Sentencia 2011-01243/0372-15 de junio 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "A"

Consejero ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Ref: Exp.: 25000232500 201 0124301

No. Interno: 0372-15

Apelación Sentencia:

actor: Rosa Tulia Useche de Palacios

Bogotá D.C., dieciséis de junio de dos mil dieciséis

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 17 de julio de 2013, proferida la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda — Subsección "F", dentro del proceso promovido contra la Caja Nacional de Previsión Social — Hoy Unidad Administrativa de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscal Protección Social UGPP.

Antecedentes

La parte actora, por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A, instauró demanda contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en Liquidación, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución PAP 034544 de 27 de enero de 2011, por medio de la cual denegó la reliquidación post modem de la pensión de jubilación del señor Enrique Daniel Palacios Fajardo (q.e.p.d) con la inclusión de todos los factores que devengó en el último año de servicios, así como la indexación del ingreso base de liquidación.

A título de restablecimiento, solicitó la reliquidación de la pensión en cuantía de $327.830 a partir del 12 de junio de 1992, pero con efectos fiscales a partir del 17 de abril de 2004, valor que se obtiene de la indexación del ingreso base de liquidación que se fijó en la Sentencia de la Corte Constitucional C-862 de 2006.

De igual manera, que se reliquide esta prestación en su calidad de cónyuge supérstite a partir del 15 de enero de 2011, día siguiente al fallecimiento del causante, y que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Como hechos fundamento de la demanda, expuso que su cónyuge, Enrique Daniel Palacios Fajardo, por haber laborado por más de 20 años al servicio del Estado, la Caja Nacional de Previsión Social mediante la Resolución 14898 de 11 de marzo de 1993, le reconoció una pensión de jubilación a partir del 12 de junio de 1992, en cuantía de $93.906.

Narró que su .esposo falleció el 14 de enero de 2001, razón por la cual la entidad demandada mediante la Resolución 19951 de 21 de agosto de 2001 le reconoció la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite a partir del 15 de enero de 2001.

Adujo que inconforme con la anterior decisión, solicitó la reliquidación de la pensión con el fin de que se incluyeran todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, pero a través de la Resolución PAP 34544 de 27 de enero de 2011 resolvió en forma negativa las pretensiones.

Como normas violadas invocó los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 48, 58 y 230 de la Constitución Política; 12,8, 10, 12, 33, 36, 141 y 288 de la Ley 100 de 1993; 10 del Código Civil, Leyes 57 de 1887, 4a de 1966, 33 de 1985; y el Decreto 1743 de 1966. En el concepto de la violación, señaló que de la lectura de la Ley 33 de 1985 se extrae que en la liquidación de la pensión del causante se. debió tener en cuenta todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios, y si sobre ellos no se efectuaron aportes, la entidad demandada en lugar de excluirlo, tenía el deber de ordenar el respectivo descuento.

Manifestó que es procedente la actualización de la primera mesada pensional pues dicho ajuste obedece a un hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda del país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que la orden de indexación obedece a criterios de equidad de conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política y en concordancia con el Estado Social de Derecho.

La Sentencia

La Sala Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección —"F", declaró la nulidad de la Resolución PAP 034544 de 27 de enero de 2011 y en consecuencia condenó a la Caja Nacional de Previsión Social a reliquidar la pensión de sobreviviente señora Rosa Tulia Useche de Palacios, en calidad de cónyuge sobreviviente del señor Enrique Daniel Palacios Fajardo, con el 75% del salario promedio devengado entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 1987, con la inclusión del salario en especie y a partir del 12 de junio de 1992, fecha de la adquisición del status; de igual manera ordenó indexar el valor de la primera mesada pensional, actualizando el ingreso base de liquidación entre la fecha de retiro del causante (30 de diciembre de 1987) y la fecha efectivamente cumplió el status pensional (12 de junio de 1992), en los términos del artículo 178 del C.C.A, así como la diferencia entre la nueva liquidación y las sumas pagadas por concepto de la pensión de jubilación, a partir del 30 de marzo de 2006, por prescripción trienal.

Dijo que la situación pensional del actor se encuentra definida por el régimen de transición pensional previsto en la Ley 33 de 1985, al verificar que para el 13 de febrero de 1985 contaba con más de 15 años de servicios, lo que implica que tiene derecho al pago de la pensión de jubilación por haber laborado por más de 20 años en diferentes entidades oficiales y que los factores a liquidar sean los percibidos en el último año de servicios, atendiendo a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la no taxatividad de los factores.

Precisó que el valor de la mesada pensional que ha de ser reconocida a favor del causante y que posteriormente fue sustituida a favor de la demandante, no debe sufrir el detrimento ocasionado por el trascurso del tiempo, pues constituye un hecho notorio que el valor real de los emolumentos computados para liquidar la mesada para el 30.de diciembre de 1987, fecha en que el causante se retiró del servicio público, no es lo mismo para el 12 de junio de 1912, fecha en que adquirió el status pensional. Así entonces, procede la indexación por el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 1987 y el 12 de junio de 1992.

