Sentencia 2011-01261 de octubre 7 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 73001110200020110126101

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta de Sala No. 84 de la misma fecha.

Ref.: disciplinario contra abogado José Antonio Devia Lozano

Bogotá, D. C., siete de octubre de dos mil quince.

Asunto

Procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación deprecado contra la sentencia proferida por la Sala(1) Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, de fecha 26 de junio de 2013, por medio de la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses al abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, tras hallarlo responsable de la comisión de la conducta descrita en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Calidad de abogado - antecedentes

Obra a folio 42 del cuaderno de primera instancia, certificado expedido el día 24 de octubre de 2011 por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en donde se indica que al señor JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.081.181, se le expidió la tarjeta profesional de abogado No. 85.239, vigente en esos momentos.

De otra parte, a folio 5 del cuaderno de segunda instancia, obra certificado expedido el día 25 de septiembre de 2015 por la Secretaría Judicial de esta Sala, en el que se indica que el abogado DEVIA LOZANO ha sido sancionado en dos oportunidades con suspensiones en el ejercicio de la profesión por el término de 3 y 2 meses, por incurrir en las conductas previstas en los artículos 32 y 37.1 de la Ley 1123 de 2007, según sentencias de fechas 4 de febrero y 8 de julio de 2015, respectivamente.

Queja - actuación

1. Originó la presente investigación, la expedición de copias ordenadas en providencia de fecha 3 de junio de 2011 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guamo - Tolima, dentro de la causa 2009-00134 seguida contra Juan Carlos Meneses Arias, Álvaro Meneses y José de los Santos Lozano Rojas, por la conducta punible de Hurto Calificado y Agravado, a fin que se investigara al defensor de confianza de los acusados, Dr. JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, en razón que a través de excusas insuficientes no asistía a las diferentes audiencias, dilatando así la actuación.

2. Con fundamento en las mencionadas copias(2) y en lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, por auto fechado 28 de octubre de 2011(3), se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria, y en consecuencia se adelantó la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional en varias sesiones, en las que el disciplinable rindió versión libre y se recaudaron pruebas.

3. En la sesión de 27 de septiembre de 2012(4), se procedió a la calificación jurídica de la actuación, decidiéndose con fundamento en el acervo probatorio recaudado hasta ese momento, FORMULAR CARGOS al disciplinable, por su presunta incursión en la conducta prevista en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007, la cual se calificó a título de dolo, en razón de las múltiples solicitudes de aplazamiento de las audiencias dentro de la causa penal 2009-00134 adelantada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamo (Tolima), en la cual actuaba como defensor de confianza de los acusados, abusando así de las vías de derecho, tal como lo demostraba los documentos aportados por el Juez de conocimiento, en el que se ponía de presente las dilaciones efectuadas por el disciplinable, las cuales para no hacer extensa la presente providencia, se citarán en el capítulo de consideraciones.

4. La Audiencia de Juzgamiento de que trata el artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, se evacuó después de varios aplazamientos por la inasistencia del disciplinable, el día 22 de mayo de 2013(5), data en la cual alegó de conclusión deprecando se le absolviera de los cargos, por cuanto tal como lo sostuvo al rendir versión libre, la no asistencia a las audiencias estuvo debidamente justificada por tener que asistir a otras que tenían prioridad.

Sentencia apelada

En providencia de fecha 26 de junio de 2013, la Sala a quo resolvió sancionar al abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, al considerar que el disciplinable era responsable de la comisión de la conducta enrostrada en los cargos.

En primer lugar el a quo observó, que en punto a la tipicidad, se había escogido el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007, en virtud de haberse estimado que esa norma se acomodaba la conducta reprochada al abogado, por cuanto su comportamiento estuvo encaminado a la dilación manifiesta de la investigación, amparado en las maniobras señaladas por el titular del Juzgado que compulsó las copias originantes de la presente investigación.

En cuanto a la responsabilidad del disciplinable, observó el a quo que no eran aceptables las exculpaciones dadas en el sentido que en varias oportunidades no asistió a las citaciones para la vista pública, por cuanto en las fechas señaladas tenía que atender otras de mayor prioridad, bajo el entendido que era deber del profesional del derecho sopesar, atendidas las circunstancias de cada proceso, cuál asunto escogía, sin embargo, era curioso que hubiera pedido por lo menos en diez ocasiones aplazamientos por diligencias, algunas sin acreditar, y otras que no eran prioritarias, o que sabiendo con antelación de su fijación, solo en la víspera se excusaba.

