Sentencia 2011-01152 de agosto 4 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000-23-15-000-2011-01152-01

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Fernando Mortigo Pinzón

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia y otro

Acción de tutela - Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., cuatro de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio judicial de defensa, salvo la configuración de un perjuicio irremediable

La procedencia de la acción de tutela por mandato constitucional (art. 86) y de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 que reglamenta su ejercicio, es una acción de carácter excepcional y subsidiario para la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Lo anterior quiere decir que la misma en principio no puede ser empleada como mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto mecanismos especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador teniendo en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.

Por lo anterior, la misma Carta Constitucional ha preceptuado que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa, porque de lo contrario, desaparecerían todas las acciones y procedimientos especialmente instituidos por el legislador para controvertir cualquier diferencia.

En este sentido, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 ha establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales; cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 8812 (sic) de la Constitución Política (ante la existencia de las acciones popular y de grupo); y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto (en tanto los mismos son objeto de control mediante las acciones contencioso administrativas y de control constitucionalidad especialmente previstas para verificar la validez del referido acto).

Sin embargo, teniendo en cuenta el valor vinculante de la Constitución Política (art. 4º), y la supremacía que la misma le asigna a los derechos fundamentales (art. 5°), por el valor jurídico y axiológico que los mismos tienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el numeral primero del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha previsto que la acción de tutela es procedente a pesar de la existencia de otro mecanismo judicial de defensa, cuando con ella se persigue evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Ahora bien, la Corte Constitucional con el fin de delimitar el concepto de perjuicio irremediable, y por consiguiente de preservar el carácter residual y excepcional de la acción de tutela, ha establecido respecto a este las siguientes características:

“A). El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino solo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.

De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”(1).

Como puede apreciarse, para la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de la existencia de otro medio judicial de defensa, es necesario que el juez en cada caso determine si el eventual perjuicio posee las características antes expuestas, so pena de negar el amparo solicitado por la improcedencia de la acción constitucional.

Análisis del caso en concreto

Corresponde establecer en la presente providencia si es procedente la acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales invocados por la entidad tutelante.

De conformidad con los artículos 86 del Constitución Política y 6.1 del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De esta manera, como lo ha señalado la Corte Constitucional(2) existen dos modalidades de acción de tutela, como mecanismo definitivo para la protección de derechos fundamentales o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En síntesis la parte actora pretende que se tutelen sus derechos fundamentales, y se ordene la inscripción de la Iglesia cristiana, evangélica y apostólica pública y privada de Colombia “Iglecreacol Universal” en el registro público de entidades religiosas, que lleva el Ministerio del Interior y de Justicia, en las mismas condiciones en que se encuentra registrada la Iglesia Católica, sin que se requiera de la personería jurídica especial que exige la entidad accionada.

Adicionalmente pretende que se ordene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— a expedir el registro único tributario y el número de identificación tributaria, sin ninguna restricción, a las iglesias reconocidas con personería eclesiástica expedida por la actora.

Por lo anterior es necesario hacer referencia a la normatividad aplicable para adelantar el trámite de inscripción en el registro público de entidades religiosas.

La Ley 133 de 1994 “Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política” estableció el régimen de las libertades religiosa y de cultos, con el fin de consagrar un ordenamiento común para todas las religiones y cultos, y fijar el régimen jurídico básico para las distintas religiones y confesiones religiosas. Como lo señaló la Corte en la Sentencia C-088 de 1994 por medio de la cual se efectuó el examen previo de constitucionalidad de la ley: “Se trata del establecimiento de un marco jurídico, que consagra las garantías básicas para que todas las personas, como individuos o como comunidades religiosas o como comunidades de fieles, seguidores o creyentes, puedan desarrollar libremente de modo organizado o espontáneo sus actividades religiosas”.