La Apelación

La entidad demandada precisó que el acto acusado aplicó la normatividad contenida en la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1994, según la cual los factores que se deben incluir son los que taxativamente se encuentran establecidos en la norma. Alega que admitir que todos los factores salariales pueden constituirse como base de liquidación pensional, es quitarle el efecto útil del listado que estableció el legislador para la liquidación de las pensiones de empleados oficiales.

Concepto del Procurador

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, solicita se confirme la sentencia del Tribunal (fls. 411-416 vto).

Señaló que del análisis de la Ley 33 de 1985 y del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado, es evidente que la parte a derecho a la reliquidación pensional con todos los factores salariales que el causante devengó durante el último año de servicios.

En efecto, la Sentencia del 4 de agosto de 2010 Exp. 0112-09 Cp. Víctor Alvarado Ardila, precisó que los factores salariales que se deben reconocer en vigencia de la Ley 33 de 1985, al momento de determinar el IBL pensional de los empleados oficiales, son todos aquellos que constituyen salario, es decir aquellas suman que percibe el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, que en el caso bajo estudio son aquellos que el señor Enrique Daniel Palacios Fajardo (q.e.p.d) percibió en el último año de servicios

Surtido el trámite legal y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir, previas las siguientes,

Consideraciones

El problema jurídico se contrae a determinar si procede el reajuste de la pensión post modem de la señora Rosa Tulia Useche de Palacios conforme a lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985 o si se debe aplicar para determinar su ingreso base de liquidación pensional lo establecida en la Ley 100 de 1993, artículo 36 inciso 3º.

Con el objeto de resolver el problema expuesto, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

— El señor Enrique Daniel Palacios Fajardo nació el 12 de junio de 1937 (FI.136).

— La Caja Nacional de Previsión Social por medio de la Resolución No. 14898 de 11 de marzo de 1993 le reconoció su pensión de vejez en cuantía de $93.906, efectiva a partir del 12 de junio de 1992. El monto de la prestación se determinó con el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de los últimos 12 meses de servicio y como factores de liquidación enlistó la asignación básica y la bonificación de servicios (Fls. 46-48).

— A folio 121 obra copia del Registro Civil de Defunción 03696801 en la que da cuenta que el señor Enrique Daniel Palacios Fajardo falleció el 14 de enero de 2001.

— Por medio de la Resolución 19951 de 21 de agosto de 2001 el Subdirector General de Prestaciones Sociales de la Caja Nacional de Previsión Social, reconoció en favor de la señora Rosa Tulia Useche de Palacios, sustitución pensional por el fallecimiento de su esposo Enrique Daniel Palacios Fajardo (fls.125-126).

—Mediante la Resolución 45052 de 9 de septiembre de 2008 el Gerente General de Cajanal denegó la reliquidación post modem solicitada por la señora Rosa Tulia Useche de Palacios, al considerar que los factores solicitados no se encuentran establecidos en la Ley 62 de 1985 (FIs. 143-146).

— De acuerdo con el certificado de tiempo de servicios expedido por el Instituto Nacional de Fomento Municipal, el señor Enrique Daniel Palacios Fajardo en el año 1987 .devengó asignación básica, salario en especie, subsidio de trasporte y bonificación por servicios (FI.17).

Cuestión de fondo

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.

La referida ley en su artículo 36 preceptuó lo siguiente:

"ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas año de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

(...).".

Se observa, entonces, que esta disposición creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas y que en el caso particular podría ser la ley 33 de 1985.

No obstante, esta disposición normativa también estableció un régimen de transición en su artículo 1º parágrafo 2º en los siguientes términos:

Par. 2º.—Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que el actor laboró en el Ministerio de Defensa ( entre el 1 de febrero al 1 de noviembre de 1957), en la Contraloría General de Boyacá ( entre el 19 de diciembre de 1961 y el 31 de julio de 1962), en el Ministerio de Obras Públicas ( entre el 21 de octubre de 1968 y el 29 de octubre de 1970) y en el Instituto Nacional de Fomento Municipal (entre el 15 de noviembre de 1970 y el 30 de diciembre de 1987) y nació el el 12 de junio de 1937.

Le fue reconocida una pensión de jubilación por parte de la Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución No. 14898 de 11 de marzo de 1993 le reconoció su pensión de vejez en cuantía de $93.906, efectiva a partir del 12 de junio de 1992. El monto de la prestación se determinó con el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de los últimos 12 meses de servicio y como factores de liquidación enlistó la asignación básica y la bonificación de servicios (fls. 46-48).