De tal manera que su actuar conducía a deducir su desinterés para que culminara con prontitud las audiencias en la causa penal en la cual era defensor de los acusados, actuando así de manera dolosa en razón que conocía de la irregularidad de su actuar, y pese a ello se apartaba de obrar con lealtad hacia la administración de justicia.

En cuanto a la sanción, precisó el a quo que era merecedor el disciplinable de suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, por cuanto con su comportamiento obstaculizo el trámite del proceso penal de marras, torpedeando el curso normal establecido por el legislador con el fin de resolver los conflictos de los particulares a la mayor brevedad posible, tal como lo establecía el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, en el sentido que la administración de justicia debía ser pronta, cumplida y eficaz(6).

La apelación

Contra la precitada decisión, el disciplinable JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO a través de un extenso escrito interpuso recurso de apelación, en el cual en síntesis afirmó que el a quo: a) no tuvo en cuenta las etapas de juicio oral, b) los procesados estaban en libertad por vencimiento de término por dilaciones de la fiscalía y el juez, c) varios de los aplazamientos solicitados fueron aceptados, por estar debidamente justificados al existir concomitancia de audiencias y diligencias, d) todas las excusas fueron ciertas, y e) su conducta no fue la de abusar de las vías de derecho, a lo sumo de indiligencia, es decir, no existía una debida adecuación típica(7).

Consideraciones de la Sala

Competencia: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir sobre la apelación de la sentencia antes referida, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 256, numeral 3 de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Entonces, entra esta Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 26 de junio de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, decidió sancionar con suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de dos meses, al abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, al encontrarlo responsable de incurrir en la conducta contra recta y leal administración de justicia y los fines del Estado, prevista en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto es del siguiente tenor:

“8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad”.

Problema jurídico: En concreto, el problema jurídico a dilucidar en este asunto, es determinar si el abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO incurrió en la conducta imputada en el auto de cargos, específicamente si con su actuar se afectó la recta y leal administración de justicia y los fines del Estado, al solicitar en forma sistemática el aplazamiento de audiencias a desarrollarse dentro de la causa penal de radicado 2009-00134 adelantada en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guamo (Tolima), en el cual actuaba como defensor de confianza de los acusados, conforme se precisó en la formulación de cargos.

Conducta reprochada y responsabilidad. La Sala se referirá a la materialidad de la conducta y la responsabilidad del abogado encartado, pero teniendo en cuenta que en la apelación, la decisión del Superior solo puede extenderse a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación, sin que sea necesario entrar a debatir ningún otro aspecto del fallo sancionatorio, en tanto se entiende que los aspectos no apelados no tienen reparo.

Así, lo primero que se observa en las presentes diligencias, es que probado está que el abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, en calidad de apoderado de los acusados dentro de la causa penal 2009-00134 adelantada en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guamo (Tolima), desarrolló la siguiente actividad:

1. El 29 de marzo de 2011 asistió a la audiencia de juicio oral en la cual deprecó se suspendiera para efecto de recibir la declaración de testigos de la defensa que no asistieron, fijándose como fecha para continuarla el 12 de abril de 2011.

2. Pero el día 6 de abril, radicó memorial pidiendo se aplazara, por cuanto en la fecha fijada tenía otra diligencia de carácter judicial. Aportó para corroborar lo anterior, fotocopia del auto proferido el 23 de febrero de 2011 por el Juzgado Civil del Circuito de Purificación, en el cual se indica que el Dr. DEVIA es el apoderado de la parte demandada y que se celebrará audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio el día 12 de abril a las 11 de la mañana.

De tal manera que el disciplinable el día de la audiencia celebrada el 29 de marzo de 2011, sabía que tenía una diligencia en el juzgado civil el 12 de abril siguiente, pues el auto que la había fijado data del 23 de febrero, pero nada dijo, cuando en la misma audiencia pudo deprecar otra fecha y no esperar a las vísperas para manifestarlo.

