Sentencia 2011-01100/50518 de agosto 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 08001-23-31-000-2011-01100-01 (50.518)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: N... H... P... R... y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y otros

Referencia: acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad / Niega responsabilidad por configuración del hecho del exclusivo de la víctima.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) los hechos probados; 5) el hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado y 6) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor N... H... P... R..., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(18).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(19).

En el presente asunto la demanda se originó por los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad que soportó el señor N... H... P... R... dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Una vez revisado el expediente, encuentra la Sala que la sentencia absolutoria del 22 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quedó en firme ese mismo día, por cuanto ninguna de las partes interpuso recurso de apelación(20).

En ese sentido, como la demanda se interpuso el 14 de septiembre de 2011(21), se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. Hechos probados.

Previo análisis de responsabilidad, la Sala destaca los siguientes hechos:

4.1. El 28 de enero de 2009, la señora M... O... A... presentó una denuncia en contra del señor N... H... P... R..., manifestando que obligó a su hija de 11 años de edad a practicarle una felación(22).

En síntesis, manifestó que su hija le relató que el 21 de enero de 2009, mientras se encontraba en la casa de su vecina I… R… jugando con sus amigas, el señor N… P… la invitó a arreglar unos libros en su cuarto y que, una vez en ese lugar, después de tocar sus piernas, la condujo a un baño donde sacó su órgano genital y se lo introdujo en su boca.

4.2. El señor Agustín Antonio de la Cruz Martínez manifestó, en entrevista fechada el 5 de febrero de 2009, que presenció los hechos denunciados, así (se transcribe literal, incluso con errores)(23):

“(…) Yo me encontraba en mi casa recogiendo la basura del patio y vi a una muchachita con el joven Nelson, (…), ellos entraron al baño de la casa de él que se encuentra en el patio y la niña le estaba haciendo el sexo oral al joven, duraron un rato como de 15 minutos, después volvieron otra vez al mismo sitio, entonces era el joven Nelson quien le estaba haciendo a la niña el sexo anal, hay duraron un rato, después vi que la joven estaba escupiendo y él se fue (…) ya en varias ocasiones he visto a Nelson haciendo ese tipo de acciones obscenas (…)”.

4.3. El 9 de febrero de 2009, el señor B... E... G... P..., investigador de campo, después de realizar labores de indagación preliminar, presentó un informe, en el cual concluyó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores)(24):

“Por todo lo anterior expuesto, y teniendo en cuenta las diferentes actividades de indagación preliminar realizadas por este funcionario de Policía Judicial, tales como la verificación de los hechos, identificación e individualización de la persona indiciada, y de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las diligencias realizadas, y por la percepción de los hechos denunciados por la señora M... O... A..., y al mismo tiempo ampliada por la menor (…), me permito solicitar a ese despacho judicial que estudie la posibilidad de solicitar, en audiencia reservada ante el juez con funciones de control de garantías, se expida la correspondiente orden de captura en contra del joven N... P... R..., indiciado por el punible de actos sexuales con menores de catorce (14) años”.

4.4. El señor N... H... P... R... fue capturado el 18 de junio de 2009, de conformidad con el acta de derechos del capturado obrante en el expediente(25).

4.5. El 9 de abril de 1999, en entrevista psicológica realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la menor involucrada en los hechos investigados manifestó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores)(26).

“Me fui a la casa del frente que las niñas que viven allí me invitaron a jugar, en ese momento cuando llegue a la casa estaba el tío de las niñas que se llama N… P… (…) entonces yo estaba de espaldas en el baño y N… se me acercó y comenzó a tocarme las piernas, los brazos y me comenzó a tocar los glúteos, este... yo le quite la mano y él comenzó otra vez, me cogió mi mano y me la colocó en sus partes” ¿Cuál parte? “En el pene, entonces yo le traté de quitar la mano y él me empujo más adelante” ¿Más adelante de qué? “Del pene, entonces yo me iba a ir porque mi hermana había terminado de contar en el juego, yo traté de escaparme y él me cogió de la mano y me empujó para el baño, después él se bajó el pantalón y el pene me lo colocó en la boca, en otro patio estaba un muchacho montado en un palo de níspero, (…) yo no le quise decir nada mi mamá porque me daba miedo que me pegara”.

“(…). “OBSERVACIONES:

“Se observa a la preadolecente con un poco de temor para relatar los hechos, su pensamiento es coherente, relata con adecuada fluidez verbal, la atención y la memoria se ejerce adecuadamente, su relato es claro y especifico, con detalles que apoyan para la investigación (se destaca).

