Sentencia 2011-01239 de octubre 7 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 520011102000201101239 01 (9246-19)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala 84

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256 de la Constitución Política, 4º del canon 112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007, a esta Colegiatura le corresponde decidir los recursos de apelación en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De legitimación de los intervinientes para apelar:

Al tenor de lo reglado en el artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, los intervinientes en la actuación disciplinaria están legitimados para apelar, disponiendo la referida norma:

“Artículo 66. Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…)

2. Interponer los recursos de ley.

(…)”

3. De la Calidad del Inculpado.

El Seccional de instancia acreditó la calidad de disciplinable del doctor Jesús Alexander Ruíz Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.713.349 y quien aparece inscrito en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con la Tarjeta Profesional No. 131.588 vigente (fl. 20 c. 1ª instancia).

4. De la Nulidad Plateada por el Disciplinado.

I) El disciplinado alegó la nulidad de lo actuado, por cuanto consideró haber sido notificado a una dirección distinta a la de su domicilio, vulnerándose así su derecho de defensa.

No obstante, esta Sala precisa que no entrará a estudiar la petición del jurista, atendiendo lo previsto en el artículo 100 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

“artículo 100. Solicitud. El interviniente que alegue una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores (snft).

Al respecto, observa esta Superioridad que el togado solicitó nulidad de lo actuado en el recurso de apelación, invocando la misma causal deprecada a través escrito presentado el 29 de agosto 2012 (fls. 88 - 89 c. o 1ª instancia), inclusive argumentó su petición a partir del mismo presupuesto fáctico, indebida notificación; la cual fue desatada desfavorablemente por la Magistrada de Conocimiento, en la Audiencia de Juzgamiento celebrada el 21 de octubre de 2013 (cd 2 record 00:14:10, fls. 218 - 219 c. o 1ª instancia), en ese orden de ideas, concluye esta Colegiatura que el recurrente no formuló una nueva causal de nulidad, ni tampoco se refieren a hechos posteriores, a los ya decididos por la primera instancia, razones por las cuales no se accederá a la nulidad propuesta por el togado.

5. De las faltas endilgadas

Los cargos por los cuales se sancionó al jurista en el fallo apelado son los descritos en los artículos 30 numeral y 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, cometidas en la modalidad dolosa, veamos:

“Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…)

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

(…)

Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa.

(…)”

6. De la Apelación:

En tal virtud, procede esta Superioridad a resolver el recurso de apelación formulado, por el doctor Jesús Alexander Ruíz Mejía contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación, y a lo que resulte inescindiblemente vinculado al tema, conforme al parágrafo 171 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Inconforme con la decisión, el disciplinado interpuso recurso de alzada manifestando que no hay pruebas fehacientes a partir de la cual se edifique la responsabilidad de los cargos imputados en sede de instancia.

Al respecto, evidencia esta Sala que los medios de pruebas allegados al dossier son la copia del escrito de apelación presentado por el disciplinado, de la sentencia de primera y segunda instancia del proceso No. 2011-00020 y de la providencia proferida dentro del radicado No. 30106 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (fls. 1 – 17 y 191 - 216 c. o 1ª instancia).

Así las cosa, esta Sala entrará a estudiar por separado los cargos endilgados al doctor Jesús Alexander Ruíz Mejía, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado, a efectos de establecer su responsabilidad en los hechos investigados

De la falta descrita en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, la cual dispone.

“Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa. (…)” (snft)

Al respecto, observa esta Colegiatura que el disciplinado, una vez su cliente fue condenado mediante sentencia del 1 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Túquerres – Nariño dentro del radicado No. 2011-00020, por el delito de hurto calificado y agravado (fls. 2 - 6 c. o 1ª instancia), interpuso recurso de apelación exponiendo lo siguiente:

“Todo lo anterior, para que tenga en cuenta la sentencia 30 de septiembre de dos mil nueve (2009), radicado No. 30.106 M.P. Dr. Agusto J. Ibáñez Guzmán, donde claramente manifiesta “la aplicación de prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la ejecución de la pena no es delimitada por la naturaleza del delito, no está supeditada a la carencia de antecedentes penales y menos aún, a la valoración de algún componente subjetivo” y anuado a esto no existió la práctica de los testimonios para acudir la calidad de padre cabeza de familia (…)” (negrilla del texto) (subrayado de la Sala ) (fls. 7 - 8 c. o 1ª instancia).

De otro lado, evidencia este Juez Colegiado de la sentencia del 30 de septiembre de 2009 proferida dentro del radicado No. 30106 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el aparte pertinente del cual el disciplinado tomó la referida cita:

“(…) la aplicación de la prisión domiciliaria no está limitada por la naturaleza del delito, ni está supeditada a la carencia de antecedentes penales y, menos aún, a la valoración de algún componente subjetivo, además, se condensan los tres elementos que viabilizan la aplicación del principio de favorabilidad, como son, el carácter sustancial del instituto, la sucesión de leyes en el tiempo y la simultaneidad de sistemas” (fls. 192 - 207 c. o 1ª instancia).

Asimismo, avizora esta Colegiatura el cuestionamiento realizado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a la conducta desplegada por el jurista, a través de la providencia del 22 de agosto de 2011, en la cual desató el recurso de alzada instaurado por el disciplinado contra la sentencia del 1 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Túquerres – Nariño, al advertir la cita inexacta plasmada en el escrito de apelación:

“Como se aprecia con diáfana claridad de lo subrayado y resaltado en los dos textos, el apelante no solo agregó la expresión “o suspensión condicional de la pena” que no contenía la cita original, sino que no le dio el contexto que la referida cita requería y el principio de lealtad procesal le exigía.

