, si bien el Municipio adicionó ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio porque no correspondían a servicios de salud POS y no precisó a qué conceptos correspondían los ingresos adicionados, con fundamento en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le correspondía a la demandante demostrar la improcedencia de la adición de ingresos.

Al pronunciarse sobre este tema, la Sala precisó lo siguiente:

“[…]

De lo expuesto, se advierte que el municipio de Santiago de Cali adicionó ingresos en cuantía de $39.765.260.000, por no corresponder a servicios de salud POS, pero no precisó a qué conceptos correspondían.

De su parte, la demandante, a lo largo del proceso, tampoco aportó ninguna prueba que diera cuenta de que los valores desconocidos por la Administración de Impuestos de Cali estuvieran directamente relacionados con la actividad de prestación del servicio de salud. Se limitó a decir que sólo se podían gravar los ingresos percibidos con ocasión del desarrollo de actividades industriales y comerciales, sin aportar los registros contables o cualquier prueba que controvirtiera el dicho de la Administración. Ni siquiera aportó la declaración del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2005.

Al argumento de que desarrollaba actividades no sujetas, la Fundación Valle del Lili agregó, además, que era al municipio de Santiago de Cali al que le correspondía desvirtuar los valores consignados en la declaración.

Sobre el particular, es del caso traer a colación el pronunciamiento efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia T-575 de 2014(26), en la que se analizó el tema de la carga de la prueba en casos análogos como el analizado. En este punto, la sentencia sostuvo:

“Para la Sala no resulta apropiado concluir que el silencio de la Secretaría de Hacienda frente a la exactitud de los valores contenidos en el cuestionado documento, permitiera edificar, en torno a este, una presunción de conducencia, pertinencia y utilidad probatoria, puesto que tales características dependen de las particularidades que rodean el caso y de lo que se busca acreditar. En tal sentido, mal haría el juez contencioso en eludir el examen valorativo de la prueba so pretexto de no haber sido objeto de reparos en algún momento del proceso. Sobre el particular, la Corte ha precisado que ‘valorar una prueba no necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia jurídica’.

Por otro lado, este planteamiento que expone el accionante, debe ser asimilado desde el principio de la carga de la prueba, según el cual, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —norma aplicable al momento en que fue proferida la sentencia atacada ‘incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba’. En ese orden de ideas, el interés de probar el monto de los valores indebidamente gravados recaía sobre la entidad peticionaria. Sería desatinado atribuir a la demandada la obligación de desacreditar las cifras presentadas por su contradictor, menos aún en el trámite judicial; máxime, cuando los actos administrativos con los que resolvió la respectiva solicitud de devolución gozan, incuestionablemente, de una presunción de legalidad.” (Se resalta)

En consecuencia, la Fundación Valle del Lili debió probar que la totalidad de los ingresos obtenidos y declarados como no sujetos al impuesto de industria y comercio correspondían a la prestación del servicio de salud.

Como quedó desvirtuado el cargo que dio lugar a la declaración de nulidad de la sentencia de primera instancia, la Sala procede a estudiar los demás cargos propuestos en la demanda.

[…]” (Resaltado fuera del texto)

Como se indicó en el fallo relacionado con el año gravable 2008, está probado y no se discute, que la actora hace parte del Sistema de Seguridad Social en Salud y que parte de los ingresos por los servicios de salud provienen del POS y parte corresponden a ingresos no POS.

Sin embargo, la actora no demostró que los ingresos que el Municipio adicionó como gravados provinieran de la prestación de servicios de salud en desarrollo de planes complementarios o adicionales al Plan Obligatorio de Salud. No obra prueba en el proceso que demuestre que los ingresos que la actora obtuvo por concepto de la prestación de servicios de consulta dermatológica, cirugía, cirugía láser, cirugía ARS, derechos de cama, exámenes de diagnóstico, procedimiento dermatológico, óptica correspondan a la prestación de servicios de salud dentro de los planes complementarios o adicionales al POS.

En ese orden de ideas, procede la adición de ingresos gravados efectuada por el Municipio en los actos demandados.

Ahora bien, como se desvirtuó el cargo que motivó la nulidad de los actos demandados, la Sala procede a estudiar los demás argumentos de la demanda.

