SENTENCIA 2011-01266/20150 DE OCTUBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 2011-01266/20150 de octubre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 08001 23 31 000 2011 01266 01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Nº Interno: 20150

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Sociedad Rodríguez Jaramillo Y CÍA. Ltda.

Demandado: UAE DIAN - Ventas 2007

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

Le correspondería a la Sala decidir si se ajusta a derecho la Liquidación Oficial de Revisión 22412011000048 del 8 de febrero de 2011, que modificó la declaración del impuesto a las ventas por el quinto bimestre del año 2007 de la sociedad Rodríguez Jaramillo y Cía. Ltda.

No obstante, la Sala advierte que debe inhibirse para decidir de fondo, porque encuentra probada de oficio la excepción de caducidad, en igualdad de condiciones a como decidió un caso análogo ocurrido entre las mismas partes, pero por otro período del impuesto sobre las ventas, y que fue decidido mediante sentencia del cinco de octubre de 2016 [Expediente 20311](5) en los términos que se reiteran a continuación:

2.6. Inadmisión del recurso de reconsideración por extemporáneo. Efectos respecto de la posibilidad de demandar per saltum en los términos del parágrafo del artículo 720 del ET. Línea jurisprudencial

2.6.1. Una de las causales previstas en el artículo 722 del ET para que la Administración Tributaria proceda a inadmitir el recurso de reconsideración tiene que ver con su interposición en forma extemporánea, es decir, pasados dos (2) meses contados a partir del mismo día en el que se surtió la notificación del acto administrativo debatido.

2.6.2 La jurisprudencia de esta Sección ha mantenido dos líneas jurisprudenciales al resolver el problema jurídico respecto de los efectos que la inadmisión del recurso de reconsideración por extemporáneo y la posibilidad de que el contribuyente se acoja a lo previsto en el parágrafo del artículo 720 del ET, es decir, a la figura jurídica del per saltum prevista en materia tributaria.

2.6.3. Respecto de esta figura, es preciso indicar que procede siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) que el requerimiento se haya atendido en debida forma, es decir, que la respuesta se presente dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del requerimiento especial, se haga por escrito y como lo indica el artículo 559 del ET, la suscriba el contribuyente o quien tenga la capacidad legal para hacerlo y contenga las objeciones al requerimiento(6) y (ii) que la demanda contra la liquidación oficial se presente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación.

2.6.4. Primera línea jurisprudencial: cuando se rechaza el recurso de reconsideración por extemporáneo, es como si el contribuyente no lo hubiera presentado, por ende, al verificarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el parágrafo del artículo 720 del ET, se puede demandar de manera directa la liquidación oficial.

2.6.4.1. En la sentencia del 12 de diciembre de 2006(7), se consideró que “al haber sido rechazado el recurso de reconsideración por extemporáneo, y no por otra razón, es como si no lo hubiera presentado, pues transcurrió el término para su interposición, sin que el contribuyente hubiera radicado en la Administración el escrito contentivo del mismo, y así las cosas, estaría habilitado el contribuyente para demandar la liquidación oficial directamente, siempre y cuando se dieran los presupuestos para su procedencia, conforme el artículo 720 del Estatuto Tributario” (subraya original).

2.6.4.2. Este pronunciamiento se reiteró en la sentencia del 12 de mayo de 2010(8).

2.6.5. Segunda línea jurisprudencial: la presentación extemporánea del recurso de reconsideración surte el mismo efecto de no haberse presentado, por lo que no puede entenderse agotada la vía gubernativa. Para acogerse a la figura jurídica del per saltum y demandar directamente la liquidación oficial, es indispensable no haber interpuesto el recurso de reconsideración.