En la exposición de motivos de la citada ley se señaló:

“La Constitución de 1991 adopta una nueva regulación de cuestión religiosa, tanto en lo relativo al derecho de libertad religiosa, como a los principios a través de los cuales la Nación se organiza política y jurídicamente. En efecto, el Estado, reconoce a toda persona el derecho fundamental de profesar su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Derecho que a su vez se reconoce a todas las confesiones religiosas e iglesias, las que son igualmente libres ante la ley (art. 19). No radica en este punto, sin embargo la novedad de la regulación de la cuestión religiosa, sino en los siguientes puntos:

[...]

c) Incorporar el principio de igualdad y diversidad en materia religiosa;

[...]

e) Establecer por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano el principio de libertad religiosa como opción jurídico-política y no solo como reconocimiento de un derecho. De modo que esta opción jurídico-política es una superación de anteriores opciones que estuvieron presentes en nuestro ordenamiento jurídico, como la confesionalidad de la Nación o el laicismo del estado [...]”(3).

El artículo 9º de la Ley 133 de 1994, estableció una personería jurídica especial para determinadas entidades así:

“ART. 9º—El Ministerio de Gobierno, reconoce personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y confederaciones y asociaciones de ministros, que lo soliciten. De igual manera en dicho ministerio funcionará el registro público de entidades religiosas.

La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.

PAR.—Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil”.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley Estatutaria, se explicaron las razones de este reconocimiento y registro así:

“Como se trata de derivar consecuencias jurídicas de algunas de las actuaciones de las entidades religiosas así como la de sus ministros, es necesario llevar un registro de dichas instituciones que para el efecto se organiza en el Ministerio de Justicia. La consecuencia de la inscripción en este registro es el reconocimiento de la personalidad jurídica por parte del Estado a la respectiva entidad religiosa, así como el reconocimiento de la calidad de ministro de culto”(4).

Sobre el particular el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en sentencia del 23 de abril de 2009, ha señalado:

“El reconocimiento de la personería jurídica especial tiene por finalidad, no solo garantizar la igualdad de las diferentes entidades religiosas frente al Estado sino otorgar efectos jurídicos en relación con las actividades que ellas realizan y que conciernen a la sociedad. Además, en virtud del artículo 7º de la Ley 133 de 1994, se garantiza que las iglesias y confesiones religiosas establezcan su propia jerarquía, designen y desvinculen internamente a sus correspondientes ministros, regulen su permanencia en la confesión o religión; tengan la libertad de ejercer el propio ministerio religioso, conferir órdenes religiosas, designen sus propias autoridades y mantengan vínculos de diversa índole con sus fieles, con otras iglesias o confesiones religiosas y con sus propias organizaciones o jerarquías. El registro de tales entidades en el Ministerio de Gobierno, atiende precisamente a la necesidad de que el Estado conozca sobre la estructura de cada culto religioso, su organización jerárquica y su régimen interno; lo cual permite que tengan plena facultad decisoria y autonomía sobre su desarrollo, siempre dentro de los límites de la Constitución Política y la Ley”(5).

A su turno la Corte Constitucional, respecto de la Ley 133 de 1994, la Corte Constitucional (sic), precisó:

“Dentro de las innovaciones que se destacan en el proyecto que se examina, se reconoce una categoría especial a la personería jurídica de las iglesias y confesiones que voluntariamente la soliciten, en atención a que el ejercicio de la misma no es un asunto subjetivo y particular, sino que proyecta sus consecuencias y su dinámica social con carácter colectivo.

Observa la Corte que no se trata solo de una clase de personas jurídicas de las que pueden constituirse en desarrollo de la libertad religiosa y de cultos, sino varias; en efecto, según lo dispone el artículo 9º del proyecto de ley, dichas personas se clasifican en iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y confederaciones y asociaciones de ministros, y en todo caso deben obtener su reconocimiento del Ministerio de Gobierno y figurar en el registro público de entidades religiosas.

No es cierto, pues, que el legislador pretenda admitir como iglesias a las asociaciones de ministros; simplemente se trata de que aquellas también tengan personería jurídica pero como asociaciones de esta especial naturaleza; no se les atribuye la categoría de aquellas, pero si se les reconoce como unas entidades religiosas con las que el Estado puede celebrar convenios de derecho público, para acordar la posibilidad de impartir enseñanza e información religiosa y de ofrecer asistencia y atención religiosa por medio de capellanías o de instituciones similares a los miembros de las iglesias y confesiones religiosas, cuando estos se encuentren en establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros, bajo la dependencia de las iglesias y de las confesiones religiosas”.

Visto lo anterior, observa la Sala que la personería jurídica especial se le reconoce a aquellas iglesias, confesiones y asociaciones de ministros que imparten una formación religiosa u ofrecen atención de este tipo en distintos campos de la sociedad.