4.6. El 17 de julio de 2011, la Fiscalía Segunda Seccional de Sabanalarga formuló escrito de acusación en contra del hoy demandante por el delito de acto sexual con menor de catorce años, con fundamento en lo siguiente: i) la denuncia formulada por la señora M... O... A...; ii) la entrevista psicológica practicada a la menor por una profesional adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y iii) la entrevista rendida por el señor A… A… de la C…, quien aseguró ser testigo presencial de los hechos investigados(27).

4.7. Mediante sentencia del 27 de mayo de 2010, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga condenó al señor N... H... P... R..., como autor de la conducta punible de acto sexual con menor de 14 años, a la pena principal de 114 meses de prisión, tras razonar de la manera que se transcribe a continuación (con posibles errores)(28):

En el proceso existen pruebas que llevan a este despacho más allá de toda duda, a establecer la responsabilidad de N E P R en el delito acusado de acto sexual con menor de catorce años (…).

“(…).

“Como corolario de todo lo expuesto se concluye que el sub judice militan a bastanza, más allá de cualquier duda razonable, los requisitos o exigencias a que se contrae el 381 del C.P.P.; en consecuencia, se dictará sentencia condenatoria en contra del procesado, como autor del delito de acto sexual con menor de catorce años, tipificado por el artículo 209 del C.P.

“(…).

“(…) El despacho estima que se trata de un hecho punible que reviste suprema gravedad, siendo evidente además, que el procesado obró con la clara intención de afectar la integridad y formación sexuales de la víctima, si se tiene en cuenta que preparó la situación para lograr sus propósitos, ya que como se acotó en precedencia, se aprovechó de que la niña se encontraba en la residencia de sus propios padres jugando con otras menores, la llevó hasta su habitación, bajo el engaño de que quería arreglar unos libros con ella y luego la condujo hasta un baño alejado a escondidas de otros menores, procediendo a introducirle el miembro viril en la boca, siendo, entonces, evidente que no se trató de un hecho incidental sino preparado cuidadosamente para satisfacer sus torcidos y lascivos apetitos carnales” (se destaca).

4.8. La parte actora, el 3 de septiembre de 2010, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria(29).

4.9. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 22 de septiembre de 2010, revocó la sentencia condenatoria y, en su lugar, absolvió al señor N... H... P... R... por el delito de acto sexual con menor de 14 años(30).

Para adoptar la mencionada decisión, el juez de la causa expuso, entre otras consideraciones, las que a continuación se trascriben de forma literal, inclusive con errores:

“Es un aspecto medular el que debe estudiar en este caso: la autenticidad e introducción de los documentos recaudados en el procedimiento penal acusatorio, ya que el recurrente argumentó que en esta actuación no se autenticó la copia del registro civil de nacimiento de la menor (…), del cual la juez a quo extrajo la información de que nació el día 19 de septiembre de 1997, e infiriéndose que el documento no se tachado ni objetado, al momento en que fue sometida al acto sexual que se juzga, tenía menos de doce años de edad.

“Pues bien, en primer lugar el artículo 429 de la Ley 906 de 2004 establece que: ‘el documento podría presentarse en original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese posible o causare grave perjuicio a su poseedor’.

“De lo anterior se concluye que el documento solo admite dos presentaciones: (i) en original y (ii) en copia autenticada, siempre y cuando no fuere posible que se presentare en original o se le cause un grave perjuicio a su poseedor.

“(…).

Siguiendo con la revisión del precitado registro civil de nacimiento se comprueba que se anexó en fotocopia simple, como afirma el apelante, sin que en su frente o reverso exista alguna constancia de su autenticidad. 

“(…).

“Pues bien, si revisamos el folio del registro civil de nacimiento que es visible a folio 8 de la carpeta Nº 2 es palpable que su papel no es competente, es decir, no tiene un sello oficial de la Registraduría Nacional, ya que se trata de un papel simple. Además no es visible que hubiere sido emitido bajo los lineamientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que su elaboración es producto de una reproducción mecánica de una fotocopiadora. De lo anterior se concluye que el documento no fue aportado en original.

“(…).

“En este mismo sentido, es palpable que la Fiscalía tampoco empleó los métodos de autenticación de que trata el artículo 426 de la Ley 906 de 2004 para demostrar la autenticación del registro civil de nacimiento (…).

“Así las cosas se concluye que en este proceso no se ha demostrado el tipo objetivo del delito juzgado, ya que el elemento material probatorio que la Fiscalía trajo al juicio no tiene la entidad suficiente para acreditar que el titular del bien jurídico presuntamente agredido por el señor N... H... P... R... tuviere menos de catorce años.