3. En razón de la solicitud de aplazamiento, el juzgado por auto del 11 de abril fijó como fecha para continuar con la audiencia el 26 de abril de 2011 a las 9:30 a.m., pero el doctor DEVIA radicó memorial pidiendo se aplazara, por cuanto para esa data tenía una diligencia de secuestro con la Inspección Municipal de Policía de Guamo. Aportó fotocopia del oficio de fecha 12 de abril de 2011, emanado de Inspección de Policía, en el cual se le informa que para el 26 de abril de 2011 a las 2:30 p.m. se llevaría a cabo diligencia de embargo y secuestro de muebles y enseres.

4. El Juzgado por auto de fecha 13 de abril de 2011, NO ACEPTÓ esta última solicitud de aplazamiento, observando que la fecha en que se fijó por la Inspección la diligencia de embargo y secuestro, era posterior al auto que señaló la audiencia, aunado a que ya se había aplazado por petición del Dr. DEVIA. No obstante lo anterior el Dr. DEVIA no se hizo presente el día 26 de abril de 2011, razón por la cual señor Bernabé Montaña, en calidad de víctima deprecó se hicieran las amonestaciones del caso al abogado defensor, pues de manera habilidosa estaba dilatando la audiencia pública. El disciplinable como excusa aportó fotocopia de la diligencia de embargo y secuestro.

En este punto, es de observar que la audiencia penal estaba fijada a las 9:30 a.m. y la diligencia de secuestro de muebles y enseres a las 2:30 p.m., ambas en el municipio de Guamo, es decir, que el disciplinable bien podía concurrir a una y otra. Además, como bien lo observó el juez cuando negó el aplazamiento, ya estaba fijada la fecha para continuar la vista pública cuando la Inspección de Policía fijó la fecha para el secuestro de muebles y enseres, y a pesar que se le negó la solicitud de aplazamiento, el Dr. DEVIA decidió no asistir.

5. El 3 de mayo de 2011 el juzgado fijó para el 11 de mayo la fecha para continuar la vista pública, y en ella, el Dr. DEVIA deprecó se aplazara nuevamente, por cuanto no había asistido uno de los testigos de la defensa, y entonces se fijó como nueva fecha el 17 de mayo siguiente, pero ese día no se realizó por la inasistencia del Dr. DEVIA, quien allegó como excusa certificado expedido por el Juzgado Penal del Circuito de Guamo, en el que se indica que ese día asistió a una audiencia de formulación de acusación.

6. En vista de lo anterior el juzgado fijó para el día 30 de mayo de 2011 como fecha para continuar la vista pública, pero tres días antes, esto es, el 27 de mayo, el Dr. DEVIA pidió se aplazara la diligencia, pues ese día debía ejercer funciones de escrutador para elecciones de consulta interna de partidos políticos. Adjuntó comunicación de la Registraduría en el cual se le informaba tal designación.

7. Razón por la cual, se fijó el 3 de junio de 2011 para seguir el desarrollo de la audiencia oral, requiriéndolo para que asistiera, pues eran muchas las ocasiones en que había pedido el aplazamiento, sin embargo ese día, no asistió y por ende no se pudo llevar a cabo, razón por la cual se ordenó la compulsa de copias que originaron estas diligencias.

8. Para justificar la inasistencia en la anterior fecha, el disciplinable indicó que en la misma data había sido citado con carácter extraordinario por el Presidente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Guamo, a una junta a partir de las 7 de la mañana, para solucionar un problema relacionado con la recolección de basura. Aportó una fotocopia de la convocatoria, en la cual figura su nombre como invitado, pero al frente aparece la firma de otra persona de nombre Adriana Ramírez, es decir, no hay constancia de su comparecencia.

9. Finalmente el 10 de junio de 2011 se llevó a cabo audiencia de juicio oral tantas veces aplazada.

10. El 31 de octubre de 2011 se debía llevar a cabo la audiencia de lectura de fallo, sin embargo, no se pudo efectuar por inasistencia del Dr. DEVIA, quien luego se excusó afirmando que ese día tenía diligencias de carácter profesional dentro del escrutinio zonal llevado a cabo en el mismo municipio. Aportó acta de la misma fecha expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se indica que el día 31 de octubre de 2011 el Dr. DEVIA estuvo en la comisión escrutadora Zonal 1, en calidad de apoderado del candidato a la Alcaldía Rodrigo Ospitia Garzón.

