Sentencia 2011-1079 de septiembre 16 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 130011102000201101079 01/2848 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 77 de la misma fecha

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión del 15 de febrero de 2013 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en la cual halló disciplinariamente responsable a la doctora Carola del Rocío Ávila Díaz de la conducta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino de doce (12) meses.

Se aclara que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar los argumentos expuestos en la alzada así:

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Así las cosas, se observa que la disciplinable fue llamada a responder en juicio disciplinario por su incursión en la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal reza:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

[…].

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Con base en lo anterior y partiendo de los argumentos expuestos en la apelación se tiene que al juicio del a quo la letrada fue responsable de la incursión en la citada falta dado que en el curso del proceso ejecutivo laboral tramitado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué —Bolívar— bajo radicado 2009-00085-00 en donde fungían como demandantes los señores: Falier Patiño Díaz, Manuel Arboleda Murillo, William Alfredo Portela Ochoa, Luis Evelio Noya Cárdenas e Inilda Moreno Beltrán, y como demandado el municipio de Montecristo-Bolívar, suscribió un contrato de transacción en 21 de octubre de 2010, el cual, si bien estaba avalado por una conciliación y un poder conferido por el alcalde y el comité de conciliación del municipio, se plasmó el pago de unos intereses moratorios sin que los mismos hayan sido cobrados por los demandantes cuando se incoó el litigio, por lo cual le causó un detrimento patrimonial al municipio que representaba.

Frente a lo anterior la letrada expuso como argumento principal y más consistente en su alzada que la indemnización pagada y contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se causa por causas imputables al empleador, es decir que si no pagaba a sus trabajadores las prestaciones o los salarios debidos, se le causará en cabeza suya una sanción que deberá pagar, por lo cual al habérsele reconocido ese pago en la conciliación y posterior transacción presentada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, no hizo que su representada hubiera actuado fraudulenta ni malintencionadamente y menos que quisiera violentar a su cliente, pues solamente buscó con la aquiescencia del mismo, transar algo que inevitablemente se pagaría de todas maneras y así evitar demandas futuras, pues la conciliación se convertía en el método eficaz para ello.

Así pues, al juicio de esta superioridad resulta como válida la justificación dada por la disciplinable pues en efecto la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, prevé que la misma sea cometida con un ánimo fraudulento, es decir que debe nacer de la mala fe, con la intención manifiesta de causar un detrimento a los intereses ajenos o como se dijo en este caso, del Estado, lo cual no se hace efectivo, pues el proceder de la letrada siempre estuvo avalado además de vigilado por la entidad territorial que asesoraba, pues el municipio de Montecristo-Bolívar constituyó un comité de conciliación, que sirvió de garante y vigía de las gestiones que pensaba desplegar la abogada al interior del proceso ejecutivo laboral tramitado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué —Bolívar— bajo radicado 2009-00085-00 surtido en su contra, en el cual se debatió la posibilidad de culminar a través de la figura transaccional dicho litigio, además de pagar todo lo peticionado e inclusive los intereses moratorios, ello, para evitar unos eventuales litigios futuros.

Y es que de ninguna manera se observa dolo en el actuar de la togada, sino por el contrario el mismo fue vehemente y diligente en exponerle al comité de conciliación su intención, la cual no era otra más que evitarle a su cliente una serie de demandas en el futuro, y como bien se sustentó en la apelación, al ser la transacción un mecanismo alternativo para la solución de conflictos (no solamente pasados y presentes, sino también futuros) el mismo se surtió dentro los términos de la legalidad máxime si se tiene en cuenta que lo pagado también es algo que la ley reconoce en favor de los trabajadores y no fue un pago producto de la invención sino de la concertación, así que se absolverá a la jurista del cargo endilgado y de la sanción impuesta.

Para ahondar en razones se debe tener en cuenta que inicialmente se esgrimió que la indemnización que fuera sujeta de acuerdo transaccional el 21 de octubre de 2010, si (sic) fue debidamente solicitada por los demandantes, para dichos efectos hay que tener en cuenta que si bien es cierto como lo manifestó la Sala a quo, en el escrito de la demanda no aparece dicha solicitud (anexo 5 fls. 7 a 10), también lo es que los servidores públicos demandantes en el proceso ejecutivo laboral, si (sic) habían peticionado el pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías de que trata la Ley 244 de 1995, y no como lo afirmó el recurrente y la sentencia que se trataba del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; de manera directa a la administración (fls. 116 a 131, cdno. original).