En concordancia con lo manifestado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto 641 de 5 de octubre de 1994, absolvió algunas consultas del Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio del Interior y de Justicia) en relación con el reconocimiento de la personería jurídica de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, señalando, que el legislador mediante la Ley 133 de 1994 radicó la competencia para reconocer la personería jurídica a las iglesias y confesiones religiosas, así como la de llevar el registro de entidades religiosas en el Ministerio del Interior y de Justicia.

Así las cosas, indicó que quien pretenda ejercer válidamente la dirección espiritual de sus fieles, cuyas actuaciones, además, tengan efectos jurídicos frente al Estado, como: celebrar matrimonios y declarar la nulidad de los mismos de conformidad con sus cánones y las reglas previstas en sus estatutos, deben solicitar el reconocimiento de su personería jurídica ante la autoridad competente.

Mencionó que el Ministerio del Interior y de Justicia, reconocerá la personería jurídica a las entidades religiosas que cumplan con los requisitos señalados en el inciso segundo, del artículo 9º de la Ley 133 de 1994.

Afirmó que la inscripción del registro de entidades religiosas, procederá sobre aquellas entidades religiosas a las cuales el ministerio les haya reconocido personería jurídica.

Ahora bien, en cuanto a los requisitos establecidos por el legislador para el reconocimiento de la personería juridica especial a las iglesias, confesiones, federaciones, asociaciones de ministros y demás denominaciones religiosas, estos, se han de determinado en el Decreto 782 de 1995 “por el cual se reglamentan parcialmente la leyes 25 de 1992 y 133 de 1994”.

“ART. 1º—Requisitos. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, para la obtención de su personería jurídica especial, deberán presentar ante la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno la correspondiente petición acompañada de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación , los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.

La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos y no se vulneren los preceptos de la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales.

Reconocida la personería jurídica especial, oficiosamente el Ministerio de Gobierno hará su anotación en el registro público de entidades religiosas.

ART. 5º—Personería jurídica. La personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros se reconocerá mediante resolución motivada suscrita por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno, y por el abogado encargado del estudio de la solicitud y documentación respectiva.

Así mismo se rechazarán las solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos por este decreto o violen la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales. Contra esa resolución proceden los recursos de reposición y apelación ante el Ministro de Gobierno” (resaltado fuera de texto).

Así mismo, el Decreto 1319 de 1998, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994”, describe los documentos a tener en cuenta para acceder al reconocimiento de la personería jurídica especial de comunidades religiosas:

“ART. 1º—Documentos fehacientes. Para efectos de lo previsto en el artículo 9º de la ley 133 de 1994 y en el artículo 1º del Decreto 782 de 1995, entiéndase por documentos fehacientes necesarios para la obtención de personería jurídica especial por parte de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, ante el Ministerio del Interior, los siguientes:

a) Acta de constitución de la entidad;

b) Estatutos y reglamento interno;

c) Acta de aprobación de estatutos y de reglamento interno;

d) Acta de designación de dignatarios con indicación del nombre, documento de identidad y cargo respectivo;

e) Acta de designación del representante con indicación del nombre documento de identidad y periodo de ejercicio;

f) Constancia de la designación de los lugares destinados permanente y exclusivamente para culto, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del Ministro de Culto responsable;

g) Constancia de la determinación de las filiales indicando la ciudad, dirección y teléfono si lo hubiere;

h) Relación aproximada del número de sus miembros;

i) Acta de creación de los institutos de formación y estudios teológicos, si los hubiere, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del director de los mismos;

j) Personería jurídica adquirida conforme al régimen de derecho privado, si la hubiere”.

“ART. 6º—Otorgamiento. El Ministro del Interior otorgará mediante resolución, las personerías jurídicas especiales a las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, previo estudio de la respectiva solicitud por parte de la subdirección de libertad religiosa y de cultos, con el visto bueno de la dirección general jurídica (resaltado fuera de texto).

El acto administrativo de reconocimiento de la personería jurídica especial, se notificará al representante legal o a su apoderado, en los términos previstos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo” (subrayado fuera de texto (sic)).