2.6.5.1. Conforme con la sentencia del 14 de junio de 2007(9), para poder estudiar la legalidad de la liquidación oficial, cuando media auto inadmisorio del recurso de reconsideración, se debe demandar tanto el acto definitivo como el inadmisorio del recurso y su confirmatorio, si es del caso, de lo contrario, el juez se debe declarar inhibido para hacer un pronunciamiento en ese sentido por no agotamiento de la vía gubernativa. Posición reiterada en la sentencia del 15 de julio de 2010(10), en la que se precisó que la demanda de estos dos actos administrativos se debe hacer en conjunto por ser una unidad inseparable.

2.6.5.2. En la sentencia del 23 de abril de 2009(11), la Sala precisó que la presentación extemporánea del recurso de reconsideración surte el mismo efecto de no haberse interpuesto, es decir, no se agotó la vía gubernativa. En consecuencia, no puede haber pronunciamiento de fondo sino inhibitorio. En el mismo sentido se pronunció la Sección en las sentencias del 25 de marzo de 2010(12) y del 15 de julio de 2010(13).

2.6.5.3. En la sentencia del 10 de febrero de 2011(14), la Sala insistió en que la presentación extemporánea del recurso de reconsideración surte el mismo efecto de no haberse interpuesto y que como en virtud del artículo 720 del ET, dicho recurso es el medio de impugnación indispensable para agotar la vía gubernativa frente a las liquidaciones oficiales, por el hecho de no haberse interpuesto oportunamente, no puede darse por cumplido este presupuesto de la acción, impidiendo que se profiera decisión de fondo. Además, aclaró que aunque se atienda en debida forma el requerimiento especial, la demanda se debe presentar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial.

2.6.5.4. En la sentencia del 19 de enero de 2012 se puntualizó que al ser inadmitido el recurso de reconsideración, por extemporáneo, “la administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente; es decir, el recurso no fue decidido”(15).

2.6.5.5. En la sentencia del 14 de junio de 2012(16), la Sala expuso que para acogerse a la figura jurídica del per saltum y demandar directamente la liquidación oficial, es indispensable no haber interpuesto el recurso de reconsideración contra el citado acto administrativo, porque la facultad prevista en el parágrafo del artículo 720 del ET presupone prescindir del recurso de reconsideración, esto es, abstenerse de interponerlo, lo que excluye la presentación extemporánea de este medio de impugnación.

2.6.5.6. Esta misma posición se plasmó en la sentencia del 5 de julio de 2012(17) y se reiteró en la sentencia del 1º de agosto de 2013(18), que insistió en la necesidad de demandar tanto el auto inadmisorio del recurso de reconsideración como el acto definitivo de determinación del tributo.

2.7. Anotaciones sobre la línea jurisprudencial actual

2.7.1 Respecto de las liquidaciones oficiales, el artículo 720 del ET prevé el recurso de reconsideración como medio de impugnación contra estos actos administrativos, es decir, la interposición y decisión de este recurso se constituye en el requisito indispensable para agotar la vía gubernativa, como requisito de procedibilidad para poder ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho [art. 135 CCA].

No obstante lo anterior, en el parágrafo del citado artículo 720(19) se establece la posibilidad de prescindir del recurso de reconsideración en aquellos casos en los que el requerimiento especial expedido con anterioridad a la liquidación oficial se haya atendido en debida forma, en los términos del artículo 707 del ET.

2.7.2. De lo anterior se infiere que la regla general, respecto del recurso de reconsideración, en el caso de la liquidación oficial, es su obligatoriedad para agotar la vía gubernativa, salvo que el contribuyente se acoja a la excepción prevista en el parágrafo del artículo 720 del ET.

2.7.3. De manera que, para debatir la legalidad de la liquidación oficial en sede jurisdiccional el contribuyente tiene dos opciones: (i) agotar en debida forma la vía gubernativa a través de la interposición del recurso de reconsideración, atendiendo las formalidades y el plazo previsto en la ley [arts. 720 y 722 del ET] o (ii) acudir en forma directa [per saltum], siempre que se haya atendido en debida forma el requerimiento especial [parágrafo art. 720 ib] y se presente la demanda contra la liquidación oficial dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación.