En este tópico resulta pertinente señalar que los servidores públicos demandaban la ejecución de un acto administrativo en el cual se les había reconocido por parte del Municipio de Montecristo-Bolívar, el pago de las acreencias laborales por el tiempo en que se desempeñaron como empleados públicos en el cargo de docentes al servicio del citado municipio, dichos pagos reconocidos correspondían entre otros conceptos a cesantía, interés sobre la misma, vacaciones, primas, bonificación por zona de difícil acceso, devolución por concepto de descuentos a salud y otros, subsidio de transporte, reajuste salarial año 1999 y sueldos adeudados, (fls. 11 a 25, anexo 5).

Ahora bien, se itera que se encuentra probado que el municipio de Montecristo-Bolívar, procedió por intermedio de su comité de conciliación a autorizar el acuerdo transaccional del que la primera instancia radicó el hecho fraudulento, para (sic) la togada sancionada procediera de conformidad, de ello da cuenta el acta obrante a folio 132 del cuaderno original, en donde se faculta a la encartada para que proceda a lograr un acuerdo concertado a efectos de precaver un daño antijurídico mayor al que a la fecha se había generado en contra de los demandantes del proceso ejecutivo que se llevaba en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué-Bolívar, bajo el radicado 2009-0085-00.

En dicha autorización se procedió a efectuar la liquidación de los interés bancarios correspondientes, así como liquidar la sanción moratoria por no pago dentro del término de ley de las cesantías a los demandantes, todo ello de acuerdo con lo normado con la Ley 244 de 1995, y de acuerdo a la demanda que ya se encontraba en curso y de las peticiones que los docentes habían efectuado de manera directa a la administración.

En consecuencia la prédica sobre la que basó la Sala de instancia el hecho del acto fraudulento, consistente en que como no había sido peticionada la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo Laboral, no era posible que la togada procediera a transar sobre dicho aspecto o conciliar el mismo, por cuanto conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para que opere la misma, debe existir un proceso ordinario en el que se condene al demandado a su pago por haberse probado la mala fe en el no pago.

En este punto resulta necesario señalar por parte de esta instancia que conforme las pruebas obrantes en el expediente, los hechos aducidos en la demanda y las documentales que se aportaron al proceso de las peticiones elevadas a la administración municipal de la Alcaldía de Montecristo-Bolívar, y los actos administrativos expedidos por esta, se tiene que al tratarse de docentes al servicio del referido ente territorial, son empleados públicos que en efecto les resulta aplicable la Ley 244 de 1995, y como quiera que se encontraba demostrado la obligación de pago de las cesantías insolutas, las cuales habían sido reconocidas en resoluciones del año 2005, sin que a la fecha del acuerdo sobre su pago el 21 de octubre de 2010, se hubiesen cancelado, ya había sobre pasado los 45 días de que trata el artículo 2º de dicha ley y en consecuencia no se avizora que en efecto se haya perpetuado el acto fraudulento conforme a la imputación fáctica señalada en la calificación provisional de la conducta y que se confirmó al momento de proferir la sentencia condenatoria.

Adicional a lo anterior, nótese que contrario a lo afirmado en la sentencia de primer grado, la togada sí tenía poder expreso, para conciliar y transar entre otros, tal como obra en el escrito contentivo del mismo dentro del proceso ejecutivo que se surtió en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué-Bolívar, bajo el radicado 2009-0085-00, de ello obra constancia a folio 36 del anexo 5, el cual fue recibido en el despacho judicial el 28 de septiembre de 2010.

Vistas así las cosas, esta superioridad habrá de prócer (sic) a absolver a la togada sancionada, al evidenciar conforme al acervo probatorio, que a la misma no le es predicable la falta por la que fuera llamada a responder y diera lugar a la sanción disciplinaria y en consecuencia de ello no se procederá a realizar la corrección que en principio de (sic) referenció.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la inexistencia de la conducta típica conforme a lo establecido en los textos de la norma imputada, lo procedente en esta instancia es revocar la sentencia apelada y en su lugar absolver a la letrada investigada.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 15 de febrero de 2013 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en la cual halló disciplinariamente responsable a la doctora Carola del Rocío Ávila Díaz de la conducta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino de doce (12) meses, para en su lugar absolverla de la comisión de la misma y de contera ordenar el archivo definitivo de las diligencias, lo anterior conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».