En este orden de ideas, observa la Sala que la personería jurídica especial, permite a las iglesias y confesiones religiosas el reconocimiento de su autonomía frente al Estado, la cual se traduce en una existencia jurídica que comprende la facultad de desarrollar sus objetivos y en especial, que les permita practicar y difundir la fe que los congrega y cumplir con los demás fines que les impone su actividad pastoral y evangélica. En este sentido, adquiere una especial connotación la potestad libre y autónoma con que cuentan las comunidades religiosas para señalar sus propias reglas de organización y funcionamiento a fin de lograr un “orden eclesiástico”, el cual merece de la absoluta protección por parte del Estado.

Sobre el particular advierte la Sala, que la personería jurídica especial que se les exige a las iglesias y confesiones religiosas, tiene sus efectos en cuanto al ejercicio de su actividad pastoral y al control que puede desarrollar el Estado sobre ellas, más no es exigible para efectos de establecer si una entidad religiosa es o no contribuyente del impuesto de renta, tratándose de asociaciones religiosas, conforme al artículo 23 de estatuto tributario.

Entonces, conforme a la documentación allegada al expediente, se tiene que la parte actora en reiteradas oportunidades, en nombre propio o a través de sus asociadas, solicitó ante el Ministerio del Interior y de Justicia el reconocimiento de la personería jurídica especial, no obstante la misma fue negada, toda vez que no cumplía con el lleno de los requisitos legales previstos en le Ley 133 de 1994 y sus decretos reglamentarios.

Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-sección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 5 de junio de 2008,(6) señaló:

“Examinada con detenimiento la sentencia expedida el diecisiete (17) de febrero de 2005, se debe concluir que en ella se procedió a analizar las razones que motivaron a la subdirección de libertad religiosa y de cultos a negar la solicitud de personería jurídica especial presentada por la parte actora, relacionadas con los requisitos que sobre el particular contiene el artículo 3º del Decreto 1319 de 1998: i) el Acta A011-1999 aportada, además de que carece de las firmas de aprobación, no corresponde a la constitución de la persona jurídica solicitante, sino a la transformación de una clase de sociedad en otra; ii) no se aportó el acta que aprueba los estatutos, ni la elección del secretario general de la federación; iii) los estatutos no contienen causales de retiro y expulsión, y además no especifica las violaciones graves a que están sujetas, y no designan el representante, sus funciones y el periodo en ejercicio.

Se concluye en el aludido fallo, que no es posible verificar el cumplimiento de los dos primeros porque no se allegó el documento que permita hacer el cotejo.

En cambio sobre los reparos que se hace al contenido de los estatutos, luego de admitir su exigibilidad por parte del artículo 3º del Decreto 1319 de 1998, las encuentra fundadas al no encontrarlas en el documento respectivo, ni demostradas por ningún otro medio.

Nótese que si bien las primeras razones del rechazo de la solicitud de personería especial elevada por la parte actora, guardan relación directa con el tema probatorio cuestionado en la presente tutela, en lo que hace al examen de los estatutos no tiene la misma trascendencia, pues la Sección Primera del Consejo de Estado estructuró su propio criterio con los elementos de juicio obrantes en infolios.

(...).

Si bien los antecedentes administrativos de las peticiones de personería jurídica de la Federación de iglesias cristianas confraternidad de Colombia, no fueron allegados íntegramente al expediente a pesar de su requerimiento, la parte actora no insistió sobre el particular en las diversas oportunidades procesales.

La presencia de tal documentación no tuvo importancia determinante para el fallador, pues con los elementos probatorios allegados estuvo en capacidad de resolver negativamente al menos uno de los cargos de nulidad sobre los actos acusados.

Incluso, resulta incierta la afectación real de los derechos de la Federación de iglesias cristianas confraternidad de Colombia, pues a pesar de la negativa administrativa y del fallo contencioso administrativo que la confirmó, mantiene el derecho de alcanzar su personería jurídica especial con el lleno de los requisitos legales” (resaltado fuera de texto).