Tarifa de ICA para la prestación de servicios de salud

La demandante señaló que el Municipio no tiene tarifa para liquidar el impuesto de industria y comercio, ya que la establecida en el Acuerdo 57 de 2003 fue eliminada por el artículo 51 del Acuerdo 67 de 2008. Adujo que revisados los códigos de las actividades de servicio (301 a 306) del Acuerdo 67, no se Encuentran gravados los servicios de salud y seguridad social.

La Sala advierte que para el periodo gravable en discusión, esto es, el año 2009, el Acuerdo vigente era el 67 de 6 de diciembre de 2008 y no el Acuerdo 57 de 2003 como alega el actor, adicionalmente, los actos administrativos que se profirieron en el proceso de determinación y liquidación del tributo, se sustentaron en el Acuerdo vigente.

Cabe anotar, que el municipio de Medellín indicó, en la liquidación oficial de revisión, que la tarifa aplicable no quedó expresamente contemplada en el Acuerdo 067 de 2008, razón por la cual se aplica el código 306 “Demás actividades de servicios no contemplados en los códigos anteriores”, establecido en el artículo 51 del mencionado ordenamiento.

Así, en el caso en estudio es aplicable el artículo 51 del Acuerdo 67 de 2008 que establece lo siguiente:

“ART. 51—Códigos de actividad y tarifas de Industria y Comercio.

[…]

CódigoDescripciónTarifa
[…][…][…]
Servicios
[…]
306

[…]
Demás actividades de servicios no clasificadas en los códigos anteriores […]

[…]
10 x mil

Contrario a lo expuesto por el demandante, el municipio aplicó la tarifa correcta, toda vez que el código 306 establece la tarifa para aquellos servicios gravados que no quedaron clasificados de manera expresa en el Acuerdo(27).

Sanción por inexactitud

Señaló la demandante que, si en gracia de discusión, se aceptara que los ingresos de prestación servicios de salud percibidos por la Clínica están gravados con el impuesto de industria y comercio, es improcedente aplicar la sanción por inexactitud. Lo anterior, porque la conducta tiene sustento o fundamento en todo el marco normativo y constitucional invocado en la demanda. Además, indicó que se configura una diferencia de criterio entre la demandante y el Municipio respecto de la forma en que deben entenderse y aplicarse las normas discutidas.

El artículo 198 del Acuerdo 67 de 2008, en concordancia con el artículo 647 del Estatuto Tributario Nacional, regula la sanción por inexactitud en el municipio demandado, en los siguientes términos:

“ART. 198—Sanción por inexactitud: Constituye inexactitud en la declaración privada, la omisión de ingresos susceptibles de ser gravados con el Impuesto, así como la inclusión de deducciones, descuentos y exenciones inexistentes, el abono de retenciones por Industria y Comercio y Avisos y Tableros no practicadas en Medellín, no comprobadas o no establecidas en el presente Acuerdo, la clasificación indebida de actividades, no liquidar Avisos y Tableros cuando exista la obligación, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias de datos o factores falsos, equivocados o incompletos, de los cuales se derive un menor Impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor del contribuyente o responsable.

La sanción por inexactitud en la declaración presentada por el contribuyente, será equivalente al sesenta por ciento (60%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el Impuesto declarado por el contribuyente.

[…]

PAR.—No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre la administración del impuesto y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.

En este caso, procede la sanción por inexactitud porque la actora omitió ingresos gravados y de esta omisión se derivó un menor impuesto a pagar(28).

Para esta Sala, no se configura la diferencia de criterio sobre el derecho aplicable porque en la declaración de ICA del año gravable 2009, la demandante incluyó ingresos constitutivos del impuesto de industria y comercio como si no estuvieran gravados con el impuesto. La Clínica no demostró que los valores declarados en discusión, provenían de planes complementarios o adicionales al POS. No prospera el cargo.