(…)

Resulta entonces evidente la desleal estrategia utilizada por el defensor al pretender engañar a la judicatura, por lo que tal comportamiento tan grave y reprochable que atenta contra la decencia y el decoro profesional y raya con la temeridad y mala fe, no se compensa con la mera censura que la Sala le efectúa en esta providencia, sino que torno necesario ordenar que se compulsen copias pertinentes a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Judicatura, para que adelante la investigación a que haya lugar por la referida conducta del profesional del derecho” (snft)

Por lo anteriormente expuesto, concluye esta Colegiatura que el disciplinado adicionó al texto de la providencia proferida el 30 de septiembre de 2009 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la frase “o suspensión condicional de la pena”, realizando un uso indebido de un pronunciamiento de la Corte, pues alteró su contenido para hacerlo extensivo el mencionado precedente jurisprudencial a su cliente a partir de una cita inexacta, con el fin de obtener la suspensión condicional de la pena; siendo que ésta institución jurídica no había sido estudiada por la Corte Suprema de Justicia, conducta con la cual pretendió desviar el recto criterio de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto al momento de desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 1 de junio de 2011 al interior del proceso No. 2011-00020, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Túquerres – Nariño.

En ese orden de ideas, es evidente para esta Sala que el jurista adicionó un subrogado penal al precedente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por tanto, no es de recibo para esta Superioridad el argumento defensivo del profesional del derecho, pues existieron pruebas irrefutables, con las cuales se determinó en grado de certeza su responsabilidad en el cargo endilgado en sede de instancia, pues como bien lo plasmó por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el togado intentó “engañar” y desviar su criterio como Juez de segunda instancia.

De la falta descrita en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tener literal es el siguiente:

“Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…)

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

Al respecto, evidencia esta Sala con el segundo cargo endilgado al disciplinado, que éste interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 1 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Túquerres – Nariño dentro del radicado No. 2011-00020, por el delito de hurto calificado y agravado (fls. 2 - 6 c. o 1ª instancia), pretendiendo obtener la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fls. 7 - 8 c. o 1ª instancia), para tal propósito, el togado citó el precedente jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, adicionando la frase “o suspensión condicional de la pena”(nsft) para conseguir éste benefició, a sabiendas que el mismo no fue tratado en la providencia.

Asimismo, observa esta Sala de los alegatos de conclusión rendidos por el disciplinado en la Audiencia de Juzgamiento celebrada el 6 de diciembre de 2013, que éste manifestó haber sido “acucioso y estudioso” del tema para argumentar la defensa de su cliente a partir del precedente jurisprudencial Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por tanto, el jurista era consciente que al realizar la modificación de la cita, su conducta rayaba con el decoro de la profesión, pues no era un error de trascripción, por el contrario, incorporó al texto un subrogado penal, con el fin de hacer beneficiario a su cliente de este, conducta con la cual actuó de mala fe en su actividad profesional.

Sobre el particular, es oportuno hacer referencia respecto a la dignidad de la profesión que debe tener todo abogado al ejercer su profesión; siendo la buena fe un principio constitucional el cual debe estar en el actuar de todas las personas, pero aún más de un letrado en derecho, en razón a la trascendencia y relevancia social de la profesión de abogado, como bien lo analizó la Corte Constitucional en sentencia Sentencia C-884/07, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño se indicó:

“La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios(2): (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia(3). En el marco del nuevo Código disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa(4), tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, este Tribunal ha afirmado que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe(5).

Por lo anterior, evidencia esta Sala que el disciplinado tenía pleno conocimiento que la estrategia de defensa estaba cimentada a partir de una cita inexacta, pues el subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena, no había sido tratado en dicho pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, no obstante, continuó su ejecución rompiendo así con el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, encuadrando su conducta en el artículo 30 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

Finalmente, en relación con la presunta prueba enviada por el togado desde la ciudad de Cali, observa esta Colegiatura que en el infolio no reposa ninguna evidencia, a partir de la cual se pueda establecer que la misma, “(…) se encuentra en secretaría o en algún lugar del Consejo Seccional de Pasto que no fue buscada (…)” (Sic); además, el jurista no aportó documento alguno para demostrar que dicho medio probatorio fue arrimado al dossier, inclusive, el profesional del derecho no la allegó con su escrito de alzada para ser valorada por esta instancia.

En ese orden de idea, esta Sala decidió teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 84. Necesidad. Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso” (snft).

Así las cosas, esta Superioridad encuentra demostrada en grado de certeza la responsabilidad de togado respecto a las faltas previstas en los artículos 30 numeral 4 y 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual se configuró lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

“Artículo 97. Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable”.

En tal sentido, este Juez Colegiado CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 13 de diciembre del 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante el cual sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jesús Alexander Ruíz Mejía, por la comisión de las falta previstas en los artículos 30 numeral 4 y 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, cometidas a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No acceder a la nulidad deprecada por el disciplinado, de conformidad a la parte considerativa de la presente sentencia.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 13 de diciembre del 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a través de la cual sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jesús Alexander Ruíz Mejía, por la comisión de las faltas previstas en los artículos 30 numeral 4 y 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, cometidas a título de dolo, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

3. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

4. COMISIONASE al Magistrado en turno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, con facultades para subcomisionar, para que en el término de ley, notifique a los intervinientes de la presente providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Reiterada en la C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

3 Ver, principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

4 Ver sentencias C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

5 Sobre el la función social y los riesgos de la profesión de abogado, ver sentencia C-543 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).