Sentencia 2011-01220 de marzo 30 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 680011102000201101220 01/F

Aprobado según Acta Nº 28, de la misma fecha

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil dieciséis

EXTRACTOS «Consideraciones

I. Competencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el Título XII, Capítulos 1 al 9 de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

II. Aspectos Generales de la competencia

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el A quo, en las presentes diligencias.

Esta Corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta Colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En este punto resulta importante señalar que el recurso de alzada advierte dos peticiones distintas y una misma argumentación, valga decir se solicita decretar una nulidad o en su defecto revocar y absolver al disciplinado; los argumentos que se utilizan para cada una de las peticiones son de similar identidad, son apreciaciones conceptuales e interpretativas, que van dirigidos los primeros contra el auto de dispuso el procedimiento verbal y los otros contra la sentencia sancionatoria. En ese orden se examinaran sus argumentos en sede de apelación.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(4), por medio de la cual, se impuso sanción de Suspensión por termino de un (1) mes en el en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, por el lapso de 30 días, al Dr. Jaime Ramiro Betancourt Rodríguez, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Sucre, Santander, tras hallarlo responsable por el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 127 de la Constitución Política y en el numeral 13 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, lo que constituye falta disciplinaria grave dolosa.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

III. Caso Concreto.

Como se advierte el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido no se evaluaron las pruebas en su favor y que no se desarrolló el análisis de fáctico y jurídico para terminar y archivar como lo pretende el funcionario disciplinado, no están llamados a prosperar.

En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada por el disciplinado es clara y contundente cuando entró a participar en discusiones de carácter político con miembros de la comunidad de Sucre Santander, y realizando apuestas en favor de uno de los candidatos a la Alcaldía Municipal, comportamiento que es contrario no sólo a la Ley, sino a un mandato constitucional expreso, consagrado en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe a los funcionarios Judiciales inmiscuirse en controversias de carácter político, excepto la de votar en elecciones generales, igualmente el numeral 13 del artículo 154 prohíbe a los funcionarios judiciales, participar en reuniones y controversias políticas, con excepción de voto, así pues, le estaba vedado al Juez Promiscuo Municipal de Sucre Santander de inmiscuirse y apostar por uno de los candidatos, independientemente de las supuestas presiones recibidas, pues al ser letrado en derecho en su condición de abogado y juez con experiencia de varios años en ejercicio de dicha responsabilidad, era consciente de su encargo frente a la sociedad de Sucre, de no participar en este tipo de eventos (discusiones y apuestas), ya que tanto la constitución como la ley se lo impedían y aun así las realizó, situación que lo compromete de manera directa, como de manera acertada lo argumentó el a quo, y que esta Sala confirmará.

No encuentra soporte en las argumentaciones, hechos y normas citadas por la impugnante, para siquiera modificar la decisión tomada por el a quo, en cuanto a que las situaciones favorables no fueron evaluadas, pues esta Sala encuentra soporte fáctico y jurídico en la decisión, pues el hecho de que haya desistido de la apuesta no es viable tenerla en cuenta como atenuación, ya que como lo indicaron los múltiples testimonios y en los mismos escritos presentados por el disciplinable, se establece de forma clara que el dinero no le fue devuelto, y que este evento si trascendió a la comunidad afectando no sólo la imagen de la justicia, sino la imparcialidad con que se deben comportar los funcionarios judiciales en su actuar de manera especial en asuntos de carácter político, mucho más si se tiene la condición de clavero en la contienda electoral que se avecinaba, por lo que se comparten los criterios con que se fundamentó la decisión de la Sala de instancia, sino que la acompañará.

De otra parte manifestó que fue presionado y que adicionalmente no fueron evaluados los testimonios en su favor que indicaban que fue imparcial al desempeñarse como clavero, al respecto esta Colegiatura tiene claro que estos testimonios y el hecho de haber sido presionado a apostar, no son de recibo, en la medida que lo que aquí se le esta endilgando es su participación en discusiones de carácter partidista y electoral, al entrar en discusiones con personas de la población de Sucre, al no solo inclinarse por uno de los candidatos, sino jugar en favor de uno de ellos, conducta que aquí se reprocha, y el hecho de que haya sido supuestamente presionado a realizarlo, no es atenuante, pues, el disciplinado era consciente del alcance de su actuar y por tal razón no sirve de excusa y en cuanto a los testimonios en su favor al intervenir como clavero no era relevante, ya que si hubiese operado en favor de alguno de los candidatos habría dado como resultado el responsabilizarlo por una conducta y una falta adicional, que aquí no se le está atribuyendo; razones de fondo por las cuales no son de recibo sus argumentaciones.

Esta Colegiatura, no ahondará en más argumentaciones frente a este asunto, dado que encuentra sin lugar a dubitaciones que la conducta endilgada existió, al no dentro de los términos establecido por la Constitución y la Ley, de manera especial los artículos 127 de la Constitución Nacional y el numeral 13 del artículo 154 la Ley e la Ley 290 de 1996, las cuales transcribo a continuación:

“(…). Artículo 127. A los empleados del estado que se desempeñan en la Rama Judicial, en los Órganos electorales, de control y seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio (…)”.

El artículo 154 numeral 13 de la Ley 270 de 1996, establece:

“(…) Prohibiciones. A los funcionarios de la Rama Judicial, según el caso les está prohibido (…) 13. Cualquier participación en los procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales (…)”.

Las normas transcritas son elocuentes en cuanto a que los funcionarios Judiciales no deben inmiscuirse en controversias y mantener imparcialidad en asuntos electorales o partidistas y menos aún realizar apuestas en favor o en contra, de alguno de los candidatos en este caso a la alcaldía de Sucre Santander, como en efectivamente ocurrió, pero además estas normas por el nivel del funcionario son de su conocimiento por tal razón la calificación atribuida a la falta por el a quo, fue apropiada y ajustada a derecho, dándole el calificativo de grave dolosa.

En cuanto a la sanción impuesta de un mes de suspensión en el ejercicio del cargo y 30 días de inhabilidad especial, atribuida al doctor Jaime Ramiro Betancourt Rodríguez, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Sucre, Santander, se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones de la disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve:

1.Confirmar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por medio de la cual, se impuso sanción de Suspensión por termino de un (1) mes en el en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, por el lapso de 30 días, al Dr. Jaime Ramiro Betancourt Rodríguez, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Sucre, Santander, tras hallarlo responsable por el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 127 de la Constitución Política y en el numeral 13 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, lo que constituye falta disciplinaria grave dolosa, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

3(sic). Remitir copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

4. Devolver el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase»

(4) Sala integrada por los Magistrados Martha Isabel Rueda Prada (Ponente) Juan Pablo Silva Prada.