Por último, frente a la solicitud de unificación jurisprudencial elevada por la actora(29), con fundamento en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011(30), la Sala señala que, por auto del 16 de febrero de 2016, Exp. REV-AG 2005-01762, M.P. Dr. Carlos Zambrano Barrera, la Sala Plena Contenciosa precisó que el citado artículo 271 CPACA no es aplicable a los procesos adelantados antes de la vigencia de la mencionada ley, así:

“Sin embargo, en el caso particular, pese a que no existe ninguna duda en relación con la importancia jurídica, la trascendencia económica o social o la necesidad de sentar jurisprudencia que incorpora el asunto sometido a consideración de la Sala, no es posible avocar su conocimiento, porque el régimen procesal de la acción de grupo de la referencia no está determinado por las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, lo que implica que la norma del artículo 271 de esta ley, en virtud de la cual se pretende que el Consejo de Estado dicte la sentencia de segunda instancia, no es aplicable al caso y, por ende, el Tribunal Administrativo de Sucre no podía ordenar con fundamento en ella, como en efecto lo hizo, la remisión del expediente a esta alta Corporación.

Como se indicó en los antecedentes, las demandas que dieron origen a la presente acción de grupo fueron promovidas en los años 2005 y 2006, de suerte que son las normas vigentes para entonces las que determinan el régimen procesal de la acción.

En efecto, si bien las normas de carácter procesal son de orden público y de aplicación inmediata, razón por la cual su entrada en vigencia las hace aplicables a los procesos que se promuevan con posterioridad a ellas e, incluso, a los que se encuentren en curso, según se desprende del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no debe olvidarse que el artículo 308 de la aludida Ley 1437 de 2011 consagra una excepción al respecto, en cuanto dispone lo siguiente:

“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (Se resalta).

De la lectura del artículo transcrito se puede concluir, sin mayores elucubraciones, que los dictados de la Ley 1437 de 2011 no resultan aplicables al asunto de la referencia y, por ende, no es posible que, con sustento en su artículo 271, se habilite la intervención del Consejo de Estado en esta etapa procesal del asunto de la referencia”. (Se resalta).

Si bien esta Sección había señalado que era procedente la aplicación de la unificación jurisprudencial a procesos tramitados en vigencia del Decreto 01 de 1984(31) en aras de dar aplicación a las decisiones adoptadas por la Sala Plena Contenciosa, acoge el criterio expuesto mayoritariamente en la providencia antes transcrita. En esas condiciones, no procede la solicitud formulada por la demandada, toda vez que el presente proceso se tramita con la normativa prevista en el Decreto 01 de 1984.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la providencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y la solicitud de unificación de jurisprudencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revócase la sentencia del 31 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, objeto de apelación. En su lugar, se dispone:

2. Niéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Niégase la solicitud de unificación jurisprudencial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

13. Sentencia de 24 de mayo de 2012, exp. 17914.

14. artículo 169 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 37 de la Ley 1438 de 2011

15. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

16. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015). Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01020 01 (20717) Actor: Clínica de oftalmología San Diego S.A Demandado: municipio de Medellín

17. Sentencia de 1 de junio de 2014, exp. 20117

18. Folios 2 a 5.

19. Valores registrados en los actos administrativos.

20. Según certificado de revisor fiscal, estos ingresos corresponden a intereses, diferencia en cambio, descuentos por pronto pago, dividendos, arrendamientos, honorarios por asesoría, servicios técnicos, recuperaciones y diversos, por valor de $915.515.593 (fls. 217 y 218).

21. Folio 209.

22. Folio 217 a 221

23. Folio 184 y 185

24. Folios 181 a 183

25. M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

26. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demandante: Aliansalud E.P.S. (antes Colmédica E.P.S.) contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

27. En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia del 28 de noviembre de 2013, Exp. 19303, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

28. Si bien la Sala ha aplicado el principio de favorabilidad previsto en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la sanción por inexactitud prevista en el artículo 289 ibídem, que la determinó en el 100% de la diferencia entre el saldo a pagar y el saldo a favor, en el sub examine se advierte que la norma local es más favorable.

29. Folios 519 a 529

30. Art. 271.—Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. // En estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. // Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud que eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. // La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos”.

31. La Sección Cuarta de la Corporación sostuvo en la sentencia del 20 de agosto de 2015, expediente 20717 M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, que “si bien este proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo, el artículo 34 inciso 1 de la Ley 270 de 1996 prevé que el Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en tal calidad le corresponde la unificación de la jurisprudencia antes y después de la expedición de la Ley 1437 de 2011”.