2.7.4. Ahora bien, se entiende que el contribuyente se acoge a dicha excepción, en principio, cuando se abstiene de interponer el recurso de reconsideración [manifestación tácita](20).

2.7.5. Sin embargo, puede ocurrir que el contribuyente interponga el recurso de reconsideración de manera extemporánea, lo que origina su inadmisión y, a su vez, se acoja —al presentar la demanda— a la facultad prevista en el parágrafo del artículo 720 del ET porque atendió en debida forma el requerimiento especial.

En la solución a este evento, en los diversos pronunciamientos emitidos por esta Sección, a los que se hizo referencia con anterioridad, se ha coincidido en señalar que cuando se presenta en forma extemporánea el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, se entiende que no se presentó el recurso.

2.7.6. La diferencia entre las dos líneas jurisprudenciales que en torno a este tema se han presentado, radica en que en una, si se prueba el cumplimiento de los requisitos del parágrafo del artículo 720 del ET el contribuyente puede demandar per saltum, a pesar del rechazo por extemporáneo del recurso de reconsideración, en tanto que en la segunda línea, que resulta ser la vigente, la extemporaneidad en la interposición del citado recurso conduce a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, lo que trae consigo la decisión inhibitoria, salvo que se demuestre que el recurso fue ilegalmente inadmitido es decir, que no era extemporáneo.

2.7.7. En esta oportunidad, se retoma la posición, según la cual, la interposición del recurso de reconsideración en forma extemporánea contra la liquidación oficial de revisión y su consecuente inadmisión abre la posibilidad de que el contribuyente acuda per saltum en demanda del acto administrativo definitivo ante esta jurisdicción, siempre que se cumplan los presupuestos señalados en el parágrafo del artículo 720 del ET, esto es, atender en debida forma el requerimiento especial e interponer la demanda dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial de revisión.

2.7.8. La extemporaneidad en la interposición del recurso de reconsideración contra la liquidación oficial surte el mismo efecto que la no presentación. La excepción a la regla general —la interposición obligatoria de los recursos—, prevista en el parágrafo del artículo 720 del ET, tiene su razón de ser en el hecho de que si se atiende en debida forma el requerimiento especial, no es indispensable impugnar el acto administrativo, pues por vía de la respuesta al requerimiento, el contribuyente pudo exponer sus argumentos y la Administración estudiarlos, por lo que es claro, tuvo la oportunidad de revisar su actuación con el fin de modificarla, revocarla o aclararla.

2.7.9. Diferente es el caso de las demás actuaciones de la administración, en las que no media la expedición de un requerimiento especial, como en la liquidación de aforo o en los actos administrativos que imponen sanciones, porque al no estar cobijados por la excepción prevista en el parágrafo del artículo 720 del ET, en todos los casos es indispensable que agoten la vía gubernativa como condición sine qua non para demandar la actuación.

2.7.10. En este orden de ideas, el pensamiento de que es necesario no haber interpuesto el recurso de reconsideración para acudir per saltum al juez, también cobija el evento en el que el recurso es inadmitido por extemporáneo. No solo porque equivale a tal figura —la no interposición—, sino porque la interpretación de esta figura se debe hacer en el sentido que es facultad del interesado continuar la discusión ante la administración con la interposición del recurso de reconsideración o procurar definir con mayor celeridad el conflicto, optando por presentar la contienda ante el juez competente, habida cuenta de que la finalidad del recurso se realiza con la respuesta al requerimiento especial, por lo ya dicho.

2.7.11. Así las cosas, le corresponderá al juez de conocimiento y en el momento de proveer sobre la admisión de la demanda, examinar si en el caso sometido a su consideración se cumplen los presupuestos para que el contribuyente acuda en forma per saltum ante esta jurisdicción. Es decir, se deberá revisar si se atendió en debida forma el requerimiento especial y si la demanda contra la liquidación oficial de revisión se presentó dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación.

