SENTENCIA 2011-01094/49119 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2016

 

Sentencia 2011-01094 de septiembre 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación número: 08001-23-31-000-2011-01094-01(49119)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: Patricia Fajardo Medina y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Excepción de Caducidad en reparación directa por privación de la libertad-El término para intentar la demanda comienza a partir del momento en que adquiere firmeza la providencia. Caducidad en reparación directa por privación de la libertad-Solicitud de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013(1), decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada de oficio la excepción previa de caducidad de la acción.

Síntesis del caso

La demandante fue detenida preventivamente sindicada del delito de peculado por apropiación y fue absuelta por ausencia de pruebas de cargo. Califica la privación de la libertad de injusta.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

El 15 de septiembre de 2011, Patricia Fajardo Medina y Roberto Euclides Ustariz Teran en nombre propio y en representación del menor Juan Felipe Ustariz Fajardo; Roberth David Ustariz Fajardo, Consuelo Fajardo Medina, Ana Beatriz Fajardo Medina, Sonia Fajardo Medina, Javier Octavio Fajardo Medina, Manuel Alfonso Fajardo Medina y Reinel Fajardo Medina, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de Patricia Fajardo Medina, entre el 21 de mayo de 2003 y el 3 de junio de 2003.

Solicitaron el pago de 200 SMLMV para la víctima directa y 50 SMLMV para los demás demandantes, por perjuicios morales; 50 SMLMV para la víctima directa y 20 SMLMV para los demás demandantes, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Patricia Fajardo Medina por perjuicios fisiológicos y $22.000.000 por lo dejado de percibir la privación, en la modalidad de lucro cesante.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la Fiscalía 17 ordenó la captura de Patricia Fajardo Medina, por el delito de peculado por apropiación, por la presunta defraudación a la entonces Lotería del Atlántico y le impuso medida de aseguramiento.

Adujo que no se encontraron pruebas que comprometieran su responsabilidad.

II. Trámite procesal

El 22 de noviembre de 2011 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la Nación-Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.

En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, señaló que su actuación se ciñó al ordenamiento jurídico.

El 16 de enero de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante y la Nación-Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio.

El 26 de abril de 2013 el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió la sentencia impugnada, en la que declaró probada la excepción previa de caducidad.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 22 de julio de 2013 y admitido el 28 de noviembre de 2013. La recurrente esgrimió que no tuvo presente los tiempos de suspensión por vacancia judicial y semana santa.

El 30 de enero de 2014, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

Caducidad

3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

I. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley.

II. Análisis de la Sala

4. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a declarar cualquier hecho exceptivo, como es justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término para intentar la acción(3).

El término de caducidad en materia de reparación directa derivada de responsabilidad por privación injusta de la libertad

5. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. Como en este caso el término empezó a contarse desde el 10 de junio de 2009, la ley aplicable es el Código Contencioso Administrativo.

El término para formular la acción de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del CCA, es de 2 años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble.

Cuando el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad, la injusticia o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente.

La Sala tiene determinado que el momento a partir del cual debe iniciar el conteo del término de la caducidad cuando se trata de la reparación directa por privación injusta de la libertad, solo puede empezar a correr cuando está en firme la providencia que absuelve a la víctima directa:

Solo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza. El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la que deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine(4).

De ahí que con arreglo a lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad de dos años previstos para las acciones indemnizatorias, empezará a contarse a partir del día siguiente de esa fecha.

6. En este caso, la providencia de 30 de abril de 2009 proferida por la Fiscalía 17 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla-Unidad de Delitos contra la Administración Pública que precluyó la investigación en favor de Patricia Fajardo Mejía, quedó ejecutoriada el 9 de junio de 2009, según da cuenta original de la certificación expedida por esta Fiscalía (f.188 c. 1).

A partir del día siguiente hábil, es decir, el 10 de junio de 2009 empezó a correr el término para intentar la demanda, luego el plazo para acudir a la jurisdicción vencía el 10 de junio de 2011. No obstante, el 3 de noviembre de 2010 la parte demandante solicitó conciliación prejudicial(5), trámite que se declaró fallido el 21 de enero de 2011, fecha en la que la Procuraduría 117 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla expidió constancia de no conciliación, según da cuenta original de ese documento (f. 71 c. 1).

El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establece que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término para intentar la demanda hasta la expedición de la constancia de que no hubo acuerdo conciliatorio, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que venza el término de tres meses contados desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero.

El trámite de conciliación suspendió el plazo restante de 7 meses y 7 días, que a la fecha de la presentación de la solicitud conciliación faltaba para intentar la demanda, pues la constancia de no conciliación fue expedida a los 2 meses y 18 días de formulada la petición.

Así las cosas, el cómputo de la caducidad se reanudó desde el 22 de enero de 2011 y como para la fecha que se presentó la solicitud de conciliación faltaban 7 meses y 7 días para la caducidad, el término expiró el 29 de agosto de 2011.

Como la demanda se instauró el 15 de septiembre de 2011, según da cuenta el original de la certificación expedida por la Oficina de servicios para los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Barranquilla (f. 189 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad.

7. Ahora bien, en relación con lo manifestado por el recurrente, en el sentido de la suspensión de los términos para intentar la demanda durante la vacancia judicial y la semana santa, la Sala advierte que según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 en consonancia con el artículo 121 del CPC los plazos de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

En otras palabras, el término para intentar la demanda no se suspende ni se interrumpe por días feriados ni vacancia judicial, pues está previsto en años.

7.(sic)) Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. CONFÍRMESE la sentencia del 26 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de caducidad del término para intentar la demanda y en consecuencia se niegan las pretensiones de la demanda.

Segundo: En firme esta decisión DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Tecero. Sin costas.

Cuarto. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Jaime Orlando Santofimio GamboaGuillermo Sánchez Luque.

1 Según el Acta n°. 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Rad. 22.936.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 En los autos de 29 de noviembre de 2010 que inadmitió la solicitud de conciliación prejudicial (f.58 y 59 c. 1) y 3 de enero de 2011 que admitió la solicitud de conciliación (f. 67 y 68 c. 1) proferidos por la Procuraduría 117 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla y en la certificación expedida por la misma Entidad (f. 71 c. 1) consta que la demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 3 de noviembre de 2010, contrario a lo afirmado por el recurrente en el recurso.