En auto del 8 de noviembre de 2011, el juzgado NO ACEPTÓ la excusa, pues el acta allegada mostraba que la asistencia al escrutinio no fue por designación de la Registraduría, es decir, no era de carácter oficial, sino como apoderado de un candidato.

11. Se fijó nuevamente fecha para la lectura de fallo el 10 de noviembre de 2011, pero en esa data tampoco asistió el disciplinable, argumentando con memorial de la misma data, que tenía fijadas con antelación otras audiencias.

12. Por lo anterior se fijó para el 18 de noviembre de 2011, data en la cual tampoco compareció con excusa médica.

13. Finalmente el día 2 de febrero de 2012 en la audiencia en que se debía dar lectura al fallo, en la cual sí compareció el disciplinable, se decretó la nulidad de la actuación desde el inicio del juicio oral, decisión contra la cual no se interpusieron recursos por parte de la Fiscalía ni del defensor Dr. DEVIA. El 7 de febrero se dictó auto fijando para el 20 de marzo de 2012 como fecha para iniciar nuevamente a la audiencia.

14. Llegado el día 20 de marzo de 2012, no se pudo llevar a cabo, por cuanto el 16 de marzo el disciplinable deprecó su aplazamiento, porque ese día tenía otra audiencia en el Juzgado Penal del Circuito de Guamo. Aportó constancia secretarial del citado Juzgado, en el que se dice que desde el 27 de enero de 2012 se había fijado fecha para el 20 de marzo para llevarse a cabo la audiencia.

De tal manera que cuando el 7 de febrero se fijó como fecha para volver a dar inicio al juicio oral, esto es, para el 20 de marzo, el disciplinable sabía que no podría asistir, porque ya tenía otra audiencia fijada con anterioridad, sin embargo no dijo nada, y solo el 16 de marzo, en vísperas de la audiencia, solicitó fuera aplazada.

Por lo anterior, con fundamento en los poderes correccionales contenidos en el numeral 7 del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal, el juzgado le abrió al disciplinable incidente, al considerarse que estaba obrando de mala fe en el desempeño de defensor (art. 141 ibídem), incidente que fue fallado el 15 de junio de 2012, imponiéndole sanción una multa de 2 s.m.m.l.v.(8)

15. La audiencia se fijó para el día 11 de abril de 2012, data en la cual no compareció el disciplinable con la excusa de no haber sido notificado.

Así pues, el disciplinable mediante una serie de peticiones de aplazamiento de la audiencia oral en el proceso penal y de lectura de fallo, en el cual era defensor de confianza de los acusados, presentado excusas algunas de ellas no aceptadas por el juzgado, estuvo dilatando el trámite de la causa penal, por lo que sin duda para esta Sala, como lo fue para el a quo, objetivamente incurrió en la conducta reprochada, pues abusó de las vías de derecho, en tanto, si bien es cierto, lógicamente los abogados pueden solicitar aplazamiento de las audiencias y diligencias, y excusarse por motivos válidos cuando no pueden asistir, es claro que no se puede abusar de tal derecho en forma sistemática como lo hizo el abogado DEVIA LOZANO.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad del abogado en la conducta que objetivamente está probada incurrió, y de cara a los argumentos de la apelación, en primer lugar la Sala se ocupará al argumento de la indebida adecuación típica alegada, para indicar que no le asiste razón al disciplinable.

En efecto, si bien es cierto no estuvo proponiendo incidentes, recursos, oposiciones, excepciones, es claro que tales actos en el tipo disciplinario enrostrado son enunciativos, no taxativos, al punto que la misma norma indica “y en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad”, así por ejemplo, hay casos en que los abogados con la excusa de estar defendiendo los intereses de su cliente, interponen el recurso de reposición, de apelación e incluso de queja, y al no lograr su cometido, acuden a tutelas abiertamente improcedentes, recusaciones alejadas de las causales de impedimento, y denuncias penales contra los jueces, sólo con el ánimo de dilatar la actuación, verbi gratia, para demorar la entrega de un inmueble ya rematado, o separar del conocimiento a un juez de un determinado asunto.