En vista de lo anterior, es evidente que el actor adquirió el derecho a pensionarse incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 33 de 1985, toda vez que al 13 de febrero de 1985 (fecha en que empezó a regir la Ley 33 de 1985) acumulaba tiempos laborales superiores a 15 años y contaba con más de 40 años de edad. En consecuencia, es acreedor del régimen de transición de esta última, es decir, el derecho a la pensión de jubilación debía reconocerse con base en las previsiones de la Ley 6a de 1945 (50 años de edad y 20 de servicio).

La normativa aplicable (Ley 6a de 1945) indica que se reconocerá una pensión mensual vitalicia de jubilación al empleado que haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo (artículo 17 — letra b); en ese evento, para calcular el monto de la mesada pensional deberá tenerse en cuenta el 75% del salario devengado durante el último año de servicio, en vista de que la Ley 33 de 1985 contempla como regla general tal forma de liquidación (Artículo 1º).

Por lo anteriormente expresado, la Sala comparte lo indicado por el a quo, al determinar que la pensión debe liquidarse con base en aquellas sumas percibidas durante el último año de servicios, por lo que las consideraciones efectuadas sobre este punto, se encuentran ajustadas a la normatividad aplicable.

Sin embargo, es preciso resaltar en cuanto a los factores que deben constituir el ingreso base de liquidación lo siguiente:

Esta Corporación, en sus Subsecciones A y B de la Sección Segunda, presentó criterios oscilantes respecto del alcance del artículo 3º de la Ley 33 de 1985, pues mientras en algunas ocasiones se consideró que al momento de liquidar la pensión debían incluirse. todos los factores salariales devengados por el trabajador, en otras se expresó que sólo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren realizado los aportes; y, finalmente, se expuso que únicamente podían tenerse en cuenta los taxativamente enlistados en la norma.

Así, esta Sala en la sentencia de Sección del cuatro (4) de agosto de dos mil diez. (2010), Expediente No. 0112-2009, Actor: Luis Mario Velandia, unificó los criterios 61, mención, para llegar a la conclusión de que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, precisó el sentido y alcance de las expresiones salario y factor salarial, así:

"(...) El salario, (...) aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador (…)”. En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) "constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones". En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que "además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios."

(…)

Según el artículo 42 ibídem son factores de salario, y por ende deben entenderse como una retribución o contraprestación directa por los servicios que presta el trabajador: la asignación básica, el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación, la prima técnica, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación, la prima de servicio, la bonificación por servicios prestados y los viáticos percibidos por los funcionarios comisión.(...).".

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, sólo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que sólo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.

Sobre el particular es pertinente dilucidar que existen algunas prestaciones sociales a las cuales el mismo legislador les dio dicha connotación, esto es, a las primas de navidad y de vacaciones, que a pesar de tener esa naturaleza, constituyen factor de salario para efectos de liquidar pensiones y cesantías, como expresamente quedó establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

No desconoce la Sala que el mencionado decreto no es aplicable al presente caso; empero, constituye un referente normativo que demuestra el interés del legislador de tener dichas primas como factores de salario que se deben incluir al momento de efectuar el reconocimiento pensional.(1)1

Con base en lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por el a quo, la actora tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido, incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios, que en este caso, son la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y el salario en especie.

Por último, es preciso mencionar que esta Corporación en la Sentencia del 25 de febrero de 2015 Exp. 4683-13 Cp. Gerardo Arenas Monsalve analizó los alcances de la Sentencia SU-230 de 2015 con el fin de reafirmar el criterio invariable de esta Corporación, según el cual monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%). La única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de Congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4º de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013, pues conforme a la parte resolutiva de la referida sentencia de control constitucional, "las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL), aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso".

Y arribó a las siguientes conclusiones con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición:

1) La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión "monto" contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2) Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucbnal, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir la sentencia S-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que eI Estado "asumirá la deuda pensional que esté a su cargo".

3) Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.

4) La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.

5) Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado "bloque de constitucionalidad", no se predican exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de "monto" en las pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.

En efecto, si ya la Constitución dispuso la finalización del régimen de transición pensional y queda pendiente, en consecuencia, un volumen de reconocimientos pensionales mucho menor que el que ya tiene decidido el asunto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se ve ninguna afectación del principio de sostenibilidad financiera que imponga el cambio jurisprudencial que plantea la sentencia SU-230 de 2015; y en cambio sí se hace notorio y protuberante el desconocimiento de los principios de igualdad y de progresividad."

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda — Subsección "A", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

Confirmase la sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil trace (2013) proferida por la Sala de Descongestión. del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda — Subsección "F", dentro del proceso promovido por Rosa Tulia Useche de Palacios, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

Se reconoce personería a la abogada Yulian Stefani Rivera Esccbar, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en los términos y para los efectos de la sustitución que obra a folio 400 del expediente.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese Notifíquese y Cúmplase.

Magistrados: William Hernández Gómez— Gabriel Vergara Quintero—Luis Rafael Vergara Quintero.

 

1. Al respecto, ver el concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, emitido por la Sala de Consulta y Servicio CiviI del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.