Para el presente evento, se observa que al interior del expediente obra a folio 429 y 430 del escrito de respuesta de tutela presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia, copia del Oficio OFI10-5554-DJ-0420, del 22 de febrero de 2010, mediante el cual se resuelve la solicitud propuesta por la actora, en cuanto a la inscripción de la “Iglesia del gobierno evángelica y apostolica, pública y privada de sana doctrina de Colombia Iglecreacol Universal”, en el registro de entidades religiosas en los siguientes términos:

“... analizada la documentación por usted aportada, se encuentran serias inconsistencias en su petición, pues inicialmente solicita inscribir una iglesia, pero anexa estatutos de una confederación. Para uno u otro evento se requiere demostrar los requisitos de ley exigidos para la obtención de una personería jurídica especial, toda vez que el registro oficioso como el que usted pretende no opera en el caso en comento.

Igualmente se observa que la naturaleza de la entidad religiosa mencionada, por ser una confederación, supone demostrar la unión de dos o mas varias federaciones entidades religiosas, debidamente acreditadas esto es, demostrar que cada federación miembro tiene una personería jurídica especial reconocida por este ministerio, y exige además aportar las respectivas certificaciones de existencia y representación para acreditar su vigencia como entidad religiosa”.

Vistas las observaciones realizadas por el Ministerio a la actora, respecto de las inconsistencias encontradas en su petición, se le recalcó que además debía allegar, la documentación exigida en el Decreto 1319 de 1998, para efectos del reconocimiento de la personería jurídica. Por tal motivo se decidió hacer la devolución de la totalidad de los documentos aportados por el accionante con la solicitud, a fin de que procediera a corregirlos y realizar nuevamente petición.

Así las cosas, debe la Sala destacar que el rechazo de la personería jurídica cuestionado no tiene efectos definitivos, ya que la parte actora en cualquier momento futuro puede insistir en el otorgamiento de la misma, esta vez allegando la documentación conforme a ley, que en definitiva le permita la inscripcción en el registro de entidades religiosas, y a cada una de las iglesias, federaciones, confederaciones y asociaciones que hacen parte de “Iglecreacol Universal”, para finalmente acudir ante la DIAN a solicitar la expedición del RUT y su correspondiente número de identificación tributaria.

De otro lado, en cuanto a la personería jurídica de derecho público eclesiástico que se le reconoce a la Iglesia Católica y a sus iglesias allegadas, la Corte Constitucional ha dispuesto en Sentencia C-088 de 1994, que esta es una manifestación de respeto a un derecho adquirido, reconocido mediante concordato suscrito ente el Estado Colombiano y la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 1974, que constituye la norma por la cual se incorporó al derecho interno el referido tratado.

Sin embargo dejó claro que las demás iglesias que ejercen su actividad evangélica, atienden funciones públicas reconocidas por la Constitución y por la ley, lo que no significa que de manera alguna puedan celebrar convenios de derecho público interno de derecho internacional, con el Estado Colombiano, al igual que ocurre con el concordato celebrado con la Iglesia Católica, para tratar asuntos de mutua preocupación que atañen a la sociedad misma.

Lo expresado, permite concluir que no se configura la transgresión de los derechos fundamentales de la actora y por ende resulta improcedente la presente acción pues la accionante cuenta aún con el procedimiento administrativo descrito por el legislador, idóneo, eficaz, expedido y efectivo, que le permitirá acceder a la personería jurídica especial y en consecuencia a su correspondiente inscripción en el registro público de entidades religiosas, lo anterior con el ánimo de brindarles autonomía eclesiástica para designar sus iglesias y confesiones religiosas y ejercer la actividad evangélica.

De otra parte, la Sala resalta que no se ponen de presente condiciones para que pueda afirmarse que existe un perjuicio irremediable(7).

Por lo analizado, se CONFIRMA la decisión impugnada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el fallo del 8 de junio de 2011 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Sub-Sección “A”, mediante (sic) se rechazó por improcedente la solicitud, en ejercicio de la acción de tutela presentada por el señor Fernando Mortigo Pinzón.

Notifíquese en legal forma a las partes.

Envíese copia de esta sentencia al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-1060 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(2) Sentencia T-1039 de 2006.

(3) Actas de plenaria, Gaceta del Congreso 11 de agosto de 1992, pagina 13 “exposición de motivos proyecto de ley 1 de 1992”.

(4) Gaceta del Congreso de 28 de julio de 1992. Página 10.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en sentencia del 23 de abril de 2009.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-sección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 5 de junio de 2008.

(7) Establecidas en la Sentencia T-225 de 1993, trascritas en el acápite II. 3 de esta providencia.