“(...).

“Como es sabido de antemano para poder condenar a una persona en un proceso penal se requiere, de acuerdo con el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, el conocimiento, más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado.

“Cuando falta alguno de los dos extremos no es posible condenar, y como en este caso ha quedado esclarecido que no se demostró el delito por la falencia anotada no es necesario entrar a analizar lo concerniente a la responsabilidad o no de dicha persona acusada (…)” (se destaca).

4.10. El 7 de julio de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Sabanalarga informó las fechas en las cuales el hoy actor estuvo recluido en centro carcelario, así (se trascribe literal, incluidos posibles errores)(31):

“(…) permaneció recluido en este establecimiento carcelario en calidad de interno, desde el 19 de junio de 2009, sindicado por el punible de acto sexual con menor de catorce años, a órdenes del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Baranoa - Atlántico, hasta el día septiembre 23 de 2010 en razón a que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga - Atlántico, mediante Oficio Nֻº 196 de septiembre 23/2010, ordenara su libertad inmediata”.

5. El hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado(32).

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, advierte la Sala que, en principio, estaríamos ante un evento de privación injusta de la libertad, toda vez que se absolvió al aquí demandante del delito de acto sexual con menor de catorce años, en tanto que no se desvirtuó la presunción de inocencia que lo cobijaba antes, durante y después del proceso penal adelantado en su contra.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la Sala entrará a analizar si en el presente asunto se configuró o no la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo de la víctima.

La jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder –activo u omisivo– de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Así lo ha entendido esta corporación(33):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil’”(34) (se destaca).

En lo que toca con la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia–, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

En consonancia con lo anterior, para caracterizar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(35) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(36), de los cuales se extrae que el primero se corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Del estudio de las piezas procesales correspondientes a la actuación penal, se desprende que durante el trámite del proceso penal, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga desvirtuó la presunción de inocencia que cobijaba al actor, al concluir que la conducta por él desplegada había sido típica, antijurídica y culpable, pues en el proceso penal existían “pruebas que llevaban, más allá de toda duda, a establecer la responsabilidad de N... H... P... R... en el delito acusado”.

En ese sentido, el juez concluyó que el hoy actor obligó a practicarle una felación a una menor, quien, con sus escasos 11 años de edad, no tenía la capacidad de comprender sus actos; delito que fue “preparado cuidadosamente para satisfacer sus torcidos apetitos carnales” y con la intención de afectar la integridad y la formación sexual de la víctima.

Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia fechada el 22 de septiembre de 2010, absolvió de responsabilidad penal al hoy demandante. La mencionada decisión se profirió porque el registro civil de nacimiento de la menor involucrada en los hechos se aportó en copia simple, luego, el documento no tenía “la entidad suficiente para acreditar que la titular del bien jurídico presuntamente agredido por el señor N... H... P... R... tuviere menos de catorce años”.

El delito de acto sexual con menor de 14 años, de conformidad con el artículo 209 de la Ley 599 del 2000, exige un sujeto pasivo calificado, lo cual significa que solo puede ser cometido en contra de menores de 14 años de edad. Vale la pena aclarar que si bien en la sentencia condenatoria se estableció que la menor, para la época de los hechos, tenía 11 años de edad(37), con posterioridad, en segunda instancia, se determinó que el registro civil de nacimiento no podía ser objeto de valoración, puesto que “no fue emitido bajo los lineamientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Entonces, la absolución devino del hecho de que no se logró establecer que para el momento de ocurrencia de los hechos la víctima era menor de 14 años, pero quedó claramente acreditado que el señor P… R… sí llevó a cabo actos sexuales con la joven involucrada en los hechos y, en ese sentido, trasgredió el ordenamiento jurídico.

Al respecto, frente a un caso similar, esta Subsección consideró(38):

“Ahora bien, descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que los hechos narrados por la hermana de la joven involucrada en los hechos no fueron negados por el actor, tanto así que en la diligencia de ampliación de indagatoria, el señor Á… M… C… M…, de manera libre y voluntaria, aceptó que sostuvo relaciones sexuales con la menor, pues en su declaración reconoció que ‘yo entré y me quedé durmiendo con ella y sostuve relaciones sexuales con ella’.

“Nótese cómo dentro del fallo absolutorio se aceptó de manera clara y expresa la participación del ahora actor en los hechos materia del proceso, solo que su absolución devino de la circunstancia de que no se logró establecer el grado de retardo mental que la joven padecía y que aquella era menor de 14 años, pero quedó demostrado que el señor C… M… sí llevó a cabo actos sexuales frente a la joven involucrada en los hechos” (negrillas del original).