Nótese que la tutela, ni la recusación, ni la denuncia penal están enunciadas en el tipo disciplinario, y que toda persona tiene el derecho al uso de tales vías de derecho, pero no por ello puede ser usadas con el ánimo de dilatar una actuación, caso en el cual, hacen parte del tipo disciplinario de abuso de las vías de derecho. Al respecto esta Colegiatura dijo:

“Habiendo determinado la actuación del investigado dentro del proceso, de donde es posible colegir la existencia del comportamiento referido, deviene necesario ahora recalcar que en la falta endilgada existe unidad de conducta, configurándose así una sola infracción, pues pese haberse disciplinado al abogado por la conducta referida a la presentación de recusación sin los fundamentos necesarios para la misma, es evidente la intención del togado al buscar que el asunto le correspondiera a otro despacho judicial, dada la inadmisión y posterior rechazo de las demandas interpuestas por el apoderado primigenio de su mandante y por él mismo, situación que lo llevó a interponer la acción de tutela referida, al considerar caprichosa y arbitraria la actitud del Juez, para luego presentar el memorial en el cual si bien expresamente no lo llamó recusación, implícitamente si lo era, mismo que no fue aceptado, ante la falta de fundamentación y existencia de temeridad en su presentación.

Así pues su proceder en este sentido es el indicador que evidencia la comisión del ilícito disciplinario, pues para la controversia, se encuentra demostrado que el profesional utilizó el medio otorgado en la normatividad adjetiva civil, como es la recusación, para conseguir de una u otra forma que el Juez Quinto Laboral no conociera del caso.” (Aprobado en Acta 66 del 2 de junio de 2010, M.P. Dr. Jorge Armando Otálora Gómez, radicación 080011102000200700082 01. Subrayado y negrilla fuera de texto).

De otra parte, también puede tipificarse esta conducta por otros hechos, verbi gratia, esta Colegiatura sancionó a un abogado por incurrir en tal tipo, por haber en forma simultánea presentado cuatro demandas de similar contenido, buscando que una de ellas cayera en el juzgado de su preferencia, lo cual se constituyó como un abuso de vías de derecho, pues el togado tenía la facultad de presentar la demanda en desarrollo del mandato, pero no hacerlo simultáneamente varias veces, pues ello es constitutivo de falta contra el respeto debido a la administración de justicia. En aquella ocasión se dijo:

“… en el sub examine lo que hizo el inculpado fue presentar en forma simultánea cuatro demandas que versan sobre los mismos hechos, los mismos peticionarios -por ser de jurisdicción voluntaria-, y con las mismas pretensiones -así se haya empleado diferente terminología como acertadamente lo observó el a quo-, luego, no se trató de promover una causa manifiestamente injusta, sino de un abuso de las vías de derecho.” (Aprobado en acta 67 del 27 de julio de 2006. M.P. Dr. Jorge Alonso Flechas Díaz, radicado 540011102000200300187 01. Subrayado y negrilla fuera de texto).

Aunado a lo anterior, no puede pensarse que el disciplinable incurrió en conducta de indiligencia, pues en el presente caso debe tenerse en cuenta que siempre pidió el aplazamiento de la vista pública e incluso de alguna manera se justificó cuando no asistía, luego, no podría afirmarse que fue indiligente frente a su clientes, quienes se entiende lógicamente les convenía la dilación del proceso, sino que incurrió fue en la falta contra el debido respeto a la administración de justicia, en la medida que no permitió por su sistemática petición de aplazamiento de las audiencias, que el proceso se desarrollara en forma eficaz, conllevando además a un desgaste de la administración de justicia y en una burla a la víctima del hecho punible.

De tal manera que el argumento de la indebida tipificación con que trató de cuestionar el disciplinable la sentencia confutada, no es aceptable, pues al haber deprecado en forma sistemática el aplazamiento de la audiencia de juicio oral y la de lectura de fallo, con fundamentos que incluso en algunas veces no fueron aceptados por el Juzgado, sin que a pesar de ello se hubiera presentado, a no dudarlo, fue una maniobra encaminada a demorar el normal desarrollo del proceso, lo cual se constituyó en un abuso de las vías de derecho.

Otro aspecto de la apelación se hace consistir en que el a quo no determinó las etapas del proceso penal, para establecer a cuáles no fue durante la audiencia de juicio en que se deberían practicar pruebas precisamente pedidas por la defensa, y a cuantas para la lectura del fallo. Al respecto, no considera la Sala que ello sea de relevancia para exculpar la actuación del disciplinable, pues el tipo disciplinario endilgado exige una unidad de conducta.