2.7.12. La Sala pone de presente que en el evento en el que el contribuyente haya interpuesto el recurso de reconsideración en forma extemporánea, medie acto administrativo que así lo declare y este hecho no sea controvertido por el interesado, no resulta forzoso demandar la nulidad del acto administrativo que inadmitió el recurso de reconsideración por extemporáneo.

En estos casos, vale decir, en los que se acude per saltum, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho —en vigencia del CCA [hoy medio de control]— se contabilizará a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión, incluso, si la parte actora optó por demandar la actuación por medio de la cual se rechazó por extemporáneo el recurso de reconsideración y la actuación de la administración resulta legal.

Lo anterior, porque el término de los cuatro (4) meses a los que se refiere el parágrafo del artículo 720 del ET no se puede contabilizar a partir de la notificación del auto inadmisorio del recurso de reconsideración, habida consideración de que el agotamiento de la vía gubernativa al que se refiere el artículo 728 ibídem, tiene que ver con el auto inadmisorio del recurso de reconsideración, más no con el del acto definitivo [liquidación oficial], tal como se expuso en el numeral 2.5.4 de esta providencia.

Además, no es acertado concebir que la interposición del recurso de reconsideración y su posterior inadmisión por extemporáneo constituya una forma de interrumpir el término de los cuatro (4) meses con los que cuenta el contribuyente para demandar per saltum la nulidad de la liquidación oficial.

2.7.13. Se aclara que habrá eventos en los que el contribuyente discuta la decisión de la Administración en lo que tiene que ver con el rechazo del recurso de reconsideración. Rechazo que puede obedecer a la presunta extemporaneidad en su interposición o por las demás causales previstas en el artículo 722 del ET, caso en el cual, resulta necesario demandar la ilegalidad de esta actuación junto con la liquidación oficial de revisión(21).

Así las cosas, si la parte actora prueba la ilegalidad del auto inadmisorio del recurso de reconsideración, incluido el rechazo por extemporáneo, el juez de conocimiento debe declarar la nulidad de esa actuación y estudiar el fondo del asunto, siempre que la demanda se haya presentado dentro del término de caducidad de la acción ejercida —hoy medio de control—. Término de caducidad que a diferencia de lo que ocurre cuando se acude per saltum, se contabiliza a partir de la notificación del auto que confirma la inadmisión del recurso de reconsideración, de ser el caso [art. 728 ET].

Si ha transcurrido más de un año desde la interposición de la reconsideración [artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario], el juez también podrá declarar resuelto el recurso de reconsideración a favor del administrado, como consecuencia del silencio administrativo positivo(22).

2.7.14. En conclusión, cuando se observe que el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial del revisión en forma extemporánea pero, se evidencie que el administrado atendió en debida forma el requerimiento especial y que la demanda contra la liquidación oficial se presentó dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, es del caso admitir que la parte actora acude per saltum ante esta jurisdicción y, por ende, procede el estudio del fondo del asunto.

Igual tratamiento se debe dar en los eventos en los que a pesar de ser legal la decisión de la Administración al rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración, la parte actora decide atacar esta actuación junto con la liquidación oficial, caso en el cual, el término de caducidad de la acción se contabilizará a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión [parágrafo del artículo 720 del ET].

El caso concreto

A partir de las anteriores consideraciones que hizo la Sala, se analizan los hechos probados del caso concreto:

— El 8 de febrero de 2011, la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, mediante Liquidación Oficial de Revisión 022412011000048 (notificada el 12 de febrero de 2011), modificó la declaración del impuesto a las ventas presentada por la Sociedad Rodríguez Jaramillo y Cía. Ltda., por el quinto bimestre del año gravable 2007.