Resalta la Sala que los niños, por su falta de madurez física y mental, son sujetos de especial protección. Al respecto el artículo 44 de la Constitución Política consagra que los niños serán protegidos contra toda forma de “abuso sexual” y que el Estado –al igual que la familia y la sociedad– “tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. A su vez, el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de los Niños prescribe que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”.

Así pues, de conformidad con los propósitos señalados por la Constitución Política, para la Sala es objeto de rechazo las actuaciones desplegadas por el hoy demandante, pues precipitó a una menor de edad a tener experiencias para las cuales no se encontraba preparada, pues aún no había desarrollado su madurez volitiva y sexual.

Finalmente, el comportamiento en mención constituyó, además, una afectación a la integridad de la mujer, quien no debe ser, bajo ningún punto de vista, objeto de tratos indebidos y degradantes, pues estos van en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada como una persona vulnerable, máxime si se trata de una niña o de una adolescente.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, de conformidad con los instrumentos jurídicos tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, se han adoptado políticas para alcanzar una verdadera equidad de género, las cuales están encaminadas a proteger, de manera real y efectiva, los derechos de los cuales son titulares las mujeres. En efecto, señaló que, al Estado y a la sociedad en general les corresponde brindar a la mujer mecanismos de protección contra todo acto de violencia física, síquica y sexual(39).

Finalmente, la parte actora afirmó en su recurso de apelación que el tribunal de primera instancia asumió competencias que no le correspondían, dado que ya mediaba una decisión penal absolutoria que había hecho tránsito de cosa juzgada. Al respecto, precisa la Sala que esta jurisdicción no pretende realizar un nuevo juicio en relación con las controversias dirimidas en el proceso penal adelantado en contra del señor N... H... P... R...; sino que, según se indicó, evidente es que su privación tuvo su causa eficiente en las conductas por él asumidas y no en la actividad de la Administración de Justicia.

Hechas las anteriores precisiones, forzoso resulta concluir que el proceder activo de la víctima determinó que la misma debiera asumir la privación de la libertad de la que fue objeto. En otras palabras, la actuación absolutamente reprochable del señor N... H... P... R... fue la causa eficiente en la producción del daño, pues, a pesar de que el referido actor fue exonerado de responsabilidad penal, las decisiones que adoptó la rama judicial –que condujeron a la privación de su libertad– se encuentran justificadas por su comportamiento irregular, circunstancia que exonera de responsabilidad al Estado. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. SIN condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03- 26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, M. P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Exp. 21.801, M. P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37.410, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 De conformidad con el acta de la audiencia de lectura del fallo estipulada en el artículo 447 del C.P.P. Una vez tomada la decisión y al ser notificada por estrados, se le dio la oportunidad a los sujetos procesales para que interpusieran los recursos correspondientes, empero, comoquiera que ninguno de ellos los interpuso, en la misma audiencia se declaró en firme la decisión, obrante a folios 366 y 367 del cuaderno de primera instancia.

21 Folio 8 del cuaderno de primera instancia.

22 Folios 227 y 228 del cuaderno de primera instancia.

23 Folios 233 y 234 del cuaderno de primera instancia.

24 Folio 213 del cuaderno de primera instancia.

25 Folio 250 del cuaderno de primera instancia.

26 Folios 256 a 260 del cuaderno de primera instancia.

27 Folios 62 a 76 del cuaderno de primera instancia.

28 Folios 305 a 313 del cuaderno de primera instancia.

29 Folios 334 y 335 del cuaderno de primera instancia.

30 Folios 342 a 353 del cuaderno de primera instancia.

31 Folio 40 del cuaderno de primera instancia.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2012, Exp. 23.513, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 38.438, M. P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 38.438, M. P. Hernán Andrade Rincón.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; Exp. 15784; M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

35 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933; Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414; Subsección C, sentencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 32126B; Subsección C, sentencia de 25 de mayo de 2016, Exp. 35033; Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2016, Exp. 39311.

36 “Artículo 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

37 Tras verificar el expediente, el registro civil de nacimiento de la menor, obrante a folio 142 del cuaderno de primera instancia, indica que nació el 19 de septiembre de 1997, luego, en tanto los hechos investigados ocurrieron el 21 de enero de 2009, para la fecha del acontecimiento tenía 11 años, 4 meses y 2 días de nacida.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre de 2016, Exp. 44.697.

39 Corte Constitucional, Sentencia C-776 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.