Es decir, se configura cuando se presentan sistemáticamente dilaciones en la actuación por el actuar del disciplinable, es decir, no basta que se presente un recurso, una recusación, una tutela, una solicitud de aplazamiento, etc., sino que exista una concatenación de actuaciones orientadas a un fin: entorpecer o demorar el normal desarrollo del proceso, que fue lo que hizo el DEVIA LOZANO, cuando en forma continua durante por lo menos un año, con su inasistencia aparentemente justificada a las audiencias, no permitió que se desarrollaran, al principio en el juicio propiamente dicho, luego para la lectura del fallo, y decretada la nulidad, nuevamente para el juicio, tal como antes quedó determinado.

También alegó el disciplinable que no fue por su culpa que se presentó el vencimiento de términos que condujo a que sus defendidos quedaran en libertad. Lo anterior es cierto, pues revisado el acervo probatorio se puede establecer que la decisión de dejar en libertad a sus clientes, data del 28 de mayo de 2010(9), es decir, anterior a cuando empezó su sistemática petición de aplazamientos de la audiencia, pero en todo caso, es claro que al formulársele cargos no se le dijo que tal hecho había ocurrido por su actuación, concretándose la imputación fáctica a la multiplicidad de excusas presentadas para no asistir a la audiencia de juicio oral y a la lectura del fallo.

Por otro lado, en cuanto a que en muchas de las veces que pidió aplazamiento el juzgado accedió, e incluso aceptó varias excusas por la no asistencia a la vista pública, tampoco es razón para exculparlo, pues tal como quedó establecido, varias excusas en verdad eran insuficientes para no asistir a la vista pública, verbi gratia, en por lo menos dos oportunidades se excusó por tener audiencias en otros despachos, que fueron fijadas con anterioridad, sin embargo, a pesar de saberlo cuando se establecía la fecha para la audiencia en el proceso penal en cuestión, guardaba silencio, y sólo lo manifestaba unos pocos días antes o incluso el mismo día fijado para la audiencia, auspiciando así la dilación del trámite procesal.

En otra oportunidad, afirmó que tenía una diligencia de secuestro de muebles y enseres, sin embargo, se estableció que era en las horas de la mañana, y la audiencia en el proceso penal por la tarde, ambas en el mismo municipio de Guamo, luego, bien podía asistir a una y otra. Pero en todo caso, nada le impedía que en el proceso civil sustituyera el poder, y así asistir a la audiencia en el proceso penal, la cual por demás había sido fijada con anterioridad y en la cual ya había deprecado varios aplazamientos. Aunado a lo anterior, el Juzgado no lo excusó, y pese a lo anterior, decidió no asistir a la audiencia, dilatando una vez más el proceso penal de marras.

De tal manera, que independientemente que las excusas fueran ciertas, pues generalmente aportó certificados sobre su asistencia a otras audiencias y diligencias, lo que se le reprocha es que en forma sistemática se estuvo excusando en el proceso penal de marras, dando prioridad a otros asuntos, en los cuales bien pudo excusarse o sustituir el poder, y el hecho que fueran aceptadas por el Juez no significa que la conducta imputada no existió ni que el disciplinable no es responsable de su comisión.

En conclusión, una vez analizados todos los argumentos de la apelación, sin que los mismos hayan tenido la capacidad de lograr desvirtuar los fundamentos del fallo sancionatorio, no queda otra alternativa que confirmarlo en todas sus partes, pues demostrado está que el abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, en forma injustificada incurrió en falta contra la recta y leal administración de justicia, conforme la imputación jurídica y fáctica endilgada en los cargos, y por la que en la sentencia apelada se le sancionó.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 26 de junio de 2013 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio de la cual se sancionó con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión al abogado JOSÉ ANTONIO DEVIA LOZANO, por incurrir en la falta establecida en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007, conforme la motivación de este fallo.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Conformada por los Magistrados JOSÉ GUARNIZO NIETO (Ponente) y CARLOS FERNANDO CORTÉS REYES.

2 Folios 3 a 38, c. o.

3 Fl. 44, c. o.

4 CD y acta, fl. 185 c. o.

5 CD y acta fl. 255, c. o.

6 Fls. 258 a 275, c. o.

7 Fls. 282 a 295, c. o.

8 Fls. 147 a 158, c. o.

9 Copia de tal providencia visible a folios 209 a 211, c. o.