— El 12 de febrero de 2011, la DIAN notificó la Liquidación Oficial de Revisión 022412011000048(23) a la Carrera 45B Nº 90 – 210 Local 21 de Barranquilla, como consta en la Guía de Entrega Nº 1038575377 de Servientrega(24).

— Mediante escrito radicado con el número 8170 del 15 de abril de 2011(25), la demandante interpuso recurso de reconsideración.

— El 16 de mayo de 2011, la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN (nivel central), mediante auto 000583 del 16 de mayo de 2011, inadmitió el recurso de reconsideración por extemporáneo(26).

Con fundamento en el literal b) del artículo 722 ET, en el auto se precisó que la demandante tenía dos meses para interponer el recurso. Que la liquidación oficial fue notificada el 12 de febrero de 2011. Que el término empezó a correr a partir del día siguiente de la notificación, esto es, a partir del 13 de febrero de 2011, y que ese plazo culminó el 12 de abril de 2011. Que la demandante interpuso el recurso de reconsideración el 15 de abril de 2011, esto es, tres días después de la fecha de vencimiento y, que, por lo tanto, era extemporáneo.

— El auto inadmisorio fue notificado por edicto desfijado el 23 de junio de 2011. Contra el auto no se interpuso el recurso de reposición.

— El 21 de octubre de 2011, la demandante presentó la demanda para ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.

— El 13 de marzo de 2012, la demanda fue admitida.

Sea lo primero precisar que el numeral 2º del artículo 136 del CCA dispone que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

La sociedad Rodriguez Jaramillo y Cía. Ltda., interpuso la demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Liquidación Oficial de Revisión 022412011000048 del 8 de febrero de 2011 que, como se vio, fue notificada el 12 de febrero de 2011; y contra el auto 000583 del 16 de mayo de 2011, que fue notificado el 23 de junio de 2011.

De los dos actos, el que resolvió de fondo la actuación administrativa es la liquidación oficial de revisión.

La demanda se interpuso dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del Auto 583 del 16 de mayo de 2011, esto es, el 21 de octubre de 2011, si se tiene en cuenta que la notificación se surtió el 23 de junio de 2011.

No obstante, no hay lugar a hacer el análisis de fondo de la liquidación oficial 022412011000048 por cuanto, es un hecho probado que el recurso de reconsideración fue interpuesto de manera extemporánea.

En efecto, tal como se precisó, la liquidación oficial 022412011000048 fue notificada el 12 de febrero de 2011. Conforme con el artículo 720 ET, el recurso de reconsideración debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la notificación, de manera que, el plazo vencía el 12 abril de 2011(27). Sin embargo, el recurso fue interpuesto el 15 de abril.

En las pretensiones de la demanda, la Sociedad Rodriguez Jaramillo y Cía. Ltda., pidió que se anulara el auto inadmisorio 583 del 16 de mayo de 2011, pero, como se advirtió, ninguna causal de nulidad propuso y sustentó para fundamentar su pedido.

En ese contexto, para la Sala, es procedente declarar de oficio la excepción de caducidad pues es evidente que en el caso concreto no es pertinente pretender revivir términos mediante la interposición de recursos abiertamente extemporáneos. De manera que, si la liquidación oficial se notificó el 12 de febrero de 2011, el plazo de caducidad vencía el 12 de junio de 2011. Dado que la demanda se interpuso el 21 de octubre de 2011, está probada la excepción de caducidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

1. CONFÍRMASE la sentencia del 28 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, pero por las razones expuestas.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido a folio 224 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

5 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá, D.C. Radicado 080012331000-2011-01252-01 [20311]. Actor: Sociedad Rodríguez Jaramillo y Cía. Ltda. Demandado: UAE - DIAN.

6 En reiterada jurisprudencia, esta Sección ha dicho que el requerimiento especial se atiende en debida forma si cumple los requisitos enunciados. Entre otras sentencias, cfr. las de 9 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2001-0836-01 [13860], C. P. Ligia López Díaz; del 28 de octubre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2001-0838-01 [13816], C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, del 6 de octubre de 2005, radicado 19001-23-31-000-1998-00962-01 [14581], C.P. María Inés Ortiz Barbosa, del 12 de mayo de 2010, radicado Nro. 25000-23-27-000-2004-02244-01 [16448], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 3 de julio de 2013, radicado 25000-23-27-000-2009-00064-01 [18933], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

7 Radicado 25000-23-27-000-1997-02422-01 [14826], C.P. Ligia López Díaz.

8 Radicado 25000-23-27-000-2004-02244-01 [16448], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

9 Radicado 25000-23-27-000-2002-90266-01 [14589], C.P. Héctor J. Romero Díaz.

10 Radicado 13001-23-31-000-2007-00675-01 [18218], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

11 Radicado 25000-23-27-000-2005-00552-01 [16536], C.P. Héctor J. Romero Díaz.

12 Radicado 25000-23-27-000-2004-00130-01 [16831], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13 Radicado 76001-23-25-000-2003-00496-01 [16919], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

14 Radicado 25000-23-27-000-2004-01931-01 [16998], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

15 Radicado 25000-23-27-000-2008-00279-01 [18258], C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

16 Radicado 25000-23-27-000-2005-00264-01 [17592], C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

17 Radicación 15001-23-31-000-2008-00139-01 [17916], C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

18 Radicado 66001-23-31-000-2010-00100-01 [19630], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

19 “Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial”.

20 Confrontar la Nota 17.

21 Cfr. la sentencia del 27 de marzo de 2014, radicado 15001-23-31-000-2010-01560-01 [19713], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en la que se transcribió apartes de la sentencia del 14 de junio de 2007, radicado 14589 C.P. Héctor J. Romero Díaz, reiterada en sentencia del 25 de marzo de 2010, radicado 16831 y del 15 de julio de 2010, radicado 16919, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

22 Ibídem.

23 Folios 23 a 32.

24 Folio 33.

25 Folios 39 a 48.

26 Folios 37 a 38.

27 Sobre la forma como debe contarse el plazo establecido en el artículo 720 ET, la Sala ha dicho:

“(…) Para establecer la forma como se deben contabilizar los términos debe acudirse al Código de Régimen Político y Municipal, teniendo en cuenta que ni el Estatuto Tributario ni el Código Contencioso Administrativo contienen una regulación sobre el tema, ya que las reglas establecidas en el código mencionado se aplican, en general, a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa, tal como se dispone en el artículo 59.

El inciso primero del artículo 59, mencionado, establece que “Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal”; y el inciso segundo prevé que “El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días según los casos.

Cuando se trata de términos de “meses” o “años”, los plazos corren de fecha a fecha, es decir, el número del mes o año en el que inicia debe coincidir con el mismo número del mes o año en el que termina. Por esta razón, cuando la norma se refiere al “primer día del plazo” significa la fecha de la notificación o del acto procesal que es el punto de partida para el inicio del cómputo del término que no está establecido en días. Tanto es, que la norma advierte que el plazo de un mes o de un año no siempre tiene el mismo número de días; en el primer caso podrá ser de 28, 29, 30 o 31 días, y en el segundo, de 365 o 366 días, según corresponda.

Por el contrario, cuando los términos son fijados en días, en meses y en años se contarán conforme al calendario, es decir, incluyendo los días inhábiles; por lo tanto, cuando el plazo se fija en meses o en años el plazo comienza a correr de mes a mes o año a año, independientemente que el día siguiente al de la notificación sea hábil o inhábil; y, el primer mes del término finaliza a la media noche del día cuyo número corresponde con el de la fecha de notificación (…)”.

Véase las sentencias del 23 de abril de 2009, 25 de marzo de 2010, 15 de julio de 2010, 14 de junio de 2012 y 5 de julio de 2012, proferidas en los procesos 16536, 16831, 16919, 17592 y 17916.